El censo electoral de Ourense: 111.124 votantes en el exterior y 17 concellos con más voto foráneo que residente

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El censo electoral de Ourense para el 29 de noviembre asciende a 360.252 electores, y 111.124 de ellos residen fuera de España.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El INE publica el censo para las generales del 29 de noviembre: Ourense tiene 360.252 electores y 111.124 residen en el extranjero, el 30,85% del total.
  • ¿Quién está detrás? El Instituto Nacional de Estadística y la Oficina del Censo Electoral, con efecto sobre los 92 concellos de la provincia y sobre el PPdeG, el BNG y el PSdeG.
  • ¿Qué impacto tiene? El lunes 12 de octubre se abre el plazo de consulta y reclamaciones, y el voto de la diáspora pesa sobre los cuatro escaños ourensanos en el Congreso.

Un censo de 360.252 electores con 111.124 fuera de España

Los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejan a la provincia al frente de España en peso del voto emigrante: uno de cada tres electores vive en el extranjero. El CERA, el censo de residentes ausentes, suma 8.197 inscritos desde 2023, mientras el censo de residentes pierde 3.716 votantes y cae hasta los 249.128. La foto engaña: el cómputo total crece un 1,26%, pero la población con derecho a voto que vive en la provincia lleva años menguando.

La geografía del voto ourensano se reparte por tres continentes. Argentina encabeza la lista con 32.010 electores, por delante de Cuba (14.881), Brasil (11.349), y Venezuela (8.353). En Europa, Suiza reúne a 7.931 inscritos, más que Francia (5.266) y Alemania (4.847). Ninguna otra provincia gallega se acerca a ese volumen relativo: Lugo se queda en el 22,55%, Pontevedra en el 16,21% y A Coruña en el 16,13%.

El desequilibrio tiene nombres propios. En 17 de los 92 concellos hay más electores censados fuera que dentro: Avión lidera con el 68,21% de su censo en el exterior, seguido de Gomesende (67,57%), Bande (64,69%), Quintela de Leirado (60,19%) y Arnoia (59,50%). Son municipios donde la política local se decide, literalmente, en el correo.

Ese peso no se queda en la estadística. Ourense reparte cuatro escaños en el Congreso y un tercio de su censo reside fuera de España; cualquier sacudida en el voto CERA, por desmovilización o por cambio de tendencia, obliga a recalcular. El plazo de consulta y reclamaciones se abre el lunes 12 de octubre, la primera cita para corregir errores de inscripción antes de que la maquinaria electoral eche a andar.

Ourense es la provincia española donde la diáspora pesa más: uno de cada tres electores vive fuera y su voto ayuda a decidir los escaños.

Menos jóvenes, más jubilados y 19 colegios menos

voto exterior

El retrato demográfico que acompaña al censo es el de una provincia que se apaga por dentro. Solo 7.606 ourensanos podrán votar por primera vez, 148 menos que en 2023, la tercera tasa de incorporación juvenil más baja de España: los nuevos electores representan apenas el 3% del padrón residente. En la franja de 18 a 34 años, el censo presencial se queda en el 14,69%.

En el otro extremo, 76.684 residentes tienen 65 años o más, el 30,78% del electorado presencial, un porcentaje que solo supera Zamora en todo el país. La consecuencia administrativa ya es visible: 391 locales electorales y 523 mesas, 19 colegios y 16 mesas menos que en julio de 2023. Cada convocatoria deja menos urnas y más votos que llegan por correo desde el otro lado del mundo.

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva desde 2009 gobernada con mayorías absolutas del PPdeG (el Partido Popular de Galicia), con el BNG (o Bloque Nacionalista Galego) instalado como primera fuerza de la oposición y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) tratando de recomponer su espacio. El censo ourensano explica una parte de esa aritmética: la Galicia interior, base histórica del voto popular, es la que más población pierde y la que más depende de quienes ya no viven allí.

La lectura nacional es difícil de exagerar. Ourense encabeza el ranking español de dependencia del voto exterior con un 30,85% y Lugo, con un 22,55%, es la segunda provincia de España: dos de las cuatro provincias gallegas ocupan las primeras plazas de un fenómeno que reaparece en cada legislatura, el de la reforma del voto de la emigración, tras la supresión del voto rogado en 2022.

El calendario ya está marcado. El lunes 12 de octubre se abre la consulta y el plazo de reclamaciones; el 29 de noviembre, las urnas. La incógnita es si un electorado exterior cada vez más numeroso y menos vinculado al territorio vota igual que el que lo hace en la mesa del colegio. La provincia pierde residentes, gana votantes con derecho a sufragio en el extranjero y cierra locales electorales: una ecuación que ninguna fuerza política ha resuelto y que volverá a repetirse en el próximo ciclo electoral.

Ficha del Caso

  • El caso: El INE publica el censo para las generales del 29 de noviembre y Ourense vuelve a liderar en España el peso del voto exterior: 111.124 de sus 360.252 electores residen fuera.
  • Datos importantes: 30,85% del censo en el extranjero; el CERA gana 8.197 inscritos desde 2023; 17 de 92 concellos con más electores fuera que dentro; 7.606 nuevos votantes; 391 locales y 523 mesas.
  • Resumen: La diáspora puede decidir los cuatro escaños ourensanos mientras la provincia pierde jóvenes, gana jubilados y cierra colegios; el plazo de reclamaciones arranca el 12 de octubre.

De La Espriella retira la demanda de Colombia contra Israel ante la CIJ y reorienta su política exterior

En solo dos meses, el Gobierno de De La Espriella ha retirado a Colombia de la demanda contra Israel ante la CIJ. Y el giro no es un gesto aislado: rediseña la política exterior del país y deja a España sin un socio clave en Ginebra.

El movimiento se formalizó el 18 de septiembre, cuando Bogotá se apartó del recurso que impulsa Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio, a raíz de las operaciones militares en Gaza. Hasta entonces, Colombia había respaldado esa causa desde diciembre de 2023.

La decisión rompe con la etapa de Gustavo Petro, que llevó al país a La Haya para pedir medidas cautelares en favor de la población civil palestina. El canciller, Omar Bula, defendió ante el Senado un argumento de interés nacional: proteger la cooperación en inteligencia, ciberseguridad y lucha antiterrorista.

Traducido: Colombia cambia de bando diplomático. Vuelve a mirar hacia Washington y hacia las alianzas de seguridad que había enfriado, y lo hace con una velocidad que ha sorprendido a sus propios socios.

El gesto encaja en una tendencia más amplia. Varios gobiernos de la región han ido corrigiendo el rumbo que marcaron sus predecesores, y Colombia es el ejemplo más reciente. Lo que en 2023 parecía una posición firme de bloque, hoy se deshace gobierno a gobierno.

El retiro de la demanda y el regreso al Consenso de Ginebra

La misma semana, Colombia anunció su regreso a la Declaración del Consenso de Ginebra, una coalición impulsada por Estados Unidos y suscrita por más de 40 países que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni obligación de los Estados de promoverlo.

Colombia no firma una rectificación menor: cambia de bando en La Haya, en Ginebra y en Washington en apenas sesenta días.

Por su parte, la Cancillería aclaró que la medida no modifica la legislación colombiana, sino que supone un compromiso político y diplomático. Conviene recordar que en 2022 la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, y ese marco sigue vigente.

El 7 de octubre, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el embajador encargado Álvaro Ayala anunció que Colombia se disocia de expresiones como salud y derechos sexuales y reproductivos, al considerar que no son lenguaje universalmente acordado ni tienen definición en tratados vinculantes.

Por qué este giro deja a España sin su copresidencia

Y aquí llega la pata española. El 17 de septiembre, Colombia se retiró de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), abandonando de forma anticipada la copresidencia que compartía con España para el periodo 2025-2027.

Para Madrid, el golpe es de imagen antes que de cifras. El viceministro Pedro Agustín Roa justificó la salida diciendo que esa participación no era prioritaria para el nuevo Gobierno, que alega contar con protección constitucional propia para los derechos de las minorías.

España queda como única copresidenta de un foro que pierde a uno de sus miembros más visibles en América Latina. En un tablero donde cada silla cuenta, perder a un copresidente no es un detalle menor.

La coalición nació para coordinar políticas de igualdad entre Estados, y la copresidencia es su principal escaparate. Que uno de los dos titulares se marche antes de tiempo deja a España con la carga y la visibilidad de sostener el foro en solitario.

El detalle que casi nadie cuenta: no es solo una baja, es un mensaje. Colombia envía la señal de que su brújula cambia de eje y se aleja del rumbo que España había abanderado en la región durante la última década.

El precedente que explica el giro diplomático colombiano

No es la primera vez que un cambio de Gobierno reescribe la posición de Colombia en el mundo. La política exterior del país ha oscilado con cada inquilino: Gustavo Petro rompió relaciones con Israel y abrazó la causa palestina; su sucesor deshace ese camino en semanas.

Para España, el episodio tiene una lectura incómoda. El país reconoció el Estado palestino en mayo de 2024 y ha mantenido su alineamiento con la causa en La Haya, mientras su socio colombiano en la Coalición por la Igualdad de Derechos da marcha atrás. El foro pierde ahora a uno de sus copresidentes.

Lo que viene: la causa sudafricana sigue su curso en La Haya con otros intervinientes, y el Consenso de Ginebra gana un miembro con voz en América Latina. La pregunta para Madrid es quién ocupa el hueco que deja Bogotá en el tablero diplomático regional.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Gobierno de Abelardo De La Espriella retira a Colombia de la demanda contra Israel ante la CIJ y reorienta su política exterior en apenas dos meses de mandato.
  • Datos importantes: El retiro se formalizó el 18 de septiembre; el 17 de septiembre el país salió de la Coalición por la Igualdad de Derechos, donde copresidía con España para el periodo 2025-2027.
  • Resumen: El giro deja a España sin un socio clave en Ginebra y refuerza el eje liderado por Estados Unidos en el tablero diplomático latinoamericano.

La patronal suspende la gala pirotécnica de València por la acampada de vivienda y culpa a la Delegación del Gobierno

La patronal suspende la gala pirotécnica de València prevista para este domingo. La Asociación Española de la Pirotécnia (AEPIRO) ha comunicado la cancelación del espectáculo de apertura del festival internacional de fuegos artificiales, que debía celebrarse en la plaza del Ayuntamiento, ante la falta de garantías de seguridad que genera la acampada por el derecho a la vivienda.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La patronal pirotécnica AEPIRO ha suspendido la gala de apertura del vigésimo International Symposium on Fireworks, prevista para este domingo en la plaza del Ayuntamiento de València.
  • ¿Quién está detrás? El sector señala a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por no garantizar la seguridad ante la acampada por la vivienda.
  • ¿Qué impacto tiene? El pulso pasa al terreno político a menos de 48 horas del inicio del montaje, con el pacto PP–Vox y el Gobierno central como telón de fondo.

Una decisión «drástica» a menos de 48 horas del montaje

«Esta drástica decisión no es una propuesta ni una elección del sector, sino una consecuencia directa de la inacción de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana», ha señalado AEPIRO en su nota pública, recogida por EFE. La patronal sostiene que, a menos de 48 horas del inicio del montaje, la administración «ha sido incapaz de garantizar las condiciones materiales y de seguridad necesarias en la plaza».

Según la entidad, el espectáculo se comunicó «en tiempo y forma», cumpliendo «estrictamente con toda la documentación técnica preceptiva» y resolviendo los requerimientos habituales. Se trataba del acto inaugural del vigésimo International Symposium on Fireworks, la cita internacional que reúne cada año a pirotécnicos y especialistas de varios países.

El pulso entre la patronal y la Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana (la representación del Ejecutivo central en el territorio) tiene entre sus competencias la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actos y concentraciones. La patronal sostiene que ese papel era determinante para blindar la plaza y que, en esta ocasión, no llegó a tiempo.

En la plaza del Ayuntamiento se mantiene la acampada por el derecho a la vivienda, el mismo enclave donde AEPIRO había previsto el montaje del espectáculo. Para el sector, esa coincidencia impedía operar con garantías y correspondía a la Administración general del Estado resolverla.

La seguridad de un espectáculo y el derecho a manifestarse no son incompatibles: el problema aparece cuando ninguna administración asume el timón.

El episodio tiene una lectura política inmediata. La Delegación del Gobierno depende del Ministerio de Política Territorial y, por tanto, del Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras el Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) está en manos del pacto PP-Vox. Que una patronal señale directamente a la administración central convierte un conflicto de espacio público en un nuevo capítulo del pulso entre València y Madrid.

Para el sector, el golpe es doble. La cancelación afecta a una cita internacional y deja en el aire el calendario de un festival que cada año lleva la pólvora valenciana a primer plano. La pregunta que sobrevuela la plaza es sencilla: qué administración asume ahora la responsabilidad de reordenar el espacio y devolver la normalidad al evento.

acampada vivienda València

El Escenario Valenciano

En clave autonómica, el episodio vuelve a poner el foco sobre la gestión del espacio público y la seguridad de los grandes eventos, un terreno donde confluyen el Consell de Pérez Llorca, el Ayuntamiento de València, y la administración central. La oposición de PSPV y Compromís suele exigir explicaciones cada vez que una protesta y un acto oficial chocan en el centro de la ciudad. Y el pacto PP-Vox afronta un nuevo flanco: la gestión del conflicto urbano.

La llave, sin embargo, está en Madrid. La Delegación del Gobierno responde al Ministerio de Política Territorial, de modo que cualquier choque con el Ejecutivo central se leerá en clave de campaña permanente. A eso se suma el calendario: si el festival no se reprograma, el sector pedirá explicaciones y la ciudad perderá uno de sus escaparates más visibles.

La pelota queda ahora en la versión que ofrezca la Delegación del Gobierno y en si el espectáculo se reubica o se pospone. De fondo, sigue abierta la pregunta de quién decide qué ocurre en la plaza del Ayuntamiento, un espacio que en los últimos años ha sido escenario de manifestaciones, celebraciones y, ahora, de un pulso entre una patronal y el Estado.

Ficha del Caso

  • El caso: La patronal pirotécnica AEPIRO suspende la gala de apertura del vigésimo International Symposium on Fireworks, prevista para este domingo en la plaza del Ayuntamiento de València, por la acampada por el derecho a la vivienda.
  • Datos importantes: La suspensión se comunica a menos de 48 horas del inicio del montaje. El sector señala a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por no garantizar las condiciones de seguridad de la plaza.
  • Resumen: El pulso entre la patronal y la administración central añade un nuevo capítulo al conflicto por el uso del espacio público en València, con lectura autonómica y nacional.

Pontevedra se consolida como cuarta provincia exportadora de España pese a ser la 19 por PIB

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Pontevedra es la cuarta provincia exportadora de España y, a la vez, la número 19 por PIB. Un estudio sobre medio siglo de economía provincial, presentado este viernes en Vigo, sostiene ese caso de éxito.

Un modelo industrial que resiste lo que España perdió

El informe 1975-2025. Una visión por provincias, elaborado por el Consejo General de Economistas y Cámara de España, retrata una provincia donde la industria pesa el 18,2% del VAB real frente al 13,9% de la media española. Mientras en el conjunto del país ese peso caía ocho puntos desde 1975, en Pontevedra se mantenía. Las cámaras de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía presentaron el estudio en el marco de su 140 aniversario.

Donde mejor se mide el salto es en la productividad. El VAB real por ocupado pasó del 71% al 94% de la media española desde 1975. Es el indicador donde más ha convergido la provincia. Por hora trabajada, la productividad real creció cerca de un 42% entre 2000 y 2021, el segundo mayor avance provincial después de Álava.

El empleo sostiene la fotografía. En 1975 la provincia ya figuraba entre las de mayor tasa de ocupación y su tasa de ocupación femenina alcanzaba el 51,8%, de las tres más altas de España. El estudio añade una desigualdad menor que la media y un crecimiento de las infraestructuras públicas que la sitúa como la segunda de España.

También el esfuerzo tecnológico asoma en los datos. El gasto en I+D crece un 168% desde 2005, el noveno mayor aumento del país, aunque parte de una base baja. Pontevedra exporta, produce y vende por encima de su tamaño.

Pontevedra es la cuarta exportadora de España con el PIB número 19: la mejor definición de una provincia que rinde más de lo que su tamaño sugiere.

El análisis de las empresas insiste en un rasgo poco habitual: la regularidad de la actividad exportadora. Pontevedra no vende al exterior por rachas, sino de forma sostenida, lo que la distingue de otras provincias con picos puntuales. Esa constancia sostiene el cuarto puesto nacional.

El propio estudio señala el nudo pendiente. Reforzar la innovación en un tejido productivo que ha crecido de la fábrica, la ría, y el puerto es el reto que la Cámara no esconde. La industria no se improvisa, y exportar bien no basta si el conocimiento no acompaña.

La ría que se cuenta en blanco y negro

PIB Pontevedra

La presentación no se quedó en cifras. En la sede viguesa de la Diputación de Pontevedra se inauguró la exposición Vigo Emergente. Industria, Comercio y Navegación, con más de 50 fotografías del archivo de Roberto Quintero tomadas a lo largo de las últimas seis décadas.

Quintero, fotógrafo industrial y publicitario desde comienzos de los años 60, ha retratado a empresas, instituciones, infraestructuras y oficios que explican el crecimiento del tejido productivo. Su mirada documental traza el mismo arco que el estudio económico: de provincia agraria a potencia industrial y exportadora.

El Laboratorio Gallego

Lo que ocurre en Pontevedra importa más allá de la provincia. La Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela, y el PPdeG, el Partido Popular de Galicia que gobierna con mayorías absolutas consecutivas desde 2009, llevan años presentando Galicia como un modelo de gestión económica. Este estudio les ofrece munición: industria que resiste, productividad que converge y exportaciones que crecen. El PP ha exhibido en repetidas ocasiones la gestión gallega como referencia para el conjunto de España.

La letra pequeña matiza el relato. Pontevedra no crece por decreto autonómico, sino por un tejido industrial —Stellantis en Vigo, la construcción naval, la pesca, el sector agroalimentario— que antecede a cualquier gobierno. El acierto de la política económica consiste, sobre todo, en no romper lo que ya funcionaba. Es una lección incómoda para todos los partidos, porque ninguno puede reclamar en exclusiva un resultado de medio siglo.

Hay un factor que el estudio no desarrolla y conviene recordar: la proximidad a Portugal. La Euroregión Galicia-Norte de Portugal, la entidad de cooperación transfronteriza con la región lusa, convierte a Vigo y su área en una plataforma natural hacia el mercado portugués, un vector que ninguna otra provincia española posee en la misma medida. Exportar resulta más fácil cuando la frontera está a media hora.

La proyección es doble. En clave gallega, este diagnóstico llega antes de que el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa de 75 diputados, aborde los próximos presupuestos, donde el refuerzo de la I+D es un asunto recurrente y donde el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) tienen su propio espacio de fiscalización frente a la mayoría absoluta del PPdeG. En clave nacional, el caso Pontevedra reabre un debate viejo: si España quiere reindustrializarse, quizá deba mirar cómo sobrevivió una provincia que nunca dejó de exportar. Porque el verdadero laboratorio gallego no es un discurso, sino una fábrica que siguió abierta cuando muchas cerraban.

Ficha del Caso

  • El caso: Un estudio sobre 50 años de evolución provincial sitúa a Pontevedra como cuarta exportadora de España pese a ser la 19 por PIB.
  • Datos importantes: La industria pesa el 18,2% del VAB frente al 13,9% nacional; la productividad subió del 71% al 94% de la media; la I+D crece un 168% desde 2005.
  • Resumen: El informe, de Economistas y Cámaras, avala el modelo industrial gallego y señala la innovación como reto pendiente, con una lectura nacional sobre la gestión del PP en Galicia.

La vivienda marca el arranque de la campaña de las elecciones de la Comunitat Valenciana del 29-N

La acampada por la vivienda ha marcado el 9 d’Octubre y el arranque de las elecciones de la Comunitat Valenciana del 29-N. Las tiendas de lona en la plaza del Ayuntamiento de València son ya la estampa de la fiesta grande. El derecho a un techo digno ha dejado de ser un asunto social para instalarse en el corazón del debate político.

No es un detalle menor. La crisis habitacional llevaba años golpeando a las clases medias y bajas, y los estudios sociológicos venían avisando. La indignación por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció después de que una empresa la echara de su casa, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Las acampadas brotan ya en las principales capitales españolas.

Una mascletà suspendida y una plaza ocupada

La semana previa a la fiesta estuvo marcada por la tensión entre el Ayuntamiento de València y la Delegación del Gobierno. Ambos se disputaron la gestión del espacio público. Tras días de tira y afloja, la alcaldesa, María José Catalá (PP), decidió suspender la mascletà prevista para el viernes, aunque mantuvo los actos festivos en la plaza. Y responsabilizó a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (PSOE), de los posibles incidentes, al descartar el desalojo.

Para la socialista, primaba el derecho de reunión de los manifestantes por encima de la festividad. Una decisión que le ha valido no pocos reproches desde la derecha. La primera edil habló de una renuncia para que todas las sensibilidades de la plaza pudieran convivir.

La procesión cívica se desarrolló sin incidentes reseñables, más allá de los habituales gritos que grupúsculos ultra propinan cada año a los partidos de izquierdas. Un amplio dispositivo policial blindó el recorrido ante la amenaza ultraderechista. Compromís trasladó la reivindicación a su pancarta, con el lema ‘València no es ven’.

En València, la vivienda ha dejado de ser una angustia privada para convertirse en el primer asunto de la campaña.

El portavoz socialista, Borja Sanjuán, elogió esa presión por el derecho a quedarse en la ciudad. Ni siquiera las Nuevas Generaciones del PP han querido quedarse al margen: buscan capitalizar el malestar, pero poniendo el foco en la falta de ambición del Gobierno de Pedro Sánchez. La acampada, autogestionada, no piensa moverse. Y la ciudad parece dispuesta a arroparla.

Los sondeos apuntan a una mayoría de derechas

En paralelo al pulso en la calle, este viernes se han publicado varias encuestas sobre las autonómicas. Los sondeos dibujan una mayoría de derechas que supera por varios diputados la mayoría absoluta. Todas salvo una apuntan a un crecimiento de Compromís, que sube entre tres y cinco escaños. El PSPV cae y el PP bajaría un par de diputados, muy lejos de la caída que se pronosticaba cuando Carlos Mazón todavía era president tras la DANA, el temporal que en octubre de 2024 azotó la Comunitat Valenciana.

Vox crecería entre tres y cinco escaños, recogiendo parte de lo que perdería el PP. Las encuestas no conceden representación a Podemos, Esquerra Unida ni Sumar, y tampoco contemplan una candidatura conjunta de estas formaciones, que se está negociando. En conjunto, reflejan un descontento transversal con los liderazgos políticos. Los partidos tienen apenas unas semanas para resolverlo. Tal vez en la acampada encuentren alguna pista.

El Escenario Valenciano

El escenario político valenciano entra en campaña con la vivienda como campo de batalla y con el pacto PP–Vox como telón de fondo. El Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) de Juanfran Pérez Llorca, investido en diciembre de 2025, afronta la cita con la reconstrucción de la DANA aún abierta y con el expresident Carlos Mazón situado en el proceso judicial de la catástrofe y en su escaño de las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños. La oposición del PSPV y Compromís busca capitalizar el malestar por la vivienda, mientras Vox rentabiliza su discurso contra la ocupación.

La lectura nacional tampoco es menor. El PP juega en València una parte de su relato de gestión frente al Gobierno de Sánchez, y el Ejecutivo central observa el pulso autonómico como termómetro de su propio desgaste. Las acampadas se reproducen en varias capitales: el precio del alquiler se ha convertido en un asunto de primera línea en toda España.

A partir de ahora, cada gesto cuenta. Las Corts Valencianes afrontan sus últimas semanas de actividad antes del 29-N, con el Consell de Pérez Llorca cerrando legislatura. Los sondeos anticipan una mayoría de derechas que podría reeditar el pacto con Vox. La próxima cita es el 29 de noviembre. Y la acampada, por ahora, no piensa levantarse.

Ficha del Caso

  • El caso: La acampada por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de València ha dominado el 9 d’Octubre y ha abierto de facto la campaña de las elecciones autonómicas del 29-N.
  • Datos importantes: Los sondeos apuntan a una mayoría de derechas; Compromís y Vox subirían entre tres y cinco escaños y el PP cedería un par de diputados. El Ayuntamiento suspendió la mascletà del viernes.
  • Resumen: La vivienda se instala como eje del debate valenciano, con presión sobre el Consell de Pérez Llorca y un eco que trasciende la Comunitat.

Las letras gigantes se consolidan como reclamo turístico en Torrent, València, Picanya y Ontinyent

Las letras gigantes se han consolidado como uno de los reclamos turísticos más eficaces de la Comunitat Valenciana.

Frente a la Ciutat de les Arts i les Ciències, el complejo cultural y arquitectónico levantado junto al antiguo cauce del Túria, las ocho letras de gran formato que se colocaron en 2020 reciben cada día a centenares de visitantes. Se han convertido en uno de los espacios más fotografiados de València y en uno de los más virales en las redes sociales.

La tendencia ya no es exclusiva de la capital. El reportaje de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, constata que cada vez más municipios apuestan por estos carteles para promocionarse en internet. Torrent, Picanya, y Ontinyent figuran entre los ayuntamientos que ya han trasladado el modelo a su propio paisaje urbano.

De València a Ontinyent: la foto que se ha vuelto política turística

El procedimiento se repite casi siempre igual. El ayuntamiento encarga un conjunto de letras corpóreas con el nombre del municipio, elige una plaza o un mirador con buena luz y confía el resto a quien pase por allí con un teléfono en la mano. No hay campaña en televisión, no hay folleto y apenas hay compra de medios. La promoción la hacen los visitantes.

La lógica presupuestaria explica buena parte del éxito. Unas letras corpóreas se fabrican una vez y siguen trabajando doce meses al año, mientras que una campaña convencional se agota con su propia emisión. Por el precio de unos cuantos anuncios, el municipio se dota de un objeto que cada visitante fotografía y comparte. Es la versión más literal del marca territorio, el concepto que resume cómo una localidad intenta que su nombre circule sin pagar por cada aparición.

El recorrido no es idéntico en todos los casos. En Picanya y Torrent, dos de los municipios más castigados por la DANA del 29 de octubre de 2024, la imagen pública de la localidad quedó durante meses asociada al agua, al barro y a las cifras de daños. Recuperar una postal propia, esta vez elegida y no impuesta por la riada, forma parte de una reconstrucción que también se libra en el relato.

Una letra gigante cuesta menos que una campaña y rinde más: el municipio que aparece en la foto se promociona solo.

Las cifras no cierran del todo, eso sí. Nadie ha medido todavía cuánto gastan los visitantes que llegan a hacerse una foto ni cuántos se quedan después a comer en el municipio. Los datos disponibles son de alcance, no de retorno: publicaciones, etiquetas y reproducciones en redes. La foto se mide mucho mejor que el negocio que genera.

Lo que mueve un selfi: comercio, hostelería y presupuesto municipal

reclamo turístico valenciano

El impacto no se queda en la pantalla. Cada visitante que se desplaza a un municipio para hacerse una imagen consume también otra cosa: un café, un menú, una compra rápida o la entrada al museo que tenía al lado. En localidades sin grandes conjuntos monumentales, esas letras funcionan como un reclamo de proximidad que alarga la estancia y reparte algo de gasto por el comercio del entorno.

No todo son aplausos. La moda del letrero gigante comparte los reproches que recibe el turismo de selfi en toda España: visitantes que llegan, disparan y se van sin dejar apenas gasto, presión sobre unas pocas calles y plazas, y una inversión pública que parte de los vecinos preferiría destinar a otra cosa. El debate se parece al que ya existe en ciudades como Barcelona o Málaga por la masificación, aunque aquí se juega a una escala mucho menor.

En la Comunitat, el turismo es una competencia autonómica. La Generalitat Valenciana promociona el territorio a través de Turisme Comunitat Valenciana, el organismo de la Conselleria del ramo que diseña campañas y reparte ayudas, mientras los ayuntamientos asumen por su cuenta las actuaciones de proximidad. Las letras gigantes son, en ese reparto, el escalón más barato y el más visible.

El Escenario Valenciano

Las letras gigantes parecen un asunto menor, pero resumen bien el momento político valenciano. El Consell de Pérez Llorca, sostenido por el pacto entre el PP y Vox, ha convertido la promoción turística en uno de sus terrenos menos conflictivos, y la oposición de PSPV y Compromís concentra sus críticas en la vivienda y en la masificación más que en los letreros. Con las elecciones municipales de mayo de 2027 en el horizonte, cualquier alcalde sabe que un espacio fotografiado se traduce en presencia pública continua sin necesidad de un solo mitin.

El debate nacional también existe. España encadena años de récords de visitantes, según las series del INE, y el Congreso discute cómo repartir ese caudal sin expulsar a los vecinos de los centros urbanos. El turismo de escapada corta y de foto rápida forma parte de esa discusión. En ese marco, el letrero funciona como la versión más modesta, y también la más barata, de una política de marca que otras ciudades aplican con presupuestos muy superiores.

La proyección inmediata pasa por los presupuestos municipales que se negociarán de cara a 2027 y por la próxima convocatoria de ayudas autonómicas al sector. Si el modelo se consolida, y todo apunta a que lo hará, la pregunta dejará de ser si el municipio tiene letras y pasará a ser qué hace con los visitantes que llegan a fotografiarlas.

Ficha del Caso

  • El caso: València, Torrent, Picanya y Ontinyent han incorporado letras gigantes con el nombre del municipio como reclamo turístico y como imagen de marca para redes sociales.
  • Datos importantes: Las ocho letras frente a la Ciutat de les Arts i les Ciències se colocaron en 2020 y reúnen cada día a centenares de visitantes. El turismo es competencia autonómica y las actuaciones de proximidad las financian los ayuntamientos.
  • Resumen: Una fórmula de promoción de bajo coste que gana peso en la Comunitat Valenciana, con rédito de imagen inmediato y con el retorno real en gasto turístico todavía sin medir.

Garriga presenta el 29-N como la ‘última oportunidad’ para recuperar España y alerta de Sánchez

Vox ha fijado el 29-N como el eje de su campaña electoral. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha advertido este sábado de que las elecciones generales se pueden volver a perder. El riesgo, ha dicho, tiene nombre: Pedro Sánchez.

El argumentario de Vox: por qué el 29-N es la ‘última oportunidad’

Garriga ha descrito la cita del 29 de noviembre como ‘la última oportunidad para que los españoles puedan recuperar España’. Lo ha hecho en una entrevista concedida a la agencia Efe, en la que ha desplegado el argumentario que la dirección llevará a la campaña: desalojar a Sánchez de La Moncloa y revertir en bloque las políticas de los últimos años. ‘Son unas elecciones excepcionales’, ha subrayado.

El número dos del partido sostiene que el PSOE ‘no se puede considerar como un partido político al uso, sino como una mafia’. ‘El PSOE ha institucionalizado la corrupción’, ha denunciado, antes de sentenciar que ‘Sánchez es capaz de lo peor en política’. El diagnóstico que traslada es el de un adversario que no compite en el terreno de los programas, sino en el de la resistencia institucional.

La advertencia no se dirige solo a los suyos. Garriga asegura que Pedro Sánchez ‘va a hacer todo lo que esté en su mano para alterar el proceso electoral’ y sostiene que ‘el mayor miedo’ que deben tener los españoles ‘es a que Sánchez continúe cuatro años más’. De ahí el llamamiento a las urnas: ve ‘fundamental que los españoles se movilicen para votar para que Sánchez y la mafia del PSOE pasen a la historia’.

El dirigente extiende el reproche al terreno catalán, donde considera que Sánchez ‘ha sido el mayor enemigo de los catalanes’, y desgrana los compromisos que el partido quiere hacer valer tras el 29-N. Al frente sitúa la ‘derogación de toda la legislación’ impulsada por el Ejecutivo, a la que suma la bajada de impuestos, la aplicación transversal del ‘principio político de prioridad nacional’ y una política migratoria de ‘cierre de las fronteras’ y ‘expulsiones’.

Por qué Vox insiste en la movilización pese a los sondeos

La dirección no quiere dar margen a la relajación ni al exceso de confianza, por mucho que las encuestas otorguen mayoría al bloque de la derecha. ‘Estoy convencido de que Vox obtendrá un buen resultado, pero hay que advertir a los españoles: estas elecciones las puede volver a ganar Pedro Sánchez’, ha remarcado Garriga. La lectura interna es clara: el resultado se juega en la movilización del electorado propio, no en el pronóstico de los sondeos.

El mensaje de Vox para el 29-N combina confianza y alerta: el resultado está al alcance, pero nada está garantizado mientras Sánchez controle el calendario.

El aviso tiene un precedente que el partido repite con insistencia. En las generales de julio de 2023, el PSOE quedó por detrás del PP en escaños y Sánchez volvió a gobernar tras semanas de negociación. Vox sostiene que un escenario similar obligaría a la derecha a repetir aquella experiencia, y que solo una movilización alta evitaría que el bloque que los sondeos sitúan por delante se quede corto el 29 de noviembre.

El secretario general condiciona ese programa a la fuerza parlamentaria que el partido obtenga. Si Vox ‘tiene la fuerza suficiente para condicionar un Gobierno de España’, propiciará un ‘cambio de las políticas’ para ‘garantizar la prosperidad de las familias y los trabajadores españoles. El horizonte que dibuja es esa ‘España de propietarios, empleos estables, salarios dignos y un futuro próspero y seguro’, frente a la disyuntiva de ‘elegir entre Sánchez o España’.

La estrategia de Vox y el pulso con el PP

El movimiento de Garriga se entiende mejor con un precedente sobre la mesa. Vox rompió en julio de 2024 los gobiernos de coalición que compartía con el PP en cinco comunidades autónomas, una decisión que reordenó el tablero de la derecha y que la dirección reivindica como prueba de que no sostiene acuerdos que no se cumplen. Desde entonces, la relación entre ambos partidos avanza por ciclos de acercamiento y desencuentro en inmigración, fiscalidad y reparto territorial.

En ese marco, la aritmética parlamentaria funciona como recordatorio permanente: en las generales de julio de 2023, el PP y Vox sumaron 170 escaños, seis por debajo de los 176 que marcan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, un dato que la formación de Santiago Abascal utiliza para exigir que se cuente con ella en cualquier ecuación de gobierno.

Las siete semanas hasta el 29-N medirán si el aviso de Garriga cala en el electorado o si la ventaja que los sondeos atribuyen a la derecha relaja a los votantes. El partido afronta la campaña con dos objetivos simultáneos: movilizar a su base con el argumento de que Sánchez sigue al alcance de la victoria y fijar sus condiciones para cualquier acuerdo posterior con el PP. Solo una Vox fuerte permitirá, sostiene la dirección, derogar las normas aprobadas estos años.

Vox pide al Supremo reactivar la orden de detención de Puigdemont y carga contra Llarena por ‘intempestivo’

Vox pide al Tribunal Supremo que reactive la orden de detención de Puigdemont y carga contra Llarena por una decisión ‘intempestiva’.

Qué pide Vox al Supremo y con qué argumentos

La formación, que ejerce la acusación popular en la causa del procés —el proceso independentista catalán—, ha presentado un escrito ante el alto tribunal en el que recurre la decisión de dejar sin efecto las órdenes de busca y captura contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, procesados por rebeldía. El paso llega después de que el Tribunal Constitucional avalara la amnistía de la malversación.

El argumento central del recurso es que la situación procesal de los tres ‘no ha cambiado’. Según la exposición de Vox, los procesados siguen fuera del territorio nacional y sin haber comparecido ante la justicia. No hay, por tanto, motivo alguno para dejar sin efecto unas órdenes de detención que, a su juicio, deben mantenerse plenamente vigentes.

El partido recuerda que el delito de malversación ‘sigue excluido de la amnistía por resoluciones firmes’ del Tribunal Supremo. Sobre esa base construye el grueso de su oposición a un levantamiento de las órdenes que, sostiene, sitúa a los huidos en una posición de ventaja frente a quienes sí respondieron ante el juez.

El escrito insiste en que la orden de busca y detención es ‘la condición de posibilidad’ del enjuiciamiento, una condición que sigue viva porque el propio instructor no ha resuelto todavía si aplica la amnistía a la causa del expresident. ‘Los procesados no se han presentado ni han sido habidos, y continúan fugados’, subraya el recurso. Vox recuerda además que Puigdemont entró en territorio nacional y volvió a sustraerse de la acción de la justicia el 8 de agosto de 2024.

El partido califica la decisión de Llarena de ‘intempestiva’ y ‘prematura’. Considera que no está demostrado que exista una ‘coincidencia sustancial’ entre el caso de la exconsellera Dolors Bassa, amnistiada por el Tribunal Constitucional, y el de los procesados huidos. Ese salto de un supuesto a otro no puede justificar por sí solo, añade, la desactivación de las órdenes.

Para Vox, la orden de detención es el presupuesto del juicio: sin ella, los fugados quedan mejor situados que quienes comparecieron ante el juez.

El recorrido del recurso y el calendario europeo

Supremo

El escrito se apoya, además, en el calendario judicial europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado mes de julio avaló la amnistía de la malversación, mantiene pendientes de resolver dos cuestiones prejudiciales sobre la materia. A ellas se suma otra planteada por Vox que reclama la suspensión de las medidas cautelares hasta que haya pronunciamiento definitivo.

La clave procesal, insisten desde el partido, es que Llarena no ha cerrado la puerta a aplicar la amnistía a la causa del expresident. Mientras esa decisión siga abierta, argumenta Vox, la orden de detención no puede caer, porque es el instrumento que garantiza que el procesado responda ante el tribunal cuando se le exija. El recurso pide, en esa línea, que se devuelva vigencia a las órdenes y se mantengan hasta que se despejen todas las incógnitas.

El planteamiento del partido es que el instructor no puede cerrar la vía del enjuiciamiento mientras el Tribunal de Justicia no aclare el alcance de la amnistía. Vox sostiene que la decisión de Llarena se adelanta a ese pronunciamiento y anticipa un desenlace que aún no está escrito. Esa precipitación, argumenta, es justamente lo que convierte la medida en impugnable.

La estrategia de Vox

El movimiento encaja en la estrategia sostenida de Vox de mantener viva la causa del procés como palanca de oposición al Gobierno y como recordatorio de las costuras de la amnistía. El partido, que ejerce la acusación popular, ha convertido los tribunales en un frente permanente: cada paso que interpreta como un avance hacia la impunidad se traduce en un nuevo escrito y en una nueva exigencia de rendición de cuentas.

La decisión de Llarena y el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía de la malversación han reactivado ese frente. Vox subraya que existe un precedente que el propio instructor habría pasado por alto: el caso de Dolors Bassa no es equiparable al de un procesado fugado. La diferencia, sostiene, es la que separa a quien se somete a la justicia de quien huye de ella.

Con el recurso ya registrado, el siguiente hito es la respuesta del Tribunal Supremo, que deberá decidir si admite a trámite la petición de Vox y si devuelve vigor a unas órdenes que el instructor consideró agotadas. De ese pronunciamiento depende que la causa del procés se mantenga abierta, un pulso que el partido no piensa abandonar mientras el expresident siga fuera de España.

Ocho detenidos por robos en viviendas en una operación conjunta de Mossos y Guardia Civil

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han detenido a ocho personas por robos con fuerza en viviendas unifamiliares de Cataluña y Madrid. Según los datos facilitados por ambos cuerpos policiales, la operación conjunta ha permitido desarticular dos grupos itinerantes especializados en el asalto a chalés y casas aisladas.

Campañas de tres o cuatro días y hasta cuatro asaltos diarios

El modo de actuar era siempre similar. Los integrantes de los dos grupos organizaban campañas delictivas de tres o cuatro días y se desplazaban por distintas comarcas, y provincias. En una sola jornada podían cometer hasta cuatro robos en viviendas unifamiliares, según la información difundida por los Mossos d’Esquadra.

Las pesquisas arrancaron en agosto de 2026, después de que los cuerpos policiales detectaran un incremento de los robos con fuerza en casas unifamiliares. La coordinación entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil permitió cruzar las denuncias presentadas en Cataluña y en la Comunidad de Madrid.

La competencia sobre estos hechos está repartida entre los dos cuerpos. Los Mossos d’Esquadra investigan los robos cometidos en Cataluña, mientras que la Guardia Civil asume los ocurridos en el resto del país, incluida la Comunidad de Madrid. De ahí que la operación se haya desarrollado de forma conjunta.

Los dos grupos actuaban como estructuras itinerantes, es decir, equipos que se desplazan de una zona a otra para cometer los robos y abandonar el lugar después. Ese formato complica el rastreo, porque no mantienen una base fija en el territorio donde operan. Los investigadores identificaron un patrón común en varios de los hechos denunciados.

Las pesquisas apuntan a campañas cortas, desplazamientos rápidos y hasta cuatro viviendas asaltadas en un solo día.

Ocho detenidos: seis hombres y dos mujeres de entre 28 y 54 años

El balance de la operación es de ocho detenidos, seis hombres y dos mujeres de entre 28 y 54 años. Se les atribuyen, siempre como presuntos autores, delitos de robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. Los cargos que figuran en las diligencias son tres:

  • Robo con fuerza en viviendas unifamiliares.
  • Pertenencia a grupo criminal (una organización estable dedicada a la comisión de delitos).
  • Falsedad documental (la elaboración o el uso de documentos falsos).

Qué implica la pertenencia a un grupo criminal

La pertenencia a grupo criminal es un delito autónomo. Castiga a quien se integra en una organización estable dedicada a cometer delitos, aunque no haya participado materialmente en todos los hechos que se atribuyen al conjunto. La falsedad documental sanciona la fabricación o el uso de documentos falsos.

En las viviendas unifamiliares, el aislamiento respecto a otros inmuebles complica la vigilancia y retrasa la detección del asalto.

Ninguna de las ocho personas detenidas ha sido condenada. Todas mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme, y las diligencias continúan abiertas.

En qué punto está la investigación

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil mantienen abierta la investigación para determinar el alcance de la actividad de ambos grupos y el número total de robos que se les puede atribuir. El comunicado difundido por los dos cuerpos no detalla la cifra de asaltos esclarecidos hasta ahora.

Las diligencias policiales se recogen en el atestado (el documento que reúne las primeras actuaciones), que se pone a disposición del juzgado competente. La fase de instrucción (la parte del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) es la que fija qué se imputa a cada detenido.

La investigación sigue abierta y la autoridad judicial determinará la situación procesal de los ocho arrestados. Hasta que exista una resolución firme, todos ellos son presuntos autores de los hechos que se les atribuyen.

Detenidos tres jóvenes por su presunta implicación en una pelea con armas blancas en Ponferrada

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes por una pelea con armas blancas en la zona de ocio de Ponferrada, en León. Dos personas resultaron heridas leves en el altercado y las fuerzas de seguridad mantienen desplegado un dispositivo para localizar a un cuarto participante que se dio a la fuga, según el comunicado difundido por el cuerpo.

Cómo se produjo la pelea, según el comunicado policial

Los hechos se registraron en torno a las 6.00 horas en la avenida de Doctor Fleming de Ponferrada, en plena zona de ocio nocturno, según detalla la Policía Nacional. La pelea fue multitudinaria, y en ella intervinieron varias personas con armas blancas, de acuerdo con la misma fuente oficial.

La primera alerta llegó al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a las 06.28 horas. El comunicado policial sitúa el suceso a primera hora de la mañana del sábado 10 de octubre, en una franja horaria en la que la zona concentra todavía a clientes de los locales de ocio.

El 112 de Castilla y León es el servicio que recibe y coordina los avisos de urgencia en la comunidad autónoma y el que activa a los recursos sanitarios y policiales cuando se registra un incidente de este tipo. Su intervención se produce siempre a partir del aviso de un particular o de los propios servicios de seguridad.

Por ahora, la Policía Nacional no ha precisado cuántas personas participaron en el enfrentamiento ni qué tipo de armas blancas se utilizaron. Tampoco ha detallado si los dos heridos leves fueron atendidos en el lugar o trasladados a un centro sanitario.

La investigación sigue abierta.

Los detenidos y el operativo desplegado

La operación la ha desarrollado la Policía Nacional de Ponferrada con la colaboración de la Policía Local. Los tres detenidos están señalados como presuntos autores (las personas a las que se atribuyen los hechos, sin que exista todavía una condena) de su participación en la pelea.

  • Tres jóvenes detenidos por su presunta implicación en el altercado.
  • Dos personas con heridas leves, según el balance oficial.
  • Un cuarto participante al que se busca tras darse a la fuga.

El dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sigue activo para localizar al cuarto implicado, que se marchó de la zona tras la reyerta. La Policía Nacional no ha facilitado su identidad ni una descripción, y tampoco ha aclarado si hay más personas investigadas.

Las fuerzas de seguridad mantienen activo el dispositivo para localizar al cuarto participante en la pelea, que se dio a la fuga.

El suceso se produjo en una de las zonas donde se concentra el ocio nocturno de la ciudad, a una hora en la que todavía había personas en la calle. La Policía Nacional ha destacado la colaboración de la Policía Local en la operación.

En qué punto está la investigación

No hay confirmación oficial de que los detenidos hayan pasado ya a disposición judicial. El comunicado policial se limita a informar de las tres detenciones y de la búsqueda del cuarto participante, sin ofrecer datos sobre el móvil del enfrentamiento ni sobre el número total de implicados.

Los hechos se plasman en un atestado (el documento policial que recoge las primeras diligencias) que se remite al juzgado competente, el que decide sobre la situación de los detenidos. El cuerpo no ha precisado en qué órgano judicial han recaído las diligencias ni cuándo se producirá la puesta a disposición.

Ninguno de los implicados ha sido identificado por las autoridades. La Policía Nacional tampoco ha concretado si solicitará medidas cautelares para los arrestados. Los siguientes pasos pasan por localizar al participante que huyó y por completar las diligencias sobre los tres detenidos.

La búsqueda del cuarto participante continúa. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación hasta localizar al implicado que se dio a la fuga, sin que por ahora haya facilitado más datos sobre lo ocurrido en la avenida de Doctor Fleming.

Qué es un psicólogo educativo y cómo ayuda en los colegios a alumnos, familias y docentes

El psicólogo educativo evalúa y aborda las dificultades de aprendizaje, la conducta y el malestar emocional del alumnado en los colegios españoles. Su presencia, sin embargo, no responde a un modelo común y su incorporación sigue siendo objeto de debate entre administraciones, centros y colegios profesionales.

Qué es un psicólogo educativo y cómo trabaja en el centro

El punto de partida es la evaluación del estudiante y de los contextos en los que se desenvuelve: el escolar, el familiar y el social. Así lo recoge el perfil profesional de la Psicología Educativa definido por el Consejo General de la Psicología (CGP). El objetivo es identificar qué factores están detrás de una dificultad concreta y qué tipo de intervención resulta más adecuada.

A partir de esa valoración, el profesional evalua y realiza intervenciones individuales o grupales, trabaja habilidades sociales y gestión emocional, aborda conflictos y coordina actuaciones con otros profesionales. Su trabajo combina la atención individual con la coordinación del entorno.

En el ámbito de las dificultades de aprendizaje, el profesional determina qué factores intervienen y qué apoyos o estrategias resultan adecuados. En el emocional, valora cambios importantes de comportamiento, tristeza, aislamiento o problemas para gestionar las emociones. Según los datos recogidos por el Govern de les Illes Balears durante el primer curso de implantación de esta figura en sus centros, entre los motivos de consulta más frecuentes estuvieron la ansiedad, los problemas familiares y las dificultades en las relaciones interpersonales.

Qué problemas detecta y a quién ayuda: alumnado, familias y docentes

orientación educativa

El acoso escolar y los obstáculos en las relaciones son otro de los frentes de actuación. El psicólogo educativo participa en la detección de situaciones de aislamiento, conflictos o posibles casos de acoso, e identifica dinámicas que generan malestar o afectan a la convivencia. Colabora además en programas preventivos sobre habilidades sociales, resolución de conflictos y convivencia. La detección temprana es una de sus funciones principales.

Las dificultades relacionadas con la familia completan el mapa. Los cambios familiares, los conflictos en casa o determinadas circunstancias personales repercuten en el comportamiento y el rendimiento escolar. El psicólogo valora cómo influyen y coordina estrategias: reuniones con las familias, orientación sobre conductas concretas, pautas comunes entre casa y colegio y acompañamiento ante situaciones que afectan al bienestar del menor. También decide cuándo una dificultad requiere la intervención de otros profesionales o servicios externos.

La presencia de psicólogos educativos en los colegios no responde a un modelo común: cada comunidad autónoma decide si incorpora esta figura y con qué financiación.

Con el profesorado, el trabajo es de asesoramiento. El psicólogo ayuda a detectar y prevenir dificultades y a buscar estrategias aplicables dentro del aula: procesos de enseñanza y aprendizaje, manejo del grupo, resolución de conflictos, convivencia y atención a la diversidad. Su intervención, por tanto, no se limita a atender al alumno de forma individual, sino que tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelve y la coordinación con los adultos que participan en su educación.

La formación de partida es el Grado o la Licenciatura en Psicología. A partir de ahí existen distintas vías de especialización mediante másteres y formación de posgrado en Psicología Educativa, además de acreditaciones profesionales específicas, como la Acreditación Nacional de Psicólogo Experto en Psicología Educativa, que contempla formación de posgrado y experiencia profesional. Los requisitos varían según el puesto y el contexto profesional, por lo que conviene diferenciar entre el ejercicio de la Psicología y las especializaciones vinculadas a la Psicología Educativa.

El Marco Educativo

La referencia estatal es la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de Educación, la norma educativa vigente desde 2020). El título II desarrolla los principios de equidad, y los artículos 71 a 79 de la LOE (Ley Orgánica de Educación, de 2006) regulan la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, el paraguas en el que encaja buena parte de este trabajo. Así consta en el texto consolidado publicado en el BOE.

La educación es una competencia compartida: el Estado fija las bases y las comunidades autónomas desarrollan y ejecutan. La incorporación de esta figura depende de cada gobierno autonómico, que decide si la incluye en su plantilla y con qué modelo de orientación educativa.

El Consejo General de la Psicología ha planteado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte la necesidad de actualizar la normativa que regula la incorporación de estos profesionales, ante las necesidades psicológicas del alumnado y las demandas que también afectan al profesorado y a las familias.

Hasta la fecha no consta la publicación en el BOE de un real decreto estatal que desarrolle esa petición. El debate sigue abierto y el precedente de Baleares, con los datos de su primer curso de implantación, es una de las referencias disponibles para medir el impacto de la medida sobre la inclusión educativa.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La figura del psicólogo educativo evalúa y aborda dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, acoso y conflictos familiares que afectan al rendimiento escolar.
  • Por qué importa: Su presencia no responde a un modelo común en España y su regulación depende de cada comunidad autónoma, sin una norma estatal específica que homogeneice su incorporación.
  • A quién le importa: A estudiantes y familias que afrontan dificultades de aprendizaje o malestar emocional, y al profesorado que necesita apoyo para gestionar el aula y la atención a la diversidad.

El Ministerio del Interior destina 19 millones anuales a inteligencia contra el narco en la costa andaluza

El Ministerio del Interior destina 19,4 millones de euros al año a medios tecnológicos e inteligencia policial contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y el conjunto de la costa andaluza.

La cifra consta en una respuesta parlamentaria del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, fechada el 21 de septiembre de 2026 y a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, Interior sostiene que las medidas impulsadas desde 2018 han permitido recuperar espacios antes dominados por redes criminales y debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico.

19,4 millones anuales para tecnología e inteligencia policial

El presupuesto destinado a medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación asciende a 19,4 millones de euros para 2026. El Ministerio precisa que esa dotación es ampliable en 2027 según las necesidades operativas sobre el terreno y subraya que su objetivo es dotar a los investigadores de inteligencia policial útil contra el narco.

La inversión se enmarca en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en julio de 2018 y prorrogado ya por quinta vez hasta el 31 de diciembre de 2027. El plan ha extendido su ámbito a todas las provincias costeras de Andalucía y a Sevilla, en lo que respecta al río Guadalquivir.

A esa dotación tecnológica se suman 18,8 millones de euros en medidas estructurales y organizativas para reforzar las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que se ampliarán en 2027 conforme a las necesidades operativas.

Desde 2018, el Plan del Campo de Gibraltar ha permitido debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico y reforzar la presencia del Estado en un enclave estratégico, según Interior.

El Ministerio defiende que, en sus ocho años de vigencia, el plan ha permitido incrementar la actividad policial con eficacia y continuidad, mejorar los recursos y capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reforzar la presencia del Estado en la zona.

Las medidas estructurales se traducen en más efectivos sobre el terreno y en una mayor capacidad de investigación de las unidades especializadas, mientras la dotación tecnológica se orienta a sensores, vigilancia marítima y sistemas de análisis de datos al servicio de la inteligencia policial.

El litoral andaluz y la petición de zona de especial singularidad

Una parte de las preguntas parlamentarias del PP se centró en la posibilidad de declarar el litoral andaluz como zona de especial singularidad. El Ministerio respondió remitiéndose al grupo de trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad que, de manera permanente, analiza indicadores objetivos como las tasas de criminalidad y la eficacia operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los populares también preguntaron si las declaraciones públicas de los mandos policiales están sujetas a algún tipo de instrucción, supervisión o directriz por parte del Gobierno. El departamento dirigido por Grande-Marlaska respondió remitiéndose al marco del plan especial y a los datos de actividad operativa desplegada en el territorio.

El contexto institucional

El Campo de Gibraltar y la costa andaluza son, desde hace años, puertas de entrada de hachís y cocaína hacia Europa. La presión de las organizaciones criminales sobre la zona obligó a diseñar un plan específico que combina refuerzo de plantillas, medios tecnológicos y coordinación de la inteligencia policial.

El CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el órgano del Ministerio del Interior que coordina la inteligencia policial) trabaja junto a unidades especializadas como la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en la persecución de estas estructuras. El propio Ministerio cifra en 19,4 millones de euros anuales el esfuerzo tecnológico, dentro de un plan que acumula ya cinco prórrogas y ocho años de vigencia.

La continuidad del plan hasta finales de 2027 y la posibilidad de ampliar su presupuesto en función de la amenaza confirman la apuesta del Ministerio del Interior por sostener la presión operativa sobre el narcotráfico en el sur peninsular. Interior mantiene abierta la revisión de indicadores para ajustar tanto la dotación tecnológica como el refuerzo de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los próximos ejercicios.