El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha recordado este miércoles que los 2.000 millones del fondo Covid-19 para el sector están aprobados por Real Decreto, publicados en el BOE y convalidados por el Congreso.
Además, fuentes de este departamento han señalado a Europa Press que en ese Real Decreto se habla exclusivamente de Educación, sin referirse específicamente a ninguna modalidad, como la pública o la concertada.
El Congreso, aprobó el pasado miércoles este decreto para la creación del Fondo Covid por el que se abonará a las comunidades autónomas, entre otras partidas, unos 2.000 millones de euros para la adaptar y cubrir las necesidades de la Educación tras la pandemia del Covid19.
Este texto fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 16 de junio y en el se determina que el Gobierno abonará esta cuantía a los gobiernos regionales en septiembre y que el 80% irá para alumnos de 0 a 16 años, mientras que el 20% restante se destinará a «cubrir las necesidades de los universitarios» entre los 17 y los 24 años.
Así lo explicó en su día la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que también especificó que se tratan de unos fondos no reembolsables y destinados a ayudar a este sector a adaptarse y superar la crisis causada por el coronavirus. El Gobierno tiene previsto abonar en septiembre estos fondos a las comunidades autónomas.
Precisamente, este miércoles el pleno del Congreso ha rechazado el dictamen de medidas sociales de la Comisión de Reconstrucción. La polémica en torno a este texto de recomendaciones del Parlamento estaba en la decisión de socialistas y morados de explicitar que las ayudas destinadas a la educación para recuperar sus pérdidas y adaptarse a la nueva normalidad postCovid se invertirían íntegramente en la educación pública «de gestión directa».
La coletilla «de gestión directa» dejaba fuera, por tanto, a la educación concertada. Un modelo que pertenece también a la educación pública pero que está gestionada por entidades privadas. Son estas entidades, así como las asociaciones de padres de alumnos de estas escuelas, las que han iniciado diferentes campañas a través de redes sociales en donde denunciar su situación y piden que se les tenga en cuenta.
Finalmente, este mismo martes PSOE y Podemos pactaron con ERC una enmienda transaccional que matizaba esta exclusión. «La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad», decía la enmienda transaccional aprobada.
Este cambio no ha sido suficiente para que el hemiciclo diera su apoyo al dictamen de medidas sociales para la reconstrucción y ha sido rechazado por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PNV, Bildu, la CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. El BNG, que había anunciado voto en contra, se ha pasado a la abstención, pero no ha sido suficiente para salvar el texto global, que ha recibido el apoyo de 172 diputados. En el bloque del ‘sí’ estaban PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe, aunque ha habido dos diputados que no han participado en la votación.
