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El presidente de Mediapro, Jaume Roures. Foto: Merca2

En la consulta del 1-O una filial del imperio de Jaume Roures, llamada Mediapro Cloud, realizó una labor de soporte para la red informática que manejó ilegalmente el censo catalán. Es un hecho acreditado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que sospecha que esta labor pudo pagarse de manera camuflada a través de algún organismo de la Generalitat catalana.

Antes del referéndum del 1-O, esta empresa de Roures recibió un contrato de la Autoritat del Transport Metropolità, consorcio para la coordinación del sistema metropolitano del transporte público en Barcelona, que lidera la Generalitat con un 51%, según averiguó MONCLOA.COM en la base de datos de contratos de la Administración catalana.

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El expediente se empezó a tramitar el 2 de junio de 2017, fecha en la que se publicó el anuncio. La red de envío de valisas informátícas, que incluiría a Mediapro Cloud con el censo de Cataluña para usarlo en el golpe del 1-O también estaba en marcha.

La tramitación se hizo formalmente de manera abierta. Es decir, se recibieron diferentes ofertas. El 11 de agosto de 2017 se adjudicó a Mediapro Cloud. El 7 de septiembre se formalizó el acuerdo con la empresa de Jaume Roures, uno más en la larga estela de adjudicaciones de Gobiernos catalanes que acabaron secundando iniciativas golpistas. El importe final fue de 214.340 euros.

MEDIAPRO NO GANÓ POR SER LA MEJOR NI POR SU EXPERIENCIA

Mediapro Cloud ganó porque su “propuesta económica era la más ventajosa de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares”. Es decir, no ganó por ser la mejor, ni por su experiencia. Ganó el pulso por el elemento más fácil de manejar para desbancar un rival: un precio más bajo. La firma de Roures ofertó 175.490 euros, sin iva, cuando el presupuesto base de licitación era de 234.000 euros, sin iva.

Nadie denunció ni vislumbró una baja temeraria. Y lo más llamativo, la Generalitat catalana estimaba que el contrato tenía un valor de 312.000 euros. Por tanto, o Roures o la parte contratante perdía dinero.

La Generalitat encargó al grupo Imagina “un contrato de alojamiento de un centro de procesamiento de datos externo”

El siguiente contrato otorgado por la Generalitat catalana a esta filial de Roures data del 8 de enero de 2018, es decir, tras la consulta. El monto fue de 121.000 euros, más 25.410 euros de iva. Lo curioso es que la ficha del contrato no enuncia ni por qué fue elegida Mediapro Cloud ni cuál fue el sistema, abierto o a dedo, ni cuándo se anunció.

Sólo figura que se ha encargado a la empresa del grupo Imagina que lidera Roures “un contrato de alojamiento de un centro de procesamiento de datos externo”, labor muy similar a la realizada en la práctica el 1-O, según los informes de la Comisaría General de Información de la Policía.

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Carles Puigdemont cuando ejercía de presidente de la Generalitat catalana. Foto: Merca2

Poco después, justo al año de la consulta ilegal del 1-O, el consorcio Administraciò Oberta de Catalunya, organismo implicado en dicha intentona, otorgaba un contrato a la misma filial de Roures por una labor descrita como “servicio de alojamiento físico y conectividad a internet de las plataformas tecnológicas del consorcio AOC”.

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Pero esta vez el BOE catalán sí aclara cómo fue adjudicado el contrato: negociado sin publicidad, es decir, a dedo. El monto adjudicado fue de 148.760 euros, más un 21% de iva. El valor estimado del contrato ascendía a 297.520 euros. La Generalitat no aclara si Roures regala dinero o podría cobrar más en el futuro hasta colmar el tope estimado.

A esto se añade que Mediapro ha facturado más de 240 millones de la Generalitat en los últimos años. Su vinculación con actividades golpistas no es nueva. Diseñó la campaña del ilegal 9N. Esto le reportó 800.000 euros de Artur Mas, obligado por el Tribunal de Cuentas a devolver de su bolsillo los 4,9 millones malversados en su intentona secesionista.

 

 

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