La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reclamado este martes a los diputados del Congreso «aquà y ahora», la aprobación de un nuevo Estatuto Fiscal que esté listo cuando entre en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuye la instrucción penal a los fiscales.
El texto deberĂa incluir mayores estándares de autonomĂa para esta instituciĂłn «de forma que se acabe definitivamente con la imagen suspicaz de la FiscalĂa como un negociado del Ministerio de Justicia».
Asà lo ha señalado Delgado durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha acudido para cumplimentar, con meses de retraso debido a los parones parlamentarios por la pandemia de covid, con el trámite legal de presentación de las últimas memorias de su departamento, relativas a los ejercicios de 2018 y 2019.
Al igual que hizo en el Senado, donde expuso un discurso casi idĂ©ntico al de este martes, Delgado ha presentado a los legisladores sus propuestas de reforma estatutaria, entre los que ha incluido la relativa a la autonomĂa de asuntos administrativos, relativos a bajas, sustituciones o asuntos disciplinarios o gestiĂłn de viajes.
Estas atribuciones no carecen de importancia pese a que en principio puedan parecerlo, ha subrayado. Como ejemplo, que una vez los fiscales se pongan a instruir, ha destacado que la organizaciĂłn de una comisiĂłn de servicio para ir a investigar a otros paĂses no deberĂa depender del ministro de Justicia de turno.
TambiĂ©n propone que la FiscalĂa cuente con presupuesto propio «para realizar pericias, contratas a expertos etc., gastos imprescindibles para una investigaciĂłn no puede depender de la autorizaciĂłn de un tercero». Reclama igualmente que la FiscalĂa pueda regular de modo propio su estructura y composiciĂłn.
CONTRAPESOS A LA ELECCIĂ“N DEL FISCAL
Delgado se ha referido tambiĂ©n al actual sistema de elecciĂłn de este cargo por el Gobierno, que defiende, para apuntar que no estarĂa de más que contara con contrapesos que eviten que se pervierta su autonomĂa. AsĂ, se ha mostrado abierta a la inclusiĂłn en el sistema de cautelas adicionales, como puede ser la existencia de varios candidatos o la «participaciĂłn de la poblaciĂłn civil».
Con respecto al la reforma de la LeCrim, Delgado ha afirmado que «serĂa deseable un consenso amplio más allá de posiciones ideolĂłgicas» con el fin de que Ă©sta se pueda consolidarse.
AsĂ, ha recordado que su departamento ha emplazado a toda la carrera fiscal a realizar aportaciones al Proyecto y que hace tan sĂłlo unos dĂas ofreciĂł al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la cooperaciĂłn de un grupo de trabajo de fiscales para la mejora del texto.
Además, y al igual que hizo en su comparecencia de hace una semana en el Senado, Delgado ha reiterado este martes en la ComisiĂłn de Justicia del Congreso la propuesta del Ministerio PĂşblico para que los delitos de odio contemplen penas de cárcel inferiores y sanciones alternativas a la prisiĂłn, como el pago de multas, la pĂ©rdida de derechos polĂticos o trabajos en beneficio de la comunidad.
La propuesta parte de las sugerencias propuestas en la Ăşltima memoria de la FiscalĂa uno de los mayores expertos de la materia como es el fiscal jefe de delitos de odio de Barcelona.