Una corte del sur de Florida, en Estados Unidos, ha declarado culpables a Claudia Patricia Díaz Guillén y a Adrián Velásquez, quienes eran la ex enfermera y el ex escolta de Hugo Chávez, señalados de haber recibido cientos de millones de dólares a cambio de beneficiar a un empresario venezolano mediante la compra de divisas, a través del sistema cambiario del régimen chavista.
La pena que deberán pagar ambas personas se conocerá en una audiencia que se celebrará en febrero de 2023, pero podrían enfrentarse a más de 20 años de prisión, tras haber sido hallados culpables, ella por dos de los tres delitos que se le imputaban y él por los tres delitos. A ambos se les condenó por favorecer y recibir dinero, a manera de sobornos, por parte de Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión.
Claudia Patria Díaz Guillén fue extraditada a Estados Unidos el pasado 12 de mayo, mientras que su esposo fue entregado a la justicia norteamericana a finales de octubre. Esta pareja de venezolanos intentó evitar la extradición a Estados Unidos, alegando que habían obtenido la nacionalidad española, pero las autoridades locales fueron enfáticas en señalar que la obtención de la nacionalidad había sido posterior a la comisión de los delitos y a la solicitud de extradición que gestionó Estados Unidos contra estas personas, por estas implicados en una trama corrupta a través de la cual se habrían lavado miles de millones de dólares.
De hecho, pese a que los condenados intentaron negar su vinculación con la trama corrupta por la cual los juzgaron, en su contra jugó el testimonio de Alejandro Andrade, otro chavista, extesorero de Venezuela, que fue juzgado y condenado por la justicia norteamericana, quien se declaró culpable por la misma causa y pagó tan solo tres años de prisión, después de ser beneficiado con una rebaja del 65% de la pena, tras haber decidido colaborar con la justicia norteamericana, delatando a todos los implicado, y en especial a Díaz Guillén y a su esposo, ambos fueron funcionarios durante la época del régimen de Hugo Chávez.
Andrade habría declarado ante los juzgados norteamericanos que cobro, por lo menos, 1000 millones de dólares en sobornos pagados por Raúl Gorrín. Este personaje ocupó también el cargo de tesorero de Venezuela entre 2007 y 2011, mientras que Díaz Guillén fue designada como su sustituta desde 2011 y hasta marzo de 2013, cuando fue separada del cargo, tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro.
Hay que recordar que inicialmente las autoridades españolas rechazaron una primera solicitud de extradición contra Díaz Guillén y Velásquez, por parte de Venezuela, donde también los solicitaba la justicia por su resunta responsabilidad en una investigación relacionad con un caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Desde la Audiencia Nacional no permitieron que la causa que tenían en Venezuela prosperara debido a que señalaron que la integridad de estas personas podría estar comprometida, debido a las condiciones políticas que hay en el país caribeño.
En cambio, las autoridades norteamericanas lograron sustentar la solicitud de extradición de Díaz Guillén y su marido a España señalando que la pareja había utilizado compañías en el exterior para recibir los sobornos que presuntamente pagó Raúl Gorrín, durante la época en la cual ella estuvo al frente de la Tesorería de la Nación y el Fondo de Desarrollo y Estabilización Macroeconómico (FONDEM), que administró cuando fue funcionaria del régimen de Hugo Chávez.
En España también se iniciaron investigaciones en las que se vieron involucrados los funcionarios chavistas que ahora fueron condenados por la justicia norteamericana, pues en principio, la pareja supuestamente habría sido víctima de una red de extorsionadores que les habrían ofrecido «favores» ante las autoridades españolas para que no los investigaran.
Sin embargo, tras todos los intentos de la pareja de exfuncionarios chavistas por ser procesados por la justicia española, en lugar de aceptar una extradición a Estados Unidos, finalmente España decidió que era preferible que los juzgaran allá, pues el testimonio del extesorero Alejandro Andrade daba señas claras y concisas sobre cómo fue el funcionamiento de esta red corrupta en la que sería justamente Raúl Gorrín quien le habría dicho a Andrade que se acercara a Díaz Guillén para continuar con el esquema de compra de divisas a precio preferencial, aprovechándose de los contactos y las influencias que tenían dentro del régimen chavista.
Tras la sentencia, las autoridades norteamericanas publicaron nuevamente las señas para que las personas aporten datos sobre la ubicación de Raúl Gorrín, quien es uno de los delincuentes más buscados por el estado de Florida, debido a que sería justamente la cabeza de esta trama corrupta por la cual han sido sentenciados los ex funcionarios cercanos a Hugo Chávez.