El TSJCV condena a Sanidad a readmitir a la vĂ­ctima de los abusos del ex de Oltra

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a readmitir a la vĂ­ctima de los abusos del exmarido de MĂłnica Oltra, la joven que fue, junto con su pareja, la Ăşnica de los 1.058 trabajadores de la concesionaria del Hospital de Torrevieja no subrogados por la administraciĂłn sanitaria valenciana tras la reversiĂłn al sistema pĂşblico.

De esta forma, la sala estima parcialmente el recurso de la joven contra la sentencia del Juzgado de lo Social nĂşmero 1 de Elche (Alicante), que condenĂł a Sanidad a indemnizar con 10.000 euros tanto a la joven -que siendo menor tutelada por la Generalitat fue vĂ­ctima de los abusos sexuales del exmarido de la exconsellera de Igualdad y PolĂ­ticas Sociales– como a su pareja, al considerar acreditado que sufrieron una vulneraciĂłn de sus derechos al ser los Ăşnicos trabajadores del área de salud de Torrevieja que no fueron subrogados por la administraciĂłn tras la reversiĂłn de la concesiĂłn.

Los recurrentes denunciaron infracciĂłn de la legislaciĂłn por no haber condenado la sentencia de instancia a readmitirles y al abono de los salarios de tramitaciĂłn devengados hasta su readmisiĂłn, pese a haber declarado la nulidad de sus despidos por vulneraciĂłn de derechos fundamentales.

Además, cuestionaban la cuantía de la indemnización fijada al verla insuficiente ante la «gravedad de la discriminación sufrida», al ser los únicos trabajadores afectados, lo que atribuían a una «represalia» por el procedimiento penal seguido contra el exmarido de Oltra.

Ambos hacían hincapié en la «dilación» de la Conselleria de Sanidad en haber regularizado la situación laboral de los demandantes lo que, a su juicio, invalidaba la regularización y, por lo tanto, no exoneraba a la administración autonómica de su obligación de readmitirles.

La sala estima el motivo de recurso, pero solo en relación a la joven porque «adquirió la condición de trabajadora indefinida al haber seguido prestando servicios para Torrevieja Salut UTE con posterioridad a la finalización de su contrato de interinidad, sin haber suscrito ningún otro, por lo que una vez declarada la nulidad de su despido», la consecuencia debe ser la condena a la readmisión con abono de los salarios de trámite devengados desde la fecha del despido y hasta su readmisión.

En el caso de su expareja, el TSJCV considera que no cabe esa readmisiĂłn porque no se ha discutido que su contrato de interinidad finalizĂł el 4 de febrero de 2022 por reincorporaciĂłn del trabajador al que sustituĂ­a, de modo que la readmisiĂłn ya no es posible al haberse extinguido su relaciĂłn laboral.

La sala mantiene la indemnización de 10.000 euros fijada en primera instancia por daños morales a cada uno de los demandantes al considerar la antigüedad al producirse la falta de subrogación, que era corta, y el importe de los salarios percibidos y haberse «ponderado» ese importe.

LOS ĂšNICOS NO SUBROGADOS

En el momento de la reversiĂłn, la joven y su entonces pareja trabajaban en Torrevieja Salud como auxiliar administrativo y como personal de apoyo. De la plantilla de 1.058 trabajadores, fueron subrogados por Sanidad un total de 1.056, quedando excluidos Ăşnicamente ellos dos, que interpusieron demanda por despido.

A raĂ­z de esta demanda, Sanidad dictĂł sendas resoluciones administrativas donde, tras reconocerse que no se produjo la subrogaciĂłn que debĂ­a haberse hecho, realizĂł las liquidaciones de los contratos temporales hasta la fecha que tenĂ­an fijada, con las retribuciones correspondientes.

En la sentencia de primera instancia se dejaba constancia de que antes de la reversión, la joven había presentado la denuncia contra el ex de Oltra, lo que había dado lugar a un proceso penal en el que el educador fue condenado a cinco años de cárcel.

En este momento, ya ha ingresado en prisión tras la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo y un juzgado de València ha sobreseído la causa a Oltra y otros 15 ex altos cargos y técnicos por un supuesto encubrimiento y la apertura de una investigación paralela a la judicial.