Reprochan a Elma Saiz la «penosa» subida de pensiones mínimas

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha hecho un llamamiento a los pensionistas para que vigilen bien el importe de sus pensiones este año ya que observan «un penoso comportamiento institucional -del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz-, al constatar cómo la administración está aplicando las subidas de las pensiones mínimas».

En 2024 las pensiones mínimas contributivas han quedado establecidas, según sus categorías y situaciones familiares, de la siguiente forma: la jubilación con 65 años varía entre 1.033,30 (con cónyuge a cargo), 825,20 euros (sin cónyuge) y 783,30 euros (con cónyuge no a cargo). La jubilación para un menor de 65 años varía entre 1.033,30 euros, los 772 y 729,70 euros, en esos tres tipos de casos. Una jubilación procedente de gran invalidez oscila entre 1.569,90 euros, 1.237,80 euros y 1.174,90 euros respectivamente.

Por una gran invalidez, las cuantías varían entre 1.549,90 euros, 1.237,80 y 1.174,90 euros. En el caso de la pensión por incapacidad entre 60 y 64 años, los importes pueden ser 1.033,30 euros, 772 euros o 729,70 euros en las tres variantes personales. En la pensión derivada de enfermedad común con menos de 60 años, las cuantías bajan hasta 608,30 en los dos primeros casos citados (con cónyuge a cargo o sin cónyuge) o 603,10, en el tercero (cuando el cónyuge no está a cargo).

Asimismo, la pensión parcial de accidentes de trabajo con más de 65 años es de 1.033,30 euros, 825,20 o 785,44 euros en cada una de las situaciones personales. Finalmente, están las pensiones de viudedad con cargas familiares (1.033,30 euros), la de viudedad con 65 años y con discapacidad de más de un 65% (825,20 euros), la de viudedad entre 60 y 64 años (772 euros) y con menos de 60 años (625,20 euros).

«gracias a nuestra presión, las pensiones mínimas han logrado un aumento procentualmente algo mejor que el 3,8% del resto de los pensionistas»

COESPE lo que exigía al ministerio de Elma Saiz es que para todas las categorías haya una pensión mínima equivalente al salario mínimo, que para 2024 se ha elevado a los 1.134 euros. «Pero el Gobierno ha aprobado unos mínimos que en la mayor parte de los casos no alcanzan lo que exigíamos, pero gracias a nuestra presión las pensiones mínimas han logrado un aumento porcentualmente algo mejor que el 3,8% del resto de pensionistas».

De lo que se quejan los pensionistas es de que la administración, en lugar de aplicar automáticamente esas subidas de las pensiones mínimas, ha excluido de la subida a las pensiones que ya estaban ligeramente por encima de las mínimas del 2023, pero por debajo de la nueva.

Los pensionistas observan un penoso comportamiento institucional con la aplicación del aumento de las pensiones.
Los pensionistas observan un penoso comportamiento institucional con la aplicación del aumento de las pensiones.

Para que se pueda entender mejor, nos ponen un ejemplo práctico. «En el caso de una pensionista viuda mayor de 65 años con discapacidad del 65%, que tenía una pensión de 792,16 euros al mes, ahora la subida que se le aplica desde la administración es solo del 3,8% (la general a todos los pensionistas). Ello, lo justifican porque el año pasado su pensión era superior a lo establecido entonces como pensión mínima (783,10 euros)».

SOLICITAR LA SUBIDA DE LA PENSIÓN

Es decir, esa persona solo cobrará 823,10 euros cada mes, 2,10 euros menos que la mínima de su categoría, «a menos que vaya a reclamarlo», de ahí el llamamiento a los pensionistas, incluidas las viudas, para que vigilen las pensiones y reclamen por el derecho que han generado cotizando por su trabajo.

«Los Gobiernos se apresuran a comparecer ante los medios por una leve mejoría, pero luego buscan artimañas para erosionaR LOS DERECHOS»

Desde COESPE explican que muchas pensiones que rozaban, un poco por encima del mínimo el año pasado, actualmente se han quedado por debajo del mínimo que se ha aprobado para cada categoría, lo cual califican de «comportamiento mezquino de la administración con los más pobres», ya que «una vez más vemos como los Gobiernos se apresuran a comparecer ante los medios cada vez que conseguimos una leve mejora, pero tan pronto bajan de los estrados de las ruedas de prensa, se ponen a buscar artimañas para erosionar los derechos que proclaman reconocernos», denuncian.

Las personas que se encuentren en esta situación «deben solicitar la subida de su pensión en las administraciones de la Seguridad Social de inmediato, porque al cabo de tres meses caduca el derecho a recuperar lo perdido», informa COESPE, muy implicada en la lucha no solo para conseguir derechos, sino para asegurar su efectiva aplicación una vez logrados.

MODIFICAR QUIÉNES SE PUEDEN JUBILAR ANTES

Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz se ha reunido con patronal y sindicatos para tratar de modificar la normativa en materia de pensiones, sobre todo con la jubilación anticipada (antes de los 66 años y 6 meses), para adelantar el retiro de los trabajadores de aquellos sectores que tengan un índice de bajas y accidentes elevado y dar posibilidades e incentivos a quienes puedan alargar su vida laboral, compatibilizando parte de la pensión y el sueldo.

El Gobierno negocia modificar las condiciones que justifican que un colectivo sí y otro no pueda acceder a esa jubilación anticipada, pues hasta ahora lo pueden hacer policías, ferroviarios, bomberos…, y quieren hacerlo también otras profesiones como las camareras de piso, etc. Los negociadores de la Seguridad Social han planteado «tener en cuenta, entre otros factores la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar», según han informado fuentes del departamento liderado por Elma Saiz.

En la legislatura pasada, el Gobierno y agentes sociales ya abordaron cómo modificar el catálogo de profesiones susceptible de acogerse a los mismos cada década, teniendo en cuenta el aumento de costes laborales tanto para empresas, autónomos o para la propia Administración con sus funcionarios. Y según explicó El Periódico, el Ministerio y la Seguridad Social tienen que decidir sobre 70 expedientes que reclaman que se les habilite para un retiro anticipado.