Witkoff y Kushner lanzan en Miami las negociaciones de Ucrania y planean viajar a Moscú

Steve Witkoff y Jared Kushner abren este viernes en Miami una ronda de negociaciones sobre Ucrania. Los dos enviados de Trump buscan transformar su gira diplomática de septiembre en una propuesta única que, más tarde, puedan poner sobre la mesa del Kremlin.

La cita se prolonga durante dos jornadas de trabajo con la delegación ucraniana. Sobre la mesa hay ‘nuevas ideas y propuestas’, según las informaciones de Reuters y Axios, pensadas para desatascar un conflicto convertido en guerra de desgaste sin vencedor claro. A la cita han sido invitados también los asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia y Alemania, además de representantes de la OTAN y de la Unión Europea.

Qué se negocia realmente en Miami

El borrador que manejan los enviados estadounidenses incluye un alto el fuego parcial. El texto, todavía sin cerrar, cubriría los ataques contra infraestructuras energéticas y el tráfico marítimo en el mar Negro. Es la parte más tangible de una iniciativa que también aborda garantías de seguridad para Kiev y un plan económico para la posguerra.

Kiev estará representada por el jefe de gabinete de Zelensky, Kirill Budanov; el jefe de inteligencia, Rustem Umerov; el asesor diplomático Sergey Kislitsa; y el diputado David Arakhamia. La composición de la delegación revela hasta qué punto Ucrania se toma en serio esta ronda. Demasiados frentes abiertos como para enviar a un segundo nivel.

Antes de Miami, Witkoff y Kushner se reunieron el jueves con Trump para presentarle los últimos borradores y recibir instrucciones. A la reunión acudieron también el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Mike Needham.

La diplomacia de Trump ya no persigue una victoria: persigue una salida que no le cueste al votante el precio de la gasolina.

Washington insiste en un argumento que el presidente repite en cada llamada con Zelensky: los ataques ucranianos contra refinerías rusas están agravando la escasez mundial de diésel y disparando el precio del combustible en Estados Unidos. Es una presión que incomoda en Kiev, pero que explica por qué la Casa Blanca ha metido la infraestructura energética en el corazón de la negociación. La pelota está, otra vez, en el tejado ajeno.

El alto el fuego parcial que incomoda a todos

Witkoff

Las capitales europeas miran la cita con una mezcla de alivio y desconfianza. Una fuente estadounidense citada por AFP asegura que los gobiernos del continente se quejan en privado, del coste económico del conflicto y del precio de la energía. ‘Todos están nerviosos por el invierno. Será un invierno duro si la guerra no se detiene‘, resume esa fuente.

A ese nerviosismo se suma el diagnóstico de Marco Rubio. El secretario de Estado describió el conflicto en Lisboa como un ‘punto muerto peligroso‘ que podría desbordarse más allá de Ucrania. ‘Esta guerra tiene que terminar con un acuerdo negociado. Cuanto antes, mejor‘, declaró, al tiempo que advertía de que Washington no invertirá indefinidamente en procesos que no producen avances.

El Kremlin comparte el retrato. El portavoz Dmitri Peskov admitió que no ve por ahora una perspectiva clara de arreglo, aunque repitió que Moscú sigue abierto a negociar y acusó a Kiev de no querer asumir la realidad. En paralelo, Washington y Moscú mantienen conversaciones sobre proyectos económicos, incluida una posible cooperación energética. Ahí es nada.

Equilibrio de Poder

Lo que observamos es un cambio de método más que de objetivo. La administración Trump ha dejado de tratar la guerra de Ucrania como una cuestión de principios para convertirla en una operación transaccional: energía, diésel y coste electoral mandan. Moscú lo ha entendido y juega con esa lógica, mientras Bruselas asiste a la conversación con el temor de que su seguridad se decida sin ella.

Para España el movimiento tiene consecuencias directas. La economía nacional depende del suministro estable de gas y de la calma en los mercados energéticos, y un invierno de hostilidades sostenidas volvería a tensionar los precios. A eso se suma la presión sobre el gasto en defensa comprometido con la OTAN, que Moncloa trata de cuadrar sin romper el equilibrio presupuestario. En el flanco sur —Marruecos, Sáhara y Sahel—, cualquier distracción de Washington y Bruselas debilita la atención a una región donde Rusia gana presencia desde hace años.

La lectura a medio plazo pasa por el precedente de Minsk. Aquellos acuerdos de 2014 y 2015 se firmaron y nunca se cumplieron porque ninguna de las partes renunció a su objetivo último. Si el alto el fuego parcial de Miami se cierra sin garantías verificables, corre el riesgo de repetir la historia: una pausa que congela el frente y compra tiempo. La diferencia es que ahora Estados Unidos tiene prisa, y esa prisa puede ser tanto una palanca como un error de cálculo.

La próxima ventana crítica se abre a finales de mes, cuando Witkoff y Kushner podrían viajar a Moscú para verse con Putin. Hasta entonces, Miami es una prueba de si Washington puede vender a Kiev y a Europa un acuerdo que Moscú esté dispuesto a tolerar. Nadie ha dicho aún que sea posible.

Detenido un joven de 18 años por el presunto asesinato de un cirujano en Marbella

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor del asesinato de un cirujano tiroteado en su clínica de Marbella. El crimen se produjo el miércoles 7 de octubre, poco antes de las 18:00 horas, en la clínica Cirumed, situada en el edificio Panorama. La víctima tenía 57 años y ejercía la cirugía plástica. Los datos los han confirmado a Efe fuentes de la investigación.

Cómo se produjo el tiroteo en la clínica Cirumed

El cirujano había tenido varias operaciones a lo largo de la jornada y se encontraba en su despacho cuando entró el agresor, de acuerdo con el relato de las fuentes consultadas. El ataque se produjo poco antes de las 18:00 horas y el tirador se dirigió directamente hasta la estancia en la que estaba el médico.

El individuo vestía ropa negra y llevaba el rostro cubierto, con un casco, y una capucha. Llegó hasta la clínica en moto y aparcó el vehículo en la acera, frente a las instalaciones. Desde ahí accedió al interior y disparó varias veces en la cabeza al cirujano.

Después del ataque, el agresor salió del centro a toda prisa, se subió a la moto y huyó hacia la zona residencial de Bello Horizonte, por una vía poco transitada y sin apenas iluminación. Evitó así la concurrida N-340. El médico murió a causa de los disparos.

La detención del presunto autor y su situación procesal

La Policía Nacional detuvo al sospechoso el jueves 8 de octubre, un día después del crimen, según las fuentes de la investigación. Los agentes habían seguido su pista desde la tarde anterior y practicaron el arresto tras varias horas de búsqueda. Hasta el momento no ha trascendido ningún dato sobre la identidad del detenido ni sobre una posible relación previa con la víctima.

La investigación descarta por ahora que el crimen esté vinculado al crimen organizado y mantiene abiertas varias líneas sin confirmación oficial.

Como presunto autor (la persona a la que se atribuyen los hechos, sin que exista todavía una condena firme), el detenido debe quedar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, conforme a la ley. Será el juez quien decida sobre su situación procesal.

Con carácter general, la instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) comienza cuando el detenido pasa a disposición judicial y es entonces cuando el juzgado competente asume la dirección de las diligencias.

Las hipótesis que maneja la investigación

Las primeras pesquisas descartaron que la muerte del cirujano estuviera vinculada al crimen organizado, de acuerdo con las fuentes consultadas. Entre las hipótesis que los agentes barajaron en las horas posteriores al crimen figura la de un cliente descontento con el resultado de una intervención que habría encargado el ataque a un tercero. Ninguna de esas líneas cuenta con confirmación oficial.

El cirujano tenía una reconocida trayectoria internacional y atendía a una amplia cartera de clientes procedentes de distintos países. Los investigadores tratan de determinar si alguno de ellos podría estar relacionado con negocios ilícitos. Esa posibilidad tampoco está confirmada.

La Policía Nacional no ha facilitado por ahora más detalles sobre las diligencias practicadas ni sobre el papel que se atribuye al detenido en el crimen. Hasta el momento solo consta una detención. La investigación sigue abierta.

Cómo usar la inteligencia artificial en el aula: guía ética y crítica para docentes

Usar la inteligencia artificial en el aula exige más que herramientas: un ensayo editado por SM propone una guía ética para docentes.

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de millones de estudiantes, que la utilizan para buscar información, resolver dudas, resumir contenidos o completar tareas académicas. El reto educativo no es prohibirla ni adoptarla sin filtro, sino enseñar a usarla de forma crítica, responsable y ética.

El ensayo Inteligencia artificial para docentes, editado por SM con el subtítulo ‘Cómo fomentar su uso pedagógico y ético’, lo firma Guillermo Cánovas, director de EducaLIKE, el Observatorio para el uso saludable de la tecnología. La obra combina una aproximación al impacto de la IA en la educación con recomendaciones y herramientas para que el profesorado decida cuándo y cómo emplearla.

Qué propone la guía para un uso ético de la IA

El punto de partida del libro es una advertencia: incorporar la inteligencia artificial a las aulas no puede reducirse a introducir nuevas herramientas tecnológicas. También exige formación del profesorado, reflexión pedagógica y criterios claros sobre cuándo y cómo utilizarlas.

“Es evidente que la IA ofrece respuestas, pero sin un criterio definido. Puede generar información, pero no necesariamente conocimiento”, sostiene Cánovas. El autor añade que la tecnología puede ayudar a resolver tareas “pero sin sustituir la capacidad de argumentar o tomar decisiones fundamentadas”.

El libro reúne marcos conceptuales para entender el impacto de esta tecnología, herramientas prácticas y orientaciones para valorar sus posibilidades y sus riesgos desde una perspectiva educativa. El objetivo es aprovechar la IA sin renunciar a la relación humana, uno de los elementos fundamentales del aprendizaje.

La IA puede generar información con rapidez, pero no sustituye el criterio: el docente es quien enseña a contrastar fuentes y a argumentar.

Los docentes ocupan el centro de la propuesta. “Teniendo en cuenta que el acceso a la información es prácticamente ilimitado, los educadores siguen siendo quienes ayudan a distinguir lo relevante de lo superficial, a contrastar fuentes y a desarrollar el pensamiento crítico. En definitiva, quienes enseñan a pensar”, afirma el director de EducaLIKE. La conclusión del autor es que enseñar a pensar sigue siendo la tarea central.

La guía pone el foco en tres áreas: el pensamiento crítico, la creatividad genuina y el desarrollo integral de la persona. Y recuerda una limitación de fondo: un sistema de IA puede producir respuestas sin criterio y contenidos que parecen sólidos sin serlo, de modo que la verificación sigue siendo imprescindible.

A quién afecta esta guía sobre la IA en el aula

uso ético de la IA

El texto se dirige al profesorado de todas las etapas y a los equipos directivos, que son quienes deciden cómo y cuándo entra la tecnología en el aula. Cánovas insiste en que la formación y la reflexión pedagógica son condiciones previas, no un complemento opcional.

La obra llega en un momento en el que los centros y las administraciones educativas están definiendo sus propias pautas de uso de la IA. La guía no propone una regulación, sino criterios pedagógicos para decidir cuándo una herramienta aporta valor al aprendizaje y cuándo sustituye el esfuerzo que el alumno necesita hacer.

La propuesta se alinea con la línea de formación para docentes y centros educativos que la editorial desarrolla bajo la marca SM Formación. Conviene precisar el origen: el material procede de una publicación editorial, de modo que sus recomendaciones son orientaciones pedagógicas, no normativa de aplicación obligatoria.

El Marco Educativo

La referencia normativa en España es la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, la norma educativa vigente desde 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2020. La norma organiza el currículo en torno a competencias clave en lugar de contenidos aislados, y una de ellas es la competencia digital, que obliga a formar al alumnado en un uso seguro, crítico y responsable de la tecnología.

Esa competencia se concreta después en los decretos de enseñanzas mínimas de cada etapa, que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte fija y que las comunidades autónomas (CC.AA.) desarrollan en sus propios currículos. En este reparto de competencias, el Estado establece el marco básico y las CC.AA. lo adaptan y dictan orientaciones sobre dispositivos y plataformas. Los centros, por su parte, trasladan esas pautas a sus planes digitales, y las entidades de formación docente ofrecen los itinerarios de capacitación.

El debate sigue abierto y afecta a varios colectivos: profesorado que reclama tiempo y formación, familias que preguntan por los límites de uso y alumnado que ya emplea estas herramientas a diario. Para un material de este tipo, la actualización es constante, porque las capacidades de los modelos cambian cada pocos meses. La recomendación de fondo, según el ensayo, es no delegar en la herramienta lo que corresponde al criterio: leer, contrastar, argumentar y decidir.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El ensayo ‘Inteligencia artificial para docentes’, editado por SM, ofrece al profesorado criterios para integrar la IA en el aula de forma crítica, responsable y ética.
  • Por qué importa: La LOMLOE incluye la competencia digital entre los aprendizajes obligatorios, pero no existe una metodología única: la guía propone marcos y herramientas para decidir cuándo y cómo usar la IA.
  • A quién le importa: A docentes y equipos directivos de todas las etapas, y a las familias que quieren entender qué papel debe tener la inteligencia artificial en el aprendizaje de sus hijos.

Dos nuevos detenidos por la desaparición de Alejandro Navarro en Ronda elevan a seis los arrestos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas más por su presunta implicación en la desaparición de Alejandro Navarro, el joven de 25 años desaparecido en Ronda (Málaga), lo que eleva a seis el número total de arrestos, según ha confirmado el instituto armado.

Qué se sabe de la desaparición de Alejandro Navarro

Alejandro Navarro, de 25 años y vecino de Ronda, está desaparecido desde el 4 de mayo de 2024. Desde entonces no existe constancia de su paradero y la investigación para esclarecer lo ocurrido continúa abierta.

El joven residía en Ronda, una localidad de la provincia de Málaga donde el caso ha generado un notable seguimiento informativo desde 2024. La Guardia Civil ha mantenido la investigación bajo su competencia desde el primer momento.

El caso se centra en el entorno más cercano a Alejandro Navarro, aunque las autoridades no han ofrecido hasta ahora detalles sobre qué pudo ocurrir aquel día.

Qué ha confirmado la Guardia Civil sobre los nuevos arrestos

Los dos últimos detenidos se suman a las cuatro personas arrestadas hace tres semanas. Uno de los recién detenidos se encuentra, además, dentro del núcleo más próximo a los otros cuatro, según los datos difundidos hasta el momento.

La investigación sigue abierta y ninguno de los implicados ha sido condenado: los cuatro primeros quedaron en libertad provisional como investigados.

Entre los primeros cuatro detenidos se encontraba la pareja sentimental de Alejandro Navarro. Aquellos arrestos se produjeron tras el registro de la vivienda en la que residía el joven y en la que todavía viven dos personas.

Con las dos nuevas detenciones, la cifra total asciende a seis detenidos. La Guardia Civil no ha detallado si prevé practicar más arrestos ni si existen otras personas bajo investigación.

La condición procesal de los seis implicados

Los cuatro primeros detenidos quedaron en libertad provisional (la medida por la que un investigado permanece en libertad durante la tramitación de la causa) y como investigados (las personas sobre las que recaen indicios) por presuntos delitos de homicidio o asesinato, y malos tratos. Ninguno ha sido condenado.

Los dos nuevos detenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial a la espera de que se determine su situación procesal. La Guardia Civil no ha precisado por ahora qué imputación concreta se les atribuye.

Corresponde al juzgado que instruye la causa adoptar las decisiones sobre la situación de los detenidos, como la libertad provisional o el ingreso en prisión. Ninguna de esas decisiones equivale a una condena.

En qué fase está la investigación y qué falta por confirmar

El caso permanece en fase de instrucción (la etapa del proceso penal en la que el juez reúne los indicios), coordinada por el juzgado que lleva la causa. Las detenciones se han producido después del registro de la vivienda, una de las diligencias clave.

La línea de trabajo se centra, según los datos conocidos, en el círculo más próximo al joven. Las autoridades no han ofrecido por el momento información sobre el paradero de Alejandro Navarro.

La Guardia Civil no ha facilitado por el momento la identidad de los dos nuevos detenidos ni el detalle de su relación con el resto de las personas implicadas.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas diligencias. Cualquier avance dependerá de los resultados que se incorporen al atestado (el documento policial que recoge las primeras diligencias) y de las decisiones que adopte el juzgado.

La Comunidad de Madrid exige al Ministerio del Interior una revisión urgente del sistema VioGén

La Comunidad de Madrid ha exigido este viernes, 9 de octubre, al Ministerio del Interior una revisión urgente del sistema VioGén. Se trata del protocolo que evalúa y realiza el seguimiento integral de las víctimas de violencia de género, y la petición llega después de constatar que cuatro de las ocho mujeres asesinadas en la región durante el último año tenían catalogado un riesgo bajo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Comunidad de Madrid reclama al Ministerio del Interior una revisión urgente del sistema VioGén.
  • ¿Dónde y cuándo? En el Observatorio Regional de la Violencia de Género, este viernes, 9 de octubre.
  • ¿Por qué? Cuatro de las ocho mujeres asesinadas en la región en el último año tenían catalogado un riesgo bajo.

El Ejecutivo autonómico ha trasladado esa solicitud durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, un encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. La Comunidad de Madrid pone el foco en los mecanismos de detección y protección, y reclama una revisión en profundidad de las herramientas con las que el Ministerio del Interior valora el nivel de riesgo de cada víctima.

La valoración del riesgo, bajo la lupa

VioGén es el sistema de seguimiento integral que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2007 y que coordina la actuación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales en la protección de las víctimas de violencia de género. El protocolo asigna a cada caso un nivel de riesgo —bajo, medio, alto, extremo o no apreciado— a partir de un cuestionario de valoración policial, y de ese baremo dependen las medidas de protección que se activan.

El Ejecutivo autonómico considera que un riesgo bajo no debería relajar la vigilancia y sostiene que la revisión es imprescindible para cerrar cualquier posible grieta en el seguimiento. Desde la Comunidad de Madrid insisten en que el objetivo no es otro que reforzar la protección de las mujeres y mejorar la capacidad de anticipación de los cuerpos policiales ante los casos más difíciles de detectar.

El Observatorio Regional, escenario de la solicitud

La reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género sirvió también para repasar los protocolos de coordinación entre las instituciones implicadas en la atención a las víctimas. La petición de revisión no cuestiona la labor diaria de los agentes, que aplican el sistema conforme a los criterios técnicos fijados por el Ministerio del Interior, sino que busca actualizar los criterios de valoración a la realidad de los casos más complejos.

La Comunidad de Madrid ha emplazado al Ministerio del Interior a coordinar esa revisión con las comunidades autónomas, competentes en la atención a las víctimas, y a incorporar sus aportaciones al análisis técnico. La solicitud se enmarca en el funcionamiento ordinario del Observatorio, el órgano de cooperación en el que la Administración central y la autonómica comparten datos y coordinan sus actuaciones de forma periódica.

Cualquier revisión del sistema debe servir para reforzar el trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan cada día en la protección de las víctimas.

El Contexto Operativo

VioGén es hoy uno de los sistemas de valoración del riesgo de violencia de género más desarrollados de la Unión Europea. El protocolo integra la información de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales e Instituciones Penitenciarias, y permite a los agentes adoptar decisiones de protección a partir de una valoración policial homogénea en todo el territorio. El Ministerio del Interior actualiza el sistema de forma continua para adaptar los baremos a nuevas tipologías de casos y a los perfiles más difíciles de anticipar.

El sistema gestiona decenas de miles de casos activos en toda España y su seguimiento corresponde a agentes especializados: las UFAM (Unidades de Familia y Mujer) de la Policía Nacional y los EMUME (Equipos de Mujer y Menor) de la Guardia Civil.

La siniestralidad de los casos catalogados con riesgo bajo es uno de los elementos que el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad analizan para afinar los criterios del protocolo. La revisión que reclama la Comunidad de Madrid se suma al trabajo técnico que ya desarrollan los especialistas en violencia de género de ambos cuerpos policiales, en contacto permanente con los juzgados competentes.

La petición de la Comunidad de Madrid se enmarca en el trabajo conjunto entre administraciones y no altera la aplicación diaria del protocolo, que sigue plenamente operativo. El Ministerio del Interior mantiene abiertos los canales de cooperación con las comunidades autónomas para actualizar los criterios de valoración y reforzar la protección de las víctimas conforme avanza el análisis técnico de los casos.

Los centros educativos digitalizan matrículas y cobros: del papel y el efectivo a las plataformas online

La gestión de centros educativos digitaliza sus matrículas, cuotas y pagos por servicios: del papel y el efectivo a las plataformas online.

Del recibo en papel a la plataforma digital: qué ha cambiado

El punto de partida se sitúa en la segunda mitad del siglo XX. Las secretarías de colegios e institutos emitían recibos foliados por duplicado mediante papel carbón, un método lento que generaba grandes cantidades de documentación y ralentizaba la comprobación diaria de las cuentas, según el recorrido histórico publicado por EDUCACIÓN 3.0.

Más tarde, los centros trasladaron parte de la gestión a las sucursales bancarias con impresos de ingreso y códigos de barras. La medida redujo el riesgo de acumular efectivo en las instalaciones, pero obligaba a las familias a acudir al banco cada mes y generaba retrasos de varios días hábiles en la identificación contable de cada depósito.

El primer hito disruptivo llegó a principios de los 2000 con la generalización de las transferencias electrónicas y la banca por internet. Los centros empezaron a asignar codigos de pago individualizados a cada alumno. A eso se sumaron los terminales de cobro inalámbricos y soluciones como Tap to Pay, que permiten aceptar pagos sin contacto desde un teléfono móvil.

A quién afecta: familias, secretarías y equipos directivos

El impacto recae sobre dos colectivos. Por un lado, las familias, que ahora pueden consultar la información académica, descargar facturas y justificantes y realizar pagos las 24 horas del día desde cualquier dispositivo conectado. Por otro, el personal de administración, que reduce la conciliación manual de recibos al cierre de cada mes.

La migración a entornos virtuales exige reforzar la ciberseguridad. El tratamiento de información bancaria y de datos del alumnado obliga a los centros a aplicar medidas como el cifrado de las comunicaciones y la autenticación en dos pasos. Diversos análisis advierten del riesgo de phishing, que puede comprometer credenciales y desviar recursos.

La digitalización de la administración escolar libera a las secretarías de tareas repetitivas, pero amplía la superficie expuesta a fraudes y exige nuevas garantías de protección de datos.

En paralelo, la relación entre las familias y la administración del centro se ha vuelto más automatizada. Las conversaciones sobre pagos pendientes se sustituyen por notificaciones y recordatorios programados, lo que libera al personal administrativo de tareas repetitivas y agiliza los trámites. El centro obtiene, además, una mayor previsión sobre sus ingresos al programar los cargos recurrentes.

Desde el punto de vista económico, los centros reducen costes administrativos al disminuir el uso de efectivo y la emisión de recibos en papel. Una gestión más eficiente permite dedicar tiempo y recursos a otras funciones, como el acompañamiento de la comunidad educativa. El objetivo declarado es que la gestión económica no reste tiempo a la función educativa.

El Marco Educativo

El marco normativo de esta transformación combina la legislación educativa con la de protección de datos. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de Educación) regula la organización de los centros y deja en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de su administración. El tratamiento de datos queda sometido al Reglamento (UE) 2016/679, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y a la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), publicados en el Boletín Oficial del Estado.

Quiénes intervienen: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte y las consejerías autonómicas fijan las normas de gestión; los equipos directivos y las secretarías aplican los sistemas; las familias son las usuarias finales. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) vela por el cumplimiento en materia de datos personales.

La proyección apunta a una mayor integración de plataformas y a un refuerzo de las garantías de seguridad. El debate sobre la protección de los menores en entornos digitales sigue abierto, y los centros deberán adaptar sus sistemas de gestión sin perder de vista su función educativa.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La gestión de matrículas, cuotas y pagos por servicios complementarios ha pasado del papel y el efectivo a plataformas digitales integradas.
  • Por qué importa: La digitalización reduce costes administrativos y agiliza los trámites, pero amplía los riesgos de ciberseguridad y exige cumplir el RGPD.
  • A quién le importa: Familias, equipos directivos y personal de administración de colegios, institutos y universidades.

Vox pierde el pulso en Asturias: la Junta General aprobará la próxima semana las leyes LGTBI e Infancia

La Junta General del Principado de Asturias aprobará la próxima semana las leyes LGTBI y de Infancia y Adolescencia. La Cámara asturiana cierra así la tramitación de ambas normas después de que el Pleno rechazara las enmiendas a la totalidad que registró Vox contra los dos textos.

El orden del día del Pleno que arranca el próximo martes en la Junta General del Principado de Asturias incluye la votación final de las leyes LGTBI y de Infancia, según la información publicada por elDiario.es. Una enmienda a la totalidad es el instrumento con el que un grupo parlamentario pide la devolución de un texto y el fin de su tramitación: en la práctica, equivale al primer debate de fondo sobre una norma.

La sesión incluye además una interpelación de Vox sobre la situación de las estaciones de esquí. El PP defenderá una iniciativa para deflactar el 5 % del tramo autonómico del IRPF, Foro Asturias preguntará por la deuda histórica del Gobierno central con las infraestructuras de la comunidad y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé llevará al Pleno la plantilla de los servicios de extinción de incendios y emergencias.

Qué pidió Vox con sus enmiendas a la totalidad

Vox registró enmiendas a la totalidad contra el texto LGTBI y contra la ley de Infancia y Adolescencia. El grupo defendió su rechazo frontal a las dos normativas en el debate de totalidad, el trámite en el que la Cámara decide si un texto sigue adelante o vuelve a su punto de partida. Ambas enmiendas decayeron.

El argumentario que el partido sostiene en las cámaras donde tiene representación se apoya en dos ideas. La primera: la igualdad ante la ley no requiere normas de trato diferenciado según el colectivo al que se pertenezca. La segunda: la protección de la infancia y la adolescencia corresponde en primer lugar a las familias y no a un entramado administrativo que, a juicio de la formación, termina sustituyendo su criterio.

Vox ha convertido esa posición en una seña parlamentaria reconocible en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento Europeo.

Vox no tenía votos para tumbar ninguna de las dos normas, pero el debate de totalidad le sirve para fijar posición antes de la votación final.

La dirección nacional del partido ha sostenido de forma reiterada que este tipo de normas generan desigualdad entre ciudadanos y que su aplicación deja un coste administrativo elevado con resultados difíciles de medir. En Asturias, el grupo cerró filas con ese criterio y llevó el asunto al Pleno con el único instrumento que la aritmética de la Cámara le permitía activar.

Por qué las dos normas llegan con el consenso garantizado

El texto LGTBI quedó pendiente de aprobación la pasada legislatura y su entrada en vigor hará que Asturias deje de ser la única comunidad, junto a Castilla y León, sin una normativa autonómica en esta materia. La ley de Infancia y Adolescencia ha suscitado un acuerdo amplio a lo largo de su recorrido parlamentario, lo que garantiza su aprobación en la sesión de la próxima semana.

La toma en consideración de la proposición de ley de Cultura e Identidad —la admisión a trámite— llegará en la misma sesión. La iniciativa se tramita finalmente como proposición de los grupos que sustentan al Gobierno y no como proyecto del Ejecutivo autonómico, una vía que, según el portavoz de IU/CA Xabel Vegas, responde a la ‘urgencia y prioridad’ de sacarla adelante sin recorrer el camino burocrático propio de un texto gubernamental.

El objetivo declarado por sus impulsores es ‘salvaguardar y fomentar los derechos culturales y lingüísticos’ de Asturias y llevar el tratamiento del asturiano y del gallego-asturiano a su límite legal. La vía se abre después de que la Cámara constatara la falta de mayoría suficiente para reformar el Estatuto de Autonomía y declarar la oficialidad de ambas lenguas.

enmienda a la totalidad

La lectura estratégica: qué se juega Vox en el tablero asturiano

La votación de la próxima semana no altera el equilibrio de fuerzas en la Cámara asturiana. Vox no tenía los números para detener ninguna de las dos normas y el resultado estaba descontado. Lo relevante para el partido se sitúa en otro plano: el debate de totalidad le permite fijar posición y dejar constancia de qué grupos acompañan cada texto.

Ahí aparece el flanco que interesa a la formación. La votación final dejará una fotografía nítida de quién acompaña cada norma y quién se descuelga, y ese material viajará con el partido hacia el próximo ciclo electoral. El precedente de los gobiernos autonómicos de coalición con el PP, extinguidos después de que Vox concluyera que los populares no cumplían lo pactado en materia de inmigración, marca la distancia con la que el partido aborda hoy cualquier negociación.

Vox mantiene, además, agenda propia en la comunidad. Su interpelación sobre las estaciones de esquí apunta al mundo rural y al turismo de montaña, un terreno en el que reclama inversión estatal frente a lo que considera abandono del Gobierno central. Y la futura tramitación de la proposición de ley de Cultura e Identidad abrirá un segundo frente, el lingüístico, donde el partido ha construido buena parte de su discurso autonómico.

La mayoría no está de su lado en esta Cámara. La tribuna, sí: la votación de la próxima semana y el debate lingüístico que vendrá después seguirán dando a Vox el altavoz que busca en Asturias.

La Casa Blanca admite que la regulación IA necesita un sistema de alerta ante modelos descontrolados

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La Casa Blanca admite que la inteligencia artificial necesita un sistema obligatorio de alertas ante modelos descontrolados.

Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, la agencia federal que gobierna al funcionariado estadounidense) y vicepresidente del grupo de trabajo de IA de la Casa Blanca, lo reconoció en The Lead, el programa de CNN: “Tenemos que articular un sistema de notificación, tenemos que articular un sistema de comunicación y, en última instancia, planes de acción”.

La frase tiene más peso del que aparenta. Hasta hoy, casi todo lo que Washington sabe sobre modelos que se comportan fuera de guion llegó por cortesía de las propias compañías. Anthropic contó lo que había pasado; OpenAI avisó de lo suyo. Ninguna ley obliga a repetirlo la próxima vez.

Un paradigma de notificación que todavía no existe

Jake Tapper le puso la pregunta encima de la mesa: ¿existe la obligación de comunicar un incidente al Gobierno? La respuesta del responsable de la OPM fue un reconocimiento en toda regla. Todavía no.

Lo que sí existe es un diseño en construcción. El grupo de trabajo quiere un “paradigma de notificación”, quiere que las empresas reporten sus fallos y quiere que el Ejecutivo sepa qué hacer con el aviso. “¿Es un asunto de la FAA? Entonces hablamos con el Departamento de Transporte”, explicó Kupor. Los interlocutores son las agencias de inteligencia, los fabricantes de modelos y, sobre todo, los sectores que dependen de ellos: banca, petróleo y gas, energía.

Kupor habló también de “más dientes” detrás de la actividad de las compañías y de planes de contingencia repartidos en en todas las agencias federales. La idea de fondo es sencilla: que el Gobierno esté tan preparado como la empresa que detecta el problema.

Washington no pretende decidir qué modelos son seguros. Pretende enterarse a tiempo de cuándo dejan de serlo.

El hueco es evidente. Si la notificación es voluntaria, la compañía decide cuándo y cómo contarlo, y el regulador acabará sabiendo lo que le convenga escuchar. Kupor apuntó a un incentivo de otro tipo: nadie quiere ser el fabricante cuyo modelo tumbó la red eléctrica.

Bruselas legisló primero y el choque de modelos ya está servido

IA descontrolada

Bruselas eligió el camino contrario. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en 2024 y aplicado por fases, obliga a las empresas a evaluar riesgos antes de poner un sistema en el mercado y a notificar incidentes graves a las autoridades nacionales. Es regulación ex ante: el permiso se pide antes, no después.

El resultado es que una empresa española que venda en ambos mercados, convive con dos relojes distintos. España fue uno de los primeros Estados miembros en crear un supervisor propio, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña. Entidades como Santander, BBVA, Telefónica o Iberdrola trabajan ya con modelos que, cuando fallan, se ven en la cuenta de resultados.

El propio Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) publicó un marco de gestión de riesgos que muchas compañías adoptan de forma voluntaria. Voluntaria es la palabra clave de todo este debate.

La Lógica de Washington

¿Por qué la Casa Blanca habla ahora de notificaciones y planes de contingencia en lugar de redactar una ley? Porque el problema que intenta resolver es de seguridad nacional, no de protección al consumidor. Un modelo que se salta sus propios límites dentro de una red eléctrica, de un sistema de pagos o de una refinería no genera un titular tecnológico: genera una crisis de infraestructura crítica. Washington no quiere regular la IA por afición; quiere tener un teléfono al que llamar.

El precedente está en la propia historia regulatoria americana. Después del accidente de Three Mile Island en 1979, la Comisión Reguladora Nuclear convirtió en obligatoria la notificación de incidentes en las centrales, algo que hasta entonces quedaba al criterio de cada operador. La lógica es la misma que ahora: no se prohíbe la tecnología, se obliga a contarla. La aviación siguió un camino parecido con los sistemas de reporte que la FAA puso en marcha en los años setenta.

La coalición que sostiene el enfoque es incómoda y explica el ritmo. El Partido Republicano tiene un ala tecnológica que no quiere nuevas obligaciones para OpenAI, Google o Anthropic, y un ala de seguridad nacional que no acepta que un modelo se caiga sin que el Pentágono se entere. Kupor ocupa el punto exacto donde ambas se tocan: dirige la OPM y coordina el grupo de trabajo de IA. El Partido Demócrata lleva dos años pidiendo algo parecido, lo que convierte la propuesta en disputa sobre quién firma el papel.

Para España, la lectura tiene doble filo. Si Washington acaba exigiendo notificación obligatoria, las empresas españolas con operaciones en Estados Unidos —banca, energía, telecomunicaciones— tendrán que montar un canal de reporte ante agencias federales que hoy no existe, con costes añadidos a los que ya asumen en Europa. Si se queda en recomendación voluntaria, el estándar lo fijarán las compañías americanas y Bruselas seguirá regulando sola.

La proyección depende de un detalle que Kupor no aclaró: si el sistema será obligatorio o voluntario. La vía rápida no pasa por el Congreso, sino por la capacidad de compra del Gobierno federal y por la normativa de las agencias. Cualquier obligación con rango de ley tendría que pasar por el Capitolio. Mientras tanto, el grupo de trabajo seguirá hablando con los fabricantes de modelos, con las agencias de inteligencia y con los sectores críticos. Lo que observamos es que Washington copia el manual nuclear, no el europeo.

Ficha del Caso

  • El caso: La Casa Blanca reconoce que no existe un sistema obligatorio para que las tecnológicas notifiquen incidentes con modelos de IA descontrolados y anuncia que diseña uno.
  • Datos clave: Lo confirmó Scott Kupor, director de la OPM y vicepresidente del grupo de trabajo de IA, en CNN el jueves 8 de octubre de 2026. Sin fecha ni texto legal.
  • Para España: Las empresas españolas con actividad en EE. UU. afrontarían un segundo régimen de cumplimiento, distinto al del Reglamento Europeo de IA y a la supervisión de la AESIA.

El embajador de EE. UU. en Canadá: Ottawa ha rechazado dos veces ‘el mejor acuerdo comercial’

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El embajador de EE. UU. en Canadá sostiene que el acuerdo comercial entre ambos países naufragó dos veces por decisión de Ottawa, y advierte de que en Washington ya nadie tiene prisa por volver a la mesa.

Pete Hoekstra, el diplomático que representa a la Administración Trump al norte de la frontera, lo explicó sin rodeos en una entrevista con Blaze News: ‘Creímos que habíamos alcanzado un acuerdo con Canadá en dos ocasiones. Y en dos ocasiones Canadá se ha levantado de la mesa’.

La versión de la Casa Blanca es que el texto rechazado era generoso. ‘Es el mejor acuerdo comercial que se le ha ofrecido a nadie en el mundo’, dijo el embajador. ‘Y si eso no le basta a Canadá, esperaremos. Esperaremos a que Canadá vuelva y pida regresar a la mesa de negociación’.

Del otro lado, el primer ministro Mark Carney mantiene que los negociadores estadounidenses exigían concesiones que comprometían la soberanía canadiense, con mención expresa a la protección del francés y de la cultura de Quebec. El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, rebate esa lectura. Y el texto sigue sin publicarse: Carney no lo ha entregado ni al líder de la oposición, Pierre Poilievre.

Dos veces en la mesa y dos veces fuera: la letra pequeña del desencuentro

Preguntado por si será la Casa Blanca quien haga público el documento, Hoekstra devolvió la pelota: ‘Si el Gobierno canadiense quiere que los canadienses vean los elementos del acuerdo, es responsabilidad del Gobierno canadiense publicarlos. Nosotros hemos decidido no hacerlo’.

No hay prisa en Washington: el acuerdo que Ottawa rechazó dos veces sigue siendo, en la lectura de la Casa Blanca, el mejor que hay sobre la mesa.

El embajador sostiene que el problema no es solo arancelario, sino de clima político. ‘Ya no vemos necesariamente a Canadá como un país al que le gusta Estados Unidos’, afirmó. Y puso cifras: once provincias y territorios canadienses han prohibido la venta de alcohol estadounidense y otro más le ha aplicado aranceles del 50%. Doce de trece, en su cuenta.

De ahí su réplica a la expresión más repetida en Ottawa en los últimos meses. ‘A un desacuerdo comercial en el que, durante un tiempo, el 93% o el 95% del comercio cruzaba la frontera sin aranceles, ¿ustedes lo llaman guerra comercial?’, preguntó. La queja, en el fondo, no es contra el arancel: es contra el relato.

El giro hacia Bruselas y el pulso por el acero chino

Pete Hoekstra

Mientras la negociación sigue congelada, Carney ha acelerado su acercamiento a la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llegó a plantear en las últimas semanas que Canadá se convierta en el primer ‘miembro asociado’ de la UE, una fórmula cuyos términos aún no están definidos. Hoekstra no se inquieta: ‘Estamos más que dispuestos a dejar que Canadá recorra ese proceso y luego veremos cómo puede impactar en la relación con Estados Unidos, militar o económicamente’.

El segundo frente es Pekín. El embajador advirtió de que el acero, el aluminio, y otros materiales chinos pueden entrar en Estados Unidos a través de productos canadienses y esquivar así las restricciones vigentes. ‘El transbordo es un irritante enorme’, dijo, antes de añadir que la práctica expulsa a los fabricantes estadounidenses del mercado mediante competencia desleal y, en algunos casos, según su versión, con mano de obra forzada.

La hipótesis de un choque militar entre los dos vecinos, que Carney admitió sopesar en una entrevista en The New York Times, no le quita el sueño. Recordó la respuesta de un general estadounidense en Vancouver: ‘Sí, y después pregúnteme por nuestros planes de invadir el suelo marciano’.

La Lógica de Washington

Entender por qué la Casa Blanca se sienta a esperar exige mirar el tablero desde dentro. El objetivo no es cerrar un acuerdo rápido, sino que el coste de no cerrarlo lo pague la otra parte. En la lectura de la Administración Trump, Canadá necesita más el mercado estadounidense —en torno al 75% de sus exportaciones cruzan esa frontera— que al revés. A eso se suma el reloj: el T-MEC, el tratado que sustituyó al NAFTA en 2020, contempla una revisión conjunta en su sexto año de vigencia, es decir, a lo largo de este 2026, y Washington quiere llegar a esa cita con las cartas marcadas.

Hay precedente. Reagan protegió el acero americano en 1984 en nombre del empleo industrial; George W. Bush repitió el gesto en 2002 y lo retiró ante la amenaza de represalias europeas; y el propio Trump activó en 2018 la Section 232 (el artículo de la ley de comercio de 1962 que permite al presidente imponer aranceles por seguridad nacional sin pasar por el Congreso). La coalición que sostiene esta política sigue siendo la misma: el Partido Republicano del cinturón industrial, los productores de acero y aluminio y un electorado que premia la firmeza negociadora por encima de la foto final.

Para España, el pulso se sigue con interés y con distancia. El CETA, el acuerdo entre la UE y Canadá aplicado de forma provisional desde 2017, ha abierto un mercado secundario para la exportación española —vino, aceite de oliva, maquinaria y componentes de automoción—, muy por debajo del volumen que mueve Estados Unidos. La exposición directa es limitada; la indirecta, no tanto: Ferrovial controla junto a otros socios la autopista 407 ETR, en Ontario, y cualquier giro proteccionista acaba filtrándose a la normativa provincial. Si Bruselas convierte a Canadá en socio asociado, España tiene poco que perder y bastante que ganar; si el control del transbordo se endurece, los exportadores europeos que usen acero o aluminio de origen chino quedarán en el punto de mira.

La proyección inmediata pasa por Ottawa. La Casa Blanca no piensa mover ficha y Hoekstra lo dejó claro: ‘Esperaremos’. En paralelo, la Comisión Europea tiene por delante definir qué significa exactamente esa membresía asociada, un debate que se resolverá en los próximos meses y que condicionará la respuesta estadounidense. La incógnita es si Carney utiliza el acercamiento a la UE como palanca real o como simple presión negociadora. Nadie en la Casa Blanca parece tener prisa por averiguarlo.

Ficha del Caso

  • El caso: El embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, sostiene que Ottawa ha rechazado dos veces el acuerdo comercial propuesto por Washington y que no habrá nuevas concesiones.
  • Datos clave: Doce de las trece provincias y territorios canadienses han adoptado medidas contra productos estadounidenses: once prohíben el alcohol y uno aplica aranceles del 50%. El comercio bilateral cruzaba la frontera libre de aranceles en un 93%-95%, según el embajador.
  • Para España: la exposición directa es reducida, pero el CETA y la posible membresía asociada de Canadá en la UE abren una ventana para el vino, el aceite, la maquinaria y las infraestructuras españolas en Norteamérica.

Las pinturas de Sijena regresan a Aragón desde el MNAC entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Huesca autoriza el desmontaje y el transporte de las pinturas profanas de Sijena, que regresarán a Aragón entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Aragón, la empresa SIT, contratada por el MNAC, y los técnicos autonómicos que supervisarán el traslado.
  • ¿Qué impacto tiene? Desbloquea el retorno de las profanas y deja pendiente la Sala Capitular, con 56 semanas de plazo judicial.

Aragón recupera las pinturas de Sijena: volverán entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre. La Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca ha autorizado este viernes los trabajos de desmontaje, embalaje y transporte que devolverán al Monasterio de Sijena las pinturas profanas desde el MNAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

La decisión desbloquea un expediente atascado durante años en los detalles técnicos. La comisión —el órgano consultivo que informa los proyectos sobre bienes culturales en la provincia— ha dado el visto bueno al calendario, aunque con dos condiciones: las labores deberán consensuarse con los técnicos del Ejecutivo autonómico, que recibirán información de cada actuación con antelación.

Las condiciones que Huesca pone al desmontaje

Entre la documentación examinada figura el estado actual de las obras, la propuesta de desmontaje, los sistemas de embalaje, y transporte, la empresa adjudicataria y el cronograma. Los técnicos consideran que la información responde a las reiteradas solicitudes del Gobierno de Aragón.

Los trabajos correrán a cargo de SIT, la empresa contratada por el MNAC. La comisión ha revisado la póliza del seguro, suscrita bajo la fórmula clavo a clavo, que cubre las obras sin interrupción desde el desmontaje hasta su colocación final.

El regreso se producirá en una ventana de poco más de dos semanas, entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre. La autorización no fija una fecha exacta de llegada —depende del ritmo del desmontaje—, pero ningún paso se dará sin el visto bueno de los técnicos aragoneses.

Aragón recupera las pinturas profanas, pero el litigio de Sijena no se cierra aquí: la Sala Capitular sigue esperando su turno.

Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón y responsable de Cultura, ha definido la autorización como “el preámbulo para el regreso de todas las pinturas”. “La vuelta de las pinturas de Sijena reafirma la fuerza de la razón y del derecho, y devuelve a nuestra comunidad lo que le pertenece por historia y por justicia”, ha añadido.

La Sala Capitular y el reloj judicial

El otro frente sigue abierto. La jueza concedió el pasado 10 de abril un plazo de 56 semanas al MNAC para devolver las pinturas de la Sala Capitular, y Vaquero sostiene que el museo no está cumpliendo ese mandato.

“Como hemos conseguido con las profanas, también las pinturas religiosas regresarán”, ha zanjado la vicepresidenta, que insiste en que Aragón no aceptará que su patrimonio se divida. Si el museo moverá ficha antes de que venza el calendario judicial es, hoy, la única pregunta sin respuesta.

El Pulso Territorial

Sijena funciona en Aragón como uno de los pocos terrenos donde las formaciones se dan la mano. Gobierna la comunidad Jorge Azcón, al frente de un ejecutivo de coalición entre el PP y Vox, con Mar Vaquero en la vicepresidencia y en la consejería de Cultura.

En las Cortes de Aragón, el parlamento unicameral de 67 escaños, el PP, el PSOE, el PAR y la Chunta Aragonesista han coincidido durante años en reclamar los bienes, un consenso que ha impedido que el asunto se convierta en arma partidista.

La movilización social marca la diferencia. En 2016, más de 10.000 personas se movilizaron en Aragón para exigir la vuelta de los bienes, un precedente que explica la presión sostenida durante esta década. Con las elecciones autonómicas previstas para 2027 en el horizonte, el retorno de las profanas se convierte en un hito verificable para el Gobierno de Aragón. Lo que venga después depende de la Sala Capitular.

Ficha Autonómica

  • El caso: Las pinturas profanas del Monasterio de Sijena salen del MNAC tras años de litigio; Huesca autoriza su desmontaje, embalaje y transporte.
  • Datos importantes: Retorno entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre; traslado a cargo de SIT; seguro clavo a clavo; 56 semanas de plazo judicial para la Sala Capitular.
  • Resumen: Desbloqueado el regreso de las profanas, el Gobierno de Aragón duda de que el museo cumpla con las pinturas de la Sala Capitular.

La Xunta rechaza el luto oficial por Beiras mientras Santiago propone la Medalla de Ouro y la clase política lo despide

La Xunta de Galicia descarta el luto oficial por Xosé Manuel Beiras, fallecido este jueves a los 90 años. El Ayuntamiento de Santiago, en cambio, propone para él la Medalla de Ouro a título póstumo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Xosé Manuel Beiras falleció este jueves a los 90 años; la Xunta descarta el luto oficial y Santiago propone la Medalla de Ouro a título póstumo.
  • ¿Quién está detrás? Xunta de Galicia (PPdeG), Ayuntamiento de Santiago (BNG y Compostela Aberta), BNG, PP y Gobierno central.
  • ¿Qué impacto tiene? El reconocimiento institucional queda dividido entre el silencio del ejecutivo autonómico y el homenaje municipal; el acto público se celebra este viernes en el Museo do Pobo Galego.

La Xunta descarta el luto oficial y Santiago propone la Medalla de Ouro

Un portavoz autorizado de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) confirmó la decisión: «no habrá luto oficial» por Beiras. El ejecutivo de Alfonso Rueda no prevé ninguna medida institucional de reconocimiento hacia el autor de O atraso económico de Galiza, obra de referencia del pensamiento gallego contemporáneo.

El contraste con el precedente más reciente es evidente. En 2021 la Xunta declaró tres días de luto oficial por el fallecimiento del conselleiro de Facenda Valeriano González, miembro del propio Gobierno autonómico. Con Beiras, figura de dimensiones históricas, el ejecutivo opta por el silencio oficial. No es una decisión menor en una comunidad donde el protocolo institucional pesa.

En la capital gallega la respuesta ha sido otra. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, del BNG, anunció que trasladará a la Comisión de Honores y Condecoraciones la propuesta de conceder a Beiras la Medalla de Ouro de la ciudad, su «máximo reconocimiento oficial». Espera un acuerdo «unánime» antes de someterla al pleno municipal.

Los ciudadanos podrán rendirle homenaje desde este viernes al mediodía en una sala habilitada en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. A las cuatro de la tarde está previsto un acto público. Es, por ahora, la única convocatoria oficial confirmada por las instituciones gallegas.

Sanmartín definió a Beiras como «una persona que no podía encarnar mejor ni representar mejor a nuestra ciudad». Recordó sus «hondas raíces» compostelanas —nació y se crió en Santiago, aunque llevaba décadas viviendo en Brión, a quince kilómetros— y el monolito con un tejo plantado en su honor en junio de 2025.

Galicia despide al dirigente nacionalista más importante desde Castelao, pero sus instituciones no se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo.

Una ola de reconocimiento transversal, con Feijóo en silencio

La muerte de Beiras ha generado un reconocimiento que ha atravesado la política gallega y la española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que Galicia «pierde una voz propia, firme y profundamente comprometida con su tierra». El propio Alfonso Rueda lo había definido horas antes como un «referente» que «marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia».

En términos parecidos se pronunciaron el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, y el candidato a la alcaldía compostelana, Borja Verea. No lo hizo, en cambio, Alberto Núñez Feijóo, con quien Beiras protagonizó sonados encontronazos durante sus años al frente de la Xunta. El líder del PP mantiene así un silencio que contrasta con el resto de su partido en Galicia.

Beiras fue el intelectual y dirigente nacionalista más importante desde Castelao. Fundó el BNG en 1982, lo llevó de un diputado a dieciocho en el Parlamento de Galicia y rompió con el Bloque en 2012 para crear Anova-Irmandade Nacionalista, hoy integrada en la marea municipalista Compostela Aberta. En los últimos años respaldó a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en las elecciones autonómicas de 2024.

Xosé Manuel Beiras

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva gobernada por el PPdeG con mayorías absolutas desde 2009, y Beiras fue durante décadas el principal contrapeso intelectual a ese poder. Catedrático de Estructura Económica, dejó una obra que marcó a varias generaciones y un estilo político que no dejaba indiferente a nadie. Su muerte obliga a mirar de nuevo la relación entre el poder autonómico y su oposición histórica.

La reacción institucional tiene una lectura nacional. Alberto Núñez Feijóo trata de proyectar el modelo gallego al conjunto de España, y su silencio ante la muerte de quien fue su adversario más reconocible resulta, cuanto menos, llamativo. El PPdeG, el BNG, y el PSdeG han reaccionado con registros muy distintos: reconocimiento en el caso de los dos partidos de la oposición y de varios cargos populares, distancia en el núcleo del Gobierno autonómico.

La proyección inmediata está en Santiago de Compostela. La Comisión de Honores y Condecoraciones debe pronunciarse sobre la Medalla de Ouro, y el pleno municipal tendrá la última palabra. La Xunta, mientras, mantiene su negativa al luto oficial, una decisión que puede volver al debate del Parlamento de Galicia si el BNG o el PSdeG la interpelan en la próxima sesión. Galicia entierra a una figura irrepetible y, de paso, retrata sus propias divisiones.

Ficha del Caso

  • El caso: Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente nacionalista gallego, falleció este jueves a los 90 años. La Xunta descarta el luto oficial y Santiago propone la Medalla de Ouro.
  • Datos importantes: Fundó el BNG en 1982 y lo llevó de 1 a 18 diputados; rompió en 2012 para crear Anova; en 2021 la Xunta sí declaró tres días de luto por el conselleiro Valeriano González.
  • Resumen: El reconocimiento institucional a Beiras queda dividido entre el silencio del ejecutivo autonómico y el homenaje del Ayuntamiento de Santiago.

La vivienda en Mérida se abaratará en 2027: el Ayuntamiento cederá suelo público gratis a las constructoras

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Mérida propone comprar suelo urbanizable para cederlo gratis a las constructoras a cambio de pactar el precio de venta al público en los presupuestos de 2027.
  • ¿Quién está detrás? El alcalde socialista Antonio Rodríguez Osuna, que ha llevado las medidas a los grupos municipales con un informe sobre el parque residencial.
  • ¿Qué impacto tiene? La ciudad suma 29.115 viviendas y paga el alquiler a 7,7 euros el metro cuadrado, la mitad que la media nacional. La negociación se cerrará antes de las municipales de mayo de 2027.

El Ayuntamiento de Mérida quiere comprar suelo para cederlo gratis a las constructoras. El pago no será en dinero, sino un precio de venta pactado. La operación viaja dentro de los presupuestos de 2027 y llega a menos de ocho meses de las elecciones municipales.

Suelo municipal gratis a cambio de un precio de venta tasado

Antonio Rodríguez Osuna, alcalde socialista de la ciudad, lo anunció en rueda de prensa y admitió que la capital extremeña seguirá teniendo un problema de vivienda “siempre que haya familias que no puedan permitirse un alquiler en la ciudad”. La práctica totalidad del suelo urbanizable municipal ya está cedido, así que el consistorio estudia adquirir nuevos terrenos y entregarlos sin coste a las empresas. A cambio, las promotoras firmarán un precio de venta al público.

La propuesta vendrá precedida por un estudio de mercado que mida qué necesita el sector, y el alcalde citó como ejemplo los solares disponibles en la zona de La Corchera. En paralelo, el nuevo Plan General de Vivienda elevará la reserva de Vivienda de Protección Oficial (VPO, el tipo de vivienda con precio tasado por la administración y reservado a rentas determinadas) del 25% al 30%. Son cinco puntos más de suelo protegido.

Los números de Mérida: 29.115 viviendas y un alquiler a la mitad que en España

El informe municipal sobre el parque residencial coloca las cifras encima de la mesa. La ciudad cuenta con 29.115 viviendas y el 84,3% pertenecen a particulares con uno o dos inmuebles. El principal gran tenedor es la Junta de Extremadura, con casi 1.300 viviendas sociales, el 4,5% del total, por delante de bancos e inmobiliarias, que suman el 1,4%. Las promociones terminadas, en obra o previstas apenas alcanzan las 579 viviendas.

En el alquiler, el metro cuadrado se paga a 7,7 euros frente a los 15,1 de la media nacional. En compraventa, Mérida registra 1.236 euros por metro cuadrado y el conjunto del país, 2.930: un 58% menos. El descontento vecinal lleva meses en la calle y apunta a subidas de unos 150 euros al mes en cuatro años. Aquí el problema no es el precio relativo, sino el bolsillo.

El metro cuadrado en Mérida cuesta la mitad que la media nacional y aun así hay vecinos que no llegan a pagar el alquiler de cada mes.

El paquete reservado al arrendamiento incluye ayudas directas para familias trabajadoras con dificultades para abonar la cuota y una bolsa de intermediación. Los propietarios que se sumen fijarán un precio por metro cuadrado y, a cambio, tendrán garantías de de pago respaldadas por el propio ayuntamiento. La fórmula evita imponer topes generales a todo el alquiler de la ciudad.

Sobre los pisos turísticos, el informe los sitúa en el 0,86% del parque residencial. Rodríguez Osuna niega que Mérida tenga un problema de gentrificación y defiende que “la situación de Mérida tiene sus propias características y las respuestas también deben ser las adecuadas para nuestra ciudad”. Desde 2023 y hasta septiembre de este año, el consistorio ha concedido más de 531.000 euros en ayudas al alquiler a 403 familias y ha emitido 104 informes de vulnerabilidad a juzgados y 53 a entidades bancarias.

El Pulso Territorial

El pulso de esta medida se juega en dos escaleras. En la municipal, el PSOE gobierna Mérida con Antonio Rodríguez Osuna al frente y afronta el tramo final del mandato iniciado en 2023.

En la autonómica, la Junta de Extremadura que preside María Guardiola es, según el informe municipal, la mayor propietaria de vivienda social de la ciudad: casi 1.300 inmuebles. El principal casero público de Mérida no depende del alcalde. Extremadura se mantiene entre las comunidades con los precios residenciales más contenidos, según los índices que publica el INE, y el alquiler de la capital está en la mitad de la media del país.

Eso no consuela a quien firma cada mes. La incógnita es doble: cuánto costará comprar ese suelo y si las constructoras aceptarán un tope de precio cuando el mercado no les obliga a ello. Con las cuentas de 2027 en negociación y las elecciones municipales de mayo de 2027 en el horizonte, el debate ya no es técnico, sino electoral.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Ayuntamiento de Mérida quiere adquirir suelo urbanizable y cederlo gratis a las constructoras para que promuevan pisos con un precio de venta pactado, dentro de los presupuestos de 2027.
  • Datos importantes: 29.115 viviendas en la ciudad; alquiler a 7,7 euros el metro cuadrado frente a 15,1 de media nacional; compraventa un 58% más barata que en España; reserva de VPO del 25% al 30%; más de 531.000 euros en ayudas al alquiler a 403 familias desde 2023.
  • Resumen: La propuesta se negocia con los grupos municipales en los próximos meses y las municipales de mayo de 2027 marcan el calendario.