EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de la UE aprobó el 1 de octubre el nuevo Reglamento de Retorno, que sustituye a la Directiva de 2008 e incorpora un marco jurídico para centros de migrantes en terceros países.
- ¿Quién está detrás? Los ministros de Interior de los Veintisiete, bajo presidencia irlandesa. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos impulsan un centro conjunto en África, con Ruanda como posible sede y 2027 como horizonte.
- ¿Qué impacto tiene? España, principal puerta de entrada del sur de Europa, tendrá que aplicar una norma que refuerza las expulsiones y desliza el modelo hacia la externalización del control migratorio.
El Consejo de la UE aprobó el 1 de octubre el Reglamento de Retorno, que permite abrir centros de migrantes en terceros países. La decisión llegó en Luxemburgo, durante la reunión de ministros de Interior bajo presidencia irlandesa, y cierra un proceso legislativo que se arrastraba desde el estallido del Pacto de Migración y Asilo.
El texto parte de un diagnóstico que Bruselas repite desde hace años: aproximadamente dos de cada tres personas a las que se ordena abandonar la UE no se marchan en realidad. Lo recordó el ministro irlandés de Justicia, Interior y Migración, Jim O’Callaghan, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria: ‘Las normas de retorno revisadas que se han adoptado hoy ayudarán a los Estados miembros a aplicar retornos rápidos de forma eficaz’.
Lo que dice el texto y lo que deja al aire
El reglamento refuerza las obligaciones sobre los migrantes irregulares. Quien no tenga derecho a permanecer deberá abandonar el territorio y cooperar con las autoridades; el incumplimiento podrá acarrear sanciones que van de la reducción de prestaciones a multas económicas. Para los perfiles considerados un riesgo para la seguridad, la norma permite prohibiciones de entrada indefinidas y detenciones que superan los 24 meses, siempre que estén justificadas y sean proporcionadas.
La pieza más novedosa, y la más polémica, es la ordenación de los centros de retorno. El reglamento habilita a los Estados miembros a firmar acuerdos o ‘arreglos’ con países no comunitarios, siempre que respeten las normas internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. Los menores no acompañados quedan excluidos. Una Orden Europea de Retorno permitirá además reconocer mutuamente las decisiones de expulsión entre socios, en principio de forma voluntaria y con una reevaluación a los tres años.
El Consejo presenta la norma como pata del Pacto de Migración y Asilo. La realidad, sin embargo, es que los detalles operativos quedan delegados a acuerdos bilaterales con terceros países. A qué centro va cada deportado, con qué régimen de vida, bajo qué supervisión y con qué plazos de detención: nada de eso está en el texto.
Por ahí ha entrado el Comité Internacional de Rescate. Su directora de incidencia en la UE, Marta Welander, lo resume sin ambages: ‘La idea propuesta de los centros de retorno es cruel, costosa y contraproducente’. Y añade que ninguna financiación, formación o cambio de supervisión arregla el problema de fondo: la persona trasladada queda fuera del alcance jurídico de la UE.
La nueva norma no fija condiciones, plazos ni supervisor: todo lo deja en manos de acuerdos bilaterales que la UE no podrá ejecutar sobre el terreno.
El frente diplomático: cinco países y un centro en África
En paralelo a la aprobación del reglamento, un grupo de países ha movido ficha. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos impulsan un centro conjunto en África, con vistas a abrir la primera instalación en 2027. El ministro de Migración griego, Thanos Plevris, ha puesto esa fecha sobre la mesa. Entre los candidatos que suenan como sede, Ruanda ocupa la pole position, según las informaciones que circulan en Bruselas.
El modelo se inspira en los centros italianos en Albania, visitados en dos ocasiones por el IRC. La lectura de Welander es demoledora: ‘Lo que se ha observado en Albania incluye un amplio malestar psicológico entre las personas detenidas sin la debida atención de salud mental, con informes sumamente preocupantes de autolesiones.
Chiara Catelli, responsable de incidencia en Picum, incide en otra arista: ‘Ninguna salvaguardia puede convertir los centros de deportación en una herramienta legítima para gestionar la migración’. Sostiene que el mero traslado a lugares desconocidos, lejos de la vida que la persona intentaba construir, va en contra del derecho a la vida privada y familiar.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, escribió en julio a los cinco países impulsores para reclamar cuatro salvaguardas: evaluación de riesgo previa, supervisión independiente y continua con capacidad de suspender la cooperación, acuerdos jurídicamente vinculantes con cláusulas exigibles y publicación de los textos. Son recomendaciones, no artículos del reglamento.
El Eje del Poder Europeo
El pulso migratorio vertebra la política comunitaria desde 2015. Entonces, la canciller Angela Merkel abrió las fronteras alemanas a más de un millón de refugiados sirios y su decisión marcó una década. Hoy Berlín, junto a Viena, Copenhague, Atenas y La Haya, encabeza la coalición que empuja los centros en terceros países. La paradoja es evidente: el mismo Estado que promovió la acogida en 2015 lidera ahora la externalización de fronteras, en un vuelco que muchos leen como respuesta directa al avance de la ultraderecha en las urnas europeas.
En el eje franco-alemán, París mantiene un perfil más discreto. Francia firmó acuerdos con Túnez y otros países del Magreb para frenar salidas, pero evita asociarse públicamente a los centros de retorno. Italia, con Giorgia Meloni al frente, ha sido la pionera del modelo Albania y lo defiende como referencia. Los frugales del norte —Países Bajos y Dinamarca en particular— apoyan con entusiasmo la contención del gasto en acogida. El grupo de Visegrado, con Hungría y Polonia a la cabeza, ni siquiera necesita la norma: ya cerró sus fronteras hace años.
España mira el reglamento con distancia estratégica. Es la principal puerta de entrada del sur, con Canarias como ruta crítica y el Mediterráneo occidental como corredor persistente, y el Gobierno español ha defendido en Bruselas una posición favorable a la migración regular y a los corredores legales. El problema es que el nuevo texto empuja al conjunto de los Veintisiete hacia el marco que Berlín, Viena y Roma diseñaron primero. Aplicarlo en territorio español implicará reabrir el debate sobre el papel de las ONG, la dotación de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y la coordinación con Marruecos y Mauritania, dos socios clave en la contención de salidas.
Hay un dato que las ONG subrayan y que desmonta parte del relato oficial. Welander recuerda que el verdadero cuello de botella está en la disposición de los terceros países a cooperar en la readmisión y la verificación de documentos: una limitación más citada que la propia coordinación europea. Traducido a la práctica, el reglamento no resuelve el problema que dice atajar; solo lo desplaza.
Picum insiste en la responsabilidad compartida: ‘La UE y sus Estados miembros no pueden limitarse a externalizar su responsabilidad de proteger los derechos fundamentales’. Es la misma advertencia que lanzó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tras la votación del Parlamento Europeo en junio.
La etiqueta de ‘tercer país seguro’ soporta buena parte del edificio jurídico, y Catelli duda de que aguante. ‘Un país puede considerarse seguro para la UE y seguir siendo inseguro para determinadas personas, en función de sus circunstancias individuales’, sostiene.
Lo que observamos es un movimiento más táctico que humanitario. El reglamento nace tras años de bloqueo en el Pacto Migratorio, y su puesta en marcha dependerá menos de la letra que de los acuerdos que firmen uno a uno los los gobiernos. Sin país de acogida confirmado, sin supervisión independiente acordada y sin publicación garantizada de los convenios, los centros de retorno son hoy una promesa jurídica más que una política en marcha. La próxima cumbre del Consejo Europeo, prevista para finales de mes, puede despejar si Ruanda u otro candidato se sientan por fin a la mesa.
