Feijóo acepta debatir con Santiago Abascal en Atresmedia y Mediaset y descarta TVE para los debates electorales del 29-N.
El Partido Popular ha cerrado este viernes su calendario de debates para la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión, adelantada por Libertad Digital, rompe el guion de 2023: la dirección de Génova se ha marcado como objetivo no repetir los errores del 23-J y acepta por primera vez un cuerpo a cuerpo televisado con el líder de Vox en un formato de cuatro candidatos. Abascal compartirá plató con Pedro Sánchez y con Alberto Núñez Feijóo.
Qué defiende Vox y por qué entra en el debate a cuatro
Vox ha venido defendiendo que los debates reflejen el mapa parlamentario real y no una foto pactada entre los dos grandes partidos. Con 33 diputados, la formación de Abascal es la tercera fuerza del Congreso de los Diputados y afronta su primera cita en un debate a cuatro con presencia simultánea del presidente del Gobierno y del candidato del PP. El argumentario del partido es conocido: ningún formato puede decidirse a espaldas de quien representa a millones de votantes, y menos cuando la cita llega con Vox consolidado como llave del bloque de la derecha.
Los ejes que la formación ha fijado para la campaña son los que su líder llevará al plató: inmigración, seguridad, fiscalidad y campo y agua. A eso se suma la crítica sostenida a la imparcialidad de RTVE, una tesis que Vox ha repetido en cada cita electoral y que ahora aparece, en parte, en las condiciones que el PP ha puesto por escrito para las entrevistas de campaña. No es un gesto de cortesía. Es el reconocimiento de un peso parlamentario que ningún formato puede ignorar.
Cómo queda el calendario y qué exige el PP a la televisión pública
El calendario tiene tres fechas. El cara a cara entre Feijóo y Sánchez se celebrará el 16 de noviembre, en la primera semana de campaña, y lo organizará Mediaset. El debate de portavoces de los grupos con representación parlamentaria llegará el 23 de noviembre, con Ester Muñoz en representación del PP, y correrá a cargo de RTVE. El debate a cuatro —Sánchez, Feijóo, Abascal y la persona que designen las izquierdas— se celebrará el 26 de noviembre en Atresmedia, tres días antes de la votación.
La televisión pública queda así fuera de los debates de candidatos. El PP solo acudirá a RTVE para la cita de portavoces y lanza un aviso sobre las entrevistas electorales, reguladas por la Junta Electoral Central: Feijóo valorará su asistencia siempre que la entrevista se desarrolle en un espacio de producción propia, lo que descarta los formatos encargados a productoras externas. ‘Deben ser ellos y no una productora externa quienes asuman el reto’, sostiene el comunicado difundido por el partido.
El PP corrige en tres fechas el error de 2023 y acepta un plató en el que Vox ya no es invitado: forma parte del cartel.
Con lo que respecta a las entrevistas en medios de titularidad pública, el PP mantiene la puerta abierta con condiciones estrictas y justifica la cautela en la ‘innegable parcialidad y sumisión a los intereses de la dirección de RTVE’ que atribuye al ente público. Es una crítica que Vox viene formulando desde hace años y que sitúa a ambas formaciones en el mismo flanco del debate sobre el uso de la televisión pública en campaña.
La primera batalla del 29-N: qué gana y qué arriesga Vox
El movimiento del PP tiene una lectura interna. En 2023, Feijóo rechazó el debate a cuatro y el coste político fue evidente: el candidato quedó fuera de la principal cita televisiva de la campaña, con Sánchez y Abascal compartiendo plató. Repetir esa ausencia era, para Génova, un riesgo innecesario. Tres años después, el PP acepta el formato que entonces evitó, con el objetivo declarado de mejorar el resultado del 23-J.
Para Vox, el escenario tiene dos caras. La primera es la oportunidad: Abascal comparece ante la mayor audiencia de la campaña y traslada sus propuestas sin intermediarios, en un terreno donde su discurso sobre inmigración, seguridad y fiscalidad ha crecido en los sondeos. La segunda es el riesgo conocido: el PP jugará a concentrar el voto de la derecha, y cada aparición conjunta alimenta el marco del voto útil que el partido rechaza con un argumento propio. Sin Vox, sostienen, no hay mayorías posibles.
La dirección afronta la campaña con ese doble cálculo y con un precedente que pesa: el pulso permanente con el PP por el espacio de la derecha, la exigencia de condiciones para futuras investiduras y la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos como recordatorio de que los acuerdos no salen gratis. Los debates electorales del 29-N son la primera batalla de esa pugna. La campaña arranca en noviembre y, antes de la primera urna, Vox ya ha logrado algo que no tenía hace tres años: que su líder no sea una nota al pie del cartel.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves, por 381 votos a favor y 167 en contra, una resolución que presiona para incluir a organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes en la lista terrorista de la Unión Europea.
Quince abstenciones completaron el recuento. Y una advertencia previa al debate: el texto no designa a nadie. La Eurocámara reclama a los Estados miembros que aporten información para que el Consejo de la UE evalúe si determinados individuos y entidades vinculados al movimiento cumplen los criterios de inclusión. Pide además escrutinio sobre supuestas organizaciones pantalla, redes financieras y grupos juveniles, y encarga a la Comisión Europea que investigue si fondos públicos comunitarios han llegado a a esas estructuras.
La iniciativa la lideró el Partido Popular Europeo (PPE), el grupo mayoritario de la Cámara, con apoyo de conservadores y centristas. Los Conservadores y Reformistas Europeos lo celebraron como ‘una victoria enorme’ por su trabajo y resumieron su objetivo en tres consignas: ‘sin financiación, sin colaboración y sin más entryismo de los Hermanos Musulmanes en las instituciones europeas y en los Estados miembros’. El entryism —la estrategia de ganar peso social en asociaciones, colegios y ONG en lugar de disputar elecciones— vertebra todo el texto.
‘El islam como fe y el islam político como ideología no deben confundirse’, defendió antes de la votación la eurodiputada francesa Céline Imart, del PPE. ‘Donde las reglas lo permitan, el Consejo debería incluir a individuos y organizaciones vinculados a los Hermanos Musulmanes como entidades terroristas’, añadió. ‘El dinero europeo no puede financiar a grupos que amenazan nuestros derechos y libertades’.
La votación no nace aislada. Llega después de que el Gobierno francés abriera en mayo de 2025 una investigación sobre la expansión del movimiento a través de asociaciones religiosas, centros educativos y organizaciones civiles, y de que la Asamblea Nacional francesa aprobara en enero una resolución pidiendo estudiar la designación a escala comunitaria. El Congreso Judío Europeo saludó el resultado y reclamó al Consejo que actúe en consecuencia.
Bruselas no ha declarado terroristas a los Hermanos Musulmanes: ha abierto la puerta a que el Consejo lo haga, y eso cambia la conversación.
De Washington a Estrasburgo: la convergencia que reordena el tablero
La Administración de Donald Trump llegó antes. En enero de este año designó a tres ramas de los Hermanos Musulmanes como entidades terroristas, después de ordenar en noviembre de 2025 una revisión de todas sus filiales. El Departamento de Estado colocó a la rama libanesa en dos listas simultáneas —la de organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y la de terrorista global especialmente designada—, y el Departamento del Tesoro hizo lo propio con las ramas egipcia y jordana, señalando su respaldo a Hamás. ‘Estas designaciones reflejan las acciones iniciales de un esfuerzo sostenido para frustrar la violencia y la desestabilización de los capítulos de los Hermanos Musulmanes allí donde se produzcan’, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.
En términos prácticos, entrar en esas listas congela activos y convierte cualquier apoyo material en delito federal. El listón europeo es otro. La lista común de la UE exige una decisión del Consejo sustentada en indicios aportados por los Estados, y los tribunales europeos han anulado en el pasado inclusiones por insuficiencia probatoria. Bruselas no firma designaciones con la misma manga ancha que Washington.
El dinero es el argumento.
Para España, el frente abierto es presupuestario antes que diplomático. El país es uno de los principales receptores de fondos estructurales y de los programas de integración que gestionan comunidades autónomas y entidades sociales, y la auditoría que la resolución encarga a la Comisión pasaría por esos canales. En el plano comercial no hay exposición: la resolución no toca aranceles ni contratos. El ruido llega por otro lado, por la convivencia y por el encaje legal de las comunidades musulmanas en Europa.
La Lógica de Washington
Conviene entender por qué Washington se movió primero y por qué lo hizo así. La designación de organizaciones vinculadas a un movimiento religioso es un instrumento viejo: el Departamento de Estado estrenó su lista de organizaciones terroristas extranjeras en 1997 con Hamás y, tras el 11-S, convirtió el apoyo material en un delito con penas de hasta veinte años. La novedad de 2026 no es la herramienta, es el objeto. En 2019, la primera Administración Trump estudió designar al completo a los Hermanos Musulmanes y el expediente se quedó atascado entre reparos de Turquía y Qatar y dudas internas sobre cómo etiquetar a un movimiento con ramas legales en media docena de países. La fórmula que ha salido adelante es más quirúrgica: capítulos concretos, países concretos.
La coalición que sostiene la medida es la misma que ha reordenado la política exterior republicana: halcones de seguridad nacional, el bloque evangélico y una parte del electorado judío conservador que ha desplazado sus prioridades hacia la lucha contra el islamismo político. Para ese electorado, lo votado en Estrasburgo no es un gesto simbólico: es la confirmación de que Europa empieza a copiar un manual que Estados Unidos aplica desde hace años.
El impacto para España se juega en dos plazos. El primero es administrativo: la Comisión decide si abre auditoría, y las entidades españolas que operan con fondos europeos tendrán que documentar mejor de dónde viene cada euro. El segundo es político: si el Consejo mueve ficha, España votará una designación que condiciona el estatus legal de asociaciones con presencia en Madrid y Melilla. La comparación con otros socios es inevitable. Francia lleva dos años empujando el expediente. Alemania y Austria mantienen sus propios registros de asociaciones islamistas. España, que comparte con Marruecos una cooperación antiterrorista muy consolidada, llega a este debate con un enfoque más operativo que simbólico.
La proyección es clara, pero sin calendario. No hay fecha de entrada en vigor porque no hay designación: el Consejo evaluará la información que aporten los Estados, la Comisión decidirá si audita fondos y los parlamentos nacionales seguirán el rastro que ha dejado la Eurocámara. El riesgo real es jurídico. Cada inclusión en la lista comunitaria puede acabar en Luxemburgo, y una anulación judicial desharía en un día lo que una votación tardó meses en construir.
Nadie dijo que fuera rápido.
Ficha del Caso
El caso: El Parlamento Europeo aprueba una resolución que presiona al Consejo y a la Comisión para evaluar la inclusión de entidades y personas vinculadas a los Hermanos Musulmanes en la lista terrorista europea y auditar el uso de fondos públicos.
Datos clave: 381 votos a favor, 167 en contra y 15 abstenciones. La resolución no designa a nadie: pide información a los Estados miembros. Estados Unidos ya designó en enero tres ramas del movimiento (la libanesa, la egipcia y la jordana).
Para España: sin impacto comercial directo. El frente es presupuestario, por su condición de receptor de fondos estructurales sujetos a la auditoría que reclama la Eurocámara, y político, por el estatus legal de las asociaciones vinculadas al movimiento.
¿Qué ha pasado? La Diputación de Zaragoza ha convocado una nueva edición del plan Agenda 2030, dotada con 22 millones de euros para 292 municipios de la provincia.
¿Quién está detrás? La institución provincial que preside Juan Antonio Sánchez Quero, junto a los ayuntamientos beneficiarios.
¿Qué impacto tiene? Los consistorios tienen hasta el 24 de octubre para solicitar unas ayudas que se anticiparán al 90% antes de que acabe el año.
La Diputación de Zaragoza moviliza 22 millones para que 292 municipios de la provincia arreglen sus calles y caminos.
Veintidós millones repartidos entre 292 ayuntamientos
Las bases de la nueva edición del plan Agenda 2030 se publicaron este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y los consistorios pueden presentar sus solicitudes en en la sede electrónica de la Diputación de Zaragoza hasta el 24 de octubre. Las sucesivas ediciones del programa acumulan ya 97 millones de euros invertidos en el medio rural zaragozano.
El reparto es simétrico. Once millones van al arreglo de caminos y otros once a la mejora de los servicios básicos municipales: pavimentación de calles, abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público, seguridad, parques y jardines o gestión de residuos. El objetivo declarado es frenar la despoblación mejorando lo cotidiano, aquello que sostiene la vida diaria de un pueblo.
La horquilla de las subvenciones es amplia y depende de la fórmula fijada en las bases: entre los 436.000 euros de Ejea de los Caballeros y los 48.000 de Pleitas, cada ayuntamiento conoce ya el techo de su asignación antes de presentar el proyecto.
El calendario aprieta: del 24 de octubre al 30 de septiembre de 2027
Una vez aprobado el plan, la institución provincial anticipará a los ayuntamientos el 90% de las ayudas antes de que termine el año. El 10% restante se abonará en 2027, condicionado a la justificación de las inversiones ejecutadas. El periodo de obra se extiende del 1 de enero de este año al 30 de septiembre de 2027, siempre que la actuación arranque en 2026.
«El desarrollo rural también debe ser sostenible», sostiene el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que resume el doble objetivo de la convocatoria: mejorar infraestructuras y acercar a los ayuntamientos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más ligados a las competencias locales.
Sobre 292 municipios se reparten 22 millones: la diferencia entre arreglar una calle o dejarla como está durante otra década.
Con todo, el pulso administrativo se juega en despachos pequeños. Buena parte de los 292 municipios beneficiarios no llega al millar de habitantes y comparte secretaría con ayuntamientos vecinos. Presentar la solicitud a tiempo y justificar después la obra exige una capacidad técnica desigual, y quien no la tenga se arriesga a no cobrar el tramo final.
El Pulso Territorial
El plan Agenda 2030 es la seña de identidad del equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza, que lo ha mantenido edición tras edición y lo presenta ahora como escaparate ante la próxima cita con las urnas: las elecciones municipales previstas para mayo de 2027 renovarán las corporaciones locales y, con ellas, la composición de la institución provincial. Para los 292 ayuntamientos, esta convocatoria es tanto una inyección económica como una carta de presentación.
Conviene mirar el mapa. Aragón suma 731 municipios, 292 de ellos en la provincia de Zaragoza, una atomización que comparten comunidades como Castilla y León, con más de 4.800 ayuntamientos y planes de inversión rural de perfil similar. En tierras aragonesas, las diputaciones de Huesca y Teruel despliegan programas equivalentes, aunque con presupuestos más modestos. La incógnita no es si el dinero llegará, sino si 22 millones por convocatoria bastan para doblar la curva demográfica de una provincia que pierde vecinos de forma sostenida desde hace décadas. El primer hito es el 24 de octubre. Después, resolución, anticipos y dos años de obras por delante.
Ficha Autonómica
El caso: La Diputación de Zaragoza activa una nueva edición del plan Agenda 2030 para renovar calles, servicios básicos y caminos en 292 municipios y frenar la despoblación.
Datos importantes: 22 millones en total, 11 para caminos y 11 para servicios básicos; subvenciones de entre 48.000 y 436.000 euros; anticipo del 90% antes de que acabe 2026 y 10% en 2027; ejecución del 1 de enero de 2026 al 30 de septiembre de 2027.
Resumen: Las bases se publicaron el 9 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo de solicitud termina el 24 de octubre. A partir de ahí, resolución, reparto de anticipos y justificación final en 2027.
Compromís está a medio punto del PSOE en la Comunitat Valenciana, según la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo.
Los números del sondeo: el PP retiene la Generalitat y Compromís roza el sorpasso
El sondeo, realizado entre el 1 y el 6 de octubre con 1.450 entrevistas y un margen de error de ±2,6%, dibuja un PP que sigue siendo primera fuerza con el 32% de los votos y una horquilla de 33 a 36 escaños en las Corts Valencianes, el parlamento unicameral valenciano, con 99 diputados. Está por debajo de los 40 escaños que logró en 2023. Pero su suma con Vox —17,5% de los votos y entre 16 y 18 diputados— rebasa con holgura la mayoría absoluta en el escenario alto: 54 escaños frente a los 53 actuales.
La gran baza de Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat desde diciembre de 2025, es casi diez puntos de ventaja sobre el PSPV-PSOE. Los socialistas caen al 22,3%, cinco puntos menos que en las elecciones autonómicas de 2023 y casi dos por debajo del sondeo de mayo, y bajarían de 31 escaños a 23-25. Compromís, con el 21,8%, se queda a 0,5 puntos y a unos 12.500 votos del sorpasso.
El bloque de la izquierda no alcanza: PSPV y Compromís sumarían como mucho 48 escaños, lejos de los 50 que marcan la mayoría. Las cifras no cierran para un vuelco. Vox retiene al 80,9% de quienes le votaron en 2023 y pesca un 11,7% del electorado popular.
La dana pasa factura en la circunscripción de Valencia
Hay un dato que merece subrayado. En la provincia de Valencia, la que sufrió de lleno la DANA —la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024—, Compromís obtiene más diputados que el PSOE: 11-12 frente a 9-10. Los socialistas pierden entre dos y tres escaños por esta circunscripción. El PP se deja los mismos. Son los dos grandes partidos los que acusan el desgaste por la gestión de la crisis.
A las puertas de los dos años de la dana, el castigo electoral no distingue siglas en la provincia que sufrió el agua.
En valoración de líderes, Joan Baldoví (4,2) supera por poco a Pérez Llorca (4,1), y ambos dejan atrás a Diana Morant (3,7), ya confirmada como candidata del PSPV a la Generalitat, y a José María Llanos (3,2), portavoz de Vox, que suspende. Cuando se pregunta quién debería ser el próximo president, gana Llorca con el 29,9%, por delante de Baldoví (21,4%), y Morant (20,5%). Eso sí, quien mejor representa los intereses valencianos, según los encuestados, es Baldoví, con un 29,5%.
Con las acampadas por la vivienda en la calle y los decretos del Gobierno central sobre la mesa se hizo el trabajo de campo, entre el 1 y el 6 de octubre, apenas unos días antes de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales. Vivienda y educación son los terrenos donde los propios encuestados perciben más retroceso.
El Escenario Valenciano
El pacto entre PP y Vox aguanta en la Generalitat sin sobresaltos visibles, y el sondeo le da argumentos para sostenerlo: en el escenario alto, ambos suman 54 escaños frente a los 53 actuales. Carlos Mazón dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la dana, mantiene su acta de diputado en las Corts y sigue vinculado al proceso judicial de la catástrofe. Su sucesor ha consolidado perfil en el primer año de mandato.
La oposición llega dividida y en competencia interna. El PSPV ya ha confirmado a Morant como candidata, pero pierde un 13,1% de sus votantes hacia Compromís y es el partido con más indecisos entre quienes le votaron en 2023: un 14,5% no sabe si repetirá. El desgaste no es solo socialista. En la circunscripción de Valencia, donde se concentra el voto de las comarcas inundadas, los dos grandes partidos ceden escaños.
En Madrid, la lectura nacional incomoda. En una comunidad decisiva para el reparto de escaños, que un partido nacionalista esté a 12.500 votos de superar al PSOE cuestiona la hegemonía socialista en su propio feudo y complica la campaña del Gobierno en las generales anticipadas anunciadas el 5 de octubre. Al PP le ocurre lo contrario: necesita Valencia para gobernar España y el desgaste de la dana sigue recortándole escaños en la circunscripción más poblada.
La propia encuesta ofrece el precedente: en 2023 la distancia era de 350.000 votos. Ahora es de 12.500. Los próximos hitos son dos. El primero, la cita con las urnas que abrirá el adelanto electoral. El segundo, el ritmo de la reconstrucción, donde el Plan RERD —el instrumento de la Generalitat para canalizar los fondos de la DANA— seguirá midiendo la gestión del Consell ante los afectados.
Ficha del Caso
El caso: La encuesta de Sigma Dos para El Mundo, publicada el 8 de octubre de 2026, retrata la correlación de fuerzas valenciana a las puertas de las elecciones generales.
Datos importantes: PP 32% (33-36 escaños), Vox 17,5% (16-18), PSPV-PSOE 22,3% (23-25) y Compromís 21,8%. 1.450 entrevistas, margen de error de ±2,6% y trabajo de campo del 1 al 6 de octubre.
Resumen: El PP y Vox retendrían la Generalitat y Compromís se queda a 12.500 votos de superar al PSOE, un aviso para el Gobierno central en una comunidad decisiva.
El Consell ha cifrado en más de veinte los expedientes tramitados por la oficina de retorno que Vox impuso en los presupuestos de la Generalitat de 2026. La vicepresidenta primera del Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana), Susana Camarero, ha recordado en las Corts que los retornos los ejecuta el Gobierno central.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha pasado? El Consell cifra en más de veinte los expedientes tramitados por la oficina de retorno que Vox exigió, y defiende que el servicio también atiende a víctimas de discriminación.
¿Quién está detrás? La vicepresidenta primera, Susana Camarero, respondió en el pleno de las Corts a un diputado de Vox; el president es Juanfran Pérez Llorca.
¿Qué impacto tiene? Los retornos dependen del Gobierno de España, así que el pulso PP-Vox se traslada al debate migratorio nacional.
Veinte expedientes, un millón de euros y una oficina que Vox no reconoce
El malestar de la derecha radical viene de lejos. En el Debate de Política General del pasado lunes, el síndic de Vox —el portavoz del grupo parlamentario— dejó claro que su formación esperaba otra cosa de esa entidad. Este jueves, en el pleno de las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños), un diputado del grupo llevó la queja directamente a la vicepresidenta primera.
La acusación fue concreta. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, dijo en ese debate «algo totalmente erróneo sobre esta nueva oficina», según recogió el propio Vox: que servía para la homologación de títulos extranjeros y para algo relacionado con el retorno voluntario. Para la derecha radical, el objetivo pactado era otro: impulsar programas de retorno voluntario y no convalidar títulos.
La respuesta de Susana Camarero combinó cifra y marco. El Consell ha tramitado más de veinte expedientes de personas migrantes interesadas en volver a sus países de origen, con información, asesoramiento y acompañamiento para unos trámites que no dependen de la Generalitat. «Los retornos los hace el Gobierno de España», recordó la vicepresidenta a sus socios. La pelota, por tanto, queda en Madrid.
La oficina llegó a los presupuestos como moneda de cambio. Vox forzó la reformulación de la Oficina Valenciana de Inclusión y la dotó con casi un millón de euros —algo más de 900.000— en las cuentas de la Generalitat para 2026, aprobadas antes de agosto. El servicio está externalizado a través de dos entidades del del tercer sector especializadas. Casi un millón de euros para una ventanilla con veinte expedientes.
Lo que la oficina hace de verdad: acompañar, no deportar
Según la información que la propia oficina publica en sus perfiles, sus líneas de actuación van mucho más allá del retorno. Ofrece un servicio de atención integral y gratuita a personas migrantes y a víctimas de delitos de odio y discriminación: acompañamiento social y psicológico adaptado a cada caso, asesoramiento jurídico en extranjería, apoyo lingüístico, orientación laboral, formación, y apoyo al empleo. Es decir, la misma ventanilla que Vox quería para el retorno tramita también denuncias por discriminación.
Casi un millón de euros después, la oficina que Vox diseñó para el retorno acaba sosteniendo la política de integración del Consell.
Camarero defendió esa doble vía sin complejos. El Consell trabaja por «la integración» social y laboral de quienes viven en la Comunitat Valenciana y, en paralelo, ayuda a quien «libre y voluntariamente decida retornar a su país». Sobre los títulos, la número dos del ejecutivo fue explícita: quien está legalmente en España «se merece trabajar en lo que se ha preparado y en lo que ha estudiado». Eso sí, tendió un puente a sus socios con una crítica compartida. La diana fue la política migratoria de Pedro Sánchez.
El Escenario Valenciano
En clave valenciana, la oficina funciona como termómetro del pacto. Vox la considera suya y no reconoce la versión que dan sus socios; el PP la presenta como una herramienta de inclusión con un añadido de retorno voluntario. El president Juanfran Pérez Llorca evitó entrar en esa disputa semántica y prefirió enmarcarla en otro contexto durante el Debate de Política General. En la oposición, PSPV y Compromís tienen un argumento servido: el nombre del ente lo puso Vox y su presupuesto lo firmó el PP. Ahí está la paradoja: el Consell defiende la integración con el dinero que Vox destinó al retorno.
La dimensión nacional es inevitable. Las competencias de extranjería, retorno y expulsión son estatales: las ejecuta el Ministerio del Interior y, en el retorno voluntario, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con programas específicos desde hace años. Eso deja a la Generalitat en un papel de ventanilla y acompañamiento y a Vox con una bandera que en Valencia no puede izar sola. Para el PP, el pulso tiene un coste doble: cada vez que Vox reclama la oficina como propia, el Gobierno de Sánchez recuerda que la política migratoria se decide en Madrid.
Queda por ver qué ocurre en la negociación de los presupuestos de 2027 y si Vox vuelve a exigir más músculo para el ente. Mientras, los veinte expedientes seguirán siendo la referencia de una pelea mucho más grande. En el centro, personas que quieren volver a casa o que necesitan un abogado porque alguien les insultó por su origen. La política migratoria también se mide ahí.
Ficha del Caso
El caso: Vox exige que la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno sirva para impulsar retornos, mientras el Consell defiende que también atiende a personas migrantes y a víctimas de discriminación.
Datos importantes: Más de 20 expedientes tramitados; casi un millón de euros de presupuesto (algo más de 900.000) en las cuentas de 2026; servicio externalizado a dos entidades del tercer sector; los retornos los ejecuta el Gobierno de España.
Resumen: El pulso entre PP y Vox por el sentido de la oficina expone la tensión del pacto valenciano y devuelve el foco a Madrid, donde se decide la política migratoria.
La Xunta de Galicia renuncia a los macrocentros: su nuevo plan de residencias repartirá 1.800 plazas en 25 centros modulares.
San Cibrao das Viñas: 1.800 plazas y 25 centros sin macrocentros
El Alfonso Rueda eligió la localidad ourensana de San Cibrao das Viñas para presentar el nuevo mapa de residencias de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela). Los 25 concellos (municipios) seleccionados ya se han adherido al proyecto, que apuesta por módulos de convivencia de entre 20 y 30 personas. “Nós non queremos macrocentros. Queremos fogares para as persoas maiores”, resumió el presidente de la Xunta, que reivindicó el derecho de los mayores a envejecer cerca de sus raíces.
Las cifras acompañan el discurso: 1.800 nuevas plazas, de las que el 60% serán de titularidad pública, y el compromiso de crear 1.000 puestos de trabajo directos y unos 3.000 indirectos en construcción, hostelería y servicios de proximidad. Cada área contará con una residencia principal de más de 100 plazas y un centro satélite de unas 30 en una localidad próxima.
En la provincia de Ourense se levantarán cinco de esos centros. Dos serán grandes, en San Cibrao das Viñas y Ribadavia; otros tres, más reducidos, llegarán a Toén, Castrelo de Miño, y Padrenda. El reparto dibuja un mapa pensado para el rural ourensano, donde la distancia al recurso más cercano pesa tanto como la propia plaza.
Un año para ceder el suelo y la incógnita de la licitación
El calendario depende ahora de los ayuntamientos. Cada concello dispone de un año para ceder el terreno, y de ahí sale la primera incógnita del plan. “Canto antes nos cedan a parcela, antes procederemos a licitar eses centros”, advirtió la conselleira (consejera autonómica) de Política Social, Fabiola García. Sin suelo no hay obra; sin obra, las plazas siguen siendo un anuncio.
El éxito de este plan no se medirá en plazas anunciadas, sino en suelos cedidos y licitaciones firmadas dentro del plazo de un año.
San Cibrao das Viñas ha tomado la delantera. Tras años de trámites urbanísticos, el terreno de Reboredo está ya a disposición de la Xunta: 32.000 metros cuadrados de área de reparto, de los que 10.500 se destinarán a la residencia. “Si se quere mañá mesmo poderían empezar as obras”, aseguró el arquitecto municipal, Ramón Valencia, con el proyecto de urbanización aprobado. La alcaldesa, Marta Nóvoa, celebró haber conseguido una demanda histórica de sus vecinos.
El contexto que empuja todo esto es demográfico. Galicia figura desde hace años entre las comunidades más envejecidas de España en las estadísticas del Instituto Galego de Estatística, con una red de núcleos rurales donde el recurso residencial más cercano puede estar a media hora en coche. El módulo pequeño encaja mejor en ese mapa que una macrorresidencia a las afueras de una ciudad.
Queda por resolver la letra pequeña: el ratio de profesionales por módulo, la gestión de las plazas no públicas y la fórmula de concierto con entidades sociales y empresas. La Consellería (el equivalente gallego de un ministerio autonómico) no ha detallado aún esos extremos. Ahí se juega la calidad real del servicio.
El nuevo mapa tendrá que pasar por el filtro del Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados), donde el BNG y el PSdeG podrán interpelar a la conselleira sobre plazos, ratios y presupuesto. El debate llegará cuando empiecen a licitarse las primeras obras.
El Laboratorio Gallego
El PPdeG gobierna Galicia con mayorías absolutas desde 2009, y eso le permite marcar agenda sin depender de nadie. Alfonso Rueda llegó a la presidencia de la Xunta en 2022, tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo a Madrid, y desde entonces busca un sello propio. Los cuidados son hoy uno de sus terrenos más visibles: un modelo que se presenta como antítesis del macrocentro y que, en la práctica, compromete 1.800 plazas y varios años de ejecución.
El BNG de Ana Pontón ha hecho de los servicios sociales su principal ariete parlamentario, y el PSdeG compite por ese mismo espacio. Ninguno de los dos puede oponerse a construir residencias en el rural sin pagar un coste electoral; la disputa se librará en el ritmo, la financiación y el modelo laboral de los centros.
El PP nacional ha reivindicado en distintas ocasiones la gestión gallega como referencia, y el debate entre macrorresidencias y unidades de convivencia recorre España desde hace años. Lo relevante es que Galicia lo convierte ahora en un plan con cifras. Si funciona, el “modelo gallego” ganará peso en el discurso del PP para el conjunto del país; si los suelos se retrasan, el laboratorio mostrará su otra cara. Los concellos tienen hasta el otoño de 2027 para ceder parcelas y la legislatura autonómica tiene horizonte 2028.
Mientras tanto, en San Cibrao das Viñas el terreno espera. Galicia lleva tiempo mirando a Madrid, pero en dependencia el espejo funciona al revés: lo que se aprueba en Santiago acaba citándose en el Congreso. La duda es si llegará a tiempo para quienes hoy tienen 85 años y viven solos.
Ficha del Caso
El caso: La Xunta de Galicia presenta un nuevo plan de residencias que descarta los macrocentros y apuesta por módulos de convivencia de 20 a 30 personas en 25 concellos.
Datos importantes: 1.800 nuevas plazas, el 60% públicas; 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos; cinco centros en la provincia de Ourense (San Cibrao das Viñas, Ribadavia, Toén, Castrelo de Miño y Padrenda); un año para ceder los terrenos.
Resumen: El plan llega con los 25 concellos ya adheridos y depende ahora de la cesión del suelo y de la licitación. Galicia vuelve a colocarse como escaparate de gestión para el PP nacional en pleno debate sobre dependencia.
La candidatura de ERC para el 29-N se ha convertido en un pulso a tres bandas. Gabriel Rufián quiere repetir como cabeza de cartel, la dirección le garantiza su apoyo en público, y la maquinaria republicana ya ha activado un plan B por si el portavoz en Madrid acaba renunciando.
El nombre que gana enteros como alternativa es el de Jordi Albert, portavoz adjunto en el Parlament y hombre de confianza de Oriol Junqueras. Esta semana ha iniciado la recogida de avales para ser candidato por el Baix Llobregat, un movimiento que dibuja ya un sustituto natural si la opción de Rufián se deshincha.
El plazo para postularse vence este domingo a las seis de la tarde. Desde la dirección insisten en que el plan A sigue siendo Rufián y que la alternativa es una hipótesis no deseada, pero las negociaciones siguen abiertas y las posiciones, enconadas.
El propio Rufián rompió su silencio hace apenas un día a través de X. Dijo que quiere representar a su partido, sí, pero con ‘unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene’. Y añadió su tesis de fondo: ‘Estoy intentando acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana’.
Ahí está el nudo. Rufián no da su brazo a torcer con la confluencia: defiende una lista única a la izquierda del PSOE capitaneada por las fuerzas soberanistas y sostiene que la suma no da. Ha tanteado a Bildu, el BNG, y Adelante Andalucía, y todos han descartado concurrir juntos.
El pulso de ERC no es solo por un nombre: es la vieja discusión entre presentarse con las siglas propias o diluirse en un frente amplio que casi nadie más quiere.
El plan B que la dirección no quiere nombrar
Jordi Albert no es un recién llegado. Fue concejal en Sant Andreu de la Barca entre 2007 y 2019 y es diputado en el Parlament desde 2018. Está muy próximo a Junqueras, con quien el líder de Esquerra mantiene estas semanas las reuniones sobre la crisis educativa. Cuando trascendió la división en el grupo del Congreso, su nombre ya sonaba para sustituir a Rufián.
Su movimiento apunta a un puesto de salida por Barcelona. Pero si Rufián acaba descartando el tique, el portavoz adjunto gana enteros como la alternativa real. Es un valor al alza dentro de ERC, y eso, en una formación con las costuras tensadas, no es un detalle menor.
El resto de la lista se va despejando. Inés Granollers, diputada próxima a Rufián, aspira a Lleida, y en Tarragona lideraría Norma Pujol, secretaria general adjunta.
El frente abierto está en Girona: el 17 de octubre podrían celebrarse primarias entre Teresa Jordà y Etna Estrems, y Rufián prefiere a la segunda. Ambas necesitan reunir un 5% de avales antes del domingo.
No repetirán Pilar Vallugera ni Jordi Salvador, que se despidieron con críticas hacia el portavoz en el Congreso.
Queda por resolver si vuelve Francesc-Marc Álvaro. Lo que sí está definido es la dirección de campaña: Lluís Salvadó, el negociador habitual con el Govern y con el PSOE.
La confluencia que ERC rechaza y la izquierda que la reclama
Hay dos relatos que conviven sin reconciliarse. Junqueras y Elisenda Alamany han garantizado su apoyo a Rufián esta semana de forma pública, mientras el partido mantiene su negativa a formar un frente de izquierdas y se prepara para presentarse con sus solas siglas en las cuatro demarcaciones catalanas.
La portavoz ha sido tajante: ‘El candidato de ERC tiene que hacer campaña por ERC’. Es la línea oficial, y choca de frente con la hoja de ruta que Rufián viene defendiendo desde hace meses.
Al otro lado del tablero, el frente amplio tiene padrinos de peso. Ada Colau e Irene Montero han expresado su deseo de que Rufián forme parte de una candidatura de izquierdas amplia. Podemos, que aboga por unas primarias abiertas, tantea al portavoz de ERC en Madrid para colaborar, incluso con algún acto conjunto en campaña.
Ninguna de esas puertas ha dado fruto. Bildu, el BNG y Adelante Andalucía descartaron ir juntos al Congreso y nada les hace cambiar de parecer. La confluencia que Rufián imagina existe como deseo más que como proyecto, y esa distancia es la que ERC no sabe cómo gestionar.
La Dinámica de Coalición
Lo que ocurre en ERC resuena en el espacio de Sumar. La reclamación de un frente amplio que formula Colau —cuya Catalunya en Comú forma parte del ecosistema de la formación de Yolanda Díaz— y el tanteo de Podemos dibujan la misma tensión que Sumar conoce bien: siglas propias o paraguas común. La diferencia es que aquí el pulso se libra a semanas de una cita electoral y sin red.
El equilibrio interno es frágil. ERC quiere competir sola, pero necesita a Rufián, su activo más reconocible en Madrid. Rufián quiere al partido, pero no sin la compañía que la dirección le niega. Es el círculo que la dirección no ha logrado cerrar, y el domingo se agota el margen para hacerlo.
La proyección es clara. Si el plazo del domingo a las 18:00 pasa sin una solución firme, el plan B de Albert dejará de ser una hipótesis. Si Rufián cede, la confluencia soberanista quedará enterrada en esta convocatoria. Y las primarias de Girona del 17 de octubre serán el primer test de cómo ERC resuelve, con avales y urnas internas, una pelea que hasta ahora se libraba en los medios.
Ficha del Caso
El caso: ERC mantiene a Gabriel Rufián como candidato al 29-N pero activa un plan B con Jordi Albert ante el plazo interno que vence este domingo a las 18:00, en plena negociación por la confluencia de la izquierda soberanista.
Datos importantes: El plazo para postularse vence el 11 de octubre a las 18:00. Las primarias de Girona podrían celebrarse el 17 de octubre si Teresa Jordà y Etna Estrems logran un 5% de avales. Rufián ha tanteado a Bildu, el BNG y Adelante Andalucía, que rechazaron concurrir juntos.
Resumen: El desenlace condiciona la estrategia de ERC y su relación con el resto de la izquierda, incluido el espacio de Sumar, donde Colau y Podemos ya reclaman a Rufián para un frente común.
¿Cómo convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva para las empresas? Esta será una de las principales cuestiones del III Congreso Sostenibilidad.es, que reunirá el próximo 13 de octubre en Madrid a representantes institucionales, directivos y especialistas para analizar las tendencias, oportunidades y soluciones que están transformando el mundo empresarial.
Bajo el lema «De la acción a la huella: impactar es la meta», el encuentro se celebrará en Meeting Place Castellana 81, de 9:00 a 15:00 horas, con una agenda que combina ponencias y mesas de debate sobre algunos de los grandes retos de la sostenibilidad. Además, esta edición incorporará por primera vez una entrega de premios para reconocer el liderazgo y las iniciativas que impulsan un futuro más sostenible.
La asistencia será gratuita, una oportunidad para conocer de primera mano las estrategias que están aplicando empresas e instituciones y descubrir cómo la innovación y la sostenibilidad pueden contribuir al crecimiento y la competitividad.
Expertos y empresas compartirán las claves de la transformación sostenible
La jornada comenzará con la inauguración oficial de Cristina Aparicio Maeztu, directora general de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid.
Uno de los primeros bloques estará dedicado a la transición energética y a los retos de la descarbonización. Carlos Ballesteros, director general de ANESE, moderará una mesa con representantes de Grupo Griñó, GreenYellow España, Endesa y Cox para analizar la integración de energías renovables, la flexibilidad de la demanda y la evolución del sistema energético.
La agenda incluirá también una ponencia de Ismael Aznar, socio responsable de Medio Ambiente y Clima de PwC Tax & Legal, sobre la comunicación de la sostenibilidad y la prevención del greenwashing ante el nuevo marco regulatorio.
La movilidad sostenible y la economía circular protagonizarán otro de los debates, con la participación de profesionales de la Universidad Europea, BASF, Cabify y OMODA & JAECOO. La mesa abordará las soluciones que pueden contribuir a reducir el impacto ambiental y avanzar hacia ciudades más inteligentes, conectadas y descarbonizadas. A continuación, David Henche, responsable de Comunicación y ESG de Ayvens, profundizará en la relación entre movilidad y sostenibilidad.
Inteligencia artificial, competitividad y nuevas oportunidades de negocio
La innovación tendrá un papel destacado en el congreso. La mesa «Empresa, competitividad e IA aplicada a la sostenibilidad: claves para crecer en un nuevo escenario», moderada por Germán Granda, director general de Forética, reunirá a Julián López Arenas, director de Competitividad de la Cámara de Comercio de España; Paula Garralón, abogada experta en inteligencia artificial de Bird & Bird, y Rocío Ruiz-Cabello, manager de ESG y Sostenibilidad en Orange España.
El debate pondrá el foco en cómo la inteligencia artificial y la integración de criterios sostenibles pueden ayudar a las organizaciones a afrontar nuevos desafíos y detectar oportunidades de crecimiento.
La medición del impacto también será protagonista. Marco Postigo, deputy sales manager de INFORMA D&B, ofrecerá la ponencia «De la acción a la huella: el dato como prueba del impacto», centrada en el valor de los datos para evaluar los resultados de las estrategias sostenibles.
La agenda se completará con una mesa sobre arquitectura sostenible e industrialización, en la que participarán representantes de Cano y Escario Arquitectura, Acerta, Bathsystem Iberia e I-Ingenia, y un debate sobre salud, bienestar y sostenibilidad con profesionales de Fundación Verisure y Grupo UAX. Antonio Burgueño, director de Sostenibilidad de FCC Construcción, abordará además el futuro de la construcción, antes de la clausura a cargo de Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España.
Una novedad: la primera entrega de premios del congreso
Uno de los momentos destacados de esta edición será la primera entrega de premios del Congreso Sostenibilidad.es, prevista entre las 14:15 y las 15:00 horas.
El encuentro reconocerá iniciativas y referentes en tres categorías: Premio al Liderazgo en la Transición Energética, Premio Legado Sostenible y Premio Institución Responsable. Estos galardones buscan dar visibilidad a quienes están impulsando cambios concretos y contribuyendo a integrar la sostenibilidad en las decisiones empresariales e institucionales.
La incorporación de estos reconocimientos añade un atractivo especial a una jornada que no solo analizará los retos del sector, sino que también pondrá en valor las iniciativas que ya están generando impacto.
Una cita con el respaldo de empresas e instituciones
El III Congreso Sostenibilidad.es cuenta con Naturgy como patrocinador principal, mientras que PwC y FCC Construcción participan como patrocinadores Oro.
Entre sus patrocinadores figuran también la Unión Europea, el Ministerio de Hacienda, Fondos Europeos, la Cámara de Comercio de España, BASF, Hyundai, Ayvens, GreenYellow, Fundación Verisure, Acerta, Bird & Bird, INFORMA, Damm, Comunidad de Madrid, Orange, Grupo Griñó, OMODA & JAECOO, Universidad Europea, Grupo ASISA, Cabify, UAX e I-Ingenia. Colaboran Forética, DIRSE, CONESE, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y ANESE.
La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. Para asistir al III Congreso Sostenibilidad.es el próximo 13 de octubre en Madrid, los interesados pueden reservar su plaza a través del formulario oficial de registro.
Una oportunidad para conectar con profesionales, conocer soluciones aplicables al entorno empresarial y descubrir cómo convertir la sostenibilidad en una palanca real de innovación, competitividad e impacto.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la inadmisión de la querella presentada por la Asociación Hazteoir.org contra Sofía Puente Santiago, Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por delito de prevaricación “por concurrir la excepción de cosa juzgada”. El escrito alude a la interposición en 2022 de otra querella contra la misma persona en el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid -que finalmente fue archivada- con la que considera que existe «identidad subjetiva y objetiva» y de ahí que subraye que la firmeza del Auto de Sobreseimiento Libre «despliega efectos de cosa juzgada e impide la prosecución del presente procedimiento, siendo que la apreciación de esta excepción de carácter procesal implica que no se entre a valorar el fondo del asunto».
La Fiscalía recuerda que la Asociación por la Reconciliación Histórica ya presentó en 2022 otra querella ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid y que, examinando el contenido de ambas, «se considera que los hechos objeto de la querella actual son coincidentes con los que fueron objeto del procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid». Subraya que las querellas se dirigieron contra la misma persona (identidad objetiva y subjetiva) y que al haber concluido por resolución de sobreseimiento libre firme el primer procedimiento «la institución de la cosa juzgada impediría la prosecución del presente procedimiento».
Respecto a la alegación del querellante de que el auto del Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid, no produce efectos de cosa juzgada al ser un auto de archivo, la Fiscalía difiere porque «parece que los argumentos esgrimidos en contrario son anteriores a la reforma de la LECrim». Y es que, según el Ministerio Público, a partir de dicha reforma, cuando el instructor estime que los hechos no son constitutivos de infracción penal, «acordará el sobreseimiento que corresponda», y de acuerdo con lo establecido en el artículo 637.2 LEcrim, «el sobreseimiento que corresponde cuando los hechos no sean constitutivos de delito, es el libre».
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE «en este momento» puesto que faltan por practicar algunas diligencias en el marco de la causa en la que investiga una supuesta organización para desestabilizar las causas judiciales que afectaran al PSOE y al Gobierno.
En su auto, el magistrado se basa en la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los requisitos que se exigen para su imputación y explica que, de los actuado hasta el momento, no acredita lo que se viene denominando un «principio de prueba2 para atribuir aquella condición de investigado. «Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad», señala el juez
Pedraz también considera que es necesario practicar determinadas diligencias, algunas acordadas ya, como el análisis de la documentación incautada en la sede del PSOE y en el domicilio de del exsecretario de Organización de esta formación, Santos Cerdán, y otras que se tendrán que señalar, como la declaración de este último una vez realizadas todas las diligencias acordadas.
Además. explica el instructor, se tendrán que concretar los pagos efectuados a la investigada Leire Díez y a otros, así como conocer la finalidad de su actuación y si fueron ordenados y abonados por el secretario de organización del PSOE desde cuentas de titularidad de la entidad para la comisión del ilícito encargo, permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquél y la estructura patrimonial de la organización.
Asimismo, el magistrado indica que habrá que determinar «quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad; si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago; quién autorizó o validó internamente el gasto; si intervino el departamento financiero o contable; si existían límites o doble firma para determinadas disposiciones; si los órganos de administración conocieron los pagos; si existieron alertas internas y, en su caso, cómo fueron tratadas; si el sistema de control permitió pagos de esta naturaleza sin comprobación alguna…».
Una vez completadas estas diligencias, aclara el magistrado, será el momento de decidir sobre la posible condición de investigado del PSOE como persona jurídica como había solicitada la a acusación popular unificada por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos en relación con la malversación de caudales públicos.
El 14 de octubre de 2023, la Secretaría de Estado de Migraciones declaró la emergencia para contratar sin publicidad ni concurso la puesta en marcha de centros de acogida. De ahí salieron cuatro macrocontratos amparados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, la vía que permite adjudicar de forma directa ante una necesidad urgente e imprevisible. Meses después, ese gasto sostiene buena parte de la red de acogida, incluidos los CATE canarios.
Esta lista ordena esos cuatro contratos para responder a tres preguntas básicas: qué se compró, por cuánto y a quién. Primero se desglosan uno a uno, con objeto, importe y adjudicataria; después se identifican las empresas que se repiten, entre constructoras que levantan los centros y firmas de servicios que los gestionan. El recorrido se completa con el peso de la urgencia sobre el total del sistema, lo que exige el artículo 120 y las prórrogas posteriores.
Los cuatro macrocontratos, uno a uno: objeto, importe y adjudicataria
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El origen de estos macrocontratos está en la declaración de emergencia que la Secretaría de Estado de Migraciones aprobó el 14 de octubre de 2023 al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, un mecanismo que permite adjudicar sin publicidad ni concurrencia ante una situación excepcional. Esa declaración se ha ido prorrogando en cinco ocasiones —25 de octubre y 26 de diciembre de 2023, y 1 de marzo, 16 de mayo y 25 de septiembre de 2024—, de modo que la excepción funciona ya como una vía estable de gasto. La mayor parte del dinero se canaliza a través del medio propio Tragsa, que recibe encargos directos y a su vez subcontrata a empresas privadas. Según la documentación recopilada por La Gaceta, entre octubre de 2023 y diciembre de 2025 la Secretaría adjudicó unos 70 contratos de emergencia por 183,1 millones de euros para atender a 117.967 personas. Los mayores receptores fueron Tragsa (47,4 millones, para habilitación de espacios y suministros), Cruz Roja (40,2) y la fundación APIP-ACAM (16,07).
El reparto de los grandes contratos de servicios queda muy concentrado. El comedor del centro de Las Raíces, en Tenerife, se adjudicó por 34,1 millones de euros —hasta 63,9 con prórrogas— a Plataforma Femar, sancionada por la CNMC con 2,44 millones por participar en cárteles alimentarios. El del Canarias 50, en Gran Canaria, recayó en la UTE de Leonesa Catering y Servicios e Iberocaser por 18,4 millones. En conjunto, los servicios de comedor de los cinco centros impulsados por Tragsa —Las Raíces, Canarias 50, los madrileños General Arteaga y Primo de Rivera y Campano, en Cádiz— rondaron los 80 millones y se repartieron entre solo dos empresas: Femar se quedó el 43% y la UTE leonesa el 57%, con menús ofertados a 8,8 y 8,99 euros. En obras, la murciana Mediohabit SL acumula 6,17 millones en adjudicaciones de emergencia de Interior para los CATE canarios de Arrecife y El Hierro.
Quién se los lleva: constructoras levantando centros y empresas de servicios gestionándolos
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En el capítulo de obra física, el nombre que más se repite en los CATE canarios es Mediohabit S.L., sociedad murciana con sede en Mula, facturación de entre 1,5 y 3 millones de euros y menos de diez empleados, que acumula al menos 6,17 millones en adjudicaciones de emergencia del Ministerio del Interior. Interior declaró la emergencia en septiembre de 2024 y de nuevo en 2025; la empresa se llevó el contrato principal de cada tanda —2,21 y 2,46 millones— y sumó obra y materiales hasta 3,15 y 3,01 millones por operación. A su lado figuran proveedores menores como Barcotex Servicios Integrales, Ambientes Urbanos del Norte o Thales DIS España, y la pública Tragsa, primer receptor estatal con unos 47,3 millones para habilitar espacios y suministros. En Ceuta, Absercon firmó 3,27 millones en obras el 27 de agosto, también sin concurso previo.
En la gestión de los centros, el dinero va a un puñado recurrente de entidades del tercer sector que ya operaban en acción concertada. La declaración de emergencia de la Secretaría de Estado de Migraciones, aprobada el 14 de octubre de 2023 y prorrogada al menos siete veces hasta abril de 2025, permite adjudicar sin publicidad el alojamiento, la manutención, la seguridad, el transporte, la traducción y la atención médica. Cruz Roja, Accem, Apip-Acam, Cepaim, CEAR y San Juan de Dios concentran los encargos: Accem cobró 1.238.450 euros por 600 plazas y San Juan de Dios 167.400 por 180, mientras los recuentos periodísticos sitúan a Cruz Roja en torno a 40 millones, a Accem por encima de 74 entre 2023 y 2025 y a Apip-Acam en unos 16 millones.
Cuánto pesa la vía de urgencia: proporción sobre el total del sistema de acogida
El dinero que circula por la vía de urgencia no es un añadido marginal al sistema de acogida. El recuento de contratos amparados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público que publicó La Gaceta suma 70 adjudicaciones por 183,1 millones de euros entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, para atender a unas 118.000 personas. La red estructural, financiada mediante acción concertada, tiene un coste previsto de 634 millones anuales (549,8 de protección internacional y 84,2 de atención humanitaria) y de 670,5 millones para el periodo julio de 2026-junio de 2027, según el Ministerio de Hacienda. La comparación sitúa lo adjudicado por emergencia en torno al 13% del total del sistema: aproximadamente uno de cada ocho euros. Los contratos de emergencia de un solo ejercicio, 52,8 millones en 2025 y 82,5 en 2024, equivalen ya a todo el presupuesto anual del programa de atención humanitaria a llegadas a costas. La concentración es alta: Tragsa acumuló 47,4 millones, Cruz Roja 40,2, Accem unos 25 y Apip-Acam 16,1. Al no existir una cifra oficial consolidada, ese porcentaje opera como suelo, no como techo.
El peso de la urgencia se mide también en tiempo y en plazas. La emergencia se declaró el 14 de octubre de 2023 y se prorrogó seis veces, la última en noviembre de 2024, con vigencia hasta junio de 2025: casi dos años de contratación sin concurso, según reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria. La primera dotación, de 33 millones, sirvió para abrir más de 4.000 plazas; la ampliación de finales de octubre, con 76 millones, añadió 10.000 más, a un precio de referencia de 24 euros por plaza y día frente a los 42 de la acogida integral. Ese diferencial permite que la vía de urgencia absorba mucho volumen con menos dinero. Con unos 53.500 dispositivos en funcionamiento, el Ejecutivo elevó en 381,4 millones el coste de la red concertada para julio de 2025-junio de 2026 y prorrogó el encargo a Tragsa por 96 millones; en marzo de 2026 recurrió al Fondo de Contingencia por 286,7 millones para acción concertada y nuevas emergencias, ya también en Baleares y Gaza.
El amparo legal: qué exige el artículo 120 de la LCSP para adjudicar sin publicidad
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El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) es el paraguas legal de estos macrocontratos: la tramitación de emergencia. Solo cabe invocarla ante tres supuestos tasados —acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional—, y en ese marco permite al órgano de contratación ordenar la ejecución de lo necesario o «contratar libremente» su objeto, sin tramitar expediente, sin sujetarse a los requisitos formales y hasta sin crédito suficiente, que se dota después. Cuando contrata la Administración General del Estado, debe darse cuenta al Consejo de Ministros en un plazo máximo de 30 días, y la ejecución ha de iniciarse en el mes siguiente al acuerdo; superado ese mes, la contratación ya exige un procedimiento ordinario. Tanto la Ciudad Autónoma de Ceuta como varios ministerios se han acogido a este artículo para adjudicar obras, suministros y servicios ligados a la acogida de migrantes.
La excepcionalidad no equivale a barra libre. La jurisprudencia y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado exigen requisitos acumulativos, interpretados de forma restrictiva: un supuesto tasado, una emergencia imprevisible y no imputable al propio órgano —no sirve para tapar falta de planificación—, nexo causal y un objeto y plazo limitados a lo estrictamente indispensable, acreditando además que ni la tramitación de urgencia (artículo 119) ni el negociado sin publicidad por imperiosa urgencia (artículo 168.b.1º) bastaban. En abril de 2025 la Junta publicó una recomendación con una lista de comprobación para verificarlo. Si fallan los requisitos, la adjudicación es nula de pleno derecho; y aunque el artículo 44.4 veta el recurso especial en materia de contratación, adjudicación y formalización, deben publicarse después en el perfil del contratante.
Después de la emergencia: prórrogas, modificados y quién fiscaliza el gasto
Inmigrantes en el exterior del CETI de Ceuta. EP
La emergencia declarada el 14 de octubre de 2023 por la Secretaría de Estado de Migraciones no se cerró con el año: la resolución se fue ampliando hasta en cinco ocasiones —octubre y diciembre de 2023, y marzo, mayo y septiembre de 2024—, lo que permitió encadenar prórrogas sin abrir licitación. El patrón se repite en los contratos derivados. Las carpas del antiguo Hospital Naval de Cartagena siguen alquiladas: el Ministerio renovó el servicio a Telemag Lorca por 712.932 euros y doce meses prorrogables, después de haberlo extendido ya en seis ocasiones desde octubre de 2023. En el conjunto de la emergencia, un análisis de hasta 70 contratos de la Secretaría de Estado de Migraciones cifra el gasto en 183,1 millones de euros entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, con TRAGSA (47,4 millones) y Cruz Roja (40,2 millones) como principales receptores.
La fiscalización llega tarde y por partes. El Tribunal de Cuentas incluyó en su Programa de Fiscalizaciones para 2026, aprobado en diciembre de 2025, el análisis de las políticas de inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de la gestión de fronteras y la Oficina de Asilo, con actuaciones específicas sobre el sistema de acogida de protección internacional y la acción humanitaria. La petición de Vox para auditar el gasto conjunto en inmigración de Estado, comunidades y ayuntamientos salió adelante en la Comisión Mixta, aunque según el partido seguía sin informe un año después. Mientras, el propio Tribunal recogía que la mitad de los 132 expedientes de contratos menores del área social del ministerio se usaron para necesidades previsibles o como puente, con un caso en el CAPI de Mislata con reparo de Intervención por fraccionamiento.
OpenAI ha desmantelado dos operaciones de influencia con IA, una rusa y otra iraní, que lograron colocar artículos en medios occidentales.
La compañía calificó ambas campañas con un 5 y un 4 sobre 6 de severidad y las señaló como la primera vez que reconoce un impacto alto en audiencias reales, no en métricas de laboratorio. Ninguna lleva atribución oficial a un servicio de inteligencia concreto. Ese silencio, en el oficio, dice más que cualquier acusación.
Dark Clark: el think tank fantasma que Moscú dirigía sin que sus empleados lo supieran
Detrás del nombre hay una mujer que no existe: Mia Clark, presentada ante medios latinoamericanos como directora del Social Research Center, un supuesto centro de análisis de la región. Detrás del centro sí había personas de carne y hueso. Conversaciones registradas en ChatGPT sobre escalas salariales, contrataciones y despidos llevaron a los investigadores de OpenAI a una conclusión incómoda: quien dirigía la estructura era el grupo ruso, no un empleado ni un observador externo.
La propia compañía admite que los trabajadores latinoamericanos del SRC no sabían que trabajaban para un grupo ruso. Ahí está el salto de calidad. No es una granja de trolls fabricando cuentas falsas: es un medio aparentemente legítimo, con plantilla cooptada, nómina y contenido propio, que produce en español la línea editorial que interesa a Moscú. Permítame la comparación: la Agencia de Investigación de Internet de Prigozhin, versión 2026, con empleados en nómina que jamás vieron al pagador.
El contenido se centró en dañar la reputación de Ucrania en América Latina, con desvíos hacia la política argentina y boliviana. OpenAI lo describe como ‘el intento más complejo de operar una identidad pantalla que hemos desmantelado en los últimos dos años y medio’. Traducido al castellano de a pie: el frente era creíble, y algunos medios lo citaron sin saber a quién citaban.
Hay un detalle que a mí me parece revelador. Los operadores pidieron al modelo información sobre Politology, el sucesor del Grupo Wagner, ‘mucho más’ que sobre cualquier otra organización rusa. Es el mismo ecosistema que levantó Yevgeny Prigozhin, el cocinero de San Petersburgo, antes de morir en un accidente aéreo que nadie cree que fuera un accidente. La continuidad es evidente. La firma oficial, inexistente.
Una identidad pantalla no se cae cuando la desmienten, sino cuando alguien pregunta quién firmaba las nóminas.
Anatomía del oficio: audios falsos, siete periodistas y cien artículos
En marzo, Lupa Media desmontó un vídeo de TikTok que aseguraba que el Gobierno de Ecuador usaba empresas pantalla para reclutar ciudadanos dispuestos a combatir en Ucrania. Los mismos operadores generaron y difundieron audios falsos del cónsul ucraniano en Ecuador insultando a los ecuatorianos. Fíjese en la textura del ataque: no hacía falta hackear nada, solo imitar una voz y dejar que el WhatsApp hiciera el resto.
Durante las protestas antigubernamentales de mayo en Bolivia, el grupo soltó otro audio, este de un supuesto empleado de la empresa estatal de agua que avisaba de que el Ejecutivo estaba a punto de declarar el estado de emergencia y cortar el suministro a La Paz. El Gobierno boliviano salió a desmentirlo en cuestión de horas.
Cada desmentido oficial es, en realidad, una métrica de éxito. Cuando un Gobierno se ve obligado a negar una narrativa, la narrativa ya ha ganado parte del terreno que buscaba.
Nadie firmó el parte.
La campaña iraní copió el manual con menos recursos y más puntería. Al menos siete periodistas falsos, decenas de piezas colocadas en medios legítimos y casi un centenar de artículos publicados o sindicados bajo esas firmas en una docena de cabeceras pequeñas y medianas repartidas por el mundo, en asuntos internacionales geopolítica y Oriente Próximo. La mayoría de las piezas apenas generó comentarios ni reacciones en redes. Aun así, OpenAI le puso un 4 sobre 6, y esa cifra es la noticia: el impacto ya no depende del ruido, sino de la puerta que se abre.
La compañía sostiene que la operación iraní se parece a ‘un actor comercial ejecutando una campaña de influencia por encargo’, pero no la atribuye a ningún grupo concreto. Ahí está el problema entero del oficio: la atribución técnica sin nombre propio no sirve para sancionar ni para defenderse.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Vector de amenaza: infiltración HUMINT asistida por inteligencia artificial. No hay zero-day, no hay malware, no hay payload. Hay una identidad pantalla, una estructura con apariencia legal y empleados reales contratados sin saber para quién trabajaban. Es la versión contemporánea del ilegal, el agente durmiente que se construye una biografía durante años, con una diferencia decisiva: la IA permite fabricar esa biografía en semanas y en varios idiomas a la vez.
En el caso iraní la técnica es aún más limpia, porque no hay estructura que sostener, solo firmas falsas insertadas en la cadena de sindicación de medios que no verifican autores.
Agencias implicadas. Ataca, con atribución técnica de una empresa privada y no de un servicio, un grupo vinculado a actores rusos con interés demostrado en Politology, el sucesor del Grupo Wagner, más una estructura iraní sin nombre. Defiende OpenAI desde su equipo de investigación, junto a los medios engañados y a los Gobiernos de Ecuador y Bolivia, obligados a desmentir en tiempo real.
Como terceros interesados están el INTCEN europeo, el CCN-CERT y los servicios latinoamericanos, que reciben gratis un catálogo de tácticas, además de los servicios occidentales que llevan años buscando este tipo de pruebas. Estimo el material público en la categoría Sin Clasificar pero Sensible: lo verdaderamente clasificado son las huellas de pago, la infraestructura y los nombres que nadie va a publicar.
Precedente histórico: esto no es nuevo, solo es más barato. La KGB inventó en los años ochenta la Operación Denver, la mentira de que el sida lo había fabricado el Pentágono en Fort Detrick, y Prigozhin industrializó la fórmula con la Agencia de Investigación de Internet. Lo que cambia en 2026 es la estructura de costes: donde antes hacía falta un ejército de redactores, hoy basta una suscripción, disciplina operativa y paciencia.
Lo escribí hace años en El quinto elemento: el próximo 11S empezará con un clic. Añado hoy que la crónica del atentado la firmará alguien que no existe.
El punto débil de mi propio análisis es evidente y prefiero decirlo: OpenAI es juez y parte, su escala de severidad no es auditable desde fuera y ninguna agencia estatal ha confirmado a quién responden los operativos. La atribución de un proveedor privado vale lo que vale. No se equivoque conmigo: eso no debilita el hallazgo, debilita la respuesta.
Por qué esto también se juega en español
España comparte con Latinoamérica algo más que el idioma: comparte la cadena de sindicación. Una pieza plantada en un medio mediano de Buenos Aires, Bogotá o Ciudad de México puede acabar reeditada en una web española sin que nadie compruebe la firma, y al revés. El perímetro técnico que cubre el catálogo del CCN-CERT no llega a este vector: no existe sensor capaz de detectar a un periodista que no existe si el medio no lo comprueba antes de publicar.
Sigo de cerca el debate europeo sobre desinformación y tengo claro que el Reglamento de Servicios Digitales se queda corto por abajo. Su maquinaria está pensada para las plataformas gigantes, no para una cabecera de veinte mil lectores que sindica dos piezas al día. Y el vector que aquí se documenta no pasa por ninguna gran plataforma: pasa por correo electrónico, por una firma creíble y por la prisa de una redacción con menos plantilla que nunca.
La factura la pagaron los medios que citaron sin comprobar.
En el oficio hay una regla vieja que ahora se vuelve urgente: la fuente se verifica antes que la noticia. Con la IA generativa, el coste de fabricar una fuente creíble se ha desplomado; el de verificarla, no. La pregunta abierta no es qué dirá OpenAI en su próxima entrega de amenazas, sino si alguna agencia occidental se atreverá a poner nombre y apellidos a los pagadores del Social Research Center. Mientras eso no ocurra, seguiremos llamando ‘influencia’ a lo que, con todas las letras, es espionaje.
