La ex asesora de Podemos Dina Bousselham ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional que tome declaración a tres ex altos cargos policiales, incluido el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago sobre la copia de la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham que fue incautada al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La defensa de Bousselham ha solicitado al juez Manuel García Castellón que ordene nuevas diligencias para tomar declaración a Cosidó; Eugenio Pino Sánchez, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional; Francisco Martínez Vázquez, ex secretario de Estado de Seguridad; y a Gago, inspector jefe adscrito a la DAO.
«Se entiende que corresponde la adopción de diligencias relacionadas con el origen de la incautación de la copia del material sustraído en el registro realizado al señor Villarejo, ajenas a quienes fueron víctimas de la inicial actuación delictiva mediata y la posterior nueva actuación delictiva, para evitarse una doble y nueva victimización de los mismos», sostiene la abogada de Bousselham, Marta Flor, en su escrito.
INDICIOS DE INVESTIGACIONES SOBRE PODEMOS
En su opinión, «existen indicios suficientes para sospechar que se realizaron investigaciones sobre Podemos y sus miembros, presuntamente con cargo a los fondos reservadosdel Estado, ordenadas desde el Gobierno a los mandos de la Policía, y en dicho contexto se produce el robo del móvil de la señora Dina Bousselham, cuyos datos –al menos una cuenta bancaria de Pablo Iglesias de ING Bruselas, que se encontraba en su móvil– aparecen en el informe PISA».
La defensa de Bousselham se basa en las declaraciones de Villarejo y el ex directivo de ‘Interviú’ Luis Renduelles, ambos imputados, así como en «los indicios encontrados en el curso de la investigación y de las informaciones que han aparecido en la prensa».
Flor habla de revictimización porque considera que se han venido realizando diferentes diligencias de instrucción que «son ajenas al presente procedimiento y no guardan relación con los elementos obrantes en la causa».
A este respecto, la defensa critica la serie de diligencias destinadas a esclarecer «los envíos a terceras personas y alteraciones físicas de las que pudo ser objeto la tarjeta aportada por Dina Bousselham desde la fecha del robo hasta el momento de su aportación en sede judicial».
En cambio, reprocha al juez de la Audiencia Nacional que, en su opinión, no se hayan dedicado los mismos esfuerzos a determinar la posible relación del robo del teléfono móvil de Bousselham con el llamado informe PISA.
El caso ‘Dina’ arrancó en marzo de 2019, después de que la Policía Nacional encontrase en casa de Villarejo documentos de la ex asesora que parecían provenir de una extracción de datos de su teléfono móvil, cuyo robo denunció en noviembre de 2015.
