La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas «generales» que, como el toque de queda, requieren de este «paraguas» legal. Eso sí, ha defendido que, con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria, las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, como ya se hizo a mediados de 2020, tras la desescalada.
«Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese pareaguas, que es general. Por tanto ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva», ha argumentado en una entrevista en RNE, al ser preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno, si la pandemia de coronavirus no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos.
En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces «son las medidas generales». «Pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante», ha apostillado.
A este respecto, ha defendido que «tanto la legislación ordinaria» como el «refuerzo» del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) «lo permite, sin tener que recurrir al estado de alarma si no es imprescindible».
Preguntada en concreto por los cierres perimetrales a nivel autonómico, Montero ha asegurado que «podrían desaparecer dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio», pero ha admitido que cada territorio puede «poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios».
En todo caso, la portavoz del Gobierno ha asegurado que confían en que, gracias al aumento de la vacunación que se irá produciendo de aquí a finales del verano, no sea necesario volver a aplicar medidas que limiten los derechos fundamentales.
