La crisis deportiva no frena al Real Madrid: vuelve a ser el club más valioso del mundo

Verónica Orihuela
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La crisis deportiva no frena al Real Madrid: vuelve a ser el club más valioso del mundo

El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Las dos últimas temporadas han resultado decepcionantes para el club blanco, que ha quedado por detrás de su eterno rival, el FC Barcelona, en LaLiga EA Sports en ambos cursos. Además, fue eliminado en cuartos de final de la Champions League en las dos ocasiones, primero ante el Arsenal FC y posteriormente frente al Bayern de Múnich.

Dos temporadas consecutivas sin conquistar títulos es mucho tiempo para un club acostumbrado a ganar y que ostenta más títulos de LaLiga y de la Champions League que cualquier otro equipo del mundo. Más aún si se tiene en cuenta que el conjunto blanco ha invertido más de 210 millones de euros en las dos últimas campañas para reforzarse con futbolistas de talla mundial, entre ellos Kylian Mbappé. Pese a las extraordinarias cifras individuales del delantero francés, 86 goles en sus primeros 103 partidos con la camiseta madridista, y a su condición de líder de uno de los favoritos para ganar el mundial 2026 como es el combinado galo, el rendimiento colectivo del equipo ha estado por debajo de las expectativas en todos los aspectos del juego.

Pese a la inestabilidad deportiva, con tres cambios de entrenador desde la destitución de Carlo Ancelotti al final de la temporada 2024/25 y unas elecciones presidenciales que no se celebraban desde hace más de dos décadas, el Real Madrid sigue conservando su condición de equipo de fútbol más valioso del mundo. Lo logra, además, por quinta vez consecutiva y por décima ocasión en las últimas trece ediciones del ranking anual de Forbes. Según el último informe de la revista, su valoración alcanza ya los 9.500 millones de dólares, un 41% más que el año anterior. Una cifra que refuerza, pese a todo, su posición dominante en el fútbol global.

Según Forbes, el Real Madrid cerró la temporada 2024/2025 con unos ingresos de 1.265 millones de dólares, lo que representa un aumento del 12% en comparación con el curso 2023/24. Con esa cifra, el club blanco no solo mejora sus propios registros, sino que además supera en 40 millones de dólares los ingresos de los Dallas Cowboys, franquicia de la NFL, contabilizados en la campaña 2024. Ese hito lo convierte en el club deportivo con mayores ingresos jamás recogidos por la revista estadounidense especializada en negocios y finanzas. Sin embargo, pese a ese liderazgo en facturación, la entidad madridista todavía queda muy lejos de la valoración del equipo de fútbol americano, que alcanza los 13.000 millones de dólares.

Que el Real Madrid vuelva a encabezar la lista de los clubes de fútbol más valiosos del mundo según Forbes no es casualidad. Aunque las dos últimas temporadas no hayan sido especialmente brillantes sobre el césped, el club blanco sigue apoyándose en una trayectoria deportiva histórica y en una de las marcas más reconocibles del fútbol mundial. Presidido por Florentino Pérez, ha construido un posicionamiento global difícil de igualar. Es el equipo con más Copas de Europa y Champions League, con 15 títulos, y mantiene un enorme atractivo comercial. A ello se suman acuerdos de patrocinio de primer nivel con Adidas (120 millones de euros), Emirates (100 millones) o HP (70 millones) gracias al tirón de sus jugadores estrella y a la reciente remodelación del estadio Santiago Bernabéu.

Otros dos clubes de LaLiga entre la élite económica del fútbol mundial

En el informe anual de los 30 clubes de fútbol más valiosos del mundo de 2026 publicado por Forbes, la Premier League es la competición con mayor representación, con 11 equipos: Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Newcastle United, Everton, Fulham y Brighton & Hove Albion. Le siguen la MLS, con siete clubes (Inter Miami, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, New York City FC, Atlanta United, Seattle Sounders y Austin FC); la Serie A, con cuatro (Juventus de Turín, AC Milan, Inter de Milán y AS Roma); la Bundesliga, con tres (Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y VfB Stuttgart); la Ligue 1, con uno (Paris Saint-Germain), y la Liga Portugal, también con uno (SL Benfica). LaLiga aporta tres representantes: el Real Madrid, que lidera la clasificación, además del FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Tras ocupar la tercera posición en el ranking de 2025, el Barça asciende este año al segundo puesto con una valoración de 7.500 millones de dólares. El club azulgrana alcanza unos ingresos de 1.063 millones de dólares, un 33% más que el año anterior, y vuelve a demostrar que, pese a la profunda reestructuración financiera emprendida en los últimos años, mantiene un enorme alcance global gracias a su historia y al legado de varias generaciones de jugadores estrella. Para encontrar al Atlético de Madrid, cuyo accionista mayoritario es ahora Apollo Sports Capital, hay que descender hasta la undécima posición. El club rojiblanco figura con una valoración de 2.950 millones de dólares y unos ingresos de 488 millones, un 74% más que el año anterior.

Moncloa se conjura para agotar la legislatura con Presupuestos 2027 pese a la derrota en la senda de estabilidad

Juan Vicente
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Moncloa se conjura para agotar la legislatura con Presupuestos 2027 pese a la derrota en la senda de estabilidad

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Congreso de los Diputados ha rechazado esta tarde la senda de estabilidad para los Presupuestos Generales del Estado de 2027, con los votos en contra de Junts, el PP y Vox.
  • ¿Quién está detrás? El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió el cuadro macroeconómico; la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han reiterado que el Ejecutivo agotará la legislatura.
  • ¿Qué impacto tiene? El Gobierno presentará una segunda senda en el pleno del 23 de julio y, si es rechazada, llevará los Presupuestos al Congreso en otoño. Además, ha logrado convalidar el decreto que inyecta 2.000 millones de euros adicionales para la dependencia a las comunidades autónomas.

El Ejecutivo ha encajado esta tarde una derrota parlamentaria que ya daba por descontada en el primer trámite de los Presupuestos de 2027, pero la dirección del partido y el Gobierno mantienen el plan de no adelantar las elecciones y presentar las cuentas públicas el próximo otoño. El voto contrario de Junts, sumado al bloqueo del PP y Vox, ha tumbado la senda de estabilidad —el cuadro de déficit y gasto que sirve de pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria—, aunque Moncloa ya tenía previsto un camino legal alternativo.

Una derrota prevista para una legislatura que no se acorta

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Gobierno a someter a votación los objetivos de déficit y el reparto entre administraciones antes de presentar el proyecto de ley de Presupuestos. El fracaso de hoy no detiene el proceso: el Ejecutivo debe presentar una segunda propuesta de senda en un plazo breve, y fuentes de la Moncloa confirman que lo hará en el último pleno de este período de sesiones, el próximo 23 de julio.

Si esa segunda senda también es rechazada —como se prevé ante la firmeza de Junts y la oposición—, la ministra de Hacienda ha dispuesto de un informe de la Abogacía del Estado que interpreta que la ley de estabilidad no impide al Gobierno enviar el proyecto de Presupuestos al Congreso. La Constitución, argumentan, obligaría entonces a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio, lo que les privaría de un colchón de 5.800 millones de euros en los tres próximos años que sí habrían tenido con la senda aprobada.

El portavoz de Junts, Josep Rius, calificó la iniciativa del Gobierno de “frivolidad electoralista” y confirmó que su formación no negociará las cuentas mientras persistan los “palos” al independentismo. El PP, por su parte, se suma al bloqueo pese a que las cuentas incorporan partidas sociales que habitualmente reclama.

El contrapeso de la dependencia: 2.000 millones para las comunidades

La misma sesión ha proporcionado un balón de oxígeno al Ejecutivo. Con el apoyo de Junts y los socios habituales, el Congreso ha convalidado el real decreto‑ley que inyecta 2.000 millones de euros adicionales en 2026 y otros 4.000 en 2027 para financiar la dependencia en las comunidades autónomas. Se trata de una medida largamente exigida por los gobiernos autonómicos, incluidos los del PSOE, y que el PP lleva años reclamando sin éxito.

Además, la Cámara ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de la Ley de Dependencia, que blinda legalmente la obligación de que el Estado asuma el 50% de la financiación de este pilar social. Fuentes parlamentarias apuntan a que los populares han votado en contra de ambas iniciativas, lo que deja al PP sin capacidad de frenarlas gracias a la mayoría que el Gobierno teje con Junts, Sumar y el resto de aliados.

La derrota en la senda es un obstáculo político, no un muro legal. El Gobierno ya ha movido ficha para sortearlo y centrar el debate en la inversión social.

La misma sintonía parlamentaria ha permitido que el el avance de la proposición de ley de Sumar para eliminar del Código Penal los delitos de injurias a la Corona y ultrajes a los símbolos nacionales, un texto que el PSOE desbloqueó el mes pasado y que ahora sigue su tramitación con la mayoría necesaria.

El Eje del Poder Socialista

La jugada de Moncloa responde a un cálculo político claro: colocar al bloque de la derecha y a Junts como los responsables de frenar el mayor gasto social de la historia, mientras el Ejecutivo exhibe avances en el terreno de la dependencia y los derechos civiles. Ferraz y el Grupo Parlamentario Socialista han trabajado en paralelo para asegurar que, incluso perdiendo la senda, el relato de la legislatura no sea de parálisis sino de defensa del Estado del bienestar.

En el frente territorial, barones socialistas como María Chivite (Navarra), Adrián Barbón (Asturias) o Emiliano García‑Page (Castilla‑La Mancha) verán repercutido en sus cuentas autonómicas el bloqueo de la senda: perderán el margen de déficit del 0,1% que les habría permitido financiar inversiones sin ajustes drásticos. Sin embargo, la inyección de fondos para la dependencia supone un alivio inmediato y un argumento para reclamar lealtad institucional a las comunidades gobernadas por el PP.

La lectura a medio plazo coloca el foco en otoño. El Gobierno redoblará la presión presentando las cuentas, aunque sepa que su tramitación acabará previsiblemente en fracaso. El objetivo no es tanto aprobarlas —utópico con la actual aritmética— como evidenciar que hay una mayoría social y territorial que respalda más inversión pública, y que el bloqueo procede de quienes dicen defender a las comunidades pero votan contra los recursos que las fortalecen. El precedente de 2019, cuando el primer Gobierno de Sánchez cayó en la tramitación presupuestaria, está presente, pero esta vez la dirección socialista confía en no repetir el final abrupto.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El Partido Socialista defiende el mayor techo de gasto social de la historia; la oposición y Junts lo bloquean mientras el Gobierno refuerza la dependencia y los derechos civiles.
  • Protagonista: Félix Bolaños (ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) ha verbalizado la determinación de agotar la legislatura pese a las dificultades parlamentarias.
  • Próximo hito: Pleno del Congreso del 23 de julio, donde el Ejecutivo presentará la segunda senda de estabilidad y se votará el decreto de dependencia en el Senado si antes recibe el veto de la Cámara Alta.

La cuarta ola de calor azota Barcelona con sensación térmica extrema y humedad del 70%

Bea Tejero
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La cuarta ola de calor azota Barcelona con sensación térmica extrema y humedad del 70%

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Toda la población de Barcelona, especialmente mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre.
  • ¿Cuándo ocurre? El pico de calor será este miércoles 15 de julio, con temperaturas de hasta 38°C y humedad del 70% que prolongará el riesgo hasta el viernes.
  • ¿Qué cambia hoy? La sensación de bochorno será extrema, con un índice de hasta 63°C. El riesgo de golpe de calor es ‘peligro extremo’. Se recomienda evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y las 18:00, hidratarse constantemente y buscar espacios frescos.

Barcelona se enfrenta a la cuarta ola de calor del verano con un enemigo inesperado: la humedad. Tras batir el récord histórico de temperatura con 40,9°C en el Observatori Fabra, la ciudad encara ahora un episodio que, aunque no superará esa marca, llevará la sensación térmica a niveles de “peligro extremo”.

Una masa de aire cálido y húmedo dispara la sensación térmica

A 1.500 metros de altura, las temperaturas alcanzarán los 27°C, una anomalía de hasta 12 grados por encima de lo normal para mediados de julio. En superficie, los termómetros marcarán entre 36 y 38 grados en Barcelona, con los registros más altos en las zonas alejadas del mar.

La diferencia crucial con la anterior ola de calor reside en la humedad relativa, que entonces rondó el 15%. Ahora, en los momentos más calurosos del día, oscilará entre el 50% y el 70%. Esta combinación produce un índice de calor que, según la Aemet, podría dispararse hasta los 63°C. La agencia advierte de que se trata de un escenario de “peligro extremo por golpe de calor e insolación inminente”.

¿Cuándo se irá el calor? Previsión para los próximos días

El miércoles 15 de julio concentrará la máxima crudeza. A partir del jueves, las temperaturas iniciarán un descenso gradual, aunque se mantendrán por encima de la media para un mes de julio. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) anticipa que durante el fin de semana las máximas quedarán entre uno y dos grados por encima de lo habitual, antes de que la próxima semana registren un leve repunte, sin la intensidad de las jornadas anteriores.

Pese a lo extremo del episodio, los meteorólogos aún deben determinar si se trata de una ola de calor en sentido estricto o de un pico. La distinción es relevante para calibrar el riesgo acumulado sobre la población.

El precedente: cuando el bochorno supera al termómetro

La ciudad ya vivió en años anteriores situaciones similares. En 2023, una combinación de 35°C y humedad alta disparó las urgencias hospitalarias por golpes de calor en casi un 30%. La diferencia ahora es que la temperatura de partida es más elevada, lo que agrava la amenaza. Las autoridades sanitarias recuerdan que el cuerpo humano pierde capacidad para autorregularse cuando la sensación térmica supera los 50°C durante periodos prolongados.

La sensación térmica de 63°C sitúa a Barcelona en un umbral de riesgo que no se veía desde hace décadas.

Para que un episodio sea catalogado como ola de calor, deben darse dos condiciones: temperaturas excepcionalmente altas y una duración mínima de tres días. El SMC utiliza el percentil 98 de las máximas de los últimos diez veranos, mientras que la Aemet emplea el percentil 95 del periodo 1971-2000 y exige que al menos el 10% de las estaciones meteorológicas superen ese umbral. Ambas instituciones coinciden en que, sin esos criterios, hablamos de un pico de calor, no de una ola.

Page amenaza con votar contra la financiación autonómica si incluye lo pactado con ERC

Juan Vicente
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Page amenaza con votar contra la financiación autonómica si incluye lo pactado con ERC

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha advertido de que los diputados socialistas de la región abrirán el debate para votar en contra del modelo de financiación autonómica si el Gobierno lo lleva al Congreso tal como lo pactó con ERC.
  • ¿Quién está detrás? Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y líder territorial, respalda la posición. Gutiérrez actúa como su portavoz.
  • ¿Qué impacto tiene? La amenaza de fractura interna en el Grupo Parlamentario Socialista tensa la mayoría de investidura y revela la división territorial entre Ferraz y los barones socialistas, especialmente Page.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, ha lanzado la advertencia más explícita hasta ahora sobre la financiación autonómica: los diputados socialistas de la región votarán «en contra» si el Gobierno mantiene el modelo pactado con ERC. En una entrevista con ENCLM, el número dos de Emiliano García-Page ha señalado que ‘sería la primera vez que se aprueba un modelo de financiación con el voto de una sola comunidad autónoma’.

La amenaza de Page, en boca de su número dos

Sergio Gutiérrez no ha dejado margen de interpretación. «Abriremos el debate dentro del Grupo Parlamentario Socialista de lo que tiene que hacer el Grupo», ha explicado. «Defenderíamos nuestra posición política, como hemos hecho siempre». La entrevista, publicada este lunes, se produce después de que el Gobierno remitiera a las comunidades autónomas un nuevo documento el pasado viernes, prácticamente idéntico al texto que dio a conocer Oriol Junqueras en enero.

El dirigente territorial ha cargado contra el principio de ordinalidad —poner límites a la redistribución— y ha subrayado que el modelo ‘cronifica un porcentaje de desigualdad entre comunidades autónomas’ que permanecerá aunque en el corto plazo se inyecten más recursos. «No puedo entender que un vecino de Tarragona reciba más dinero que uno de Albacete por el mismo servicio público», ha lamentado.

La posición de Castilla-La Mancha no es nueva. García-Page ha pedido la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para debatir el modelo y recuerda que 14 de las 15 comunidades afectadas lo rechazan. Pero la novedad es que los diputados del PSOE en la región amenacen ahora con votar en contra en el Congreso, un paso que nunca se ha dado en una iniciativa de esta envergadura.

El choque con Ferraz y la posición de los otros barones

Las palabras de Gutiérrez reflejan el profundo malestar que recorre las federaciones socialistas implicadas. Adrián Barbón, presidente de Asturias, ya se pronunció en la misma línea, y fuentes del PSOE de Navarra consultadas por Moncloa.com apuntan un descontento similar. El secretario de Organización castellano-manchego ha criticado con dureza la falta de diálogo interno: ‘No entiendo cómo después del pacto entre Illa y Junqueras, todavía no ha habido una reunión en Ferraz de los tres presidentes socialistas a puerta cerrada para pactar un modelo único’.

Es precisamente esa ausencia de un frente territorial común lo que más incomoda a los barones. Gutiérrez ha recordado que el Congreso del PSOE celebrado en Sevilla fijó como posición oficial la igualdad de base, y que el modelo que defiende el Gobierno no se corresponde con aquel mandato. En Ferraz guardan silencio por ahora, pero la advertencia de Castilla-La Mancha abre una brecha disciplinaria que el Ejecutivo preferiría no gestionar en pleno debate de los Presupuestos y con negociaciones pendientes con ERC y Junts.

El PSOE no puede permitirse que un modelo de financiación perpetúe la desigualdad territorial: la igualdad es el principio fundacional de la socialdemocracia española.

El Eje del Poder Socialista

La tensión entre Emiliano García-Page y la dirección federal no es nueva, pero esta vez toca un punto neurálgico: la cohesión del Grupo Parlamentario Socialista. En las últimas semanas, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido unidad, mientras que la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha recordado que el modelo busca un equilibrio entre singularidad y solidaridad. Sin embargo, el mensaje de Gutiérrez, que actúa como correa de transmisión directa de Page, eleva el pulso a un nivel inédito.

Desde el punto de vista territorial, la amenaza de Castilla-La Mancha podría tener un efecto dominó. Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE —Asturias, Navarra y la propia Castilla-La Mancha— suman un peso significativo en el Congreso, y sus diputados son leales a sus presidentes tanto como a Ferraz. Si el Gobierno insiste en llevar el modelo tal como está, se verá abocado a una votación que puede fracturar la mayoría y debilitar la credibilidad de Sánchez ante ERC y los mercados financieros. El precedente histórico inmediato es el debate del Estatut catalán en 2006, cuando las tensiones territoriales dentro del PSOE pusieron a prueba la cohesión del partido.

En nuestra lectura editorial, comprendemos la necesidad del Ejecutivo de cumplir los pactos que sostienen la legislatura. Pero el principio de igualdad que defiende Page es irrenunciable para la socialdemocracia. El ‘no’ de Castilla-La Mancha no es una deslealtad; es un aviso de que el debate sobre la financiación autonómica no puede dirimirse al margen de las propias comunidades del PSOE. El riesgo inmediato no es solo un revés parlamentario; es que la brecha territorial se convierta en una crisis interna de difícil gestión antes del próximo ciclo electoral.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Defensa del principio de igualdad y cohesión territorial como pilar del contrato social del PSOE.
  • Protagonista: Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha).
  • Próximo hito: Convocatoria de la Conferencia de Presidentes solicitada por Page, y posible votación en el Congreso en los próximos meses si el Gobierno decide tramitar el proyecto de ley.

TMB incorporará 136 autobuses hasta 2027: un tercio de la flota será cero emisiones

Bea Tejero
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TMB incorporará 136 autobuses hasta 2027: un tercio de la flota será cero emisiones

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los usuarios de las 106 líneas de autobuses de TMB en Barcelona y su área metropolitana.
  • ¿Cuándo ocurre? La llegada de los primeros minibuses eléctricos arranca en agosto de 2026 y el despliegue se completa en las últimas semanas de 2027.
  • ¿Qué cambia hoy? TMB acaba de licitar 56 nuevos autobuses eléctricos, entre ellos los primeros articulados de 18 metros que permitirán aumentar la oferta y reducir emisiones en las rutas más transitadas.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) incorporará 136 autobuses antes de que finalice 2027, con una inversión de más de 77 millones de euros, para alcanzar el objetivo de que más del 30% de su flota sea de cero emisiones. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha subrayado este lunes que “avanzamos hacia una movilidad pública más limpia con una apuesta clara por la electrificación”.

El anuncio se produce apenas seis meses después de que TMB presentara la Agenda Bus 2026-30, la hoja de ruta para renovar y ampliar el parque de vehículos. Aquel documento ya preveía la compra de unidades eléctricas, pero el ritmo se acelera ahora con la licitación publicada este mismo lunes de 56 autobuses (19 estándar y 37 articulados), todos ellos de propulsión eléctrica.

Un tercio de la flota será eléctrica: las cifras clave de la inversión

Con los nuevos vehículos, 372 autobuses de TMB serán de cero emisiones, una cifra que representa más del 30% de los casi 1.200 que componen el servicio. La presidenta de TMB ha detallado que 30 de las unidades eléctricas servirán para incrementar la flota —es decir, para reforzar las líneas existentes y atender la demanda creciente— y el resto reemplazarán a vehículos más antiguos.

El desembolso total supera los 77 millones, de los cuales 29,6 millones corresponden a los 37 articulados que salen ahora a concurso público. La adjudicación de los primeros contratos ya se ha hecho efectiva: los minibuses eléctricos de la china Yutong (5 unidades por 1,5 millones) y los 24 articulados del consorcio ByD/Castrosua (18 millones) llegarán este mismo año, mientras que los 20 autobuses estándar de Irizar (10,7 millones) lo harán a principios de 2027.

Cómo se desplegarán los 136 autobuses: de minibuses este verano a articulados en 2027

El calendario arranca de forma casi inmediata. Los cinco minibuses eléctricos Yutong de 7 metros empezarán a circular por Barcelona ya en agosto, coincidiendo con la operación de verano. A finales de 2026 se incorporarán los 24 articulados de 18 metros de ByD/Castrosua, pensados para las líneas con mayor afluencia, como las que recorren la Gran Via o la Meridiana.

Ya en 2027 entrarán en servicio los 20 eléctricos de 12 metros adjudicados a Irizar. A ese lote se sumarán los 56 autobuses licitados hoy —19 estándar por 10,6 millones y 37 articulados por 29,6 millones—, que estarán en la calle antes de finalizar ese año. De ellos, 30 unidades son para ampliar la flota dentro del plan Agenda Bus; el resto, para relevar a los diésel más contaminantes.

Barcelona electrifica su flota a un ritmo sin precedentes, pero la necesidad de minibuses diésel más limpios muestra que la transición no es uniforme.

El reto pendiente: no todo puede ser eléctrico en Barcelona

Pese al empujón al vehículo eléctrico, TMB ha adjudicado también 31 minibuses diésel de 6 metros a la empresa Indcar. La razón no es ideológica, sino técnica: los minibuses eléctricos actuales tienen una distancia entre ejes muy grande que limita su maniobrabilidad en calles estrechas, y sus baterías restan capacidad de pasajeros. No pueden cubrir todas las rutas de la red de minibuses.

Los nuevos minibuses diésel, sin embargo, emiten un 86% menos de contaminantes que los actuales: cinco de ellos juntos contaminan menos que uno de los viejos. Eso permite renovar un segmento clave ganando fiabilidad y calidad del aire mientras se desarrolla una solución eléctrica apta para todas las curvas. Laia Bonet ha reconocido que “no es un paso hacia atrás”, sino una medida pragmática para no dejar desatendidos los barrios con calles más angostas.

El esfuerzo inversor se enmarca en la Agenda Bus 2026-30 y en los compromisos de Barcelona por reducir las emisiones del transporte público. El reto ahora no es solo sumar unidades eléctricas, sino también desplegar la infraestructura de carga necesaria en cocheras y terminales. TMB calcula que necesitará al menos 400 puntos de recarga de alta potencia para 2028, una carrera paralela que condiciona el ritmo de la electrificación.

flota cero emisiones

Con esta oleada de compras, TMB se sitúa entre las flotas urbanas españolas con mayor porcentaje de vehículos cero emisiones, solo por detrás de ciudades como Madrid —que también acelera— o pioneras europeas como Oslo. El horizonte de 2027 dejará un parque renovado, pero todavía convivirán tecnologías limpias y de transición. La pregunta que flota en el sector es cuándo podrá apagarse definitivamente el motor de combustión en las cuestas de la capital catalana.

Feijóo propone un pacto de Estado contra incendios tras la tragedia de Almería

Jaume Mónica
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Feijóo propone un pacto de Estado contra incendios tras la tragedia de Almería

Alberto Núñez Feijóo ha visitado este lunes el Puesto de Mando Avanzado en Turre (Almería) y ha propuesto un gran acuerdo de Estado para la prevención y la coordinación ante incendios forestales, apenas unas horas después de que Pedro Sánchez lanzara desde el mismo lugar un pacto nacional sobre la emergencia climática. La tragedia que ha dejado 13 muertos y 7.000 hectáreas calcinadas sirve de escenario para un pulso que enfrenta dos modelos: el del Gobierno, que sitúa el cambio climático como causa prioritaria, y el del PP, que apuesta por una respuesta institucional centrada en la prevención y la gestión de los riesgos naturales.

La propuesta de Feijóo: prevención y coordinación frente a la emergencia climática

El presidente del PP ha detallado en Almería los ejes de su iniciativa. ‘España no puede seguir sin un gran acuerdo donde la administración general del Estado protagonice ese impulso, presente una propuesta, y ahí trabajemos todos con el interés de cerrar y acertar’, ha afirmado Feijóo, que ha puesto el foco en la coordinación entre administraciones. El documento que propone recogería las aportaciones de ayuntamientos, gobiernos autonómicos, técnicos, científicos y también de la gente que vive en el medio rural, ‘que conoce muy bien el aprovechamiento forestal, la ganadería extensiva y los problemas que le afectan como consecuencia de determinadas leyes restrictivas.

La propuesta popular incorpora un presupuesto plurianual y un reparto claro de responsabilidades, una idea que ya venían reclamando varios barones territoriales. El propio Juanma Moreno, presidente andaluz, había reconocido horas antes que las lluvias torrenciales del invierno y las olas de calor generan ‘el combustible indispensable’ para una propagación inmediata de las llamas. Feijóo evita, sin embargo, enmarcar su propuesta en la retórica de la emergencia climática que despliega Sánchez, y prefiere hablar de ‘peligros naturales’ y de un verano de máximo riesgo. La lectura de Génova es clara: el pacto debe girar sobre la respuesta operativa, no sobre un debate ideológico que divida a las administraciones.

El PSOE carga contra las contradicciones del PP con Vox

Pocas horas antes, Sánchez había vinculado la tragedia directamente con el calentamiento global y había reclamado un pacto nacional sobre la emergencia climática. La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, fue más explícita al señalar la paradoja de que Moreno hable de cambio climático mientras su Gobierno mantiene acuerdos con Vox que, aunque no niegan expresamente el fenómeno, sí suponen una enmienda a las políticas verdes de la UE. El pacto andaluz declara el territorio ‘libre de cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde’ y elimina tasas sobre plásticos, emisiones o vertidos.

Fuentes populares consultadas por Moncloa.com replican que el acuerdo con Vox no ha impedido que la Junta de Andalucía mantenga los planes de prevención de incendios y las inversiones en reforestación. ‘La realidad de los montes andaluces no depende de los eslóganes de Vox, sino de los presupuestos y la gestión diaria de los servicios de extinción’, subrayan. La dirección nacional del PP respalda esa línea: la prevención de riesgos naturales es una política de Estado que no debería quedar atrapada en la contienda partidista.

El Eje del Poder Popular

La iniciativa de Feijóo refuerza dos flancos estratégicos del PP. Por un lado, ofrece a los 11 gobiernos autonómicos populares un paraguas común que aleja la discusión sobre el negacionismo climático de Vox y la sustituye por una agenda de coordinación interadministrativa. Andalucía, la comunidad más afectada, puede exhibir que su presidente se mantuvo al lado de las víctimas y que su Ejecutivo ha destinado más de 40 millones de euros a la prevención de incendios en los últimos dos años.

Por otro lado, el pacto de Estado sobre prevención de riesgos naturales permite a Génova esquivar el debate identitario que el Gobierno quiere imponer. Mientras Sánchez intenta dibujar al PP como rehén de Vox, Feijóo responde con un frente institucional que apela a la cooperación. La prueba de fuego llegará cuando el partido tenga que concretar las medidas y conciliarlas con los acuerdos suscritos en algunas comunidades. De momento, la dirección nacional confía en que ningún barón cuestione la necesidad de un acuerdo que blinde a España frente a un riesgo cada vez más extremo.

La propuesta de Feijóo no es un brindis al sol: es la constatación de que la coordinación entre administraciones es la asignatura pendiente de un país que arde cada verano.

La intención del PP es aprovechar los próximos meses para recoger aportaciones de las administraciones autonómicas y locales, y presentar el texto completo antes de que termine el año. El verano de 2026, con el incendio de Los Gallardos aún humeante, ha convertido la prevención de incendios en una prioridad que ningún partido puede ignorar.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: La prevención de riesgos naturales es una política de Estado, no un campo de batalla ideológico. El PP lidera la coordinación entre administraciones.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP)
  • Próximo hito: Recopilación de propuestas autonómicas y presentación del acuerdo marco contra incendios antes de final de 2026.

Bruselas y Londres imponen sanciones a Rusia por ciberataques a infraestructuras críticas

Angie Rivas
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Bruselas y Londres imponen sanciones a Rusia por ciberataques a infraestructuras críticas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La UE y el Reino Unido imponen sanciones a nueve personas y cuatro entidades rusas por ciberataques contra gobiernos e infraestructuras críticas de nueve Estados miembros.
  • ¿Quién está detrás? El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, con la Alta Representante Kaja Kallas, coordina la mayor batería de sanciones cibernéticas de la historia comunitaria.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la disuasión frente al espionaje del FSB y marca la primera acción simultánea UE-Reino Unido, aunque la falta de acuerdo sobre otras sanciones económicas envía señales contradictorias a Moscú.

La Unión Europea ha lanzado este lunes, junto con el Reino Unido, el mayor paquete de sanciones cibernéticas de su historia contra el espionaje ruso, dirigido a nueve personas y cuatro entidades vinculadas al FSB, en respuesta a una campaña de ataques que ha saboteado infraestructuras críticas de al menos nueve Estados miembros.

La mayor batería de sanciones cibernéticas de la UE apunta al FSB

La decisión, adoptada por los ministros de Exteriores de los Veintisiete, incluye por primera vez al propio Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso, al que Bruselas señala como responsable último de una cadena de intrusiones que se remonta a 2010. En concreto, las medidas restrictivas afectan al Centro 16 del FSB, una unidad militar que ha espiado a entidades gubernamentales en Francia, Alemania y Polonia, y que desde 2025 dirige sus ataques contra la industria de defensa europea.

«Los ciberataques rusos están aumentando en escala y severidad», declaró la alta representante Kaja Kallas, quien subrayó que el paquete es «el mayor jamás aprobado» por la UE en este ámbito. La respuesta llega tras meses en los que grupos vinculados a Moscú han intentado sabotear la red energética polaca en pleno invierno e infiltrarse en los sistemas de países como Países Bajos, Chipre, Austria, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia.

Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de viaje a la UE para los implicados. Londres, en paralelo, ha castigado a 24 individuos y entidades adicionales. La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, fue contundente: «Ya sea dirigiendo a delincuentes contra empresas o atacando la red energética polaca en pleno invierno, el Estado ruso alcanza nuevas cotas de indignidad en sus intentos por socavar la seguridad europea».

Tanto Francia, Finlandia y Alemania como la propia UE han convocado al embajador ruso para los próximos días. La OTAN también ha condenado lo que considera una «amenaza para la seguridad de los aliados», consolidando el frente diplomático.

Coordinación inédita con Londres, el socio necesario

La acción conjunta con el Reino Unido no es casual. Por primera vez desde el Brexit, la UE y Londres sincronizan un paquete de sanciones contra el ciberespionaje. La sintonía recuerda a los tiempos de plena integración en política exterior, pero con un matiz: ahora se forja fuera de las estructuras comunitarias, a base de contactos bilaterales y rápidas consultas diplomáticas.

El Foreign Office ha subrayado que las sanciones británicas complementan a las europeas y cubren a piratas informáticos y empresas con sede en Moscú que Bruselas no había alcanzado. Esta cooperación pragmática podría ser el modelo para futuras respuestas conjuntas en el ciberespacio, un dominio en el que la Unión y Londres comparten una amenaza existencial.

El mensaje a Moscú es inequívoco: la era de la impunidad digital está tocando a su fin. Sin embargo, la eficacia real de estas sanciones dependerá de su implementación y de la capacidad para seguir aislando al aparato de inteligencia ruso en un entorno cada vez más polarizado.

ciberataques infraestructuras críticas

El Eje del Poder Europeo

El nuevo paquete de sanciones cibernéticas funciona como un antídoto temporal frente a la parálisis que atenaza al Consejo de Asuntos Exteriores. De hecho, la reunión del lunes ni siquiera fue capaz de aprobar el 21.º paquete de sanciones económicas contra Rusia por la falta de acuerdo sobre la prohibición de los servicios marítimos y de nuevas restricciones al gas natural licuado ruso. Hungría y otros socios del Este frenan cualquier medida que pueda afectar a los suministros energéticos, mientras que los países bálticos y Polonia exigen un castigo económico mucho más duro. La fractura llegó a tal punto que el debate sobre las sanciones al gas natural licuado quedó aplazado «a nivel de embajadores», según Kallas.

Para España, este paquete de sanciones cibernéticas es un triunfo relativo. Aunque Madrid no aparece en la lista de países atacados en el último informe, fuentes del sector de la ciberseguridad consultadas por Moncloa.com recuerdan que los intentos de intrusión del GRU y del FSB contra infraestructuras energéticas y gubernamentales españolas se multiplicaron en 2024 y 2025. El Gobierno de Sánchez ha respaldado sin fisuras las sanciones, consciente de que una respuesta europea robusta le protege más que cualquier iniciativa nacional aislada. Además, España mantiene una buena interlocución con Londres en materia de defensa digital, lo que allana el terreno para colaboraciones futuras.

Pero el verdadero riesgo estratégico está en la contradicción que envían los Veintisiete. Mientras se sanciona al FSB por ciberataques, se sigue negociando con Moscú la llegada de combustibles fósiles y no se toca el flujo comercial de materias primas críticas. Esta dualidad debilita la disuasión y ofrece al Kremlin una ventana para seguir operando en el ciberespacio con costes políticos manejables. Si la UE no logra cerrar filas en el frente económico, Moscú interpretará cada sanción sectorial como un castigo selectivo que puede sortear.

El precedente más claro es el de 2018, cuando Bruselas y Washington impusieron sanciones por el ciberataque NotPetya. Entonces, la respuesta fue mucho menos contundente y el Kremlin apenas sintió mella. Ahora, el volumen y la coordinación con Londres marcan un antes y un después, pero la ausencia de unión en el frente económico podría dejar la medida en un gesto técnicamente impecable y políticamente insuficiente.

El mayor paquete de sanciones cibernéticas de la UE busca golpear el aparato de inteligencia ruso que, desde 2010, espía gobiernos, sabotea infraestructuras y desestabiliza elecciones.

La próxima cita relevante para medir la consistencia europea será el Consejo Europeo de otoño, donde se examinará la posibilidad de revitalizar el paquete 21.º. Hasta entonces, Bruselas confía en que la ofensiva digital sirva como aviso a Moscú. Pero sin una estrategia económica unificada, la disuasión se quedará a medio camino.

La UE califica de ‘inaceptables’ las amenazas de EE.UU. contra la CPI: las claves del pulso que tensa la relación transatlántica

Alberto Ochoa
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La UE califica de ‘inaceptables’ las amenazas de EE.UU. contra la CPI: las claves del pulso que tensa la relación transatlántica

La Unión Europea ha calificado este martes de ‘inaceptables’ las amenazas lanzadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contra la Corte Penal Internacional (CPI). Se trata de un nuevo y grave episodio de tensión entre Bruselas y Washington, que coincide con la escalada del conflicto con Irán.

Rubio anunció una campaña «de todo el gobierno» para «desmantelar» el tribunal de La Haya, que según él representa «una amenaza intolerable» para la soberanía estadounidense. En un vídeo difundido en X, el jefe de la diplomacia de Donald Trump subrayó que «la CPI y sus amigos libran una guerra contra nuestro país, no con balas o misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza del llamado derecho internacional.

La ofensiva de Washington contra la CPI

El Departamento de Estado detalló que la campaña pretende «deshabilitar sistemáticamente la capacidad de la CPI para operar, apuntar contra militares o funcionarios estadounidenses o amenazar de cualquier otro modo la soberanía de Estados Unidos». Un alto funcionario, bajo condición de anonimato, explicó que se presionará a los países aliados «para que se retiren de la CPI y corten cualquier apoyo financiero al tribunal».

Entre las medidas previstas figura «un mayor escrutinio de las naciones que se nieguen a rechazar la falsa autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia de Estados Unidos». El comunicado añade que «ninguna opción diplomática estará fuera de la mesa» en esta ofensiva, que supone una escalada respecto a las sanciones que Washington ya impuso contra responsables del tribunal.

La administración Trump advierte de que «ninguna opción diplomática estará fuera de la mesa» para presionar a los aliados y desmantelar la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.

La respuesta de la UE: «Ataques no aceptables»

El portavoz comunitario, Anouar El Anouni, reaccionó con contundencia. «Estamos firmemente comprometidos con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad. Los ataques o amenazas contra los funcionarios electos de la corte, su personal o quienes cooperan con ella simplemente no son aceptables», declaró en rueda de prensa.

La posición de Bruselas choca frontalmente con la narrativa de Rubio, que en un artículo de opinión en The Wall Street Journal insistió en que la CPI ha pasado de ser un «recurso limitado» para perseguir «solo los delitos más graves» a una institución que «amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y legal». Según el secretario de Estado, «los estadounidenses nunca aceptaron esto, y todos los presidentes desde la ratificación de la CPI han mantenido que el tribunal no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos de Estados Unidos».

El impacto para España y Europa

España, como socio fundador de la CPI y miembro de la UE, es uno de los países que podría verse afectado directamente por la presión diplomática de Washington. Madrid mantiene un apoyo histórico a la corte y a los principios del Estatuto de Roma, pero el Gobierno de Pedro Sánchez se expone a un dilema si la administración Trump condiciona la cooperación en defensa o inteligencia al abandono del tribunal.

La tensión transatlántica llega en un momento especialmente delicado: la crisis con Irán y la creciente inestabilidad en Oriente Medio exigen unidad entre los aliados. Fuentes diplomáticas españolas reconocen en privado que «la presión puede poner en aprietos la coherencia europea», aunque garantizan que, hasta ahora, no se ha producido ninguna comunicación directa desde Washington en el sentido de las amenazas lanzadas por Rubio.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La UE califica de «inaceptables» las amenazas de Marco Rubio contra la CPI, que ha lanzado una campaña para desmantelar el tribunal.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Marco Rubio (EE.UU.), la portavoz de la UE Anouar El Anouni y la Corte Penal Internacional.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Bruselas analiza posibles contramedidas y España, junto a otros socios europeos, deberá decidir cómo responder si Washington incrementa las presiones.

El BCE selecciona a dos firmas españolas para el piloto del euro digital

Angie Rivas
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El BCE selecciona a dos firmas españolas para el piloto del euro digital

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Banco Central Europeo ha seleccionado a 36 proveedores de pagos para el programa piloto del euro digital, entre ellos dos consorcios españoles: CecaBank (con Unicaja, Abanca, Ibercaja, Bizum y Deloitte) y Uinku Payments.
  • ¿Quién está detrás? La decisión la firma el Comité Ejecutivo del BCE, con el respaldo de 19 bancos centrales nacionales, incluido el Banco de España.
  • ¿Qué impacto tiene? España accede a la fase de pruebas técnicas de la moneda digital que podría emitirse en 2029, reforzando su posición en el nuevo sistema de pagos europeo y dando ventaja a sus entidades para el futuro despliegue.

El BCE ha elegido a las españolas CecaBank y Uinku Payments para el programa piloto del euro digital, que arrancará en el segundo semestre de 2027 con 36 participantes seleccionados entre más de 50 candidaturas.

Dos consorcios españoles entre 36 candidaturas

La candidatura de CecaBank agrupa a Unicaja, Abanca, Ibercaja, Bizum y la consultora Deloitte. El otro elegido es Uinku Payments, que opera bajo la marca comercial Sipay. Ambas participarán en las pruebas durante doce meses junto a entidades de toda la eurozona, como Deutsche Bank, Banca Monte dei Paschi, Revolut, Worldline o Stripe.

El BCE buscaba diversidad por modelo de negocio y tamaño. Italia aporta seis participantes, Alemania cinco y Portugal tres. La heterogeneidad, según el supervisor, garantiza un entorno de prueba representativo para la versión beta de la divisa, que no tendrá curso legal pero replicará las funcionalidades previstas en el proyecto legislativo.

Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, destacó que “el gran interés del mercado demuestra la disposición del sector privado a avanzar con rapidez”. Las pruebas se realizarán con empleados de los bancos centrales, comercios en línea, cafeterías y restaurantes, simulando pagos persona a persona y en puntos de venta.

Lo que está en juego para el ecosistema de pagos español

La entrada de dos consorcios españoles en el laboratorio del euro digital coloca a España en una posición favorable. CecaBank, el proveedor tecnológico de buena parte de las cajas y bancos medianos, suma ahora la experiencia de Bizum, la plataforma de pagos instantáneos más extendida en el país. Esa combinación de infraestructura bancaria tradicional y agilidad fintech es una baza que pocos países pueden replicar.

Uinku, por su parte, es una entidad de pagos que ya trabaja con más de 60.000 comercios. Su presencia en el piloto refuerza la capilaridad española en pagos digitales minoristas. No obstante, persisten dudas en el sector: varios banqueros han expresado que el euro digital minorista solapa servicios ya existentes, como el propio Bizum, y que el verdadero potencial está en el ámbito mayorista.

BCE piloto

El Eje del Poder Europeo

El programa piloto del euro digital es mucho más que un test técnico: es el primer pulso real por la arquitectura de la soberanía monetaria europea en la era digital. El BCE, los bancos centrales nacionales y los proveedores de pago compiten ahora por definir el estándar que regirá los pagos del futuro, en un contexto en el que gigantes estadounidenses como Visa o Mastercard y sistemas chinos como Alipay dominan las transacciones transfronterizas.

La selección de participantes es, en sí misma, un mapa de poder. Italia ha conseguido colocar seis entidades, Alemania cinco, Portugal tres y España dos. La diversidad geográfica y de perfiles —bancos, fintechs, procesadores— busca evitar que la futura moneda quede atrapada en las manos de los grandes conglomerados financieros del norte. Sin embargo, el tejido bancario del sur todavía debe demostrar que puede escalar sus soluciones más allá de sus fronteras, y ahí es donde el piloto puede ser una palanca decisiva.

Históricamente, la puesta en circulación del euro físico en 2002 fue el hito que consolidó la unión monetaria. El euro digital aspira a repetir ese efecto en el entorno virtual, pero con un adversario añadido: la desconfianza de una parte de la banca y el temor a que el BCE compita con los depósitos tradicionales. Por eso, este piloto es también un mensaje político: la Eurozona está dispuesta a construir su propia infraestructura de pagos, incluso si eso incomoda a los gigantes privados. La próxima cita relevante será la publicación del informe intermedio del BCE a mediados de 2028, donde se calibrará el verdadero apetito del mercado y, sobre todo, la velocidad de adopción en países como España.

El euro digital no es solo una cuestión técnica: es la apuesta por un sistema de pagos europeo que compita con las redes estadounidenses y chinas en un momento crítico.

El camino no está exento de riesgos. Si los bancos no ven un modelo de negocio claro, la moneda digital podría quedarse en un proyecto de laboratorio, útil para pagos públicos pero sin tracción en el comercio diario. España, con la experiencia de Bizum y la penetración de los pagos móviles, parte con ventaja, pero necesitará que el BCE resuelva las dudas sobre compensación y privacidad que han frenado a otros actores.

El Gobierno aprueba la Ley de Violencia Vicaria: así funciona la privación automática de la patria potestad

Alberto Ochoa
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El Gobierno aprueba la Ley de Violencia Vicaria: así funciona la privación automática de la patria potestad

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley contra la Violencia Vicaria, que retirará automáticamente la patria potestad a los condenados por delitos graves. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado en rueda de prensa que la privación de la patria potestad será automática con la sentencia condenatoria firme, sin necesidad de esperar a un procedimiento adicional.

El texto, que ha recibido luz verde en segunda vuelta, modifica hasta diez normas, entre ellas el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del Menor. La finalidad del proyecto es visibilizar, prevenir y sancionar la violencia vicaria (aquella que, con el objetivo de causar dolor a la mujer, se ejerce por la pareja o expareja a través de personas instrumentales como los hijos), según el Ministerio de Igualdad.

Cómo funciona la privación automática de la patria potestad

Según ha explicado Redondo, la patria potestad se retirará en el momento en que haya una condena firme por delitos graves de violencia de género o contra los menores. Además, la guarda y custodia, así como las visitas, quedarán suspendidas cuando exista un procedimiento penal por violencia en el seno familiar.

Desde Igualdad han reconocido que el encaje jurídico no ha sido sencillo, pero insisten en que la premisa es clara: ‘Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre’. La norma busca proteger al menor y evitar que el agresor mantenga cualquier vínculo con él mientras dure el proceso judicial.

La condena firme por un delito grave contra los hijos o la pareja supondrá la pérdida inmediata de la patria potestad, una medida que desde Igualdad califican de ‘justa’.

Los cambios clave respecto al primer anteproyecto

Respecto a la primera versión del texto, de septiembre de 2025, el nuevo articulado introduce tres novedades fundamentales: el automatismo en la retirada de la patria potestad ya mencionado, la obligación de escuchar al menor en todos los procesos de custodia y una nueva estrategia penal.

En el plano penal, se ha modificado la estrategia inicial y se ha optado por incluir una agravante de género específica en el artículo 22.4 del Código Penal, en lugar de reformar el artículo 173. Fuentes del ministerio han señalado que esta fórmula evita que la regulación ‘se vaya en contra de las madres protectoras’.

En cuanto a los menores, se establece la obligatoriedad de escucharlos y evaluar la relación paternofilial. Si el menor no puede declarar, otras personas podrán transmitir su voluntad. Además, los procedimientos sobre patria potestad se tramitarán por juicio verbal, lo que agilizará la resolución.

El trámite parlamentario y las medidas que pueden añadirse

El proyecto de ley orgánica inicia ahora su andadura en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas. El Ejecutivo confía en incorporar la inclusión de las mascotas en la definición de violencia vicaria, un punto que los órganos consultivos rechazaron pero que podría reaparecer durante el debate parlamentario.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de Ley de Violencia Vicaria, que endurece la privación de la patria potestad.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, impulsa la norma, y el Congreso la debatirá próximamente.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto pasa a tramitación parlamentaria, donde se podrán introducir enmiendas, incluyendo posiblemente la protección de las mascotas.

Feijóo celebra la condena a David Sánchez: ‘Nadie está por encima de la ley’

Jaume Mónica
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Feijóo celebra la condena a David Sánchez: ‘Nadie está por encima de la ley’

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado por unanimidad a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en la Diputación de Badajoz. Es la tercera condena en el entorno de Pedro Sánchez.
  • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo ha encabezado la reacción del PP, respaldado por la portavoz Ester Muñoz. Génova aprovecha la sentencia para reforzar su discurso de oposición.
  • ¿Qué impacto tiene? La sentencia refuerza la narrativa del PP sobre la corrupción institucional en el Ejecutivo y tensa aún más la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno. La inhabilitación se suma a las condenas del ex fiscal general y del exministro Ábalos.

Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este martes la condena de David Sánchez como la prueba de que “nadie está por encima de la ley” y la constatación de la solidez del Estado de Derecho. La sentencia, dictada por unanimidad por la Audiencia Provincial de Badajoz, inhabilita al hermano del presidente del Gobierno durante nueve años por un delito de prevaricación en la contratación como Coordinador de Actividades de los Conservatorios y después jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, recibe una pena aún más severa: dieciocho años de inhabilitación.

Feijóo recordó en su cuenta de X las palabras que Pedro Sánchez pronunció hace semanas en el Congreso: “La verdad acabará imponiéndose”. “Ahora, añadió el líder popular, aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del ex fiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala”. Para Feijóo, la resolución demuestra que “nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea”, algo que “habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles”.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, amplió el argumentario desde los pasillos del Congreso. “Es la primera vez en democracia que un presidente tiene al fiscal general condenado, a su secretario de Organización y exministro condenado a 24 años por nueve delitos, y ahora a su hermano inhabilitado porque miembros de su partido le regalaron una plaza”, detalló. Para Muñoz, la sentencia acredita que David Sánchez sabía que le iban a regalar el puesto, simuló la legalidad del concurso y que después se modificó la plaza para ajustarse a sus requisitos. “Todo, recalcó, está probado en la sentencia”.

Una tercera condena que ahonda la crisis del entorno presidencial

La condena de David Sánchez se convierte en el tercer varapalo judicial al círculo más cercano de Pedro Sánchez. En los últimos meses, el ex fiscal general del Estado fue condenado por revelar secretos para atacar a un rival político y el exministro José Luis Ábalos recibió una pena de 24 años de prisión por nueve delitos. Para el PP, la acumulación de casos evidencia una trama de corrupción institucional sin precedentes en

la democracia española.

La justicia ha vuelto a hablar, y lo ha hecho por unanimidad, sin titubeos. La corrupción institucional del Gobierno de Sánchez ya tiene tres sentencias firmes en su núcleo duro.

El PSOE se revuelve contra los jueces y el PP ve una oportunidad de desgaste

La reacción del PSOE no se hizo esperar. La número dos del partido, María Jesús Montero, se enteró de la sentencia en plena rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía y la calificó de “no corresponderse ni con el juicio ni con las pruebas”. Acusó a “algunos jueces” de actuar con sesgo político, en la línea del lawfare que la izquierda atribuye a la justicia española. Sin embargo, el PP replica que es la propia sentencia la que describe un “enchufe” y una simulación del procedimiento administrativo, subrayando que los tres magistrados han sido unánimes.

Para Génova, la condena es una oportunidad para tensar aún más al Gobierno y forzar un debate sobre responsabilidades políticas. “Esto en cualquier país haría caer a cualquier Ejecutivo”, insistió Muñoz. El PP ve en las próximas sesiones del Congreso la ocasión de presentar una PNL o una moción de reprobación, aunque las cuentas parlamentarias son ajustadas.

El Eje del Poder Popular

El fallo unánime de la Audiencia de Badajoz refuerza la estrategia de Alberto Núñez Feijóo de erigirse en defensor de la limpieza institucional frente a un Gobierno al que retrata como lastrado por los escándalos. Internamente, la reacción cohesiona a las federaciones territoriales del PP, que ven en los casos judiciales un argumento transversal para las campañas autonómicas. Barones como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno llevan semanas utilizando el eslogan “nadie está por encima de la ley”, que ahora adquiere pleno sentido.

En clave territorial, la sentencia afecta directamente a una diputación gobernada por el PSOE (Badajoz) y pone en el foco la gestión socialista en Extremadura. El PP extremeño, liderado por María Guardiola, puede capitalizar el descrédito para exigir explicaciones en la Asamblea autonómica y proyectar un modelo de transparencia en las instituciones que controla el partido. La lectura a corto plazo es clara: el Ejecutivo nacional sufre un nuevo golpe que debilita su capacidad de negociación parlamentaria.

El riesgo para Génova es que la oposición se vea arrastrada a una estrategia puramente judicial y pierda el foco de las propuestas alternativas de gobierno. No obstante, Feijóo ha sabido hasta ahora vincular cada condena a la necesidad de un “cambio de rumbo” en la gestión de los fondos públicos, evitando caer en la mera denuncia. El próximo Comité de Dirección calibrará si conviene mantener el tono de exigencia penal o girar hacia la agenda económica y social.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: La tercera condena del entorno presidencial demuestra que la justicia funciona sin atajos y que el PP es la única alternativa seria frente a un Gobierno lastrado por la corrupción.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP)
  • Próximo hito: El PP forzará en el Pleno del Congreso una votación para exigir responsabilidades políticas tras la sentencia, previsiblemente la próxima semana.

Lynk & Co abre concesionario en Córdoba con Grupo Vypsa y refuerza su expansión en Andalucía

Enrique Ramos
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Lynk & Co abre concesionario en Córdoba con Grupo Vypsa y refuerza su expansión en Andalucía

Lynk & Co, la marca automovilística propiedad del gigante chino Geely, ha inaugurado este lunes 14 de julio su primer concesonario en Córdoba de la mano del Grupo Vypsa. Con este desembarco, la firma suma su segundo espacio en Andalucía —el primero fue en Málaga— y refuerza una apuesta comercial que ya cuenta con 39 puntos de venta en toda España.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Lynk & Co ha inaugurado un nuevo espacio de venta oficial en la capital cordobesa.
  • ¿Dónde y quién? En la calle Esteban de Cabrera, en el Polígono de Las Quemadas (Córdoba), con Grupo Vypsa como socio local.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Acceso directo a la gama electrificada de la marca, asesoramiento personalizado y un nuevo punto que refuerza la competencia en el sector de la automoción andaluza.

Un espacio para la movilidad electrificada en Las Quemadas

El nuevo concesionario está situado en la calle Esteban de Cabrera, 7, en pleno Polígono de Las Quemadas, uno de los principales centros de negocio de Córdoba. La zona concentra desde talleres de automoción hasta empresas de mensajería, lo que facilita la visibilidad y el acceso de potenciales clientes. El local, de diseño diáfano y tecnológico, se aleja del concesionario tradicional: invita a tocar los vehículos, configurarlos desde una pantalla y sentir la filosofía de conectividad que pregona la marca.

España es, a día de hoy, el principal mercado europeo para Lynk & Co. La compañía ha desplegado 39 concesionarios firmados, 35 puntos operativos y 69 talleres autorizados en menos de tres años. La red comercial crece más rápido que la de cualquier otro país europeo. En Córdoba, el objetivo es claro: acercar una propuesta de movilidad que hasta ahora solo se disfrutaba en Málaga.

La gama expuesta incluye el Lynk & Co 01, un SUV híbrido enchufable con el que la marca debutó en Europa; el Lynk & Co 02, el primer eléctrico puro pensado para la ciudad; y el Lynk & Co 08, un SUV híbrido enchufable de última generación con más de 200 kilómetros de autonomía eléctrica homologada. Todos ellos comparten el sistema operativo de infoentretenimiento desarrollado por la compañía, que integra navegación en tiempo real, control remoto y actualizaciones automáticas.

Grupo Vypsa, el aliado de confianza

concesionario Lynk & Co

El Grupo Vypsa no es un desconocido para la automoción andaluza. Con más de 45 años de historia, ha sido concesionario oficial de Volvo en gran parte de la comunidad, ofreciendo venta y posventa en provincias como Málaga, Sevilla o Cádiz. La irrupción de Lynk & Co en su estructura no es casual: ambas marcas pertenecen al paraguas de Geely, lo que permite aprovechar sinergias técnicas y de servicio.

“Este nuevo concesionario refuerza nuestro compromiso con la movilidad del futuro y con el tejido empresarial cordobés”, ha señalado un portavoz de la firma. Vypsa ya gestionaba desde hace un año el punto de venta de Lynk & Co en Málaga, que ha registrado una notable afluencia de clientes, sobre todo jóvenes profesionales atraídos por el formato flexible de suscripción que la marca sigue ofreciendo en paralelo a la compra tradicional.

Málaga fue la puerta de entrada en Andalucía, y Córdoba demuestra que la electrificación no entiende de provincias ni de tamaños de mercado.

La inversión necesaria para poner en marcha un concesionario de estas características no ha sido desvelada, pero fuentes del sector la sitúan entre los 300.000 y los 500.000 euros, incluyendo la adecuación del local, el utillaje de taller y la formación del personal. En términos laborales, se estima que cada nuevo espacio genera entre 10 y 20 puestos de trabajo directos, a los que hay que añadir los indirectos de mantenimiento y servicios auxiliares.

La Lectura Andaluza

Andalucía se ha convertido en un territorio clave para la electrificación del automóvil en España. Según los datos del IECA, las matriculaciones de vehículos enchufables crecieron un 17% en el último año, y la comunidad supera ya los 3.500 puntos de recarga públicos. La Junta de Andalucía, a través de programas de incentivación como el Plan MOVES III autonómico, ha respaldado esa transición, aunque persisten retos como la dispersión geográfica y la necesidad de acelerar la instalación de infraestructura en las zonas rurales.

Para un conductor cordobés, la llegada de Lynk & Co supone una bocanada de aire fresco en un mercado dominado por marcas tradicionales. El cliente andaluz busca cada vez más vehículos conectados, con diseño y tecnología a un precio razonable. La propuesta de Lynk & Co —diseño nórdico, electrificación y conectividad— encaja con ese perfil. A eso se suma la flexibilidad: en el concesionario se puede optar por la compra o, si se prefiere, por un sistema de suscripción mensual que incluye seguro, mantenimiento y un mes de prueba gratuita.

El siguiente paso lógico sería la apertura de nuevos puntos en capitales como Granada, Jerez de la Frontera o Almería, donde la marca aún no tiene presencia. Con una red que ya alcanza los 39 concesionarios en toda España no sería sorprendente ver un anuncio similar antes de que acabe el año. Andalucía no solo consume movilidad: se está convirtiendo en el escaparate desde el que las marcas asiáticas miden su aceptación en Europa.

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