El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que, si procedieran a revisar los expedientes sancionadores firmes que se abrieron durante el confinamiento en el primer estado de alarma, que fue declarado inconstitucional por el TC, podría afrontar «un expediente de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas».
En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, Erkoreka se ha referido, de esta manera, al hecho de que, en cumplimiento de esta sentencia, el Gobierno vasco haya procedido a anular los expedientes sancionadores que todavía no son firmes y que no se revisen las multas que ya se han abonado.
El consejero de Seguridad ha destacado el «esfuerzo importantísimo» realizado en su Departamento durante el último año para poder responder a «una cantidad de denuncias» relacionadas con el primer estado de alarma, y que «multiplicaban por diez» el que anualmente se tramita en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana.
«Y que ahora todo ese esfuerzo, con mucho tiempo invertido y con dinero también, se quede en agua de borrajas por la gracieta del estado de alarma, tampoco nos anima mucho ni es motivo de alegría, pero es lo que hay, el barco funciona así», ha señalado
Erkoreka ha añadido que el TC tiene «sus atribuciones y competencias» y, aunque no le gusta la sentencia que ha dictado, porque le parece «muy objetivable desde el punto de vista jurídico», hay que «ejecutarla y no hay más remedio».
Asimismo, ha indicado que uno de los efectos «colaterales» de la sentencia es que «se quiebra» la «aportación educativa» que podría haber tenido una resolución judicial exigiendo «límites claros y transmitiendo el mensaje de que hay un marco normativo pensado para proteger la salud pública» y todo el mundo está «llamado a respetarlo». «Y se extiende la sensación de impunidad de que todo el monte es orégano y que, hagas lo que hagas, tampoco va a haber consecuencias», ha añadido.
Erkoreka ha señalado que en sentencia hay un «mandato claro, directo e inequívoco» donde se dice que no son susceptibles de revisión las situaciones decididas como consecuencia de actuaciones administrativas firmes. Por lo tanto, ha indicado que una multa pagada es una actuación administrativa firme y el TC es «incontestable» y dice que «no es susceptible de revisión».
Por lo tanto, ha manifestado que, si la administración pública, «por su cuenta y riesgo, decide revisar esa situación que, además tiene implicaciones económicas para la administración pública, podría afrontar un expediente de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas» porque habría «devuelto unas cantidades a ciudadanos que las pagaron sin título jurídico ni base fundamentada alguna».
Por ello, ha insistido en que se tienen que «ajustarse lo que dice la sentencia», aunque considera que se crea un «agravio comparativo» con las personas que «han sido más diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones y se han adelantado al pago de las multas», que son las que «salen perjudicadas».
«Y, en cambio, el marrullero típico que ha encadenado recursos de diferente naturaleza para procurar no pagar o posponer el pago es el que se ve beneficiado por el efecto de la sentencia, así que la sentencia, que debería venir a hacer justicia, genera agravios comparativos, que son difícilmente sostenibles», ha añadido.
Erkoreka ha señalado que se tienen que ajustar a lo que dice la sentencia y es «bastante clara hasta la fecha», aunque ha indicado que habrá que ver si «cambia el panorama» con otro pronunciamiento judicial.
TRANSFERENCIAS
Por otra parte, sobre el calendario de las transferencias pendientes a Euskadi, ha indicado que recuerdan al Gobierno central «permanentemente» que hay un «compromiso asumido» para esos traspasos.
«Ahora está puesto por escrito y estamos pidiendo que se comprometan con el efectivo cumplimiento de ese compromiso, yo espero que, de aquí a diciembre, lo que está previsto en el cronograma, las nueve transferencias previstas para lo que resta de 2021 se lleven a cabo», ha añadido. Erkoreka ha asegurado que «no hay motivo ya» que pueda justificar «un retraso más allá de lo que se ha producido».
