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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa de la cumbre de la OTAN en Ankara con el foco puesto en un julio que se adivina tórrido en los tribunales.

En Moncloa no ocultan la preocupación, pero sí exhiben una creciente confianza en que el hartazgo ciudadano con la ofensiva judicial les favorece. “La gente sabe distinguir entre un caso de corrupción y una campaña de un sector de la judicatura contra el Gobierno”, sostienen.

Los próximos días concentran media docena de citaciones que afectan al núcleo del partido y al entorno familiar del presidente. Un calendario que arranca el lunes 13 y se prolonga hasta el jueves 16 sin apenas respiro.

Una semana de citas judiciales: el cronograma

El lunes, el juez Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez, ex abogado de José Luis Ábalos, para esclarecer quién pagó los honorarios de la defensa del exministro. La investigación sospecha que el partido pudo costearlos para monitorizar la causa.

El martes 14, la letrada Leticia de la Hoz comparece como imputada ante el mismo magistrado. De la Hoz está en el ojo del huracán por un presunto intento de soborno denunciado por la empresaria Carmen Pano, aunque la abogada lo niega y sostiene que fue Pano quien pidió dinero a cambio de no perjudicar a los socialistas.

El miércoles 15 es el turno de Cristina Narbona, presidenta del PSOE. La Unidad Central Operativa (UCO) halló un WhatsApp suyo con la exmilitante Leire Díez el mismo día en que Sánchez publicó su ‘Carta a la ciudadanía’. Pedraz la cita como testigo para aclarar el contenido de esa conversación.

El jueves 16, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, declararán como investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que ambos cedieron a presiones de Leire Díez para abrir expedientes contra agentes de la UCO que investigaban al PSOE.

La estrategia del hartazgo y el balón de oxígeno de Feijóo

A esta cascada de declaraciones se suman dos resoluciones que el Gobierno espera con la respiración contenida. La Audiencia Provincial de Badajoz puede dictar sentencia sobre el hermano del presidente, tras una instrucción en la que nadie presentó alegación en siete años. Y la Sección 23 de Madrid decidirá si la causa contra Begoña Gómez sigue por el procedimiento del tribunal del jurado, una decisión que marcará el futuro judicial de la esposa del presidente.

Mientras, en Ferraz y en La Moncloa han encontrado un balón de oxígeno inesperado en los tropiezos del líder del PP. Alberto Núñez Feijóo ha encadenado polémicas sobre el absentismo laboral, la ley de nietos o la ley del concebido no nacido en Madrid. El PSOE lo está utilizando para presentar a una derecha que recorta derechos y reinstaura batallas ideológicas del pasado.

La Moncloa lo resume con sorna: si Feijóo no existiera, habría que inventarlo.

Sánchez no ha tardado en subirse a esa ola. Un tuit suyo comparando las propuestas del PP con recortes y pérdida de derechos ha sido de los más compartidos de la semana. En el equipo presidencial hablan ya de “hartazgo ciudadano” con que “sean los jueces quienes marquen la agenda pública”. Los datos cualitativos que maneja el PSOE —y las últimas encuestas publicadas— apuntan a que una parte de la opinión pública percibe falta de imparcialidad en ciertos jueces y un acoso judicial al Gobierno.

En septiembre, con los tribunales de vuelta y una votación presupuestaria en el horizonte, el terreno no será más fácil. Pero por ahora, la consigna en Moncloa es llegar de una pieza a las vacaciones judiciales de agosto.

El Eje del Poder Socialista

El pulso entre Ferraz y el aparato judicial ha entrado en una fase que condiciona los movimientos del partido. Por un lado, la dirección federal ha optado por elevar el tono y señalar lo que considera una ofensiva ideologizada. En público, Sánchez carga contra los tribunales; en privado, los servicios jurídicos del PSOE no esperan que el presidente sea citado como testigo en el caso Leire “ni en el corto ni en el medio plazo”.

Los barones socialistas, mientras, observan con cautela. Emiliano García-Page, voz crítica habitual, mantiene el silencio sobre el frente judicial y se centra en la gestión autonómica. En Cataluña, el PSC de Salvador Illa sigue volcado en la agenda de la Generalitat, lejos del ruido de los juzgados. El GPS del Congreso, con Patxi López al frente, intenta que los debates sobre derechos sociales y el techo de gasto no queden tapados por la cascada de citaciones.

En el plano territorial, el choque entre el poder judicial y el Ejecutivo tiene un impacto asimétrico. Las comunidades gobernadas por el PSOE no sufren un bloqueo directo de políticas —la investidura de Illa o el día a día en Asturias o Navarra transcurren con normalidad— pero sí comparten el temor al desgaste que una condena o una imputación pueden provocar en el relato de la izquierda. La credibilidad del “gobierno limpio” que el partido quiere proyectar depende de que los tribunales no le asesten un golpe de efecto en pleno ciclo electoral.

La jugada a medio plazo tiene un riesgo evidente. Si la Audiencia Provincial de Madrid confirma el procedimiento del jurado para Begoña Gómez, o si alguna de las citaciones de los altos mandos de la Guardia Civil deriva en imputaciones más graves, la idea del “acoso judicial” perdería fuerza frente a la imagen de un partido asediado por sus propias sombras. Ferraz lo sabe y por eso refuerza el argumentario: sin un PP centrado, sin un Feijóo que acierte, la oposición —sostienen— “solo tiene el antisanchismo”. La estrategia es clara: prolongar el agotamiento del rival mientras la justicia sigue su curso.

🌹 El Apunte de Ferraz

• Mensaje fuerza: La ofensiva judicial contra el Gobierno es una campaña de un sector de la judicatura; los ciudadanos lo perciben y castigarán a la derecha en las urnas.
• Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
• Próximo hito: Resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la causa de Begoña Gómez, prevista para la próxima semana.

La dirección federal del PSOE ha reconocido este viernes, en declaraciones a Europa Press, que la imputación judicial de Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ‘no pinta bien’. El auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo sitúa como pieza central en las dos ramas del caso Leire: presuntas irregularidades en la contratación pública y supuestas maniobras para torpedear investigaciones judiciales que afectaban a socialistas.

Un viejo conocido del presidente en el foco judicial

Juanma Serrano fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez desde 2014, cuando el hoy presidente asumió la secretaría general del PSOE, hasta 2018, momento en que pasó a presidir Correos. Su lealtad absoluta y su conocimiento de los entresijos del partido lo convirtieron en un colaborador estrecho. Ahora, el mismo juez que investiga el caso Leire Díez —sobre el que pesan acusaciones de corrupción en la adjudicación de contratos públicos— ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la clonación de su teléfono móvil y ha justificado la imputación en su ‘participación preeminente’ en ambas líneas de la causa.

El auto del juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, detalla que Serrano figuraba en comunicaciones internas y reuniones clave relacionadas tanto con la trama de contratos irregulares que salpica a varias administraciones como con los presuntos intentos de desactivar procesos judiciales incómodos para el partido.

Ferraz, entre la preocupación y la necesidad de dar una respuesta

Fuentes de la Ejecutiva Federal consultadas por Europa Press admiten ‘preocupación y cabreo. La suma de imputaciones en el círculo de máxima confianza del presidente ha empezado a generar un ruido interno difícil de gestionar. En Moncloa se percibe a un Sánchez afectado. ‘Se le nota en la cara’, confiesan desde el entorno del líder socialista. Ferraz no está, aseguran, ‘ni parada ni dormida’: durante las últimas horas se han intensificado las reuniones entre los principales dirigentes para decidir qué pasos dar.

Sin embargo, hay matices. Mientras la cúpula defiende la limpieza del presidente y le sitúa como ‘el primer perjudicado’, otras voces del partido —parlamentarios y cargos territoriales— son más críticas. Sostienen que Sánchez debería salir a rendir cuentas ante la ciudadanía y que, ‘en el mejor de los casos, elegía muy mal a sus ayudantes y, en el peor, sabía lo que hacían’. La concatenación de casos —primero Ábalos, condenado a 24 años; luego Cerdán, investigado por contratos públicos; ahora Serrano— ha abierto un debate incómodo que ya no puede disimularse con la etiqueta de la ‘antigua Secretaría de Organización’.

La línea entre la lealtad y la responsabilidad se difumina cuando los nombres de los colaboradores más fieles aparecen una y otra vez en los autos judiciales.

El Eje del Poder Socialista

El impacto de la imputación de Serrano no se reduce al terreno judicial. En el plano político, el caso tensa las costuras internas del PSOE y fuerza a Ferraz a una difícil ecuación: blindar a Sánchez sin desautorizar a la justicia. La portavocía federal evita por ahora valoraciones en profundidad, pero el presidente ya ha utilizado la tribuna del Congreso para descartar un adelanto electoral y defender ‘la limpieza de su Gobierno y de su partido, más allá de los casos de la antigua Secretaría de Organización.

Los barones territoriales observan con inquietud. Emiliano García-Page, Adrián Barbón o María Chivite no se han pronunciado públicamente, pero fuentes de sus entornos admiten que la situación refuerza la necesidad de que el partido emita un mensaje de contundencia. En un escenario en el que la oposición del PP y Vox ya han elevado el tono, cualquier paso en falso puede ser aprovechado para debilitar la credibilidad del Ejecutivo.

El precedente más doloroso para el socialismo español lo dejó la condena de los ERE en Andalucía, que marcó el final de una etapa. Aquí, sin embargo, la cercanía con el presidente es mucho mayor. Serrano no es un cargo orgánico, sino alguien que ha compartido con Sánchez los momentos más delicados de la última década. La capacidad de Ferraz para encapsular el daño dependerá de si el juez Pedraz encuentra pruebas sólidas que relacionen directamente al exjefe de gabinete con los hechos o si, por el contrario, la investigación se dilata sin conclusiones firmes.

En Moncloa confían en que el parón estival atenúe la presión mediática, pero son conscientes de que septiembre llegará cargado de nuevas comparecencias judiciales y de una oposición dispuesta a rentabilizar cada auto. La legislatura, que atraviesa su fase más exigente con la negociación de los Presupuestos y la gestión de los fondos europeos, no puede permitirse un desgaste prolongado en los juzgados. La credibilidad del Gobierno con sus socios de investidura también está bajo el foco, porque formaciones como ERC o EH Bildu han mostrado su malestar ante cualquier sombra de corrupción que roce al Ejecutivo.

🌹 El Apunte de Ferraz

• Mensaje fuerza: La dirección federal presenta a Sánchez como víctima de la mala pradera de sus colaboradores, al tiempo que subraya la firmeza en la lucha contra la corrupción.
• Protagonista: Juanma Serrano (exjefe de gabinete de Pedro Sánchez)
• Próximo hito: La reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal prevista para los próximos días, donde se evaluarán las implicaciones políticas del auto.