El cierre de la frontera de Marruecos debido a la pandemia de coronavirus ha facilitado la escolarización de alrededor de un centenar de menores extranjeros en Melilla, a los que el Ministerio de Educación ha considerado residentes sin necesidad de presentar un certificado de empadronamiento.
Fuentes de este departamento han señalado que, al contrario que en años anteriores, el hecho de que la frontera entre España y Marruecos esté cerrada y los menores se encuentren en Melilla hace que estos menores se consideren residentes y puedan escolarizarse con normalidad.
En años anteriores, la dificultad estribaba en que para escolarizar a cualquier menor se debe acreditar su residencia en España con el empadronamiento, con el que no cuentan, ya que muchas de las familias de estos menores residen en ciudades marroquíes cercanas aunque tengan libertad de movimiento para entrar y trabajar en Melilla. En esta ocasión, el hecho de que la frontera esté cerrada y los menores se encuentren en España, los convierte en residentes.
«Hoy que empiezan las clases en muchos colegios de España, nos alegramos de que casi todos los niños y niñas que se encontraban sin escolarizar en Melilla a causa de trabas administrativas han sido escolarizados», se ha felicitado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.
El pasado 8 de junio la Plataforma de Infancia desplegaba una pizarra gigante a puertas del Ministerio de Educación con los nombres de los niños y niñas que se encontraban sin escolarizar en Melilla, con el objetivo de pedir a la Ministra de Educación así como a la Delegación Provincial en Melilla que garantizase el derecho a educación a estos niños y niñas y les concediera una plaza escolar.
«Aún es pronto para saber los datos concretos pero calculamos que serían unos 160 niños los que finalmente han sido admitidos desde las primeras listas», aseguran desde la ONG.
A esta petición se sumaron Judit Mascó, Helena Resano, Alex Gadea, Manu de Yo Soy Ratón o Marta Fernández a través de un vídeo que recogía también las peticiones de los niños y niñas de Melilla, según asegura la organización. Además, 45 organizaciones y/o asociaciones profesionales firmaron un manifiesto, promovido por la Plataforma de Infancia, para pedir que se respetase el derecho a la educación de estos niños y niñas, entre ellas la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación de Mujeres Juezas de España, Amnistía Internacional, Cáritas, CEAR, Oxfam Intermón, Save the Children o UNICEF.
Plataforma de Infancia recalca que esta reivindicación ha sido una constante durante los últimos años por parte de activistas, abogados en Melilla y desde instituciones como el Defensor del Pueblo o el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
«Omar, Fátima, Amira, Sara, Adam, Aaron o Zacaría podrán por fin comenzar este curso escolar como otros niños y niñas de su edad –añade Ibarra–. Desde la Plataforma de Infancia celebramos que se les haya admitido en el sistema educativo, aunque muchos de ellos durante el período extraordinario. Esperamos que otros niños y niñas que se puedan encontrar en su misma situación en el futuro sean aceptados durante el período ordinario».
Además, la Plataforma de Infancia espera que a los chicos y chicas de 16 y 17 años que, según la organización, a día de hoy todavía no tienen plaza en ningún centro educativo, se les ofrezca una alternativa reglada para que su derecho a la educación no se vea limitado y puedan continuar formándose.
«El derecho a la educación es un derecho fundamental, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas –añade Ibarra–. Este derecho implica la obligación del Estado de escolarizar a todo niño o niña que resida en territorio español garantizando una plaza escolar, sin que pueda ser cuestionado en ninguna circunstancia o limitado por problemas administrativos o documentales de sus familias»
