El TSJ de Illes Balears ordena internamiento psiquiátrico penitenciario de hasta 38 años por el doble crimen de Manacor

Carlos V Vega
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El TSJ de Illes Balears ordena internamiento psiquiátrico penitenciario de hasta 38 años por el doble crimen de Manacor

El TSJ de Illes Balears ha acordado el internamiento psiquiátrico penitenciario por un máximo de 38 años para el autor del doble crimen ocurrido en Manacor (Mallorca) en abril de 2024.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? El magistrado presidente del Tribunal del Jurado del TSJ de Illes Balears ha impuesto una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por tiempo máximo de 38 años.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Los artículos 95 y 96.2 del Código Penal y el límite temporal del artículo 101.3, que impide superar la pena privativa de libertad que habría correspondido al sujeto.
  • ¿Qué impacto tiene? La resolución confirma el estándar de proporcionalidad entre la gravedad del doble homicidio y la duración del internamiento, sujeto a revisión periódica conforme al artículo 97 del Código Penal.

El doble crimen de Manacor y la conformidad de las partes

Los hechos se produjeron en abril de 2024 en Manacor (Mallorca). El procesado, tras sufrir un brote psicótico desencadenado por el consumo de tóxicos, golpeó a su madre, de 82 años, hasta causarle la muerte y acabó con la vida de su hermano.

La causa se tramitó por el procedimiento del Tribunal del Jurado, cuya competencia alcanza a los delitos de homicidio conforme a la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. A lo largo de la instrucción, el estado de salud psíquica del encausado se convirtió en el eje del debate, ya que la apreciación de una eximente completa o incompleta condicionaba tanto la declaración de responsabilidad criminal como la ulterior medida de seguridad.

El día de la vista, el acusado reconoció los hechos y las partes personadas alcanzaron un acuerdo, de modo que no fue necesario constituir el Jurado. La conformidad prestada por las acusaciones y la defensa permitió al magistrado presidente resolver el enjuiciamiento sin someter el veredicto a deliberación ciudadana.

La medida de seguridad: hasta 38 años de internamiento

El magistrado presidente acordó una medida de seguridad privativa de libertad consistente en el internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 38 años. La resolución se ajusta al artículo 101.3 del Código Penal, precepto que impide que el internamiento exceda del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable.

La medida se apoya en la clasificación legal de las medidas de seguridad. El artículo 96.2 la sitúa entre las privativas de libertad, mientras que el artículo 95.1 exige que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito y que de él pueda derivarse un pronóstico de peligrosidad. Antes de resolver, el tribunal practicó cinco periciales sobre el estado de salud del procesado, dirigidas a fijar la medida aplicable y su extensión temporal.

El artículo 101.3 del Código Penal convierte la pena privativa de libertad que habría correspondido al sujeto en el techo temporal del internamiento en centro psiquiátrico penitenciario.

La medida de seguridad no es definitiva en su duración efectiva. El artículo 97 del Código Penal impone la revisión periódica de la situación del interno durante su ejecución, y el artículo 98 ordena su cese cuando desaparezca la peligrosidad que la motivó. El mantenimiento del internamiento queda, por tanto, vinculado a un juicio de pronóstico que debe actualizarse de forma continua.

La resolución es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Illes Balears, conforme al artículo 846 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto íntegro de la resolución no consta aún publicado en el CENDOJ; la información oficial facilitada por el Consejo General del Poder Judicial no detalla la fecha exacta del señalamiento.

medida de seguridad

La Doctrina del Tribunal

El pronunciamiento consolida una regla interpretativa que ya opera con carácter general en la aplicación de las medidas de seguridad: el artículo 101.3 del Código Penal, cuyo texto consolidado publica el BOE, convierte la pena hipotética en el límite máximo absoluto del internamiento. La doctrina previa venía exigiendo una doble comprobación —gravedad del hecho y peligrosidad postdelictual— y esta resolución la proyecta sobre un doble homicidio consumado, con el efecto de trasladar al internamiento la magnitud temporal que habría tenido la respuesta punitiva.

La base jurídica se completa con el carácter subsidiario del sistema. Las medidas de seguridad no sustituyen a la pena cuando concurre imputabilidad, sino que operan únicamente sobre sujetos exentos de responsabilidad criminal o con eximente incompleta, conforme al artículo 95.1 del Código Penal. La consecuencia práctica para los abogados que litigan en esta materia es doble: el debate se desplaza de la culpabilidad al pronóstico de peligrosidad, y la duración del internamiento queda anclada a un cálculo punitivo que debe motivarse expresamente en la propia resolución.

El impacto jurisprudencial alcanza a todos los supuestos de inimputabilidad por anomalía psíquica o intoxicación seguidos ante el Tribunal del Jurado, materia en la que los tribunales superiores de justicia revisan cada año un número reducido pero técnicamente complejo de resoluciones. La proyección procesal inmediata pasa por la eventual apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Illes Balears y, en fase de ejecución, por las revisiones sucesivas que impone el artículo 97 del Código Penal.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Procedimiento ante el Tribunal del Jurado por la muerte violenta de la madre y el hermano del procesado en Manacor (Mallorca). El acusado reconoció los hechos y las partes alcanzaron un acuerdo, por lo que no se constituyó el Jurado.
  • Datos importantes: Medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por tiempo máximo de 38 años. Base jurídica: artículos 95.1, 96.2, 97, 98 y 101.3 del Código Penal. Resolución del magistrado presidente del Tribunal del Jurado; el texto no consta publicado en el CENDOJ.
  • Fecha de los juicios: Hechos en abril de 2024. Resolución dictada en el acto del juicio oral y difundida mediante nota oficial del CGPJ. Susceptible de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Illes Balears.
  • Personas acusadas y por qué: Un hombre, procesado por la muerte de su madre, de 82 años, y de su hermano, tras sufrir un brote psicótico por consumo de tóxicos. Se aplica medida de seguridad por apreciación de causa de exención de responsabilidad criminal.

El Consejo General de la Abogacía avala que el Gobierno apruebe por real decreto la pasarela al RETA antes del 29-N

Carlos V Vega
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El Consejo General de la Abogacía avala que el Gobierno apruebe por real decreto la pasarela al RETA antes del 29-N

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) concluye, en un informe jurídico fechado este 9 de octubre, que el Ejecutivo conserva intacta su potestad reglamentaria para aprobar por real decreto la pasarela al RETA antes de las elecciones del 29 de noviembre, pese a la disolución de las Cortes.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué concluye el informe? El CGAE considera jurídicamente viable que el Gobierno apruebe el real decreto de la pasarela al RETA antes del 29 de noviembre; la disolución de las Cortes no constituye un obstáculo legal.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Artículos 101.1 y 97 de la Constitución, artículos 21 y 27.1 de la Ley 50/1997 del Gobierno, artículo 207 del Reglamento del Congreso y artículo 50 de la LOREG.
  • ¿Qué impacto tiene? El obstáculo no es competencial, sino temporal: sin tramitación urgente acordada en la semana del 19 de octubre, el calendario electoral se cierra.

Una competencia intacta hasta el 29 de noviembre

El primer obstáculo que despeja el documento es de naturaleza constitucional. La convocatoria electoral y la disolución del Congreso y del Senado no sitúan al Gobierno en funciones. El artículo 101.1 de la Constitución establece que el Ejecutivo cesa tras la celebración de las elecciones generales, no cuando estas se convocan, previsión que desarrolla el artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno.

De ese marco se deriva que, hasta el 29 de noviembre, el Ejecutivo mantiene la potestad reglamentaria de los artículos 97 de la Constitución y 5.1.h) de la Ley del Gobierno. El informe separa las consecuencias parlamentarias de la disolución —caducidad de las iniciativas legislativas conforme al artículo 207 del Reglamento del Congreso— de los procedimientos de elaboración de reglamentos, que no exigen votación parlamentaria.

El informe descarta igualmente que la legislación electoral añada una prohibición. El artículo 50 de la LOREG limita determinados actos institucionales de los poderes públicos durante la campaña, pero no la aprobación de disposiciones generales. El CGAE recuerda que en el periodo electoral de 2019 la Junta Electoral Central rechazó suspender ruedas de prensa del Consejo de Ministros en las que se informaba de la aprobación de normas. Asi lo recoge el documento.

El calendario condiciona la aprobación del real decreto

El segundo bloque del informe se centra en los plazos, y aquí el margen se estrecha. El artículo 27.1 de la Ley 50/1997 del Gobierno permite al Consejo de Ministros acordar la tramitación urgente, que reduce a la mitad los plazos administrativos, prescinde de la consulta pública previa y limita a siete días hábiles el trámite de audiencia e información pública.

La disolución de las Cortes no limita la potestad reglamentaria, pero la tramitación urgente del real decreto debe acordarse en la semana del 19 de octubre.

La tramitación urgente tiene una excepción: el dictamen del Consejo de Estado no puede omitirse. En la vía ordinaria dispone de dos meses; en la urgente, de quince días, y el Gobierno puede fijar un plazo inferior. El CGAE plantea reducirlo a unos diez días. A ello se suman los informes de los departamentos afectados, la aprobación previa de Hacienda y la memoria del análisis de impacto normativo.

De ahí los dos escenarios que maneja el documento. El primero parte de que la urgencia se acuerde el 13 de octubre: audiencia entre el 14 y el 23, remisión al Consejo de Estado el 2 de noviembre y aprobación el 17 o el 24 de noviembre. El segundo retrasa el acuerdo al 20 de octubre y sitúa la aprobación, sin margen para nuevos retrasos, el 24 de noviembre.

Consejo General de la Abogacía

La Doctrina Constitucional

La aportación doctrinal del informe es la separación entre caducidad parlamentaria y potestad reglamentaria. Frente a la lectura que asimila la disolución de las Cortes al cierre de la actividad del Ejecutivo, el CGAE sostiene que el reglamento no decae: es un procedimiento administrativo ante el Gobierno, ajeno a las Cámaras. La regla se apoya en el artículo 101.1 de la Constitución y en la distinción del artículo 21 de la Ley del Gobierno entre cese y continuación en funciones.

El impacto es procedimental. La concurrencia de cuatro condiciones —borrador y memoria avanzados, acuerdo de urgencia o reducción de plazos de los artículos 26.5 y 26.6 de la Ley del Gobierno, solicitud simultánea de los informes preceptivos y un plazo de diez días para el Consejo de Estado— es lo que permitiría comprimir el procedimiento dentro del calendario electoral. El informe no acredita que el ministerio disponga ya de ese borrador ni que la urgencia esté formalmente acordada.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Informe jurídico del Consejo General de la Abogacía Española sobre la viabilidad de aprobar por real decreto la pasarela al RETA durante el periodo electoral previo a las elecciones del 29 de noviembre.
  • Datos importantes: Artículos 101.1 y 97 de la Constitución; artículos 21, 26.5, 26.6 y 27.1 de la Ley 50/1997 del Gobierno; artículo 207 del Reglamento del Congreso; artículo 50 de la LOREG. Documento fechado el 9 de octubre de 2026.
  • Fecha de los juicios: N/A. No se trata de un procedimiento judicial. El informe se difunde el 9 de octubre de 2026 y los escenarios fijan la aprobación el 17 o el 24 de noviembre.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. No hay acusados; el informe analiza competencias del Gobierno y plazos administrativos.

El decreto de universidades privadas que el Supremo anula: qué dice la sentencia y qué cambia ahora

Alberto Ochoa
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El decreto de universidades privadas que el Supremo anula: qué dice la sentencia y qué cambia ahora

El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto que endurecía la creación de universidades privadas por falta de justificación de su tramitación urgente, al estimar el recurso presentado por las Islas Baleares. La decisión del Alto Tribunal, conocida hoy, 9 de octubre, deja sin efecto la norma con la que el Gobierno elevó los requisitos para abrir nuevos campus y le obliga ahora a pronunciarse sobre el resto de impugnaciones registradas.

Según el fallo, la norma decayó por un defecto de forma: el Ejecutivo no justificó su tramitación urgente. El Supremo considera que recurrir a esa vía excepcional exige motivar por qué la norma no podía seguir el procedimiento ordinario, y esa carencia basta para dejar sin efecto el texto completo.

Qué argumenta el Supremo para anular la norma

La sentencia estima el recurso de la administración balear, que impugnó el texto por considerar discriminatorios dos de sus requisitos: un mínimo de 4.500 estudiantes y un 10% de plazas en residencias. El Govern balear sostuvo ante el Alto Tribunal que ambos umbrales perjudicaban a su comunidad. El recurso balear prosperó.

El decreto, conocido en el sector como el ‘antichiringuitos’, introducía varias exigencias para los centros de nueva creación. Entre ellas figuraba la autorización previa de la comunidad autónoma para implantar titulaciones distintas a las recogidas en la memoria de la universidad durante sus primeros cinco años de actividad, con informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria.

También fijaba plazos ajustados para que los centros extranjeros pusieran en marcha sus sistemas internos de garantía de calidad y solicitaran su certificación. Ese calendario era de seis meses desde la entrada en vigor, un margen que varias universidades consideraron imposible de cumplir.

La estimación del recurso balear no cierra el caso: cuatro comunidades más y varios centros privados esperan aún su propia sentencia.

Quiénes recurrieron el decreto y qué recursos siguen abiertos

Baleares no fue la única administración que acudió al Supremo. Otras cuatro comunidades autónomas registraron sendos recursos contencioso-administrativos (el mecanismo para impugnar ante los tribunales una norma o un acto de la Administración) contra el mismo texto.

  • Madrid, recurrió la norma por considerarla ‘arbitraria’ y por vulnerar las competencias autonómicas.
  • Extremadura sostiene que el decreto se aprobó por urgencia ‘sin necesidad alguna’ y que no se atendieron sus alegaciones.
  • La Rioja y Aragón también presentaron sus propios recursos contencioso-administrativos contra el texto.

A los recursos de las comunidades se sumaron los de varias instituciones académicas. El CEU impugnó el decreto por considerarlo ‘lesivo’ e invasor de competencias autonómicas, y la Universidad Fernando Pessoa y la Universidad de las Hespérides presentaron impugnaciones por separado. CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín registraron un recurso conjunto.

El Supremo ya rechazó a principios de 2026 dos peticiones de medidas cautelares (la suspensión provisional de una norma mientras se resuelve el fondo del asunto) contra el decreto. En ambos autos concluyó que no concurrían daños irreparables que justificaran paralizar la norma. Ahora el pronunciamiento es otro: ya no suspende la disposición, sino que la anula.

Qué cambia ahora para las comunidades y los centros

La anulación deja sin efecto los requisitos que el decreto imponía a los nuevos centros, pero no resuelve por sí sola el conflicto competencial. Cuatro comunidades y varios centros esperan todavía su sentencia. El Supremo tendrá que fijar ahora si el marco básico estatal podía imponer exigencias como el mínimo de alumnos o la reserva de plazas residenciales.

Hasta entonces, el escenario queda abierto. Las comunidades que recurrieron reclaman recuperar el margen que, a su juicio, la norma les arrebató. Por ahora no consta que el Gobierno haya anunciado un texto alternativo que sustituya al anulado. Tampoco hay fecha para el resto de sentencias.

Quedan al menos cuatro sentencias por escribir.

⚖️ Datos del caso

  • Órgano judicial: Tribunal Supremo, en vía contencioso-administrativa.
  • Fase procesal: Sentencia que estima el recurso de Baleares; el resto de impugnaciones sigue pendiente de fallo.
  • Implicados: La administración balear como recurrente estimada; Madrid, Aragón, Extremadura y La Rioja; el CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides y el recurso conjunto de CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín.
  • Norma impugnada: Real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios.
  • Próximos pasos: Sentencias sobre los recursos de las demás comunidades e instituciones.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Supremo ha anulado el real decreto de universidades privadas por falta de justificación de su tramitación urgente.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Baleares, que recurrió y ha ganado; Madrid, Aragón, Extremadura, La Rioja y varios centros privados.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Supremo debe dictar sentencia sobre el resto de recursos presentados contra la misma norma.

Madrid aprueba 18.400 viviendas protegidas hasta 2028 en suelos de oficinas y hospedaje

Antonio Alonso
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Madrid aprueba 18.400 viviendas protegidas hasta 2028 en suelos de oficinas y hospedaje

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves un plan que abre la puerta a 18.400 viviendas protegidas hasta 2028. Salió adelante con los votos de PP, Vox y los concejales no adscritos; Más Madrid y el PSOE votaron en contra. La norma no dibuja barrios nuevos: convierte en residencial suelo que hasta ahora estaba reservado a oficinas, dotacional privado y hospedaje.

El texto tramitado por el Área de Urbanismo que dirige Borja Carabante es quirúrgico. No toca el plano de la ciudad, toca la etiqueta de cada parcela. Donde antes solo cabía una sede corporativa o un hotel, ahora cabe vivienda con protección pública.

Qué suelos se liberan y cuántas viviendas salen de cada uno

El primer bloque nace de la ley autonómica 3/2024, de 28 de junio, de medidas para la promoción de vivienda protegida, y de su modificación posterior. Madrid ya la estrenó en su versión inicial, la que permitía levantar alquiler asequible en suelo industrial durante 15 años. De aquella tanda salieron, según el propio delegado de Urbanismo, 5.806 expedientes tramitados. Con la actualización entran al juego el dotacional privado y el terciario de hospedaje: 4.900 viviendas en parcelas de oficina, más de 3.000 en dotacional privado y algo más de 130 en terciario de hospedaje. Son más de 8.100 pisos adicionales en dos años.

La segunda palanca no depende del uso del suelo, sino de la letra pequeña del planeamiento. El plan permite subir un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en parcelas ya calificadas para vivienda protegida sin tocar el PGOU. De las ocho alegaciones presentadas, una se admitió íntegra y tres en parte, con un límite explícito: el incentivo vale para vivienda colectiva, nunca para unifamiliar. De ahí salen más de 4.400 hogares que, sumados a los anteriores, elevan el techo del plan por encima de las 18.400 viviendas.

En total, con las dos normas regionales en marcha, el Ayuntamiento calcula 14.000 viviendas en cuatro años. Es la cifra que el Gobierno municipal repitió durante el pleno para sostener su tesis: para Carabante, la crisis actual es ‘un problema netamente de oferta’ y el diagnóstico obliga a poner suelo en el mercado, no a intervenir el precio.

La oposición votó en contra por el fondo y por la forma. Reyes Maroto (PSOE) lo resumió con una frase —’Han puesto el cartel de Madrid se vende’— y habló de un modelo basado en la especulación y el pelotazo. Rita Maestre (Más Madrid) sostuvo que los dos planes especiales solo sirven para convertir la ciudad en ‘un tablero de Monopoly’. Vox apoyó el texto y aprovechó su turno para pedir que el acceso a estas viviendas se limite a los españoles.

Madrid no gana ni un metro cuadrado de suelo con este plan: solo cambia el uso de lo que ya tiene y confía en que el mercado haga el resto.

Hospedaje en polígonos: del loft encubierto al apartahotel legal

Hay una segunda norma aprobada en el mismo pleno, con menos titulares y más efecto a pie de calle. La Norma Zonal 9 grado 3º del PGOU solo admitía hoteles en determinados ámbitos industriales. La restricción se aprobó en 2007 para cortar un fraude concreto: naves autorizadas como apartamentos turísticos que después se comercializaban como viviendas, con pérdida de suelo económico y sin garantías para quien vivía allí.

Ahora esa puerta se abre a cualquier modalidad de hospedaje: apartahoteles, pensiones y casas de huéspedes. El ámbito alcanza más de 240 parcelas repartidas en ocho distritos —Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas—, con ejemplos reconocibles: el polígono de la carretera de Burgos, el barrio del Aeropuerto, la calle Josefa Valcárcel o la esquina de Costa Rica con la M-30. El Ayuntamiento lo justifica por la terciarización de estos ámbitos y por el empuje del Plan Reside, la ordenanza que ha cerrado la apertura de pisos turísticos en bloques residenciales del centro.

plan vivienda Ayuntamiento Madrid

El precedente que invita a la prudencia

Antes de dar por hechas las 18.400, miramos el precedente inmediato. La primera aplicación de la ley autonómica en la capital dejó 5.806 viviendas en tramitación tras varios años de recorrido, y eso que el mecanismo era más sencillo que el actual. El papel admite más promociones de las que después se levantan. Entre el acuerdo de pleno y la primera llave hay concurso, licencia y obra por delante, con la ventana del plan fijada en 2028. A eso se suma que el incentivo de edificabilidad se aplica sin tocar el planeamiento: acelera expedientes, pero deja la densidad final en manos de cada promotor.

El segundo frente es el del alojamiento. Abrir 240 parcelas industriales a apartahoteles y pensiones puede aliviar la presión sobre el centro, aunque también puede reeditar el problema que la norma de 2007 quiso atajar si la inspección posterior no es fina. La distancia entre un apartahotel legal y un piso turístico camuflado se mide en en licencias y visitas, no en el nombre que figure en el cartel.

El calendario manda. La ventana de dos años para acogerse a los incentivos cierra en 2028 y los primeros movimientos se verán donde se concentra el suelo liberado: el este y el sur de la ciudad. San Blas-Canillejas, Barajas, Usera y Chamartín tienen ya las parcelas señaladas. La pregunta que deja el pleno no es cuántas viviendas caben en el plano, sino cuántas se levantarán de verdad. Las primeras licencias en esos cuatro distritos darán la respuesta.

Escándalo FP Ayuso: la jueza cita como testigo al director general de Educación Concertada por prevaricación

Alberto Ochoa
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Escándalo FP Ayuso: la jueza cita como testigo al director general de Educación Concertada por prevaricación

La jueza que instruye el escándalo de la FP de Madrid ha citado como testigo a Jorge Elías de la Peña, actual director general de Educación Concertada del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La comparecencia está fijada para el próximo 9 de diciembre y se enmarca en la investigación por presunta prevaricación en la construcción sin concurso del centro artístico Alberto Corazón, en Alcalá de Henares.

Quién es De la Peña y por qué le cita la jueza

En el momento de los hechos, De la Peña era director general del área educativa Este de la Comunidad de Madrid. La magistrada quiere que explique por qué se levantó el centro artístico dentro de su demarcación sin sacar las obras a concurso público. Su despacho estaba a 200 metros de la nueva construcción, según la documentación de la causa.

La instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez reúne pruebas antes de decidir si abre juicio oral) trata de determinar si hubo prevaricación, esto es, el dictado de una resolución arbitraria por parte de una autoridad que conoce su injusticia. La jueza busca identificar a quienes diseñaron el sistema de pago y a quienes lo ejecutaron.

El importe de la obra ascendió a 1,2 millones de euros, adjudicados a dedo al empresario Gabriel Navarro. De la Peña visitó los trabajos en varias ocasiones y llegó a pedir cinco aparatos de climatización extra que no figuraban en el presupuesto inicial, tal y como reflejan los correos entre la dirección del instituto y la empresa. Su nombre aparece en esos mensajes, en algunos en copia.

Para abonar los 1,2 millones se trocearon las facturas como si, en lugar de una obra única, se hubieran ejecutado una suma de reformas. El pago se organizó desde tres centros públicos: el Instituto Antonio Machado, la propia Escuela de Arte, y el Conservatorio Profesional de Música.

El primer caso conocido fue el de Ciudad Escolar. Allí se levantó un hospital escuela para las prácticas de FP sanitaria con un presupuesto de 2,4 millones. Dos institutos desembolsaron más de 700.000 euros de sus cuentas y quedaron impagados más de 1,6 millones. Uno de sus directores señaló que se limitaron a seguir las órdenes de la Dirección General.

Ninguna de esas obras pasó por un concurso público. La jueza trata de averiguar quién ideó el método y quién dio la orden de aplicarlo.

El sistema de pagos que la jueza intenta desentrañar

La jueza investiga una decena de obras más que sumarían unos ocho millones de euros pagados sin concurso y al margen de las auditorías. El método se repite: facturas fraccionadas entre varios centros y ningún rastro en los controles de la Consejería.

Por la instrucción ya han pasado dos exdirectores generales. José María Rodríguez se desvinculó de la decisión de construir de ese modo. José María Serrano admitió que se hizo fuera de la ley y sostuvo que él lo advirtió por escrito. El exsubdirector Alfonso Mateos, cesado en 2024, declaró que heredó el sistema ya implantado.

La causa sigue abierta.

Qué pasa ahora en la instrucción

La declaración de De la Peña está fijada para el próximo 9 de diciembre. La magistrada también ha pedido documentación sobre las obras del Instituto de Secundaria Príncipe Felipe y ha citado como testigos a su director y a Francisca Zaragoza Pérez, que fue jefa de la unidad de Régimen Especial.

De la Peña fue nombrado director general de Educación Concertada en julio de 2022, justo cuando se terminaba la obra por la que va a ser preguntado. Es el tercer alto cargo citado en esta causa, pero el primero que sigue en activo. El caso lo desveló elDiario.es a partir de la denuncia de un constructor que no cobró unas obras en Ciudad Escolar.

El periodo investigado coincide con el primer Gobierno de Ayuso. El consejero de Educación era entonces Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Su mano derecha, Rocío Albert, es la actual consejera de Economía. La instrucción arrancó hace dos años tras una denuncia de Podemos y una investigación de oficio de la Fiscalía.

⚖️ Datos del caso

  • Órgano judicial: Juzgado de Instrucción de Madrid que investiga las obras de FP de la Comunidad (número pendiente de confirmación oficial).
  • Fase procesal: Instrucción, pendiente de la declaración de varios testigos.
  • Implicados: Jorge Elías de la Peña, testigo y actual director general de Educación Concertada; dos exdirectores generales y el exsubdirector Alfonso Mateos, ya citados; directores de instituto imputados.
  • Delito investigado: Presunta prevaricación administrativa en la adjudicación de obras sin concurso público.
  • Próximos pasos: Comparecencia de De la Peña el 9 de diciembre y nuevas testificales.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La jueza ha citado como testigo a Jorge Elías de la Peña por la construcción sin concurso del centro Alberto Corazón.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El actual director general de Educación Concertada y dos exdirectores generales, además de varios responsables de instituto.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? De la Peña declarará el próximo 9 de diciembre en una instrucción que sigue abierta.

Tellado acusa a Sánchez de querer el indulto de García Ortiz antes del 29-N para que no ‘cante’

Jaume Mónica
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Tellado acusa a Sánchez de querer el indulto de García Ortiz antes del 29-N para que no ‘cante’

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Pedro Sánchez ha dejado la puerta abierta a indultar al exfiscal general Álvaro García Ortiz antes del 29-N y Miguel Tellado ha respondido desde Génova.
  • ¿Quién está detrás? El secretario general del PP y director de campaña para las generales, que ha fijado posición en un apunte en la red X.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza el argumentario de campaña: Moncloa usaría la Diputación Permanente y el Consejo de Ministros para cerrar asuntos pendientes antes de las urnas.

Tellado sostiene que Sánchez no descarta el indulto de García Ortiz porque sabe que perderá el 29-N y teme que el exfiscal general declare.

El secretario general del PP reacciona así a la entrevista que Pedro Sánchez concedió a Eldiario.es. Preguntado por si el Consejo de Ministros aprobará el indulto antes de las elecciones, el presidente del Gobierno respondió que no lo descarta. Aseguró que el Ejecutivo estudia ‘todas las leyes y medidas’ pendientes para ver su factibilidad, bien en Diputación Permanente, bien en el Consejo de Ministros.

La respuesta de Miguel Tellado no se hizo esperar. En un apunte en su cuenta de la red X, el dirigente popular fijó la lectura que Génova quiere instalar en campaña: la puerta abierta al indulto es la confesión de que Moncloa da el 29-N por perdido.

Qué esconde la puerta abierta al indulto

Para Tellado, la respuesta de Sánchez evidencia tres cosas. Que el presidente ‘sabe que va a perder’ las elecciones del 29 de noviembre. Que ‘tiene que pagar rápido los favores pendientes’, porque si el ‘dócil’ García Ortiz ‘flaquea’ puede tener la ‘tentación de cantar’. Y que Sánchez va a ‘usar el Congreso para colar todos los disparates posibles’.

Su conclusión fue tajante: ‘Llegó a la política con trampas y se irá con más trampas’. Añadió un aviso para los suyos: ‘Hay que barrerles en las urnas con contundencia. Lo haremos’.

El reloj corre.

Génova denuncia menos un indulto concreto que la sospecha de que Moncloa use sus últimas semanas para cerrar los asuntos que no quiere discutir en las urnas.

La tesis no es nueva. García Ortiz ocupa la Fiscalía General del Estado desde 2022 y su gestión ha sido objeto de críticas recurrentes por parte del PP. Pero el tono de urgencia sí es nuevo, y se explica por el calendario: el 29-N está a menos de dos meses.

El triple argumentario de Tellado y su aterrizaje territorial

El PP lleva semanas desplegando un argumentario que combina la crítica institucional con la movilización electoral. El mensaje de Tellado encaja en esa estrategia: presentar al Gobierno como una administración que usa sus últimos meses para cerrar asuntos pendientes y evitar que se conozcan detalles incómodos.

Tellado Sánchez

En paralelo, Génova traslada la denuncia al terreno territorial. Los presidentes autonómicos del PP han hecho de la defensa institucional un eje de su gestión. Ayuso en Madrid, Moreno en Andalucía, Rueda en Galicia, Mazón en la Comunidad Valenciana y Azcón en Aragón han reclamado que el Gobierno no use la maquinaria del Estado con fines partidistas.

El argumento de que Sánchez quiere ‘usar el Congreso para colar todos los disparates posibles’ apunta a una cuestión técnica que preocupa en Génova. La Diputación Permanente —el órgano que suple al Pleno cuando las Cortes están disueltas o en periodo inhábil— y el propio Consejo de Ministros podrían servir para aprobar medidas de calado antes de las generales.

El Eje del Poder Popular

Lo que observamos es un movimiento calculado. Génova convierte una respuesta ambigua de Sánchez en el eje del discurso de campaña. La acusación de que el presidente quiere ‘pagar rápido los favores’ enlaza con los barones autonómicos, que llevan meses reclamando que Moncloa deje de usar el Estado como herramienta de partido. En el fondo, se trata de un argumentario orientado a dos públicos: el votante de centro-derecha que pide firmeza institucional y el electorado moderado que aún duda.

El pulso interno también cuenta. Feijóo ha respaldado el argumentario de su secretario general y la dirección nacional reordena su mensaje para las últimas semanas de campaña. La consigna de ‘barrerles en las urnas’ no es un exabrupto: es una instrucción que el partido traslada a sus federaciones. El objetivo es instalar la idea de un PP garante de la separación de poderes frente a un Ejecutivo que confunde la administración con el aparato del partido.

El precedente que maneja Génova es el uso de la Diputación Permanente al final de la legislatura de 2019. Entonces, el PP ya denunció que el Gobierno saliente utilizara ese cauce para aprobar medidas de último minuto. El riesgo inmediato, sin embargo, es doble: que la denuncia del indulto quede en un titular sin recorrido o que la campaña gire hacia los asuntos judiciales, y, aleje al PP del eje económico que quiere priorizar. El reto estratégico está ahí.

En los territorios, los presidentes autonómicos afinan su propio mensaje. Once comunidades autónomas gobernadas por el PP —Madrid, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Aragón, Baleares, Extremadura, La Rioja y Cantabria— suman cerca del 60% del PIB nacional. Esa masa crítica es la que Génova quiere activar cuando pide barrer al Gobierno en las urnas.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP presenta el indulto de García Ortiz como la prueba de que Moncloa da el 29-N por perdido y usa el Estado para cerrar asuntos pendientes.
  • Protagonista: Miguel Tellado (secretario general del PP y director de campaña para las generales del 29 de noviembre).
  • Próximo hito: Las elecciones generales del 29 de noviembre, con la campaña del PP centrada en la defensa institucional.

Feijóo activa a Ayuso y Moreno en modo candidatos: campaña territorial del PP contra las ‘trampas sucias’

Jaume Mónica
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Feijóo activa a Ayuso y Moreno en modo candidatos: campaña territorial del PP contra las ‘trampas sucias’

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Feijóo ha arengado a los barones del PP en la Junta Directiva Nacional para que cada uno despliegue su propia caravana territorial y actúe como si fuera cabeza de lista.
  • ¿Quién está detrás? El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso como los primeros barones en confirmar su caravana.
  • ¿Qué impacto tiene? Multiplica la presencia popular en todo el mapa y blinda al partido contra la euforia y las ‘trampas’ del Gobierno en la campaña del 29-N.

Alberto Núñez Feijóo ha activado a los barones autonómicos para una campaña territorial del PP rumbo al 29-N. Cada presidente autonómico actuará como un candidato más, con caravana propia, para pelear cada milímetro del territorio.

El mensaje llegó a puerta cerrada, en la reunión de la Junta Directiva Nacional celebrada esta semana en Génova. Feijóo desveló que Juanma Moreno le había transmitido, minutos antes de arrancar su discurso, que iba a hacer campaña los quince días con caravana propia. A partir de ahí, el presidente nacional extendió la consigna al resto de barones: cada presidente autonómico llevará la suya.

Feijóo pidió a los suyos ‘pelear cada milímetro’ y les advirtió de que ‘va a ser una campaña muy dura’. ‘No hay que salir con demasiada euforia ni con derrotismo’, ordenó a los principales dirigentes populares. Y añadió un aviso sobre las intenciones del Ejecutivo: ‘Van a intentar manipular a la gente, va a haber muchas trampas y nosotros no podemos distraernos.

La consigna tiene destinatarios claros. El equipo de Isabel Díaz Ayuso lo confirma sin ambages: ‘Sí tendremos nuestra propia caravana’, salvo cuando el equipo de campaña que dirige Miguel Tellado reclame su presencia en actos de otras provincias. En Andalucía, Moreno ya había dado el paso antes que nadie.

En el capítulo de responsabilidades, Feijóo fue explícito: ‘Yo asumiré el resultado, sea el que sea’. Subrayó que respeta la autonomía de los territorios —no en vano gobernó la Xunta de Galicia durante trece años— y anunció que en los próximos días abordará la confección de las listas al Congreso de los Diputados. ‘Pero yo seré el único responsable de la selección’, zanjó, según los cargos consultados.

La lectura interna es inequívoca. ‘Nos ha dicho que se ha trabajado mucho por si se adelantaban las elecciones’ y que ahora toca no fallar y no repetir el error de julio de 2023, confía uno de los presentes. Aquella noche el PP ganó las generales y no pudo gobernar. La consigna de Génova es no repetir la confianza excesiva.

Génova ha aprendido que una campaña no se gana en los despachos, sino recorriendo cada provincia con el candidato nacional y once caravanas más pisando el terreno.

La vivienda entra en el guion de la campaña

En paralelo, Feijóo situó la vivienda como uno de los frentes centrales del ciclo. Sostiene que el Gobierno ha encontrado en ella una ‘ventana de oportunidad’ para ‘tapar y silenciar’ los escándalos judiciales que rodean al PSOE, aunque augura que no lo conseguirá, porque ahí habrá ‘mucha tela’ que cortar. Entre los episodios que citó a puerta cerrada figura el presunto intento de las cloacas de Ferraz de agredir a la jueza Biedma, que investigó al hermano de Pedro Sánchez, según las fuentes presentes.

El equipo de Feijóo rechaza, además, que el debate de la vivienda beneficie solo a la izquierda. Sus encuestas internas apuntan a que los partidos que más crecen en ese flanco son el PP y Vox, lo que convierte el asunto en un terreno de disputa a tres bandas y no en una bandera exclusiva del bloque progresista.

barones PP 29N

Para el PP, la clave está en la ejecución. Las comunidades autónomas que gobierna son el escaparate donde quiere demostrar que existe una política de vivienda distinta: menos intervención, más suelo y menos burocracia. Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana llevan meses presentando esas medidas como contraste con el Ejecutivo central.

El Eje del Poder Popular

Lo que se dirime en estas semanas no es solo un reparto de actos. Es la prueba de que Génova ha convertido la estructura territorial del Partido Popular en una maquinaria de campaña coordinada, sin ahogar la identidad de cada federación. Moreno aporta el peso de la comunidad más poblada de España; Ayuso, el tirón mediático de Madrid; Rueda, Mazón, Mañueco, López Miras, Azcón, Prohens o Guardiola completan un mapa que gobierna buena parte del país, con una porción del PIB que ronda el 60%.

El diseño también envía un mensaje hacia dentro: Feijóo respeta la autonomía de los barones, pero concentra en su persona la responsabilidad última. No hay competencia por el liderazgo, sino una suma de esfuerzos bajo un único examen. Es, en términos estratégicos, la antítesis de las tensiones internas que marcaron otras etapas del partido, cuando las federaciones competían por marcar perfil propio frente a Génova.

A medio plazo, el movimiento persigue tres objetivos. Primero, cubrir el territorio con una densidad de actos que el aparato central no podría sostener en solitario. Segundo, blindar al partido contra dos tentaciones conocidas, la euforia y el derrotismo, ambas letales en una campaña larga. Y tercero, preparar el terreno para unas listas al Congreso en las que el propio Feijóo se ha reservado la última palabra.

Queda un riesgo evidente: coordinar tantas caravanas sin solapamientos ni mensajes contradictorios. Ahí el equipo de Tellado tendrá la última palabra, decidiendo cuándo un barón sale de su feudo para reforzar actos ajenos. El precedente de julio de 2023, cuando el PP ganó y no pudo gobernar, pesa hoy más que cualquier encuesta. Nadie en Génova quiere repetirlo.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Una campaña territorial sin fisuras frente a un Gobierno al que Génova atribuye ‘trampas’ y manipulación.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular), arropado por Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso.
  • Próximo hito: La confección de las listas al Congreso y la activación de las caravanas autonómicas rumbo al 29-N.

La Moraleja (235.556 €) y Entrevías (23.497 €): los códigos postales más ricos y pobres de Madrid

Antonio Alonso
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La Moraleja (235.556 €) y Entrevías (23.497 €): los códigos postales más ricos y pobres de Madrid

La renta por código postal en Madrid vuelve a dibujar dos ciudades dentro de una. La Agencia Tributaria publicó el jueves 8 de octubre la estadística del IRPF de 2024 y el mapa que deja es el de siempre, aunque algo más afilado: La Moraleja, en Alcobendas, sigue siendo la zona más rica de España con 235.556 euros brutos anuales, mientras Entrevías-Puente de Vallecas, en el código postal 28053, se queda en 23.497 euros.

La distancia entre ambos extremos no es una anécdota estadística. En la capital, la renta bruta media alcanza los 47.027 euros, un 7,7% más que en el ejercicio anterior, y ya son cuatro los códigos postales que superan la barrera de los 100.000 euros. Hace un año solo dos lo conseguían. Abajo, siete zonas de Madrid siguen por debajo de los 30.000 euros anuales.

Qué dicen los números: Aravaca y Goya empatan en la cima y Castellana da el salto

Aravaca repite como el barrio con mayor renta de Madrid. Su código postal, el 28023, registra 117.360 euros brutos anuales, un 12,9% más que en la edición anterior. Le pisa los talones Salamanca-Goya (28001), con 116.978 euros, a menos de 400 euros de distancia. El podio lo cierra Castellana (28006), que con 108.575 euros y una subida del 16,4% adelanta a Nueva España (28036), en Chamartín, con 106.094 euros.

Por debajo de la barrera de los 100.000 aparecen Castilla-Chamartín (28046), con 84.172 euros, e Hispanoamérica-Costillares (28016), con 83.180. Almagro (28010), Valdebebas-Valdefuentes (28055), El Goloso (28049) y Retiro (28014) completan los diez códigos postales con más renta de la ciudad. Fuera de la capital, la Comunidad de Madrid vuelve a copar la clasificación nacional: Pozuelo de Alarcón encabeza los municipios españoles con 92.564 euros de media y Boadilla del Monte se mantiene en el grupo de cabeza, según los datos que difunde el propio consistorio.

Los diez barrios con menos renta: Vallecas, Villaverde y Usera repiten en la cola

barrios más ricos de Madrid

Entrevías-Puente de Vallecas (28053) vuelve a ser la zona más pobre de la capital, con 23.497 euros: aproximadamente la mitad de la media municipal y una quinta parte de lo que se declara en Aravaca. Por encima se sitúan Pavones (28038), con 26.146 euros; Villaverde-San Cristóbal de los Ángeles (28021), con 26.609; Palomeras (28018), con 26.937; y Carabanchel-Abrantes (28025), con 27.477. Cierran el grupo Usera (28026), con 27.764 euros; Orcasitas-San Fermín (28041), con 28.563; Cuatrovientos (28044), con 30.055; Aluche-Vista Alegre (28047), con 30.590; y San Blas (28037), con 30.791.

Todas estas zonas mejoran sus cifras respecto al ejercicio anterior. El problema es que mejoran mucho menos que las de arriba. Entrevías crece un 4%; Aravaca, casi un 13%. La diferencia entre el código postal más rico y el más pobre de Madrid pasa así de 81.340 a 93.863 euros anuales en un solo ejercicio. La ciudad gana en conjunto y, al mismo tiempo, se parte en dos.

No hay una Madrid que crece y otra que se hunde: hay una que avanza al 13% y otra que avanza al 4%, y esa diferencia repetida durante años acaba siendo estructura.

La brecha que crece: datos de 2024, decisiones de 2027

La estadística llega con retraso. Lo que publicó el jueves la Agencia Tributaria describe lo que los madrileños declararon en 2024, casi dos años antes de ver la luz. Cualquier medida que se calibre ahora con estas cifras —una ayuda al alquiler, los criterios de acceso al Plan Vive— llega tarde a la fotografía que pretende corregir.

El caso de La Moraleja merece un aparte. La urbanización de Alcobendas alcanza los 235.556 euros de renta bruta media, el doble que Aravaca y diez veces la cifra de Entrevías. En el conjunto de España, el código postal con menos renta sigue siendo Torreblanca, en Sevilla, con 11.560 euros: la brecha entre ambos roza los 224.000 euros anuales. Es decir, que el barrio más pobre de Madrid duplica en renta declarada al más pobre de Sevilla y aun así está a 94.000 euros del más rico de su propia ciudad.

Conviene no mezclar magnitudes. El 92.564 euros de Pozuelo es la media de todo un municipio; el 235.556 de La Moraleja corresponde a un código postal con muy pocos declarantes y rentas muy altas. Comparar ambos datos sin advertirlo es una trampa habitual en cada edición de esta estadística.

Para el vecino hay una lectura práctica: estos datos son los que después se usan para baremar becas, ayudas al alquiler o el acceso a vivienda protegida. Vivir en un código postal de renta baja abre la puerta a ciertos programas públicos y, a la vez, limita el atractivo para la inversión privada.

El precedente inmediato está en la propia serie. En la edición anterior, con datos de 2023, solo Aravaca y Salamanca-Goya rebasaban los 100.000 euros; ahora son cuatro. La tendencia no es que unos ganen y otros pierdan, sino que la velocidad de de mejora es desigual y la distancia se ensancha incluso cuando todas las zonas suman. La próxima entrega, con los datos de 2025, no se espera antes del otoño de 2027 si la Agencia Tributaria mantiene su calendario. Para entonces, la foto habrá vuelto a cambiar.

Operación narcotráfico Ecuador: cae la red que abastecía a la Mocro Maffia y su nexo con Algeciras

Alberto Ochoa
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Operación narcotráfico Ecuador: cae la red que abastecía a la Mocro Maffia y su nexo con Algeciras

La Policía Nacional ha desarticulado en Ecuador la red que presuntamente abastecía de cocaína a la Mocro Maffia y al cártel de los Balcanes. La operación, ejecutada el 8 de octubre con la Policía de Ecuador y Europol, se ha saldado con 21 detenidos y 23 registros, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Dos estructuras criminales con presencia consolidada en Europa eran los destinatarios de la droga: la Mocro Maffia, la red de narcotráfico asentada en Países Bajos y Bélgica, y el cártel de los Balcanes, uno de los principales grupos de distribución de cocaína del continente. La cocaína salía de Ecuador con destino a los mercados del centro y el norte de Europa.

El balance oficial es de 21 detenidos y 23 registros practicados en territorio ecuatoriano. Las autoridades no han facilitado por el momento la identidad ni la nacionalidad de los arrestados, ni han detallado el volumen de droga aprehendido en esta fase del operativo.

El origen: 13 toneladas de cocaína en un contenedor de plátanos en Algeciras

La investigación arranca de la aprehensión de 13 toneladas de cocaína en un contenedor de plátanos en el puerto de Algeciras, en 2024. Aquel hallazgo fue la mayor captura de esta sustancia lograda por la Policía Nacional hasta ese momento y abrió una línea de trabajo que ha desembocado dos años después en Ecuador.

El contenedor ocultaba la droga entre la carga de plátanos. A partir de ahí, los investigadores reconstruyeron la cadena logística y siguieron el rastro de la organización hasta su base en el país sudamericano, según la reconstrucción policial del caso.

La organización desmantelada es, siempre según la Policía Nacional, una estructura transnacional asentada en Ecuador y conectada con los grupos que colocan la cocaína en Europa. Dos años de trabajo han permitido cerrar el círculo abierto en el puerto gaditano.

El hilo que empezó en un contenedor de plátanos en Algeciras ha terminado en 21 detenciones al otro lado del Atlántico.

El vínculo entre el puerto andaluz y el país sudamericano es el eje del caso: la droga aprehendida en 2024 y la red desarticulada ahora comparten origen y destinatarios, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional.

El impacto para España y para Europa

El impacto para España es directo: el puerto de Algeciras, en el Campo de Gibraltar, es una de las principales puertas de entrada de la cocaína sudamericana a Europa, y la investigación nacida de la aprehensión de 2024 conecta el tráfico en origen con las redes que operan en el continente. Para el tablero europeo, el caso confirma que la Mocro Maffia y el cártel de los Balcanes siguen dependiendo de proveedores asentados en Sudamérica.

La cooperación internacional ha sido determinante: la coordinación con Europol y Ecuador ha permitido cerrar el círculo. La investigación continúa abierta y el análisis de la documentación incautada en los 23 registros marcará los próximos pasos, que afectan también a las estructuras europeas receptoras de la droga.

🚨 Datos de la operación

  • Fuerzas intervinientes: Policía Nacional de España, Policía de Ecuador y Europol.
  • Tipo de suceso: desarticulación de una organización transnacional de narcotráfico.
  • Fecha de la operación: 8 de octubre de 2026.
  • Balance: 21 detenidos y 23 registros practicados en Ecuador.
  • Antecedente: intervención de 13 toneladas de cocaína en un contenedor de plátanos en el puerto de Algeciras en 2024.
  • Estado de la investigación: en curso; identidad y situación procesal de los detenidos, pendientes de confirmación oficial.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional, con Ecuador y Europol, ha desarticulado una red que abastecía de cocaína a Europa.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? 21 detenidos sin identificar y las estructuras de la Mocro Maffia y el cártel de los Balcanes.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La investigación sigue abierta y pendiente del análisis de la documentación incautada en los 23 registros.

Mountbatten-Windsor cierra Royal Lodge: paga 1,8 millones y formaliza la entrega del arrendamiento

Ana Pizarro
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Mountbatten-Windsor cierra Royal Lodge: paga 1,8 millones y formaliza la entrega del arrendamiento

Andrew Mountbatten-Windsor formaliza la entrega del arrendamiento de Royal Lodge tras abonar 1,8 millones de libras en reparaciones. El ex duque de York cierra así su vínculo con la residencia de 30 habitaciones situada en el entorno del castillo de Windsor, que ocupó desde 2002 hasta enero de este año. La operación, confirmada por la prensa especializada británica en las últimas semanas, pone punto final a más de dos décadas de presencia en un inmueble ligado al patrimonio de la Corona.

El calendario de la salida arranca en octubre de 2025. Fue entonces cuando Mountbatten-Windsor aceptó renunciar a la propiedad, después de que se conocieran nuevos detalles sobre su amistad con el condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein. Dejó la casa en enero y, desde entonces, reside en Marsh Farm, dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk.

Los 1,8 millones de libras no corresponden a una multa ni a una penalización, sino a reparaciones. La mayor parte se destinó a restaurar una dependencia anexa —un outbuilding— que presentaba un estado deficiente, y el resto a actualizar la vivienda y sus jardines antes de que su ocupación cesara oficialmente. No obstante, la salida anticipada también le reportó una compensación: algo más de 300.000 libras por abandonar la propiedad antes de lo previsto en un contrato firmado a 75 años.

El peso de un arrendamiento: Crown Estate frente a Sandringham

La diferencia jurídica entre ambos inmuebles resulta reveladora. Royal Lodge forma parte de la Crown Estate, el patrimonio adscrito a la Corona pero gestionado de forma independiente y ajeno al bolsillo privado del monarca. Sandringham, en cambio, es propiedad personal del Rey. El traslado de un espacio institucional a una finca privada familiar resume el movimiento: sale del terreno público y entra en el ámbito doméstico del soberano.

Conviene recordar el origen. El arrendamiento databa de 2002, cuando Mountbatten-Windsor se instaló allí junto a su entonces esposa, Sarah Ferguson. Veinticuatro años después, la residencia ha vuelto a la órbita del patrimonio de la Corona sin inquilino. La casa quedó vacía.

La salida de Royal Lodge no es una mudanza: es la liquidación material de un estatus que la Corona británica ya había dado por extinguido.

La retirada de títulos y el nuevo estatus institucional

Andrés de York Royal Lodge

La entrega del inmueble coincidió con una decisión de mayor calado. El Rey Carlos III retiró a su hermano los tratamientos de Alteza Real y de príncipe, y solicitó al Lord Canciller que eliminara el ducado de York y el resto de títulos del Roll of Peerage, el registro oficial de la nobleza británica. Desde entonces, el antiguo príncipe Andrés es conocido, a todos los efectos, como Andrew Mountbatten-Windsor.

El cambio no es cosmético. Supone la desvinculación formal de un miembro de la familia real de la estructura institucional de la Corona, con el apellido familiar como única seña de identidad en el ámbito público. No hay tratamiento, no hay ducado, no hay lugar en el escalafón de la Casa.

Un cierre de capítulo con la sombra judicial abierta

El cierre formal del arrendamiento llega, además, en un momento delicado para la institución británica. En febrero de este año, Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido en su nuevo domicilio de Sandringham mientras la policía registraba tanto la finca como la propia Royal Lodge. La detención se produjo por sospecha de conducta impropia en el ejercicio de un cargo público y se resolvió sin imputación formal, aunque el investigado sigue bajo pesquisa. Thames Valley Police, el cuerpo que ejecutó los registros, ha admitido que las órdenes judiciales se emitieron al amparo de la sección equivocada de la ley, un reconocimiento que valida el recurso legal presentado por el ex duque.

El detalle importa. La monarquía británica ha construido en los últimos años su estrategia de imagen sobre dos ejes: la reducción de la llamada familia real operativa y una transparencia creciente en la gestión de su patrimonio. El caso de Royal Lodge toca ambos frentes. Por un lado, evidencia que la Corona distingue con nitidez entre lo institucional y lo privado. Por otro, deja un flanco abierto: los materiales incautados durante los registros permanecen en manos de la policía mientras la investigación continúa.

Andrew Mountbatten-Windsor se retiró de la vida pública en 2019, tras la entrevista televisiva en la que intentó defenderse de las revelaciones sobre su amistad con Epstein. Desde entonces apenas se le ha visto y no participa en actos familiares públicos. Su presencia institucional, ya residual, quedará en adelante confinada al ámbito estrictamente privado.

Lo que resta por ver es la evolución de la causa judicial y si la Corona mantiene el rumbo de distanciamiento que marcó en octubre de 2025. El próximo movimiento apreciable estará, previsiblemente, en la gestión que haga la Crown Estate del inmueble ya liberado, y en la ausencia calculada del octavo en la línea de sucesión en cualquier convocatoria familiar.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: La entrega del arrendamiento de Royal Lodge formaliza la salida de Andrew Mountbatten-Windsor de una residencia vinculada al Crown Estate, el patrimonio adscrito a la Corona británica.
  • El detalle de protocolo: La retirada del tratamiento de Alteza Real y del ducado de York sitúa al antiguo príncipe fuera de la estructura institucional, con Mountbatten-Windsor como única denominación pública.
  • Próximos pasos: La investigación abierta por Thames Valley Police sigue en curso y los materiales incautados continúan en manos policiales. La Casa Real británica no ha confirmado nuevos movimientos sobre el patrimonio del inmueble.

PSOE de Palencia desafía a Ferraz y registra candidato rival a Seijo para las listas del 29-N

Juan Vicente
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PSOE de Palencia desafía a Ferraz y registra candidato rival a Seijo para las listas del 29-N

El PSOE de Palencia ha abierto un pulso directo con Ferraz por el control de las listas del 29-N. La federación provincial, que dirige la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, trabaja ya en un candidato alternativo para disputar a Mariluz Martínez Seijo el número uno al Congreso por la circunscripción palentina.

Todo el mundo trabaja contrarreloj en estas semanas, pero en el PSOE de Castilla y León el nudo no está en el tiempo disponible. La candidatura al Congreso está cerrada en la práctica totalidad de las provincias salvo en dos: Palencia y Soria. En ambas, la decisión final no depende de las agrupaciones que proponen, sino de los órganos que filtran.

La intención de la dirección provincial, según la información publicada por el Diario de Castilla y León y no confirmada por la dirección federal, pasa por remitir a la ejecutiva federal los nombres que emanen de las agrupaciones, sea la propia Seijo o el oponente que ya se está tanteando. El cálculo que manejan en Palencia es sencillo: dan por hecho que si el cabeza de lista no es Seijo, Ferraz lo corregirá, como ha hecho en otras ocasiones. No sería la primera vez.

Miriam Andrés acumula la alcaldía de Palencia con la secretaría general provincial, una doble condición que le otorga plataforma institucional y margen interno. Ferraz, en cambio, ha venido sosteniendo a la hasta ahora cabeza de lista al Congreso. En medio queda el PSOECyL que dirige Carlos Martínez, obligado a encajar un mapa provincial sin ruido mientras el reloj corre hacia el 29-N. Cosas del aparato.

El calendario de las listas y el efecto dominó en Castilla y León

candidaturas PSOE 29-N

El proceso tiene fechas tasadas y no hay margen para la improvisación. El martes 13 de octubre las agrupaciones socialistas palentinas presentarán su propuesta. El miércoles 14, la ejecutiva provincial elevará el nombre a la dirección autonómica, que resolverá el jueves 15. De ahí salta a a la comisión federal de listas del viernes 16 y, finalmente, al comité federal de listas del sábado 17, que tiene la última palabra sobre todas las candidaturas según los estatutos federales del partido.

Palencia no es el único frente abierto. En Soria sigue sin despejarse la incógnita entre el diputado Luis Rey y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. En Burgos, donde todo apunta a que repita Esther Peña, sobrevuela además la posibilidad de que el exlíder del socialismo castellano y leonés, Luis Tudanca, quiera emerger en las listas. Son tres provincias sobre las que pivota el equilibrio interno de la federación.

Ninguna federación entrega sus listas sin negociar; la diferencia es si el pulso se resuelve en la mesa de Ferraz o en los titulares de la prensa provincial.

En el resto de provincias el mapa parece encarrilado. Javier Alfonso Cendón repetirá como número uno en León y Óscar Puente lo hará en Valladolid, con Ana Redondo en el puesto dos. David Serrada encabezará Salamanca, Manuel Arribas Ávila, Antidio Fagúndez Zamora y José Luis Aceves será de nuevo el número uno por Segovia. Para el Senado, todo apunta a que la alcaldesa de Cisneros, Rosa Aldea, vuelva a repetir por Palencia. Sin sobresaltos, en teoría.

El Eje del Poder Socialista

Lo que se dirime en Palencia no es solo un escaño. Ferraz afronta el cierre de listas con varias federaciones que reclaman más voz en la elaboración de las candidaturas, y la dirección federal ha optado por un criterio de continuidad: sostener a los cabezas de lista con recorrido institucional y evitar procesos abiertos a semanas de la cita electoral. Es un mecanismo que ya se ha activado en anteriores convocatorias, cuando la comisión federal de listas ejerció de último filtro frente a las propuestas provinciales. El PSOE es federal por estatutos, pero reserva para sus órganos centrales la decisión final; esa tensión, tan antigua como el propio partido, se reabre cada vez que el calendario aprieta.

El aterrizaje territorial es inmediato. Castilla y León aporta un número relevante de escaños al Grupo Parlamentario Socialista y su federación es una de las más extensas del país, con nueve provincias y un mapa municipal amplio.

Cada candidatura sin cerrar no solo retrasa la campaña: condiciona equipos, recursos y presencia sobre el terreno. En Palencia, Soria y Burgos, donde el Congreso de los Diputados reparte un número reducido de escaños, el nombre que figure en el número uno pesa casi tanto como el resultado del conjunto. Y las agrupaciones locales, primera línea del partido, leen cada corrección como una señal sobre su propio peso interno. Ninguna provincia es neutra.

La oposición, mientras tanto, observa. El PP tiene interés en presentar un PSOE dividido en vísperas del 29-N, aunque su propio calendario de listas tampoco ha estado exento de tensiones territoriales. La respuesta socialista pasa por dos ideas: que la pluralidad interna se resuelve en los órganos y no en los medios, y que un partido acostumbrado a gobernar con mayorías parlamentarias complejas distingue bien entre un debate legítimo y una fractura.

Hay una lectura a medio plazo. Ferraz necesita demostrar que llega ordenado a la cita, y cualquier corrección de un nombre propuesto desde abajo se leerá como imposición; ceder a todas las federaciones convertiría la comisión federal de listas en un notario. El equilibrio pasa por el guion clásico: escuchar a las agrupaciones, dejar que la propuesta suba por las ejecutivas y reservar la corrección final para el sábado 17. Lo que ocurra en Palencia se mirará con lupa desde otras provincias. Lo veremos el sábado.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El PSOE llega al 29-N con las listas cerradas y el partido unido: la pluralidad interna se resuelve en los órganos, no en los titulares.
  • Protagonista: Miriam Andrés (secretaria general del PSOE de Palencia y alcaldesa de la capital).
  • Próximo hito: El comité federal de listas del sábado 17 de octubre, última palabra sobre las candidaturas al Congreso y al Senado.

Barcelona aprueba subir hasta un 150% el IBI a los dueños de cuatro o más pisos turísticos

Bea Tejero
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Barcelona aprueba subir hasta un 150% el IBI a los dueños de cuatro o más pisos turísticos

Barcelona aprueba un recargo de hasta el 150% del IBI a los pisos turísticos en manos de grandes tenedores. La comisión extraordinaria de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha dado luz verde a la modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2027 con los votos de PSC, ERC y BComú. Junts per Barcelona se ha abstenido; PP y Vox han votado en contra.

Quién paga el recargo y cuándo se cobra

El gravamen recae sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y se escalona en tres tramos según cuántas viviendas de uso turístico (HUT) acumule cada titular. Un solo piso con licencia paga un recargo de hasta el 50%. A partir de dos, el porcentaje sube hasta el 100%. Y quien tiene cuatro o más afronta el 150%.

En Barcelona hay 10.627 licencias activas. De ellas, 3.274 pertenecen a titulares con un único inmueble y 1.276 a propietarios de dos o tres. Los 6.077 restantes están en manos de dueños de cuatro o más pisos, según los datos que el consistorio detalla en su nota oficial. Más de la mitad del parque turístico legal de la ciudad está, por tanto, en el tramo más alto.

Conviene aterrizar la cifra. El recargo no grava el valor catastral ni los ingresos que genera el piso, sino la cuota líquida del IBI, ese importe que el propietario ya abona cada año. El impacto real depende del valor de cada inmueble y de su ubicación: no es lo mismo una finca del Eixample que un bloque reconvertido en la periferia.

El decreto de Moncloa y las dos votaciones que faltan

recargo IBI 150%

La medida no nace en el consistorio. Se apoya en el decreto de medidas de protección de la vivienda aprobado por el Consejo de Ministros, que habilita a los ayuntamientos declarados en zona de mercado residencial tensionado a incorporar este recargo en sus ordenanzas fiscales. Barcelona se acoge a esa puerta abierta, igual que ya han hecho otros municipios catalanes.

La declaración de zona tensionada es la llave jurídica de todo el mecanismo. Sin ese reconocimiento previo, el Ayuntamiento no podría tocar las ordenanzas por esta vía, por mucho que quisiera. Y Barcelona lo tiene desde hace tiempo, junto a buena parte de las áreas metropolitanas del litoral catalán.

El recargo no vacía ningún piso turístico mañana: es una señal fiscal que empieza a contar en 2027.

Queda camino por delante. La modificación pasará la semana próxima por un pleno extraordinario para su aprobación inicial y volverá al pleno ordinario de diciembre para la definitiva. Si prospera, el recargo se devengará por primera vez el 31 de diciembre de 2027 y se liquidará con carácter anual.

La lectura política: un eje por la izquierda y Junts sin desgastarse

La geometría del voto deja una foto nítida. El gobierno municipal del PSC ha sumado a ERC y BComú para sacar adelante el recargo. Junts ha elegido la abstención, ni bloquea ni avala. Y PP y Vox se han quedado solos en el rechazo. Es el mismo eje por la izquierda que sostiene buena parte de la legislatura catalana, trasladado ahora a la fiscalidad municipal.

El cálculo socialista es sencillo. En una ciudad donde el alquiler aparece como el primer problema de los vecinos en todas las encuestas, un recargo a los grandes tenedores tiene coste electoral bajo y rédito alto. ERC y BComú lo han apoyado sin apenas condiciones. Junts ha preferido no salir en ninguna foto incómoda.

La intrahistoria importa más de lo que parece. El recargo llega cuando el Govern afronta su propio pulso con la vivienda y con el turismo, y cuando el Ayuntamiento ya había anunciado que no renovará las licencias de pisos turísticos con el objetivo de que desaparezcan de la ciudad a lo largo de esta década. Lo fiscal y lo urbanístico van de la mano: primero se aprieta el grifo de las licencias, después se encarece el que las tiene.

Hay dos riesgos que conviene mirar de frente. Uno es que parte del recargo acabe repercutiéndose en el precio final que paga el visitante, con lo que el efecto sobre la oferta de vivienda sería menor del que promete el consistorio. El otro es la concentración: que 6.077 licencias estén en en manos de grandes tenedores da al Ayuntamiento una base recaudatoria sólida, pero también demuestra que el modelo turístico de la ciudad se organizó durante años en torno a gestores profesionales, no a pequeños propietarios.

El precedente más cercano lo marcan otras administraciones que han evitado declarar zonas tensionadas precisamente para no activar herramientas como esta. Barcelona ha tomado la dirección contraria. La duda es si un recargo que no se cobrará hasta finales de 2027 sirve para frenar una presión de precios que se mide en meses, no en ejercicios fiscales.

El hito está fijado: la semana próxima, pleno extraordinario; en diciembre, aprobación definitiva. Si algún grupo cambia de posición entre una votación y otra, la foto se repetirá con otro reparto.

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