El PP exige en el Congreso que Ceuta y Melilla tengan asiento en el Comité Europeo de las Regiones

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP ha registrado una PNL en el Congreso para forzar al Gobierno a reclamar a Bruselas un asiento para Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones.
  • ¿Quién está detrás? El Grupo Parlamentario Popular, con el respaldo de Génova y de los presidentes autonómicos de las dos ciudades autónomas.
  • ¿Qué impacto tiene? La iniciativa traslada al Parlamento nacional una demanda territorial histórica del PP y abre un debate sobre la representación exterior de las dos ciudades autónomas, justo cuando el Gobierno central renegocia su posición en las instituciones europeas.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con un objetivo claro: que Ceuta y Melilla obtengan representación en el Comité Europeo de las Regiones, el órgano consultivo de la UE que da voz a los entes locales y regionales.

Actualmente, España cuenta con 21 representantes en este comité de 329 miembros, pero ninguna de esas plazas corresponde a las dos ciudades autónomas. La PNL del PP urge a Moncloa a plantear ante las instituciones europeas —Parlamento y Consejo— la inclusión de representantes de Ceuta y Melilla, en condiciones de igualdad con el resto de territorios.

El Comité,establecido en 1994 tras el Tratado de Maastricht, nunca ha reservado un puesto específico para las ciudades norteafricanas. Su composición se decide a partir de propuestas de los Estados miembros, y el PP sostiene que la exclusión actual vulnera el principio de cohesión territorial que la propia UE proclama.

Una reivindicación de Estado que el PP lleva a Europa

Para el Grupo Parlamentario Popular, la iniciativa está lejos de ser un mero gesto testimonial. En el texto de la PNL se subraya que Ceuta y Melilla ejercen como «frontera sur de Europa» y que su singularidad geográfica y estratégica merece un reflejo directo en los órganos de representación comunitaria.

El movimiento llega en un momento de tensión diplomática latente con Marruecos y de debate sobre la defensa de la integridad territorial. El PP quiere que el Gobierno asuma la bandera de esta reivindicación y la traslade a Bruselas, evitando que las dos ciudades autónomas queden diluidas en negociaciones más amplias sobre la futura arquitectura institucional europea.

Más que un gesto parlamentario, la PNL es la confirmación de que el PP quiere trasladar a Bruselas el mismo mensaje que repite en el Congreso: Ceuta y Melilla son España y merecen la máxima protección institucional.

Ceuta y Melilla en la agenda territorial del PP

La iniciativa no solo tiene destino europeo; también refuerza la cohesión interna del partido. Los gobiernos locales del PP en ambas ciudades —respaldados por sus respectivas asambleas— venían reclamando desde hace meses un gesto de este calado en las Cortes Generales. Génova ha recogido el guante y lo ha convertido en texto parlamentario.

Con esta PNL, el PP vuelve a utilizar el Congreso como altavoz de una demanda territorial que, en su opinión, ningún gobierno ha atendido con la contundencia necesaria. La portavocía parlamentaria confía en sumar apoyos de otras fuerzas, especialmente aquellas con sensibilidad territorial como los socios habituales del Gobierno en el Congreso.

El Eje del Poder Popular

Hay que leer la maniobra en una doble clave: nacional y europea. En el plano doméstico, el PP refuerza su perfil de partido que defiende la igualdad de todos los territorios, justo cuando el Ejecutivo central negocia una nueva financiación autonómica que ha levantado ampollas entre las comunidades gobernadas por los populares. Ceuta y Melilla no son actores de ese debate fiscal, pero su inclusión en el relato territorial del PP ayuda a construir un argumentario de cohesión y de defensa de la singularidad de cada territorio, sin que ello rompa la unidad nacional.

En el plano europeo, la PNL envía un mensaje a las instituciones comunitarias: España no puede consentir que sus territorios extrapeninsulares queden fuera de los foros de decisión que afectan a su día a día. El Comité de las Regiones, aunque de carácter consultivo, influye en la orientación de fondos, en la política de vecindad y en las directrices sobre fronteras exteriores. Dejar a Ceuta y Melilla sin voz allí es, para el PP, una anomalía que urge corregir.

La lectura estratégica es también interna. Génova sabe que los presidentes populares de las dos ciudades autónomas llevan años reclamando este asiento, y que la sintonía entre la dirección nacional y los territorios se mide en gestos concretos como este. La PNL es un guiño a las bases del PP en el norte de África y, a la vez, una prueba de que el partido utiliza todos los resortes parlamentarios para visibilizar sus prioridades.

En clave amplia, observamos que la PNL encaja en una secuencia de iniciativas del PP destinadas a garantizar la representación de todos los territorios en las instituciones, tanto nacionales como supranacionales. Hace apenas dos meses, la formación ya reclamó en el Senado una mayor presencia de las Islas Baleares en los foros mediterráneos de la UE.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Cohesión territorial y defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla ante las instituciones europeas.
  • Protagonista: Miguel Tellado (portavoz del GPP del Congreso).
  • Próximo hito: Debate y votación de la PNL en el Pleno del Congreso, todavía sin fecha confirmada.

Page fuerza al PP y Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha a posicionarse sobre el agua

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PSOE de Castilla-La Mancha ha anunciado que forzará votaciones en las Cortes autonómicas para obligar a PP y Vox a retratar su postura sobre la política hídrica en la región.
  • ¿Quién está detrás? El presidente Emiliano García-Page, que convierte el agua en un examen político para la oposición tras meses de ambigüedad sobre el trasvase Tajo-Segura.
  • ¿Qué impacto tiene? La maniobra coloca a la oposición ante una disyuntiva incómoda: apoyar los intereses de la región o alinearse con las tesis trasvasistas de sus direcciones nacionales.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subido un peldaño más en la defensa del agua para su comunidad. El PSOE regional forzará en las próximas semanas una votación en las Cortes autonómicas para que PP y Vox se posicionen sin ambages sobre la política hídrica. La iniciativa busca, según fuentes socialistas, que ‘la verdad de cada uno quede registrada en el Diario de Sesiones’.

La decisión llega tras varios meses en los que la oposición ha esquivado pronunciarse con claridad sobre el trasvase Tajo-Segura, un asunto que despierta pasiones en una tierra castigada por décadas de déficit hídrico. El grupo socialista, mayoritario en la cámara, aprovechará una proposición no de ley o una moción específica para que los diputados autonómicos del PP y de Vox tengan que elegir: o defienden los caudales ecológicos del Tajo o se pliegan a los intereses del Levante. No habrá margen para la equidistancia.

La ofensiva parlamentaria de Page

En el fondo de la maniobra hay un cálculo político tan sencillo como efectivo. Page sabe que el agua es, para Castilla-La Mancha, mucho más que un recurso natural: es la línea roja que define quién defiende a la región y quién la sacrifica. Al forzar la votación, el presidente autonómico consigue dos cosas: exhibir la unidad del PSOE castellano-manchego en torno a un discurso que él mismo ha liderado sin fisuras, y colocar a la oposición en una tesitura que puede generar contradicciones internas.

Fuentes del gobierno autonómico consultadas por Moncloa.com subrayan que la iniciativa no es improvisada. Desde el inicio de la legislatura, Page ha mantenido contactos discretos con municipios ribereños, plataformas en defensa del Tajo y colectivos agrarios. La votación pretende recoger ese malestar y darle traducción parlamentaria. El texto que se someterá a debate incluye referencias explícitas al aumento de los caudales ecológicos, la revisión de las reglas de explotación del trasvase y la petición al Gobierno central de un plan de inversiones en infraestructuras hídricas para la cuenca del Tajo.

La incógnita de PP y Vox

El portavoz adjunto del PSOE en las Cortes dejó caer esta semana que ‘la pelota está en el tejado del PP. Ya no vale decir que defienden el agua de Castilla-La Mancha sin ponerle firma a una propuesta concreta’. El desafío apunta directamente a la dirección nacional de los populares, que en otras comunidades autónomas ha respaldado el trasvase. En Toledo, sin embargo, una parte del PP autonómico ha mostrado cierta sensibilidad con los postulados proteccionistas. La votación romperá ese equilibrio de silencios.

Vox, por su parte, se enfrenta a una paradoja similar. Su discurso nacional ha coqueteado con el negacionismo climático y la reducción de las exigencias ambientales, pero en la región necesita un discurso que conecte con el sector primario, muy dependiente del agua. La formación de Abascal aún no ha definido su postura oficial en las Cortes regionales y fuentes del grupo socialista creen que la votación puede desencadenar un debate interno en Vox.

El PSOE lleva tiempo detectando que la ambigüedad es la estrategia de sus rivales. Page quiere romperla.

El agua es el espejo en el que la oposición puede retratarse: quien no defiende el Tajo, defiende otros territorios.

El Eje del Poder Socialista

La ofensiva de Page encaja como un guante en la tradición autonómica del PSOE. Durante los gobiernos de José Bono, Castilla-La Mancha libró batallas memorables contra los planes hidrológicos del PP. Hoy, con un presidente socialista al frente de la Junta y un Gobierno central del mismo signo, la defensa del agua se convierte en un ejercicio de doble legitimidad: ante la propia dirección federal, que respeta el margen de maniobra territorial en materia de agua, y ante la opinión pública regional, que premia la firmeza.

En Ferraz la lectura es positiva. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com señalan que la iniciativa de Page no interfiere en la política hidrológica nacional; al contrario, la refuerza, porque demuestra que el PSOE responde a las demandas territoriales sin imposiciones centralistas. La vicepresidenta María Jesús Montero, encargada de la planificación hidrológica en el Consejo de Ministros, ha mantenido encuentros recientes con el presidente castellano-manchego y conoce de primera mano la presión que existe en la región.

No obstante, la operación parlamentaria de Page también tiene su lectura interna. El barón socialista ha sido una de las voces más críticas con determinadas decisiones de Moncloa, especialmente en materia fiscal y de financiación autonómica. Al lanzar esta ofensiva, refuerza su perfil como defensor de los intereses de Castilla-La Mancha y, de paso, demuestra que la autonomía parlamentaria de los grupos territoriales del PSOE es real y no una concesión retórica. Este equilibrio entre lealtad y reivindicación es, precisamente, el que define el poder territorial socialista.

El PP, mientras tanto, ve cómo su estrategia de oposición queda desenfocada. Si sus diputados autonómicos votan a favor se alinearán con el PSOE y desautorizarán a sus correligionarios de Murcia y Valencia. Si votan en contra, regalarán a Page un argumentario inmejorable para acusarles de traicionar a la región. La operación es tan transparente como astuta. A Vox le ocurre algo parecido: no puede atacar a los agricultores sin sufrir las consecuencias electorales en las zonas rurales.

Más allá de la táctica parlamentaria inmediata, la votación tendrá un impacto en el debate nacional sobre el trasvase Tajo-Segura, cuyo futuro está en el punto de mira de varias sentencias judiciales y de la planificación hidrológica del tercer ciclo. Que las Cortes de Castilla-La Mancha fijen una posición oficial, aprobada por mayoría, supone un espaldarazo político para todas aquellas instancias que defienden la prioridad de la cuenca cedente sobre la receptora. Page lo sabe y por eso ha escogido el momento: ahora, cuando el calendario judicial aprieta y las organizaciones agrarias vuelven a movilizarse.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Defensa del agua para Castilla-La Mancha y transparencia frente a la ambigüedad de la oposición.
  • Protagonista: Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE regional).
  • Próximo hito: Votación en las Cortes autonómicas, previsiblemente en el próximo pleno del mes de junio.

Sumar condiciona su continuidad en el Gobierno si se permiten supuestos de corrupción

Enrique Santiago, dirigente de IU e integrante del espacio Sumar, ha lanzado este viernes una advertencia que tensa los equilibrios de la coalición de Gobierno. En una declaración recogida por Europa Press, Santiago ha asegurado que su formación ‘no estará en un Ejecutivo en el que se hayan permitido supuestos de corrupción’, una alusión directa al conocido como caso Zapatero, la investigación judicial que salpica al entorno del expresidente socialista.

La frase, breve pero contundente, sitúa al PSOE ante un frente interno inesperado justo cuando Pedro Sánchez intenta proyectar estabilidad parlamentaria. El líder de IU ha subrayado la necesidad de ser “estrictos en no permitir comportamientos corruptos y en defender una actitud ética en política”, eexigiéndole al socio mayoritario un gesto inequívoco de tolerancia cero que, a su juicio, aún no se ha producido.

El Grupo Parlamentario Socialista ha reaccionado con cautela. Fuentes del GPS del Congreso consultadas por Moncloa.com se limitan a recordar que “el PSOE respeta el principio de presunción de inocencia” y que “las responsabilidades políticas, si las hubiera, se depurarán cuando la Justicia se pronuncie”. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, todavía no se ha pronunciado públicamente, aunque en su entorno se da por hecho que comparte el fondo de la exigencia.

Una advertencia que agrieta la coalición

La intervención de Enrique Santiago no es un hecho aislado. En las últimas semanas, varios dirigentes de Sumar habían mostrado malestar por la gestión del Gobierno ante las noticias que rodean al caso Zapatero, una causa abierta en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la financiación de actos y viajes. Aunque el expresidente no está imputado, la investigación afecta a antiguos colaboradores y ha generado un ruido que la coalición no logra acallar.

Santiago, que ha sido portavoz parlamentario de Sumar y goza de ascendencia dentro del espacio confederal, ha elevado la presión al máximo nivel: condicionar la continuidad en el Gobierno a una línea roja ética. Hasta ahora, las crisis entre los socios se habían dirimido en torno a políticas sectoriales —la reforma laboral, la ley de vivienda, el SMI—, pero esta vez el choque es ideológico y moral, dos terrenos mucho más resbaladizos.

De momento, Ferraz intenta rebajar la tensión sin entrar en un cuerpo a cuerpo público. En la sede del partido se insiste en que “el Gobierno funciona y seguirá funcionando” y se recuerda que la mayoría parlamentaria ha sacado adelante más de una veintena de leyes en lo que va de legislatura. La apuesta es ganar tiempo mientras la investigación judicial avanza o se desinfla.

El PSOE, entre la presunción de inocencia y la presión de los socios

La declaración de Santiago pone en un brete al presidente del Gobierno. Si Pedro Sánchez cede a la presión y toma medidas políticas antes de que haya una resolución judicial firme, corre el riesgo de quebrantar el principio básico del Estado de derecho que él mismo ha enarbolado frente a otras causas. Si no lo hace, Sumar puede elevar el tono hasta un punto difícil de gestionar en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

En el Consejo de Ministros de esta semana, fuentes gubernamentales reconocen que no se abordó formalmente el asunto, pero admiten que el malestar flotaba en el ambiente. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que medir con sumo cuidado cada mensaje para no enconar a un socio cuyo apoyo es indispensable para sacar adelante los Presupuestos, que deben estar presentados antes del 1 de octubre.

La advertencia de Sumar no rompe la coalición, pero sí la somete a una prueba de estrés que el PSOE no puede ignorar mientras el calendario parlamentario se acelera.

El Eje del Poder Socialista

Analizamos este movimiento como un aviso en toda regla que, sin dinamitar la mayoría, sí revela la fragilidad de una coalición que nació con desconfianzas y que ahora se enfrenta a un expediente judicial incómodo. La Ejecutiva Federal del PSOE, reunida el pasado lunes en Ferraz, no incluyó el asunto en el orden del día, pero varios secretarios de área admiten en privado que “es un tema que enrarece el ambiente” y que “habrá que gestionarlo con inteligencia”.

Los barones territoriales observan con cautela. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, históricamente crítico con los pactos de Sánchez con los partidos a la izquierda del PSOE, ha evitado hacer declaraciones. “No voy a ponerle la zancadilla al Gobierno en un momento complicado”, ha señalado a varios miembros de su ejecutiva regional, según ha podido saber Moncloa.com. En Cataluña, el PSC de Salvador Illa mantiene la misma línea: prudencia y confianza en la acción de la Justicia.

El GPS del Senado, donde el PP tiene mayoría, ya ha anunciado que usará la próxima sesión de control para preguntar al Gobierno por el “deterioro de la coalición”. Una maniobra que los socialistas interpretan como un intento de desgastar al Ejecutivo antes del ciclo electoral de 2027, aprovechando las grietas que exhiben los propios socios.

La lectura a medio plazo es incómoda para el PSOE. Si el caso Zapatero avanza en sede judicial con nuevos datos comprometedores, la presión de Sumar podría escalar hasta comprometer, no ya los Presupuestos, sino la propia legislatura. El precedente de la moción de censura de 2018, basada en una sentencia judicial firme, está fresco en la memoria de Ferraz. Ahora, sin embargo, el partido se ve forzado a aplicar la misma vara de medir a un espacio político que se reclama heredero de aquel impulso regenerador.

Sánchez deberá elegir entre apretar las tuercas de la disciplina interna o arriesgarse a que la coalición se resienta justo cuando la oposición de Alberto Núñez Feijóo intenta capitalizar cada episodio de ruido. El próximo Consejo de Ministros, el martes 27 de mayo, será el primer test para comprobar si las aguas vuelven a su cauce o si la exigencia ética de Sumar abre un nuevo capítulo de tensión.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El PSOE apuesta por el rigor judicial y la presunción de inocencia, y no aceptará ultimátums que condicionen el funcionamiento del Gobierno.
  • Protagonista: Enrique Santiago (dirigente de IU-Sumar).
  • Próximo hito: Consejo de Ministros del 27 de mayo, donde se espera algún gesto político o, al menos, una comparecencia que rebaje la tensión con Sumar.

Trànsit activa la operación salida en Cataluña: retenciones en AP-7 y rondas de Barcelona

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Conductores que salen de Barcelona y su área metropolitana por la AP-7, rondas y C-32 durante el puente de la Segunda Pascua.
  • ¿Cuándo ocurre? La operación salida está activa este sábado 23 de mayo hasta el mediodía, con retenciones aún presentes.
  • ¿Qué cambia hoy? Hay colas de hasta 7 km en la AP-7, 4 km en la B-10 y complicaciones en la C-32; el retorno se intensificará domingo y lunes.

Este sábado, el Servei Català de Trànsit mantiene activo el dispositivo especial de la operación salida para el puente de la Segunda Pascua. Se espera que hasta 600.000 vehículos abandonen el área metropolitana de Barcelona entre la tarde del viernes y el mediodía de hoy, una cifra que ha generado importantes retenciones en la red viaria principal.

¿Cómo están las carreteras ahora mismo?

La mañana del sábado ha dejado imágenes de largas colas en la AP-7 la vía que concentra la mayor parte del tráfico de salida. Aunque a primera hora se llegaron a acumular hasta 17 kilómetros de retenciones en algunos tramos, según el Servei Català de Trànsit, ahora los conductores se encuentran con unos 7 kilómetros de cola entre Mollet del Vallès y Granollers en sentido Girona.

Las rondas de Barcelona, la B-10 (Litoral) y la B-20 (Dalt), tampoco escapan a la congestión. Dos accidentes registrados al mediodía —uno en cada una de las rondas en sentido salida— forzaron cortes de carril que ya se han normalizado en la ronda de Dalt pero que aún generan complicaciones en la Litoral. En este momento, la B-10 presenta colas de 4 kilómetros en sentido Llobregat a la altura de la Barceloneta, donde se tuvo que cortar uno de los dos carriles durante casi una hora.

Eso sí, la circulación ya ha vuelto a la normalidad en la B-20, a la altura de la Diagonal.

Las otras vías afectadas por la operación salida

Además de la AP-7 y las rondas, la C-32 acumula retenciones tanto en su tramo sur como en el norte. En Sant Boi de Llobregat, sentido Tarragona, hay 2 kilómetros de cola, mientras que en Cabrera de Mar y Tordera, en dirección a Girona, se registran 4 y 2 kilómetros respectivamente.

La operación salida de este puente, sin incidentes graves, está demostrando que las retenciones son inevitables en la AP-7, una vía que sigue sin alternativas reales para absorber el volumen de tráfico en fines de semana largos.

El nudo de la Trinitat y el nudo del Llobregat, puntos habituales de conflicto, también muestran circulación densa en ambos sentidos. El Servei Català de Trànsit recuerda que estos puntos suelen ser los más conflictivos en las operaciones salida de los grandes puentes. La Segunda Pascua, festivo tradicional en Cataluña, suele provocar desplazamientos masivos hacia segundas residencias y zonas turísticas del litoral.

Lo que nos espera en la operación retorno

Con la mirada puesta ya en el fin del puente, el SCT activará el dispositivo de retorno junto con los Mossos d’Esquadra. Se esperan concentraciones de vehículos el domingo por la tarde y el lunes por la noche. En concreto, para el domingo, los puntos rojos estarán en la AP-7 entre Gelida y Martorell, y entre Llinars del Vallès y la Roca del Vallès; también en la C-31 en Santa Cristina d’Aro, la C-33 en Montcada i Reixac y la C-58.

El lunes, último día del puente, la lista se amplía a la N-340 en Altafulla, Roda de Berà y el Vendrell, y a la N-2 en Tordera. Las autoridades recomiendan planificar el viaje con antelación y consultar los canales oficiales antes de salir a carretera. El Servei Català de Trànsit mantiene actualizada la información de tráfico en tiempo real en su web y en redes sociales, y los Mossos d’Esquadra han desplegado agentes en estos puntos para gestionar la circulación.

Ante esta situación, el Servei Català de Trànsit aconseja a los conductores planificar el viaje con tiempo y consultar las cuentas oficiales de tráfico en tiempo real para evitar los tramos más conflictivos. Los Mossos d’Esquadra han desplegado agentes en estos puntos para gestionar la circulación.

Belarra asegura que el PSOE está ‘políticamente agotado’ tras imputación de Zapatero

Ione Belarra ha afirmado este viernes que el PSOE está ‘políticamente agotado’ tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso del rescate a Plus Ultra. La secretaria general de Podemos ha insistido en que la situación ‘pinta feo’ y que ‘está marcando el fin de una etapa’. Las declaraciones, recogidas por Europa Press, se producen en un contexto de fricción creciente entre los socios de investidura y el Ejecutivo.

Desde Ferraz, la respuesta no se ha hecho esperar. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com enmarcan las palabras de Belarra en una ‘operación de desgaste’ que no se corresponde con la realidad parlamentaria ni con la acción del Gobierno. ‘El PSOE mantiene el respaldo de la mayoría progresista que permitió la investidura y que sigue sacando adelante medidas sociales de calado’, subrayan.

El ataque de Podemos y la réplica socialista

Belarra ha vinculado la imputación de Zapatero con un supuesto agotamiento del proyecto socialista, pese a que el expresidente no ha sido condenado y el procedimiento judicial se encuentra en fase de instrucción. La líder de Podemos ha añadido que ‘cada vez más gente percibe que toca pasar página. Un mensaje que busca erosionar la credibilidad del partido en plena legislatura.

En el equipo de la vicesecretaria general, María Jesús Montero, se considera que estas acusaciones ignoran deliberadamente la hoja de servicios del Gobierno. ‘Hemos subido el SMI, impulsado la ley de vivienda y blindado las pensiones con el apoyo de los mismos grupos que ahora nos critican’, señalan fuentes de Hacienda. El argumentario socialista añade que la imputación de Zapatero es un elemento judicial que, lejos de sentenciar al partido, demuestra el respeto institucional con el que el expresidente colabora con la justicia.

En paralelo, el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en el Congreso ha recordado que el bloque de investidura acaba de convalidar dos reales decretos-leyes esta misma semana. Patxi López ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con Podemos, pero ha deslizado que ‘la mejor respuesta a los vaticinios de agotamiento es seguir gobernando’.

El eco en Sumar y la estrategia de los socios de investidura

Las declaraciones de Belarra coinciden con un nuevo gesto de distanciamiento de Sumar. La formación que lidera Yolanda Díaz ha garantizado que no estará en un Gobierno ‘en el que haya supuestos de corrupción que hayan permitido’ determinados dirigentes socialistas. Aunque sin citar nombres concretos, el mensaje calienta el clima entre los aliados parlamentarios.

Sin embargo, en el seno del Ejecutivo se interpreta como un movimiento táctico previo a las negociaciones presupuestarias. ‘Sumar necesita marcar perfil propio, pero eso no significa que vaya a romper la coalición’, analiza un alto cargo del Ministerio de la Presidencia. La coalición, recuerdan, ha superado ya varias crisis con final pactado.

Más allá de Sumar, el resto de los socios de investidura (ERC, EH Bildu, PNV, BNG) mantienen de momento el tono de colaboración legislativa. En el diálogo entre Ferraz y los grupos independentistas catalanes y vascos no se ha colado el ruido sobre la imputación de Zapatero como elemento de presión. Las fuentes consultadas en el GPS insisten en que la agenda social manda.

La ofensiva de Podemos y los gestos de Sumar buscan erosionar al PSOE, pero la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno sigue intacta por ahora.

El Eje del Poder Socialista

La estrategia de Belarra apunta a capitalizar el desgaste mediático del caso Plus Ultra para reubicar a Podemos como referente de la izquierda crítica. Pero en Ferraz leen el movimiento en clave de supervivencia electoral: ‘Saben que sin el PSOE no hay mayoría de progreso, y lo que persiguen es arañar votos por la izquierda’. Se trata de un pulso que el partido conoce bien desde la moción de censura de 2018 y que, con matices, ha ido sorteando en cada cita con las urnas.

El aterrizaje territorial de esta situación tampoco pasa desapercibido. Los presidentes autonómicos socialistas, desde Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha hasta Adrián Barbón en Asturias, han preferido guardar silencio sobre las declaraciones de Belarra. Esa ausencia de reacción, según fuentes de las federaciones, responde a la consigna de no amplificar las voces ‘agoreras’ y mantener el foco en la gestión diaria.

Mientras, el Gobierno se prepara para un Consejo de Ministros en el que prevé aprobar nuevas medidas de refuerzo de la educación pública, un campo poco propicio para que cuaje el discurso del agotamiento. ‘No hay fin de etapa cuando se sigue legislando para las familias trabajadoras’, sentencian desde Moncloa.

La lectura a medio plazo es que el PSOE ha de gestionar con inteligencia estas embestidas para que no deterioren la confianza de los socios estables. Cualquier signo de fractura sería aprovechado por la oposición de derecha, pero de momento el andamiaje institucional resiste. El verdadero test serán las próximas votaciones de reales decretos y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El PSOE mantiene la iniciativa legislativa y el respaldo de la mayoría de investidura; las acusaciones de agotamiento son un recurso de quienes quieren rentabilizar el ruido mediático.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: Próximo Pleno del Congreso con convalidación de reales decretos-leyes y debate de las enmiendas a la ley de educación.

La delincuencia en TMB cae un 40% con el Pla Kanpai: 85 carteristas detenidos en Barcelona

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los 1,5 millones de usuarios diarios del metro y autobuses de TMB en Barcelona y su área metropolitana.
  • ¿Cuándo ocurre? Los datos se refieren al primer semestre de 2026, con la ampliación del Pla Kanpai ya operativa en todas las líneas.
  • ¿Qué cambia hoy? La tasa de hurtos se ha desplomado un 40% y las detenciones de carteristas multirreincidentes suman ya 85, reforzando la percepción de seguridad en el transporte público.

El Pla Kanpai, la estrategia conjunta de Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), está reescribiendo el mapa de la delincuencia en el transporte público barcelonés. Según los primeros balances del año, los delitos han caído un 40% y se han practicado 85 detenciones por carterismo en las redes de metro y autobús. Las cifras, a las que ha tenido acceso Moncloa.com, consolidan la extensión del plan a los autobuses urbanos como el movimiento más eficaz de los últimos cinco años contra la multirreincidencia.

El despliegue, que arrancó en 2025 centrado en las líneas de metro con mayor incidencia —L1, L3 y L5—, se amplió en enero de 2026 a la flota de autobuses de TMB tras detectar que muchos carteristas trasladaban su actividad a los trayectos de superficie para eludir los controles subterráneos. “Era el siguiente paso lógico”, explican fuentes de la investigación. “Había que cerrar el círculo”.

Resultados concretos del Pla Kanpai en cifras

Los 85 arrestos por carterismo se concentran en las franjas horarias de mayor afluencia: entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana, y entre las 17:00 y las 20:00. Más de la mitad de los detenidos acumulaban antecedentes por hurtos similares —algunos con hasta 15 reseñas— y operaban en grupos de dos o tres personas. El análisis de los Mossos indica que el modus operandi sigue patrones casi idénticos: distracción en las puertas de acceso, sustracción del móvil o la cartera en segundos y huida antes de que la víctima reaccione.

La bajada del 40% en los delitos contrasta con el incremento que se registró en 2024, cuando TMB contabilizó una media de 15 hurtos diarios solo en el metro. La presión policial y la colaboración del personal de seguridad privada han sido determinantes. De hecho, el Pla Kanpai incorpora un protocolo de comunicación inmediata entre vigilantes y agentes de paisano que permite interceptar a los ladrones en menos de tres minutos desde la alerta.

De los vagones a los autobuses: la ampliación del dispositivo

La extensión a los autobuses no ha sido trivial. Los Mossos d’Esquadra desplegaron patrullas mixtas —uniformadas y de paisano— en 22 líneas consideradas calientes, entre ellas la H12, la V15 y la D20. Además, la Guardia Urbana ha reforzado la vigilancia en las paradas con mayor trasiego turístico, como las de la Sagrada Família, el Eixample y las Ramblas. TMB, por su parte, ha instalado cámaras de alta definición en 150 vehículos y ha formado a sus conductores en protocolos de aviso temprano.

Las detenciones en autobús ya representan el 18% del total del plan. “El efecto disuasorio es evidente”, apunta un responsable de seguridad. “Muchos multirreincidentes saben que si entran en un bus, la probabilidad de ser identificados es alta. Han optado por desplazarse a otros espacios públicos, pero allí también les esperamos”.

El Pla Kanpai no solo ha reducido los hurtos: ha cambiado la sensación de inseguridad que lastraba la movilidad cotidiana de miles de barceloneses.

El cerco a los multirreincidentes y el impacto en la seguridad

Cataluña contabiliza más de 4.000 delincuentes activos con múltiples antecedentes, según revelan fuentes de la Conselleria d’Interior. El Pla Kanpai ha identificado a 87 de ellos como habituales en el transporte público. La clave, sostienen los Mossos, es la reiteración: en Barcelona, un carterista puede acumular más de 20 hurtos sin que la primera condena sea firme. La modificación del Código Penal en 2025, que agravó la pena para el hurto multirreincidente cuando el valor de lo sustraído supera los 400 euros, ha facilitado la adopción de medidas cautelares como la prisión provisional.

Este escenario ha permitido que de los 85 detenidos, 32 hayan ingresado en prisión preventiva. Una cifra que, sin el cambio legislativo, hubiera sido impensable hace apenas dos años. “Ahora ya no es tan sencillo salir a robar por la tarde y estar en la calle por la noche”, resume un agente. “Eso ha cambiado las reglas del juego”.

La lectura en clave de seguridad ciudadana es positiva, pero los expertos advierten de un efecto desplazamiento hacia otras zonas de la ciudad —mercados, playas o intercambiadores— que requerirán nuevos ajustes operativos. TMB y la Conselleria ya trabajan en la fase 3 del plan, que incluirá la incorporación de unidades caninas y la utilización de inteligencia artificial para predecir patrones delictivos en tiempo real.

Mientras tanto, los usuarios notan el cambio. Encuestas recientes indican que la percepción de inseguridad ha bajado del 34% al 22% en solo seis meses. El reto, ahora, es consolidar los resultados y evitar que la presión policial se relaje cuando las estadísticas mejoren. De momento, las 85 detenciones y el desplome del 40% en los delitos demuestran que el Pla Kanpai funciona. Y lo hace sin subterfugios: con presencia, coordinación y una respuesta judicial que, por fin, acompaña.

Presupuestos de la Generalitat: Collboni cifra en 600 millones la inversión en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha puesto cifra al impacto de los nuevos Presupuestos de la Generalitat sobre la capital catalana: 600 millones de euros en inversión directa. La cantidad, desvelada este viernes por fuentes del Ajuntament, es fruto del acuerdo de Govern entre el PSC del president Salvador Illa, ERC y los Comuns, que permitirá la aprobación de las cuentas autonómicas tras meses de bloqueo. La cifra supone un balón de oxígeno para un consistorio que arrastra tensiones presupuestarias y que ahora ve cómo proyectos largamente reclamados empiezan a desencallarse.

Collboni ha celebrado el pacto, que asegura inversiones conjuntas en salud, educación, vivienda y transporte público. El alcalde ha destacado la construcción de nuevas residencias para personas mayores, centros de atención primaria, escuelas y pisos sociales, en una operación que el Govern enmarca en el plan de inversiones plurianual de 4.700 millones de euros hasta 2030. Observamos que el movimiento tiene una doble lectura: resuelve la urgencia financiera de Barcelona y consolida la mayoría parlamentaria de Illa a medio plazo.

Un desbloqueo que Barcelona llevaba meses esperando

La inversión en la capital catalana era una de las líneas rojas de los Comuns, socios de gobierno en el Ajuntament, para sostener las cuentas autonómicas. Sin el compromiso de una partida sustancial para Barcelona, la formación de Jéssica Albiach amenazaba con hacer descarrilar la aprobación de los presupuestos. Ahora, con los 600 millones sobre la mesa, la capital catalana se convierte en uno de los ejes presupuestarios del Govern. Las fuentes consultadas por Moncloa.com sitúan la rúbrica definitiva del acuerdo en la próxima reunión del Consell Executiu, antes de que el texto aterrice en el Parlament.

El consistorio barcelonés podrá así retomar proyectos que llevaban en el cajón desde la prórroga presupuestaria heredada del anterior Ejecutivo de Pere Aragonès. La construcción de residencias y centros de salud en distritos como Sant Martí, Nou Barris o Horta-Guinardó figura entre las prioridades pactadas. Además, se contempla un refuerzo a la red de escuelas públicas, que arrastra déficits de plazas en una ciudad con una presión demográfica en aumento.

Salud, educación y vivienda: el tridente social del acuerdo

El alcalde ha desgranado las tres patas del acuerdo: sanidad, enseñanza y vivienda asequible. En el capítulo sanitario, se prevé la construcción de dos nuevos centros de atención primaria y la ampliación del Hospital de Sant Pau, una demanda histórica de los vecinos del Eixample. En educación, la Generalitat financiará la construcción de al menos cinco escuelas en barrios con alta densidad de población infantil. Y en vivienda, el pacto incluye la promoción de hasta 1.200 pisos sociales en terrenos que el Ajuntament pondrá a disposición del sector público.

La cifra de 600 millones no es un cheque en blanco. Fuentes del Govern aclaran que se canalizará a través de convenios específicos, con plazos de ejecución que se extenderán hasta 2029. El objetivo es evitar los retrasos que han lastrado otras inversiones similares en el pasado. El modelo recuerda al utilizado en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid durante la legislatura de Almeida, aunque con un sesgo más social y un control de la Generalitat menos bilateral.

No obstante, la materialización de estos fondos dependerá de que el Govern mantenga la estabilidad parlamentaria. La formación de Albiach ha subrayado que su apoyo final está condicionado al cumplimiento de los plazos pactados. En el entorno de Illa se respira optimismo, pero la cautela es la nota dominante tras los constantes sobresaltos de la pasada legislatura.

El Govern ha comprendido que sin una inyección potente en la capital catalana, la legislatura nace coja. Los 600 millones no son solo una partida: son una apuesta por la estabilidad.

La clave política: Illa cimenta su mayoría mientras contenta a Collboni

El pacto por los presupuestos tiene una lectura que trasciende la mera gestión. Por un lado, Illa consolida una mayoría que le permitirá gobernar sin el desgaste de unas cuentas prorrogadas, una circunstancia que erosionó a Aragonès y que ahora el president socialista quiere evitar a toda costa. Por otro, el alcalde Collboni obtiene la inversión que necesitaba para reforzar su propia posición al frente del Ajuntament, donde los apoyos de los Comuns también son indispensables. Los 4.700 millones comprometidos hasta 2030, de los cuales 600 recaen directamente en Barcelona, constituyen el suelo mínimo sobre el que se construye el armazón presupuestario del Govern.

La negociación ha permitido a Illa presentar un discurso de equilibrio territorial —veremos si el resto de municipios ven con los mismos ojos la concentración de inversión en la capital—, aunque el foco en Barcelona era inevitable: la ciudad concentra el 20% del PIB catalán y absorbe una parte sustancial del gasto social de la comunidad. En este sentido, la jugada es astuta: al aliviarse la presión de los Comuns, Illa neutraliza uno de los focos de oposición a los presupuestos dentro del propio bloque progresista.

Sin embargo, el pacto también deja preguntas abiertas. La litigiosidad con Moncloa por la financiación singular sigue sin resolverse, y aunque el Govern defiende que estos presupuestos son un paso hacia la autonomía fiscal, en la práctica dependen de la caja única. Cualquier retraso en las transferencias del Estado —si el Gobierno central decide apretar las tuercas— podría afectar a la ejecución de estas mismas inversiones. Y en ese tablero, Collboni, que también es secretario general de los socialistas catalanes, juega con dos barajas.

La aprobación definitiva de las cuentas se espera para el pleno del Parlament de principios de julio. Si el calendario se cumple, Barcelona podría empezar a ver movimientos de obras a finales de año. Hasta entonces, las cifras bailan sobre el papel.

La UE y México cierran el acuerdo UE-México que reduce dependencia de EE.UU. y China

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La UE y México han firmado en Ciudad de México la modernización de su acuerdo comercial, vigente desde 2000, para blindar sus cadenas de suministro y reducir la dependencia de Estados Unidos y China.
  • ¿Quién está detrás? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, rubricaron el pacto junto a las autoridades mexicanas.
  • ¿Qué impacto tiene? El nuevo marco desbloquea oportunidades para los sectores agroalimentario y automovilístico españoles y refuerza la posición de la UE en América Latina frente al proteccionismo de Washington y la influencia de Pekín.

La Unión Europea ha dado este viernes un paso firme hacia la autonomía estratégica con la firma del nuevo acuerdo comercial con México, un pacto que actualiza las relaciones bilaterales dos décadas después del original y que busca, ante todo, reducir la dependencia de Washington y Pekín. En un momento en que las tensiones geopolíticas obligan a Bruselas a diversificar socios, el viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a Ciudad de México es mucho más que una foto diplomática: es la constatación de que Europa necesita ensanchar su campo de juego comercial y México ofrece un acceso privilegiado a las cadenas de valor norteamericanas sin los aranceles que amenazan desde la Casa Blanca.

El texto, que llevaba meses encallado por flecos técnicos vinculados a la inversión y a la propiedad intelectual, se ha desatascado en las últimas semanas. Fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com admiten que la guerra arancelaria con Estados Unidos y la volatilidad de las relaciones con China han sido el acelerador definitivo. O dicho en plata: Bruselas ha necesitado un susto para mover ficha en un expediente que dormía desde hacía años.

Un pacto que llega en el momento justo

El acuerdo comercial UE-México original entró en vigor en el año 2000 y, pese a que ha funcionado razonablemente bien, se había quedado estrecho. Quedaban fuera de su paraguas sectores enteros que hoy son estratégicos: servicios digitales, compras públicas, comercio electrónico o la protección de indicaciones geográficas. El nuevo marco incorpora todo eso y, sobre todo, rebaja barreras para las exportaciones europeas de productos agrícolas —carne, lácteos, vino— que México gravaba con aranceles elevados.

La firma se produce en un contexto en el que la UE busca contrarrestar el giro proteccionista de Estados Unidos. Los aranceles al acero y al aluminio europeos, más la amenaza de gravámenes adicionales sobre el automóvil, han empujado a Bruselas a tejer una red de acuerdos comerciales que le permita esquivar un choque frontal con Washington sin quedarse sin mercados. México, con su posición geográfica y su integración en la cadena de valor norteamericana, es una pieza que encaja a la perfección.

El nuevo acuerdo UE-México no es solo un tratado comercial: es el intento más serio de Bruselas de blindar sus cadenas de suministro sin esperar a que Washington o Pekín marquen el paso.

Oportunidades para la agroalimentación y la automoción españolas

España es uno de los países que mejor partido puede sacar al nuevo texto. El sector agroalimentario, que ya exporta a México vino, aceite de oliva y derivados del cerdo, se beneficiará de la rebaja arancelaria y de la protección reforzada de denominaciones de origen. La industria del automóvil, con plantas en España que producen componentes y vehículos para el mercado global, gana un acceso más predecible a un país que es puerta de entrada al TMEC (el tratado norteamericano que sustituyó al TLCAN).

Según datos de Eurostat, el comercio bilateral de bienes entre la UE y México rondó los 65.000 millones de euros en 2025, con superávit europeo. España representó aproximadamente el 8% de ese intercambio, una cuota que ahora podría crecer si las empresas españolas saben aprovechar las nuevas reglas de origen y la simplificación aduanera que trae el acuerdo. La patronal del automóvil ya ha recibido con satisfacción el anuncio y confía en que el nuevo marco dé estabilidad a sus inversiones en México.

comercio exterior UE

El Eje del Poder Europeo

El viaje de Von der Leyen y Costa a México es también un mensaje interno dentro de la UE. Berlín y París llevaban meses presionando para que Bruselas acelerase los acuerdos comerciales pendientes —con Mercosur, con Australia, con el propio México— como fórmula para compensar el enfriamiento de la relación con Estados Unidos. Los países del sur, con España e Italia a la cabeza, han apoyado ese movimiento porque necesitan mercados exteriores para sus exportaciones agrícolas e industriales. Los frugales del norte, en cambio, observan con recelo cualquier concesión que pueda alterar la competencia interna en sectores como el lácteo o el porcino.

La lectura estratégica va más allá de las cifras de comercio. Al firmar con México —un país que Washington considera su patio trasero— la UE está marcando un precedente: si la Casa Blanca cierra puertas, Bruselas negociará directamente con los vecinos de Estados Unidos. Es un movimiento que recuerda a la firma del acuerdo con Japón en 2018, justo después de que la administración Trump retirase a Washington del Acuerdo Transpacífico. Entonces la UE ocupó el espacio que dejaba Estados Unidos; ahora intenta repetir la jugada.

Para España, el acuerdo con México tiene además una carga política interna. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses defendiendo en Bruselas que la salida a la crisis de globalización pasa por tejer alianzas con América Latina, una región donde las inversiones chinas crecen a doble dígito. Que la Comisión y el Consejo hayan viajado juntos a Ciudad de México —y no a Pekín ni a Washington— para rubricar el primer gran pacto comercial de 2026 le da a Moncloa munición argumental frente a quienes le acusan de falta de peso en la agenda comunitaria.

El riesgo, como siempre en estos acuerdos, está en la ratificación. El nuevo texto debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales de los Estados miembros, y ahí pueden aparecer vetos cruzados que nada tengan que ver con México pero sí con las tensiones internas de la UE. Si el Parlamento Europeo o un Estado miembro bloquea el acuerdo por razones ajenas —ambientales, agrícolas, de política interna—, el golpe reputacional para Bruselas será enorme. De momento, la foto de Ciudad de México es la de una UE que quiere demostrar que sabe mover ficha sin esperar a que lo hagan otros.

Incautación servidores: Países Bajos decomisa 800 equipos de ciberataques y desinformación

La FIOD, el servicio de investigación financiera de los Países Bajos, ha ejecutado esta semana la mayor incautación de servidores contra el cibercrimen y la desinformación de Estado que recuerdo en Europa: ochocientos equipos, dos detenidos y una redada silenciosa que desnuda el papel del alojamiento web como columna vertebral de las operaciones encubiertas.

Anatomía de la operación: la redada en el puerto digital

El golpe se ha producido en un centro de datos de Ámsterdam. La FIOD, en colaboración con el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) neerlandés, irrumpió en las instalaciones de una compañía de hosting cuyo nombre no ha trascendido, pero que los investigadores describen como ‘bulletproof’: un proveedor que, a sabiendas, ignoraba sistemáticamente las solicitudes de retirada de contenido malicioso y ofrecía refugio seguro a actores de amenaza.

Los dos arrestados —los administradores, de cuarenta y dos y treinta y siete años— están acusados de blanqueo de capitales y participación en una organización criminal dedicada a dar cobertura técnica a ciberataques y campañas de interferencia. La FIOD sostiene que los servidores decomisados alojaban desde ransomware hasta infraestructura de mando y control para operaciones de desinformación electoral.

Según el comunicado de la Fiscalía, la empresa ofrecía sus servicios sin preguntar a quién ni para qué, un modelo de negocio que, en el oficio, llamamos ‘hosting tolerante’. Le busco un paralelismo con las casas francas del espionaje clásico: un lugar que no se registra, donde los agentes acuden sin levantar sospechas. Solo que aquí no hay paredes de ladrillo, sino racks de servidores.

El operativo, bautizado internamente como Operación Moerbei, ha contado con la asistencia de Europol y ha requerido meses de vigilancia financiera y técnica. La FIOD no ha revelado aún —y me consta que no lo hará en semanas— la identidad exacta de los grupos que alquilaban esos servidores. Pero el patrón apunta a un conglomerado de cibercriminales de alto perfil y, lo que es más inquietante, a agencias estatales que tercerizan sus campañas de influencia a través de intermediarios.

El silencio de las autoridades sobre los clientes alojados no es casual: la atribución en ciberguerra se juega en el terreno de la diplomacia y de la inteligencia, no en los juzgados.

El porfolio de la desinformación: ransomware, interferencia electoral y banderas falsas

La nota oficial detalla que la infraestructura intervenida daba servicio a campañas de ransomware —el clásico esquema de extorsión—, pero también a sitios de phishing destinados a robar credenciales de infraestructuras críticas y a portales de noticias falsas utilizadas para intoxicar procesos electorales. He seguido de cerca el ecosistema del ‘hosting tolerante’ y tengo claro que sin estos nodos ciegos, las operaciones de bandera falsa se quedan sin nervio digital.

Países Bajos

Verá usted: la desinformación moderna necesita un andamiaje técnico: sitios clonados de medios reales, granjas de bots, perfiles falsos en redes y, sobre todo, servidores que permanezcan en línea incluso cuando los gobiernos empiezan a llamar a la puerta. Sin este hosting cómplice, las campañas de intoxicación se desinflan a las pocas horas. De ahí la importancia de los ochocientos equipos decomisados.

En los últimos meses, varias democracias europeas —Alemania, Francia y la propia España— han sido blanco de operaciones híbridas de las que sospechamos del GRU y del FSB. Moncloa.com ha documentado cómo el CNI monitoriza la actividad de estas redes desde el CCN-CERT, y aunque aún no hay pruebas públicas que vinculen directamente esos servidores con Moscú, el ‘modus operandi’ encaja con el de los ilegales digitales del SVR. Se lo explico: en lugar de lanzar ataques desde sus propios IP, las agencias rusas subcontratan proveedores ‘bulletproof’ en Holanda, Alemania o Rumanía que se encargan de la logística técnica, difuminando la atribución. Lo escribí en El quinto elemento: «El próximo 11S empezará con un clic». Pues bien, el clic puede salir de un servidor en Ámsterdam que nadie ha tirado abajo hasta ahora.

Los 800 servidores incautados no solo almacenaban datos de las campañas de desinformación; también servían como nodos de retransmisión para ataques de denegación de servicio (DDoS) y alojaban paneles de administración de botnets. La FIOD ha confirmado que se han incautado también monedas virtuales por valor de dos millones de euros, junto con documentación y material informático que permitirá seguir el rastro del dinero. El blanqueo a través de criptomonedas es la vía de financiación de estas plataformas; sin él, no hay negocio.

La lectura confidencial es otra. La desarticulación de este tipo de infraestructuras supone un golpe al corazón de las operaciones de inteligencia que utilizan el ciberespacio como campo de batalla. No me refiero solo a la cibercriminalidad, sino a las campañas de influencia que buscan erosionar la confianza en los sistemas democráticos. En este tablero, cada servidor caído es una victoria táctica que los servicios de contrainteligencia europeos llevan años persiguiendo. Y, sin embargo, siempre hay otro proveedor dispuesto a ocupar el hueco.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Lo veo claro: la Operación Moerbei es un recordatorio de que la línea entre cibercrimen y ciberespionaje de Estado es cada vez más difusa. En este caso, el vector de amenaza es doble: por un lado, el alojamiento de ransomware y botnets; por otro, la construcción de plataformas de desinformación que, a menudo, se camuflan como actividades criminales comunes para eludir una atribución directa. El verdadero peligro no está en el malware, sino en la capacidad de modular la percepción pública de una sociedad.

Las agencias implicadas son tres, como se suele decir en el oficio. El atacante, aún no identificado oficialmente, apunta a una mezcla de grupos de ciberdelincuencia organizada y, muy probablemente, servicios de inteligencia extranjeros que podrían incluir al GRU y al SVR. La defensora es la FIOD, respaldada por el NCSC neerlandés y Europol, aunque la coordinación con los servicios de inteligencia militar (MIVD) permanece en la sombra. Los terceros que observan —y toman nota— son los socios de Five Eyes y, especialmente, el CNI español, que lleva meses reforzando sus capacidades de counter-influence en el CCN-CERT a la espera de las próximas elecciones generales.

El precedente histórico que me viene a la cabeza es la desarticulación en 2021 del proveedor bulletproof DoubleVPN, que daba cobijo a grupos de ransomware como REvil, pero que también había sido utilizado por el APT29 (Cozy Bear) en campañas de espionaje. Entonces, como ahora, la cooperación policial europea fue clave. La diferencia es que hoy la amenaza ha escalado de la simple extorsión económica a la injerencia en procesos electorales, como ya advertí en El quinto elemento cuando señalaba que «los primeros que atacamos nuestra intimidad somos nosotros mismos al no proteger las infraestructuras críticas».

El nivel de clasificación estimado de la información intervenida es, cuando menos, secreto. A juzgar por la naturaleza de las campañas de interferencia electoral, es probable que entre los servidores se encuentre material que cruza el umbral del Top Secret para los países afectados. La prudencia de la FIOD al no publicar detalles apunta precisamente a que el rastro conduce a territorios que pocos quieren pisar.

Para España, la lección es nítida. No podemos permitirnos un proveedor ‘bulletproof’ operando desde la península que sirva de plataforma a estos ataques. El CNI y el CCN-CERT monitorizan ya la amenaza, pero, como suelo repetir, la defensa activa exige una colaboración público-privada que todavía no hemos alcanzado. El próximo informe del ODNI sobre amenazas híbridas, previsto para julio, incluirá con toda seguridad una mención expresa al caso holandés. Ese será el termómetro real de hasta dónde llega la preocupación.

Mientras, me quedo con una certeza: las 800 máquinas decomisadas no harán desaparecer la desinformación, pero sí retrasan el clic del que hablaba en mi libro. Y en este juego, cada minuto cuenta.

Tres Cantos: más de 200 ovejas merinas invaden el parque este fin de semana para prevenir incendios

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Vecinos y familias de Tres Cantos y municipios cercanos, que podrán participar en el recorrido y las actividades gratuitas.
  • ¿Cuándo ocurre? Desde este sábado 24 de mayo hasta el viernes 30 de mayo, con la jornada principal el sábado y domingo.
  • ¿Qué cambia hoy? El Parque Sur se convierte en un escenario educativo y de prevención, con acceso libre a las exhibiciones de esquileo y a la trashumancia guiada.

Este sábado, más de 200 ovejas merinas entrarán al Parque Sur de Tres Cantos en una trashumancia controlada que, además de espectáculo, es una apuesta real contra los incendios forestales. El Ayuntamiento tricantino y la Asociación Iberozoa han diseñado un programa que devuelve al norte de Madrid una herramienta de gestión ambiental tan milenaria como efectiva: el diente del ganado.

El objetivo no es otro que reducir el denominado ‘combustible vegetal’ —hierbas secas, matorral bajo— que se acumula en las zonas forestales urbanas y que, con la llegada del calor, se convierte en yesca. Según explica el concejal de Gestión Ambiental, Jesús Ruiz, la trashumancia vecinal busca mejorar la biodiversidad, mantener el equilibrio ecológico del entorno y, sobre todo, rebajar de forma natural la probabilidad de que un descuido acabe en llama . El pastoreo controlado actúa como una brigada de desbroce sin necesidad de maquinaria pesada ni productos químicos.

El pastoreo que limpia de fuego el Parque Sur

Las 200 ovejas merinas se moverán en un recorrido guiado durante todo el fin de semana, y los asistentes podrán acompañar al rebaño para observar de cerca el trabajo del pastor. La imagen de un mar de lana avanzando por los prados del Parque Sur no es solo postal: cada bocados que da el ganado elimina gramíneas y arbustos que, en un verano seco, arderían en minutos.

La concejalía ha recordado, eso sí, que conviene respetar unas reglas sencillas: mantener la distancia con los animales, no acariciar ni llamar a los perros guardianes del rebaño —son perros de trabajo, no mascotas— y llevar atados a los perros domésticos que paseen por la zona.

Exhibiciones, colegios y nuevas rutas con ovejas en Tres Cantos

La programación no termina el domingo. Este mismo sábado 24 de mayo, coincidiendo con la jornada principal, se celebrará una exhibición de esquileo abierta al público. Los días 25 y 29 de mayo las actividades se dirigirán a centros escolares, con talleres que acercan a los más jóvenes la ganadería extensiva y la conservación de los ecosistemas locales. El cierre llegará el viernes 30 de mayo con una nueva jornada de trashumancia vecinal en el mismo enclave.

En un verano que se anticipa seco y caluroso, utilizar el apetito de un rebaño como cortafuegos natural es una idea tan antigua como eficaz.

Para el Ayuntamiento, esta iniciativa tiene una lectura que va más allá de la anécdota. La sierra madrileña acumula todos los años un riesgo de incendio que las brigadas terrestres no siempre pueden contener con la misma rapidez con que crece la maleza. Frente a eso, un rebaño bien dirigido limpia entre 1 y 2 hectáreas al día sin emitir más que metano y lana.

De la Sierra de Guadarrama a la M-40: por qué la tradición se vuelve necesidad

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid echa mano de la trashumancia como recurso preventivo. Desde 2021, la Sierra de Guadarrama ha visto regresar rebaños a puertos y cañadas que llevaban décadas sin uso, amparados por planes de pastoreo controlado del Gobierno regional. La novedad en Tres Cantos es que ese mismo modelo se traslada a un parque periurbano, a un paso de la M-40, donde el riesgo de incendio es menor pero el valor educativo es enorme.

El vecino que este sábado salga a pasear con sus hijos no solo verá ovejas: verá funcionar una herramienta de gestión forestal que cuesta mucho menos que un retén de bomberos y que, además, produce lana y carne. La pregunta que flota en el ambiente, sobre todo en municipios del norte que lindan con monte bajo, es si este tipo de pastoreo no debería tener un calendario fijo. El Ayuntamiento tricantino, de momento, lo prueba con vocación de permanencia y con la esperanza de que el ruido mediático de 200 ovejas tirando de hierba se convierta en política municipal consolidada.

Dejémoslo en un ‘ya veremos’. Mientras, Tres Cantos se convierte este fin de semana en el rincón de Madrid donde la lucha contra el fuego la ganan las pezuñas.

Junts acelera hacia el fin de legislatura con un ataque frontal a Sánchez

Junts da un paso más en su escalada contra el Gobierno central. El partido liderado por Carles Puigdemont considera agotada la legislatura y explora abiertamente una ruptura definitiva con el PSOE, según fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción. La decisión, que se gesta desde hace semanas en Waterloo, transforma el tablero político catalán y pone en jaque la estabilidad de la investidura de Salvador Illa.

La calculada radicalización de Junts

El movimiento no es improvisado. Desde la dirección del partido se interpreta que el momento electoral les favorece y que cualquier concesión al Gobierno de Pedro Sánchez erosionaría su perfil independentista de cara a los comicios. El argumentario que circula entre los cuadros territoriales es nítido: la legislatura española está muerta y quien se quede a su lado será cómplice de la ‘inacción del 155 encubierto’.

En los pasillos del Parlament, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha intensificado las reuniones con los sectores más soberanistas. El objetivo es blindar la cohesión interna ante posibles disidencias que aún recelan de abandonar la vía de la interlocución con Moncloa. La consigna es clara: no facilitar ningún trámite legislativo que pueda interpretarse como un salvavidas a Sánchez.

Qué supone para Illa y para el Govern

La ofensiva de Junts no sólo tensa la relación con Madrid. En el Palau de la Generalitat ya se admite, en privado, que la estabilidad del ejecutivo de Illa está en peligro. Fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com reconocen que, sin el apoyo tácito de Junts en el Parlament, aprobar los presupuestos de 2027 se convierte en una quimera. El president se vería obligado a adelantar las elecciones catalanas, probablemente a principios del próximo año.

Mientras, ERC observa con cautela el giro de sus antiguos socios de coalición independentista. Los republicanos, todavía digiriendo la operación de Junts, temen que un nuevo choque frontal con el Estado les arrincone como fuerza moderada y beneficie electoralmente a Puigdemont en su pugna por la hegemonía independentista. La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, evitó ayer valorar la estrategia de Junts durante una comparecencia en el Parlament. ‘No haremos comentarios sobre las decisiones internas de otro partido’, se limitó a señalar.

El papel de Waterloo y la sombra de las europeas

El exilio de Puigdemont sigue marcando la hoja de ruta. Las conversaciones entre Waterloo y la dirección en Barcelona se han acelerado tras los últimos sondeos, que otorgan a Junts una ventaja de hasta cuatro escaños sobre ERC. La percepción en el partido es que capitalizar el hartazgo por la falta de avances en la carpeta nacionalista puede traducirse en una mayoría parlamentaria suficiente para liderar una nueva etapa de confrontación.

A eso se suma que la justicia europea aún no ha clarificado la inmunidad parlamentaria de Puigdemont. El temor a un varapalo judicial que le impida seguir pilotando el proyecto desde Bruselas acelera la necesidad de dejar todo atado. Por eso, las fuentes consultadas subrayan que Junts quiere ‘quemar etapas’ antes de que el contexto judicial le reste capacidad de maniobra.

La ruptura total con el PSOE ya no es una amenaza electoral; es una estrategia de supervivencia política para un Junts que siente el aliento de la mayoría social independentista.

El tablero en Madrid: Sánchez, entre dos fuegos

Para Moncloa, el órdago de Junts es especialmente incómodo. El Gobierno central depende de los siete votos del grupo plurinacional para sacar adelante leyes clave como los Presupuestos Generales del próximo ejercicio. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha intentado minimizar el envite en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: ‘Seguimos trabajando con todos los grupos para garantizar la estabilidad’, ha afirmado.

Pero la realidad parlamentaria es tozuda. Sin Junts, la suma de PSOE, Sumar, ERC y Bildu se queda en 172 diputados, muy lejos de los 176 necesarios. Fuentes socialistas admiten que la legislatura entra en ‘zona de riesgo extremo’ y que la única salida viable pasa por un acuerdo global que satisfaga las exigencias independentistas en materia de autodeterminación y financiación. Algo que, a día de hoy, parece imposible sin romper con otros socios como el PNV.

La intrahistoria judicial que lo condiciona todo

En el fondo de cada movimiento está el proceso judicial contra los líderes del ‘procés’. La amnistía sigue atascada en el Tribunal Constitucional y los recursos presentados por la Fiscalía mantienen vivas las condenas por malversación. Junts utiliza esta parálisis como ariete contra Sánchez, acusándole de incumplir los compromisos adquiridos en la investidura. ‘Mientras la justicia siga secuestrando la voluntad popular, no habrá normalidad democrática’, repiten en el partido.

Los plazos judiciales, además, añaden presión. Se espera una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes en otoño. Si el fallo despoja a Puigdemont de su inmunidad como eurodiputado, Junts perdería a su principal activo mediático y estratégico. La aceleración del pulso con el Gobierno busca precisamente dejar claro que, pase lo que pase en Luxemburgo, el proyecto no se disolverá.

Conclusión: ¿hacia unas catalanas anticipadas?

En esta redacción observamos que Junts ha abandonado definitivamente el disimulo. La legislatura catalana echa el cerrojo y las elecciones anticipadas en Cataluña parecen cada vez más inevitables. Si Illa no logra recomponer la relación con los de Puigdemont —y los puentes están más quemados que nunca—, difícilmente llegará al verano de 2027 sin pasar por las urnas.

Mientras tanto, la precampaña ya se libra en los medios y en las redes. Junts aprieta el acelerador, convencido de que el momento es ahora. El relato está servido: los que pactan con el Estado traicionan; ellos, en cambio, no se arrugan. El próximo pleno del Congreso y la votación de las enmiendas a la ley de estabilidad serán el primer test real del nuevo escenario. Y la temperatura no deja de subir.

La Agència de Salut Pública de Barcelona confirma nueve casos de dermatofilosis por transmisión sexual

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Personas sexualmente activas en Barcelona, especialmente quienes hayan mantenido relaciones sin protección en las últimas semanas.
  • ¿Cuándo ocurre? La Agència confirmó los casos el 22 de mayo; la investigación sigue abierta.
  • ¿Qué cambia hoy? Se refuerza la vigilancia epidemiológica y se recomienda a quienes presenten lesiones cutáneas inusuales que acudan a su centro de salud.

La Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmado este jueves los primeros nueve casos de transmisión de dermatofilosis entre humanos, probablemente por vía sexual. Se trata de una infección bacteriana que hasta ahora se asociaba casi exclusivamente al ganado, y cuyo salto a la esfera íntima ha encendido las alertas sanitarias en la capital catalana.

¿Qué es la dermatofilosis y por qué preocupa ahora?

La bacteria Dermatophilus congolensis es un viejo conocido de los veterinarios: provoca en caballos, ovejas y otros animales una dermatitis exudativa conocida como «fiebre del barro». En humanos, los contagios eran anecdóticos y siempre relacionados con el contacto directo con animales infectados. Ahora, la confirmación de transmisión sexual en nueve pacientes barceloneses da un giro radical a su perfil epidemiológico.

Los síntomas incluyen lesiones cutáneas pustulosas, costras amarillentas y, en algunos casos, fiebre leve. El tratamiento con antibióticos es eficaz, pero el diagnóstico precoz es clave para cortar la cadena de contagio. «Hasta ahora ningún clínico la buscaba fuera del ámbito rural», subrayan fuentes de la ASPB.

La investigación en marcha: contactos y cribado

El equipo de epidemiología de la agencia trabaja contra reloj para identificar contactos estrechos. De momento, la mayoría de los afectados ha consultado en centros de salud sexual de Barcelona, lo que sugiere un foco común que los investigadores intentan delimitar. La ASPB ha reforzado los protocolos en el Hospital Clínic y en las unidades de ITS del ámbito metropolitano.

No se ha emitido una alerta de salud pública nacional, pero el Departament de Salut de la Generalitat sigue el rastreo con «atención máxima». El Servicio de Microbiología del Vall d’Hebron es el laboratorio de referencia para las muestras.

Por primera vez una bacteria zoonótica entra en la red de ITS de una gran ciudad europea, y eso obliga a reescribir los manuales.

Una zoonosis que salta la barrera: el análisis de Salud Pública

El caso guarda paralelismos con el brote de viruela del mono de 2022, cuando un virus endémico de África occidental circuló entre hombres que tienen sexo con hombres en Cataluña sin que los sistemas de vigilancia lo vieran venir. Entonces, la respuesta se aceleró gracias a la comunidad internacional; ahora, Barcelona enfrenta un patógeno mucho menos conocido.

La literatura médica describe la dermatofilosis humana como excepcional. El hecho de que la vía de transmisión sea sexual sugiere una adaptación reciente de la bacteria a mucosas o microlesiones íntimas. Los epidemiólogos consultados por Moncloa.com creen que habrá más positivos en los próximos días, y que el origen podría estar en un portador asintomático que introdujo la bacteria en el circuito sexual barcelonés.

Lo que observamos es una llamada de atención sobre la porosidad de las fronteras entre sanidad animal y humana en entornos urbanos. Las zoonosis no respetan compartimentos estancos, y un nuevo agente en el catálogo de ITS complica los mensajes de prevención que funcionan para gonorrea o sífilis.

La ASPB no ha recomendado medidas de aislamiento, pero insiste en el uso del preservativo y en que cualquier persona con lesiones cutáneas de aparición súbita consulte con su médico de atención primaria. La red de centros de atención a las ITS ya dispone de un protocolo provisional para dermatofilosis.