Los presidentes de las audiencias provinciales y unos 80 jueces decanos de toda España, incluidos los de Barcelona, Lleida, Girona, Madrid o la Audiencia Nacional, se han sumado al rechazo expresado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todas las asociaciones judiciales –tanto conservadoras como progresistas– a la parte del acuerdo PSOE-Junts que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones judiciales para detectar supuestos casos de ‘lawfare’.
En un comunicado, los presidentes de las audiencias provinciales muestran «su más enérgico rechazo» a la referencia al ‘lawfare’ que hace el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
«Nos adherimos al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa como a su justificación para repudiar la misma», han dicho.
A su juicio, hay un «riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales, en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes, que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho».
También han expresado su «sorpresa e indignación ante el documento en cuestión en la medida en que plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea».
De esta forma, se suman a la declaración aprobada el mismo jueves por la Comisión Permanente del CGPJ en una reunión de urgencia para manifestar su «frontal oposición» a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto ‘lawfare’ y anticipar que actuará por «los cauces legalmente establecidos».
RESPUESTA UNÁNIME
Jueces decanos también han trasladado este viernes su rechazo a «las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias», sumándose en su caso al texto conjunto emitido el jueves por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Las cuatro asociaciones se hicieron eco de que «el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
«Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», indicaron.
Frente a ello, respondieron que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución».
Así, denunciaron que «estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirmaron.
Cabe recordar que las tres asociaciones de fiscales –AF, UPF y APIF– también expresaron su rechazo a estas comisiones parlamentarias, así como el Consejo General del Poder Judicial, lo que supone una inusual respuesta unánime de jueces y fiscales.
