El juez que investiga los cortes de suministro de luz en la Cañada Real ha designado a un perito judicial independiente para la realización de un informe que contraste la versión aportada por la compañía eléctrica Naturgy, han informado fuentes jurídicas.
La designación se realiza después de que el pasado mes de junio la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez Juan José Escalonilla, al frente del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, la reapertura del caso y nombrar a un perito.
El proceso penal enfrenta a más de 4.000 afectados por los cortes contra Naturgy y la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional vincula los cortes al conflicto relacionado con los cultivos de marihuana.
Hace una semana, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, instó a la Delegación del Gobierno a acometer su dispositivo contra las plantaciones de marihuana en esta barriada madrileña para que paren los cortes de luz en la zona.
El pasado octubre comenzaron los cortes de electricidad, que se prolongan hasta hoy, y suponen uno de los principales choques entre Comunidad y Delegación, que se acusan el uno al otro de no atajar la situación. Mientras tanto los habitantes de este enclave chabolista han vivido tanto la borrasca ‘Filomena’ como esta ola de calor sin suministro eléctrico.
INFORME INDEPENDIENTE
La reapertura del caso tuvo lugar tras estimar la Audiencia madrileña parte del recurso de apelación interpuesto en nombre de Asociación Cultural Tabadol de la Cañada Real y Houda Akrikez contra el auto de 13 de enero de 2021 en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
El pasado 4 de febrero, el instructor archivó la denuncia interpuesta en diciembre por familias del Sector VI de la Cañada Real afectada por los cortes contra Naturgy, lo que según los denunciantes podría constituir delito de coacciones sobre la vivienda, trato degradante, lesiones y daños.
La denuncia apuntaba a la presunta responsabilidad en los hechos por parte de Naturgy y de la Comunidad de Madrid, administración con las principales competencias en la zona, dado el «incumplimiento» del Pacto Regional que establecía la garantía del suministro eléctrico.
En su auto, los magistrados de la Audiencia destacaban que «el derecho a la tutela judicial efectiva y más en casos con grave trascendencia para un gran número de personas, sin perjuicio de su mayor o menor vulnerabilidad, exige extremar las garantías del proceso».
Por ello, acordaba estimar de forma parcial el recurso al entender que es «prudente, desde ese punto de vista procesal, que el informe emitido por la entidad UFD Distribución Eléctrica S.A., fuera «contrastado» por un perito imparcial designado por el Juzgado de Instrucción».
Proponía que se acuda «a los mecanismos de peritaje que la Comunidad Autónoma de Madrid pone a disposición del Tribunal Superior de Justicia o bien a través del sistema de insaculación entre colegiados del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid».
El abogado del colectivo ha señalado que espera que en septiembre se reactive la demanda vecinal en relación a los contratos de luz con esta compañía eléctrica.
REGULARIZACIÓN
Todos los sectores de la Cañada recibían históricamente suministro eléctrico de Naturgy y, a pesar de las solicitudes reiteradas de regularización, nunca se había llegado a contratar la luz de manera formal.
El pasado 2 de octubre se cortó la luz al Sector VI, y pocas semanas después al Sector V, provocando una situación dramática ante la llegada del invierno, en medio de la pandemia de covid-19, de alto riesgo para la salud de toda la población, como denunciaron a partir de noviembre los equipos sanitarios de la propia Comunidad de Madrid desplegados en la zona.
La situación de los afectados se agravó con la llegada del temporal ‘Filomena’ cuando la temperatura bajó de 0 grados durante más de quince días en todo Madrid.
Los letrados se quejaron entonces que a pesar de los llamamientos desde múltiples instancias, ninguna autoridad intervino en la solución del problema, reportándose varias decenas de informes médicos con lesiones, intoxicaciones, congelaciones, e incluso un fallecimiento en la zona en circunstancias relacionadas con la falta de electricidad.
La situación ha sido denunciada por varias instancias de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, organizaciones de defensa de Derechos Humanos, organizaciones de protección a la infancia, colectivos profesionales de trabajo social, docentes y AMPAs de todo Madrid, así como las entidades vecinales de la Cañada Real.
