Andalucía ha consensuado con otras comunidades autónomas una carta que han dirigido al ministerio de Trabajo para protestar por su decisión «unilateral» de destinar la financiación prevista para la Formación Profesional para el Empleo de las CCAA a otras partidas, dentro del real decreto aprobado ayer de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus.
La Consejería andaluza de Empleo ha asegurado a través de una nota que «esta medida supone arrebatar cerca de 2.400 millones de euros a todas las comunidades autónomas, de los que en torno a 430 millones de euros corresponden a Andalucía». Las comunidades se anticipan con esta carta a la reunión vía telemática que mantienen este miércoles en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En la Exposición de Motivos del Real-Decreto Ley 11/2020 el Gobierno asegura que «en la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se establece la afectación de la cuota de formación profesional a la financiación del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo, de forma que tales ingresos no podrán aplicarse a finalidades distintas».
Ante esta acotación legal asegura que «dado el impacto económico ocasionado por las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se procede a cambiar dicha afectación», por lo que permite que «los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación profesional para el empleo».
La Consejería de Empleo asegura en su nota que «justo en el día en que la Junta de Andalucía anuncia la reactivación después de muchos años de la Formación Profesional para el Empleo tras el anuncio de la Consejería de Empleo de una licitación por importe de 41 millones de euros, el Gobierno de España ha aprobado una nueva medida recogida en el Real Decreto-ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros, que pone en cuestión la financiación de las políticas activas de empleo dificultando a Andalucía y al resto de las comunidades autónomas, su aplicación».
El análisis de la Consejería de Empleo reprocha al Gobierno que la medida de destinar la financiación de la Formación Profesional para el Empleo supone que «el Gobierno, rompiendo el consenso existente, permitirá que la cuota de Formación Profesional para el Empleo que pagan los trabajadores pueda destinarse durante el presente ejercicio a financiar cualquiera de las prestaciones y subsidios por desempleo».
«Una medida, que, al igual que otras en el ámbito laboral, se ha tomado sin realizar ninguna consulta y desoyendo las propuestas de las comunidades autónomas. Las decisiones del Ejecutivo nacional no han permitido ni siquiera tener en cuenta alternativas más ágiles y eficaces para hacer frente a la gravísima crisis económica a la que se enfrenta sociedad española», ha manifestado la Consejería de Empleo.
Empleo ha explicado que la carta, suscrita por otras comunidades autónomas, manifiestan a la ministra de Trabajo «su decepción y desacuerdo ante esta medida, que se toma de manera improvisada y sin atender a propuestas que se han trasladado incluso por escrito».
En opinión de la Junta de Andalucía, existen alternativas para financiar las nuevas medidas de protección diferentes a la utilizada por el Ejecutivo nacional (recursos del MEDE), sin eliminar la posibilidad de las comunidades autónomas de cumplir con su competencia de desarrollar políticas activas para mantener el empleo. En este sentido se considera un falso dilema tener que elegir entre el pago de prestaciones por desempleo y aplicar políticas activas de empleo porque existen mecanismos de financiación alternativos para desarrollar ambas.
Se trata, según lo recogido en la misiva, de un nuevo menosprecio del Ministerio de Trabajo al papel a realizar por las comunidades autónomas para mantener y crear empleo, ya que elimina, prácticamente, cualquier posibilidad de poner en práctica las políticas activas de empleo, ya sea de formación o cualquier otro tipo de incentivo, limitando severamente la posibilidad de colaborar a recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.
Señalan en la misiva que con esta medida «las personas trabajadoras están duplicando su aportación para el mismo fin, puesto que los empleados pagan ya una cuota para cobrar la prestación por desempleo».
«Con esta decisión de derivar las cuotas de formación para pagar prestaciones por desempleo, los trabajadores ven mermados sus derechos al no poder disponer de políticas activas de empleo con el dinero recaudado de lo que han pagado para ese fin. Una pérdida especialmente importante en un momento tan delicado como el actual, en el que es más necesario que nunca mejorar su cualificación para tener posibilidad de acceder a un empleo», ha manifestado la Consejería de Empleo.
Añaden en su carta a la ministra, la necesidad de dotar de los recursos necesarios a las políticas activas de empleo para poder reaccionar rápidamente al impacto de la crisis, habilitando todos los recursos posibles a mantener el empleo, sin dejar por ello de dar cobertura a las personas que más lo necesiten.
UN ERROR QUE SE SUMA A LOS ERTE
Esta medida, adoptada el martes por el Gobierno de España, se suma a otras acometidas anteriormente de forma errónea, -y así lo señalan también en la carta- como es el caso de la opción de la vía de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, frente a la opción utilizada entre otros países como Dinamarca, de pago directo a las empresas de una parte de los costes laborales en caso de estar ubicada su actividad en una determinada relación de CNAEs correspondientes a los sectores afectados por la parada en la actividad económica .
Una opción que podría haber realizado de forma rápida y sencilla la Seguridad Social con un resultado positivo en el abono casi inmediato de los salarios, a diferencia del inmenso aluvión de expedientes a resolver, generado por la presentación de cientos de miles de solicitudes.
Andalucía, y el resto de las comunidades autónomas que suscriben la carta, reprochan en este sentido al Ministerio que se no se haya consultado previamente las decisiones con quienes son parte fundamental del procedimiento, a lo que se suma una información insuficiente sobre la gestión de los ERTE, que en ocasiones ha sido confusa e incluso contradictoria.
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía reclama al Gobierno una actitud recíproca ante la respuesta que se está mostrando por parte de todas las consejerías de Empleo de las comunidades autónomas, redoblando esfuerzos para afrontar el enorme reto que se les ha trasladado, colaborando con lealtad institucional para la consecución del principal objetivo: que los trabajadores puedan percibir la prestación por desempleo en el menor tiempo posible.
