La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado en el Senado respecto a la presa de Valdecaballeros (Badajoz) que el Gobierno está evaluando la solicitud de la Junta de Extremadura que quiere hacerse cargo de un embalse que «nunca existió», cuya concesión se ha acabado y cuyo concesionario no quiere seguir haciéndose cargo de su mantenimiento.
La ministra ha señalado que o alguien se hace cargo de su mantenimiento o corresponde «derruirlo» pero, en este caso, ha aclarado que la Junta de Extremadura ve otros usos nuevos y por eso está «trabajando» con la administración autonómica «para recuperarlos».
Asimismo, ha añadido que «algo parecido» ocurre con el embalse de Los Toranes (Teruel) sobre la que «nadie ha expresado particular interés por solicitar una concesión con mantenimiento de la infraestructura».
Así ha contestado Ribera a la interpelación del senador de Vox José Manuel Marín Gascón durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, en la que este le ha interpelado por cuestiones como la sequía, la tarifa eléctrica así como por las medidas sociales implantadas por este Ejecutivo así como por las que ha eliminado.
Sin embargo, Ribera le ha aclarado que «ni se tira agua al mar, sino que se llama ríos», que «los azudes no son presas o embalses ni están destinados al abastecimiento» e incluso pueden llegar a ser «peligrosos» para la gestión en tiempos de inundación por la acumulación de residuos.
Gascón ha subrayado que España entró en sequía de larga duración a finales de 2022 y que se acumulan varios miles de millones de euros en pérdidas a consecuencia de la sequía dado que el valor medio de lluvias ha descendido «drásticamente» y, a pesar de ello, ha manifestado que este es un Gobierno «récord» en Europa en destrucción de presas y embalses, ya que anuló 108 en 2021 estando «al borde de la mayor sequía registrada hasta ahora.
Por ello, le ha preguntado si el Ejecutivo tiene intención de demoler la presa de Valdecaballeros (Badajoz) o la de Toranes (Teruel); si finalmente va a acceder a la solicitud de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes para cambiar la tarifa eléctrica para que puedan tener doble potencia en función de si es época o no de riego y si finalmente va a llevar a cabo su «decisión de cerrar el trasvase Tajo-Segura» y condenar a la ruina a los agricultores del sureste español.
Con todo, ha pedido a la vicepresidenta «profundas reformas institucionales, administrativas, económicas, laborales y fiscales que hagan prosperar a los españoles«.
Por otro lado, Ribera ha asegurado que «nunca jamás nadie» ha hablado de cerrar el trasvase del Tajo al Segura sino de un «uso racional y de la mejor gestión» incrementando la aportación de aguas no convencionales para garantizar que llueva o no en la cabecera del Tajo, en Alicante o Murcia no se quedarán sin agua y contarán con agua para abastecimiento de boca y para la actividad económica vinculada a ese trasvase.
Por tanto, ha acusado a la derecha de mentir «una y otra vez agitando un fantasma en un momento particularmente sensible». La ministra ha admitido la preocupación del Gobierno por los costes del agua de riego y está haciendo un «seguimiento directo» con las comunidades de regantes para lograr recursos adicionales y proporcionar agua desalada a un coste «razonable». «De nuevo en esto mienten», ha apostillado.
