Los bonos Goldman Sachs: 500 millones para 20 ejecutivos mientras las cuentas de los hogares se vacían

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Goldman Sachs ultima el reparto de bonos en acciones por más de 500 millones de dólares entre una veintena de ejecutivos. Solo el consejero delegado, David Solomon, se llevará más de 100 millones.

El pago se cierra este mes de octubre con cifras adelantadas por Bloomberg que el banco no ha desglosado oficialmente. La foto que deja es incómoda: la mayor firma de banca de inversión del mundo reparte un premio histórico mientras buena parte de los hogares estadounidenses vive sin margen en su cuenta corriente.

De dónde sale el dinero: un programa de cinco años firmado en 2021

Todo arranca en octubre de 2021. Entonces Goldman Sachs concedió a David Solomon y al presidente del banco, John Waldron, sendos paquetes de acciones ligados a resultados, valorados inicialmente en 17 y 11,4 millones de dólares. La operación consta en un registro ante la SEC, el regulador del mercado estadounidense.

En enero de 2022 el banco extendió el esquema a otros directivos, que se sumaron en en el programa inicial. La mitad de cada premio depende de la evolución absoluta de la acción; la otra mitad, de cómo se comporte frente a seis grandes entidades comparables. El argumento que la entidad trasladó a sus accionistas fue el de siempre: retener talento directivo.

Cinco años después, el resultado está a la vista. La acción de Goldman Sachs ha rentado cerca de un 150% en el periodo, dividendos incluidos, y ha superado a cinco de los seis competidores que sirven de referencia para calcular el incentivo. Ese diferencial es el que ha inflado el valor final de los bonos hasta la cifra que ahora se reparte.

Un incentivo diseñado para alinear a los directivos con el accionista ha acabado separando a la cúpula de Wall Street del bolsillo del ciudadano medio.

Pura mecánica accionarial.

La otra cara: más de uno de cada tres estadounidenses no llega a 400 dólares

banco de inversión

El contraste no es retórico, es estadístico. La encuesta más reciente de la Reserva Federal sitúa en el 37% los adultos del país que no podrían afrontar un gasto imprevisto de 400 dólares sin recurrir a financiación ajena. Más de un tercio del país vive sin colchón financiero.

Los saldos de tarjeta de crédito subieron 21.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026 hasta 1,26 billones, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El 4,7% de la deuda de los hogares estaba en algún grado de impago, una proporción que bajó ligeramente respecto al trimestre anterior.

Ni el diagnóstico ajeno ni el propio ayudan a maquillar el cuadro. Un estudio de 2026 de Goldman Sachs Asset Management cifró en casi el 70% los trabajadores que habían aplazado algún objetivo financiero importante: crear un fondo de emergencia, pagar deuda o comprar vivienda. En paralelo, los analistas proyectan para la gran banca un alza de beneficios de hasta el 20% en el tercer trimestre, según Reuters.

La cuenta no cuadra.

La Lógica de Washington

La pregunta razonable es por qué un banco paga esto. La respuesta corta es que puede. La retribución en Wall Street la decide el consejo de administración y la ratifican los accionistas en una votación consultiva que no obliga a nada, el say on pay que introdujo la ley Dodd-Frank en 2010. Si los dueños del capital están conformes —y con una acción que ha rentado un 150% en cinco años lo están—, no hay mecanismo que lo frene.

Hay un precedente americano que explica casi todo lo demás. En 1993, la administración de Bill Clinton y el Congreso aprobaron el artículo 162(m) de la ley fiscal: las empresas solo podían desgravarse la retribución de sus directivos por encima del millón de dólares si era variable y estaba ligada a resultados. La norma pretendía contener los sueldos altos. Logró lo contrario: disparó las opciones sobre acciones y multiplicó la compensación en Bolsa. Tres décadas después, la arquitectura sigue intacta.

Ese es el sistema.

Washington no tiene hoy mayoría para cambiar esto. Cualquier reforma que limite la retribución ejecutiva en la gran banca carece de recorrido en el Congreso actual. La coalición que sostiene el statu quo es discreta y transversal: consejos de administración, gestoras de fondos y una parte del Partido Demócrata que recauda en el sector financiero.

Nadie lo va a tocar en el Capitolio.

¿Y qué llega de esto a España? Sobre todo, un espejo regulatorio. Desde la reforma de la Ley de Sociedades de Capital en 2014, las cotizadas españolas someten su informe anual de remuneraciones a una votación vinculante en la junta de accionistas y lo registran en el registro público de la CNMV. Sobre el papel, es un estándar más exigente que el estadounidense. La otra derivada es el contagio en el debate público: los paquetes de la banca de inversión americana son el argumento recurrente cuando en Europa se discute el techo salarial.

La paradoja es que los grandes grupos españoles con negocio en Estados Unidos compiten por el mismo talento directivo y los mismos mandatos corporativos que Goldman Sachs. Sus consejos de administración observan estas cifras con atención. La presión para converger hacia el modelo americano existe. La presión para no hacerlo, también.

El calendario remata la historia. El ciclo de cinco años del programa se cierra este mes y entonces se fijará el valor definitivo de los bonos. La entidad presenta resultados del tercer trimestre el próximo martes 13 de octubre. Una portavoz del banco ya defendió ante Bloomberg que los incentivos buscan alinear la compensación con el desempeño y retener talento: ‘No es ningún secreto que la firma ha funcionado excepcionalmente bien en estos años’.

Ficha del Caso

  • El caso: Goldman Sachs cierra en octubre el primer ciclo de un programa de primas en acciones lanzado en 2021. Una veintena de altos ejecutivos se reparte más de 500 millones de dólares.
  • Datos clave: Más de 500 millones en bonos; más de 100 millones solo para David Solomon; rentabilidad del 150% de la acción en cinco años; 37% de adultos sin 400 dólares para una urgencia; 1,26 billones de deuda de tarjeta; resultados trimestrales el 13 de octubre.
  • Para España: Las cotizadas someten su informe de remuneraciones a voto vinculante en la junta y lo registran en la CNMV, un estándar más exigente que el estadounidense. Grupos como Santander, BBVA, Iberdrola o Ferrovial compiten por el mismo talento directivo en EE. UU.

La Comisión Europea declara estratégica la mina de cobre de Touro y O Pino pese al rechazo social

Bruselas incluye la mina de cobre de Touro y O Pino entre los proyectos estratégicos de materias primas críticas de la UE.

Bruselas suma 46 proyectos estratégicos y dos candidaturas españolas

La decisión la ha hecho pública este viernes la Comisión Europea, que ha presentado una segunda tanda de 46 proyectos para la extracción, el procesado y el reciclaje de materias primas críticas. Entre los dos proyectos españoles figuran el plan para retomar la extracción de cobre que promueve Cobre San Rafael en Touro y O Pino, y otro de procesado de wolframio pilotado por la minera Abenjar Tungsten. El vicepresidente europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha cifrado en unos 21.100 millones de euros la inversión necesaria para ponerlos en marcha.

El proyecto de Touro se asienta sobre un yacimiento situado en el Monte de las Minas, entre los ayuntamientos de O Pino y Touro, en la provincia de A Coruña. Es una zona minera activa desde el siglo XIX que fue explotada como mina de cobre entre 1973 y 1986, sin que se hiciese después una reparación ambiental. La idea de volver a extraer cobre allí la retomó la empresa promotora hace una década.

El primer intento lo rechazó la Xunta de Galicia —el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela— con una declaración de impacto ambiental desfavorable en 2020, certificada al año siguiente con la denegación del permiso, tras una fuerte oposición social y la movilización vecinal. En 2024 la empresa reformuló el proyecto, que los vecinos consideran apenas cambiado, y lo volvió a presentar ante el Gobierno gallego, que esta vez lo declaró proyecto industrial estratégico. Sigue pendiente una nueva declaración de impacto ambiental, más de dos años después.

El rechazo vecinal en Touro y una contaminación que persiste

materias primas críticas UE

El Ayuntamiento de Touro intentó frenar la candidatura ante Bruselas. El concejal de Medio Ambiente, Darío Rey, explica que supieron del procedimiento en enero y que se dirigió al Ministerio para la Transición Ecológica para pedir una reunión y exponer los impactos ambientales, y los efectos productivos, además de solicitar que España no plantease estos planes como posible proyecto estratégico. Rey lamenta no haber recibido nunca una respuesta. Un estudio municipal confirma que la contaminación por la mina «persiste» en sus cuencas muy por encima de los valores permitidos.

Bruselas avala una mina de cobre que la Xunta rechazó en 2020 y sobre la que pesa un estudio de contaminación persistente.

También ha reaccionado el BNG. Su portavoz nacional, Ana Pontón, ha insistido en que su formación seguirá oponiéndose a los planes de reabrir la mina y se mantendrá «del lado de la gente, del lado de Galicia y del respeto al medio ambiente. A preguntas de los medios, la líder nacionalista ha considerado que no es «ninguna novedad» que las instituciones comunitarias se sitúen «al servicio de los intereses de las grandes transnacionales», y ha criticado un «modelo extractivo depredador» que «no tiene en cuenta las necesidades del territorio».

La designación como proyecto estratégico no garantiza un acceso automático a fondos europeos, pero sí simplifica trámites y abre la puerta a financiación. La Ley de Materias Primas Críticas fija que los permisos de extracción no deben exceder los 27 meses, frente a los 15 del resto. El objetivo de la UE pasa por extraer en 2030 al menos el 10% de los minerales estratégicos que consume, transformar el 40% y reciclar el 25%.

El Laboratorio Gallego

Galicia se ha convertido en un campo de pruebas de la política europea de materias primas críticas, y el caso de Touro lo ilustra con precisión. El PPdeG, el Partido Popular de Galicia que gobierna la Xunta con mayoría absoluta, fue quien en 2024 declaró el proyecto industrial estratégico, después de haber rechazado la primera versión en 2020. El BNG, el Bloque Nacionalista Galego que lidera la oposición, mantiene su rechazo frontal. El PSdeG, la federación gallega del PSOE, observa desde una posición intermedia en un asunto donde el Gobierno central también tiene parte.

La paradoja es difícil de esquivar. La misma Xunta que denegó el permiso hace seis años avala ahora la tramitación acelerada, y el Ejecutivo central que tramitó la candidatura europea no respondió a las cartas del municipio afectado. Ninguno de los dos grandes partidos ha convertido la mina en un asunto de confrontación nacional, y eso deja el conflicto en manos de los vecinos y del BNG.

Lo que ocurra en Touro marcará el paso de otros proyectos similares en España. Si la Xunta concede la declaración de impacto ambiental pendiente, el yacimiento entrará en la lista europea con los plazos acortados; si la deniega, se abrirá un pulso entre el Gobierno gallego y Bruselas. El calendario del Consello de Goberno y el avance del expediente son ahora las fechas a seguir. Galicia vuelve a ser el lugar donde se ensaya lo que después se decide más lejos.

Ficha del Caso

  • El caso: La Comisión Europea incluye la mina de cobre de Touro y O Pino, en A Coruña, en su segunda lista de proyectos estratégicos de materias primas críticas, pese al rechazo vecinal y a un estudio municipal sobre contaminación.
  • Datos importantes: Segunda tanda de 46 proyectos; inversión estimada de 21.100 millones; permisos de extracción limitados a 27 meses; mina explotada entre 1973 y 1986; declaración de impacto ambiental desfavorable en 2020 y proyecto industrial estratégico en 2024.
  • Resumen: La designación europea simplifica trámites pero no garantiza fondos, y reactiva un conflicto abierto en Galicia entre el promotor, la Xunta, el Gobierno central y los vecinos.

El gasto en dos bibliobuses de la Diputación de Valencia: 210.000 euros parados nueve meses sin conductor

La Diputación de Valencia pagó 210.000 euros por dos bibliobuses parados nueve meses en Bétera sin conductor.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La institución provincial compró dos bibliobuses por 210.000 euros y los dotó con 57.600 euros en fondos, pero los vehículos siguen almacenados sin haber recorrido ni un kilómetro.
  • ¿Quién está detrás? La Diputación de Valencia, que preside Vicent Mompó (PP), adjudicó los contratos y ahora busca conductores mediante una oposición.
  • ¿Qué impacto tiene? Los municipios de menos de 1.000 habitantes que debían recibir el servicio siguen sin biblioteca móvil mientras el dinero público permanece inmovilizado.

Dos vehículos comprados, matriculados y todavía sin estrenar

El plan tenía sentido: acercar los libros a las localidades más pequeñas de la provincia, esas que no llegan a los 1.000 habitantes y que nunca han tenido una biblioteca propia, un objetivo que todavía no se ha cumplido. Para lograrlo, la Diputación de Valencia —el órgano de gobierno de la provincia, que preside el popular Vicent Mompó— licitó la compra de dos bibliobuses con motor diésel. El contrato se adjudicó el 1 de agosto de 2024 por 210.000 euros, a razón de 105.000 euros por vehículo, a la empresa Carrocerías Subiela SL.

No era una compra menor. El pliego exigía la transformación completa de cada vehículo en una biblioteca rodante: carrocería, mobiliario, instalaciones eléctricas, climatización, accesibilidad, sistemas audiovisuales, homologación, y matriculación. Hasta un toldo eléctrico de 3,5 metros de longitud y 1,5 de profundidad, con patas extensibles y accionamiento manual de emergencia, debía desplegarse en cada parada. Todo contratado y todo pagado.

Los vehículos llegaron a finales de 2025. Y ahí siguen. Nueve meses sin moverse. No han recorrido ni un solo kilómetro, según confirman fuentes de la corporación provincial. El motivo es tan terrenal como escurridizo: faltan conductores.

A la factura inicial se suma otra igual de llamativa. El 1 de diciembre de 2025, la Diputación adjudicó a Inflobibliotecas SL un contrato de 57.692 euros, IVA aparte, para dotar de fondos bibliográficos a ambos vehículos. La colección debía incluir literatura infantil y juvenil, narrativa para adultos, ensayo, poesía y biografías, además de libros educativos, material didáctico, guías de aprendizaje y recursos especializados. También volúmenes en valenciano y en otras lenguas comunitarias.

Mientras tanto, los dos bibliobuses duermen bajo techo en unas naves que la institución provincial tiene en Bétera, según ha averiguado elDiario.es. Allí llevan desde finales de 2025, ajenos al servicio para el que fueron diseñados.

La Diputación ya ha pagado el vehículo, los libros y el mobiliario; solo falta lo que ningún contrato garantiza: alguien dispuesto a conducirlo.

Por eso hay una oposición en marcha. La Diputación busca contratar cuanto antes a los conductores que permitan poner los vehículos en circulación. Hasta que ese proceso concluya, los bibliobuses seguirán acumulando polvo, sin un solo préstamo y sin una sola visita.

La paradoja de Bétera y la comparación con Castellón

Diputación de Valencia

El caso valenciano contrasta con el de la provincia vecina. En Castellón, la Diputación cuenta desde 2024 con dos bibliobuses que ya recorren las localidades del interior. El objetivo es el mismo: que los vecinos de los municipios más pequeños puedan disfrutar de una biblioteca pública, en este caso móvil, en igualdad de condiciones que quienes viven en ciudades más grandes.

La diferencia, en Valencia, es el calendario. Los vehículos están listos, los fondos están comprados y las estanterías están montadas. Lo único que falta es quien se siente al volante. La Diputación sostiene que trabaja para resolverlo lo antes posible, pero no concreta una fecha. La inversión supera ya los 267.000 euros.

El Escenario Valenciano

La historia de los bibliobuses retrata una forma de gestionar. La Diputación de Valencia es una de las instituciones más poderosas de la provincia y su presupuesto mueve cientos de millones cada año. Que dos vehículos de 105.000 euros cada uno pasen nueve meses en una nave de Bétera dice poco del proyecto y mucho de la coordinación entre las áreas que compran, las que contratan y las que debían ponerlos en marcha.

La paradoja trasciende lo provincial. Es la misma que vive buena parte de la España vaciada, esa que reclama servicios públicos y luego descubre que el obstáculo no es la falta de dinero, sino la incapacidad de convertirlo en actividad. En el Congreso, el debate sobre la eficacia del gasto local reaparece cada vez que se discuten los presupuestos. En Valencia, el asunto tiene además un componente político: cada parada que no se produce es una promesa que se enfría.

Lo que viene depende de una oposición. Si el proceso de selección avanza, los dos bibliobuses podrían empezar a rodar en los próximos meses y cerrar así nueve meses de espera. Si se retrasa, la foto de Bétera será la de un proyecto terminado que no ha llegado a ninguna plaza. El vehículo está listo; el relato, pendiente.

Ficha del Caso

  • El caso: La Diputación de Valencia compró dos bibliobuses para llevar libros a municipios de menos de 1.000 habitantes, pero los vehículos llevan nueve meses almacenados en Bétera sin conductor.
  • Datos importantes: 210.000 euros por los dos bibliobuses, adjudicados el 1 de agosto de 2024; 57.692 euros en fondos bibliográficos, contratados el 1 de diciembre de 2025; inversión total superior a 267.000 euros.
  • Resumen: Una oposición en marcha debe resolver la falta de conductores. Hasta entonces, la inversión permanece inmovilizada y los municipios pequeños siguen sin biblioteca móvil.

La Junta General del Principado aprueba las leyes LGTBI y de Infancia de Asturias

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El pleno de la Junta General del Principado, que arranca el martes 13 de octubre, aprobará las leyes LGTBI y de Infancia y Adolescencia tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de Vox.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno autonómico que preside Adrián Barbón (PSOE) y los grupos que lo sustentan, con el respaldo de la mayoría de la Cámara.
  • ¿Qué impacto tiene? Asturias deja de ser la única comunidad, junto a Castilla y León, sin una ley LGTBI propia.

El pleno que arranca el martes 13 de octubre dará luz verde a las leyes LGTBI y de Infancia de Asturias.

La Junta General del Principado (el parlamento asturiano, con 45 escaños) cierra así la tramitación de dos normativas que llegan a su punto final con amplio consenso, tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de Vox.

En el caso de la ley LGTBI, el texto quedó pendiente de aprobación la pasada legislatura. Con su entrada en vigor, Asturias dejará de ser la única comunidad, junto a Castilla y León, sin una norma autonómica en esta materia. Es la corrección de una anomalía que se arrastraba desde hace años.

Un respaldo amplio y una anomalía que se corrige

La ley de Infancia y Adolescencia ha suscitado también un acuerdo amplio en su recorrido parlamentario, lo que garantiza su aprobación en la sesión del martes. El orden del día incluye además la toma en consideración (la admisión a trámite) de la proposición de ley de Cultura e Identidad.

Esa iniciativa nació como proyecto del Gobierno y finalmente se tramitará como proposición de ley de los grupos que sostienen al Ejecutivo. El objetivo, según sus impulsores, es salvaguardar y fomentar los derechos culturales y lingüísticos y llevar el tratamiento del asturiano y del gallego-asturiano a su límite legal.

El motivo es la falta de mayoría para reformar el Estatuto de Autonomía, que permitiría declarar la oficialidad de ambas lenguas. Xabel Vegas, portavoz de IU/CA, lo atribuye a la urgencia, y la prioridad: la norma se tramita así para no recorrer todo el camino burocrático de una iniciativa del Ejecutivo.

La ley LGTBI llega al final del camino en Asturias: la comunidad deja de ser la excepción que nunca quiso ser.

Qué cambia para los asturianos y qué se debate de fondo

La sesión no se agota en las dos leyes. El PP llevará al pleno una iniciativa para deflactar el 5% del tramo autonómico del IRPF. Vox ha registrado una interpelación sobre las estaciones de esquí, y Foro Asturias pregunta por la ‘deuda histórica’ del Gobierno central con las infraestructuras asturianas.

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, llevará al hemiciclo una pregunta sobre la plantilla de los servicios de extinción de incendios y emergencias. El consenso ha sido amplio. El turno de preguntas al presidente, Adrián Barbón, cerrará una sesión cargada de contenido.

El Pulso Territorial

Asturias está gobernada por una coalición de PSOE e IU, con Adrián Barbón al frente del Gobierno del Principado. Esa mayoría permite sacar adelante iniciativas sociales como las dos leyes que se aprueban esta semana, pero no alcanza para reformar el Estatuto ni para declarar la oficialidad del asturiano. Ahí está la contradicción de fondo.

El dato es elocuente. Hasta ahora solo Asturias y Castilla y León carecían de una norma autonómica en esta materia, lo que dejaba a ambas en la cola de un proceso que el resto de las comunidades ya había culminado.

Con la aprobación del martes, el foco se desplaza al desarrollo reglamentario de ambos textos y a la tramitación de la ley de Cultura e Identidad. Por delante quedan también las elecciones autonómicas de 2027.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Junta General del Principado aprueba el 13 de octubre las leyes LGTBI y de Infancia y Adolescencia, dos textos que cierran su tramitación tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de Vox.
  • Datos importantes: Asturias deja de ser la única comunidad, junto a Castilla y León, sin ley LGTBI propia. El pleno incluye además la toma en consideración de la ley de Cultura e Identidad y una iniciativa del PP para deflactar el 5% del tramo autonómico del IRPF.
  • Resumen: Ambas normativas llegan a su punto final con amplio consenso. La oficialidad del asturiano sigue pendiente por falta de mayoría para reformar el Estatuto. Las elecciones autonómicas de 2027 marcan el próximo horizonte político.

Vigo tramita más de 10.200 viviendas con el nuevo PGOM: el 60% serán protegidas

El nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Vigo (PGOM) tramita ya más de 10.200 viviendas, y seis de cada diez llevarán protección.

Diez mil doscientas viviendas sobre la mesa y seis de cada diez protegidas

El Concello de Vigo —el ayuntamiento, en la terminología municipal gallega— acumula promociones residenciales por encima de las 10.200 viviendas, poco más de un año después de que entrara en vigor el nuevo planeamiento, según los datos municipales que recoge la prensa local. De ese volumen, 6.120 pisos, alrededor del sesenta por ciento, quedarán sujetos a algún régimen de protección. La cifra se mide contra una lista de espera de 11.516 demandantes de vivienda protegida inscritos en la ciudad.

Los ámbitos grandes sostienen el grueso del cálculo. En Vilar-Ofimático, donde la Xunta de Galicia prevé 2.000 viviendas; en Ramón Nieto, con otras 1.400; y en Santa Cristina, 200 promovidas directamente por el Concello, todas ellas protegidas. Son tres ritmos distintos bajo un mismo plan.

El Concello ha firmado ya convenios para desarrollar por iniciativa privada Alfageme, La Artística, y Plaza de España. Los acuerdos contemplan, además de las viviendas, cesiones de suelo para dotaciones públicas y medidas vinculadas a la conservación del patrimonio industrial.

Plaza de España es, en realidad, dos operaciones a la vez: la residencial y la urbana. Los convenios reservan terrenos para cerrar el anillo exterior de circulación, lo que permitiría desviar buena parte del tráfico y avanzar hacia una plaza semipeatonal. Los estudios de detalle están en marcha y el gobierno municipal convocó un concurso de ideas para definir el nuevo diseño del espacio.

Vigo pone en tramitación más vivienda protegida que muchas capitales españolas en una legislatura, pero su lista de espera no baja.

Otros ámbitos empiezan a desbloquearse. En la Metalúrgica se inició la tramitación de un estudio de detalle para una torre residencial de 19 plantas, después de tres décadas de espera. Entre Jacinto Benavente y Torrecedeira, el planeamiento reserva el 75% del suelo a uso residencial, con una previsión de entre 400 y 450 viviendas. Se activan también A Seara, entre Tomás Alonso, la calle Coruña y López Mora, y Castro Castriño, en la falda entre Coia y Tomás Alonso. Y en Samil, entre la avenida de Europa y Camiño Pertegueiras, se han dado los primeros pasos para hasta 2.000 viviendas más.

Once mil demandantes y tres décadas de suelos bloqueados

10.200 viviendas Vigo

La foto completa tiene dos caras. La primera es la producción de suelo: más de diez mil viviendas en trámite es un volumen que la ciudad no veía desde antes del estallido de la burbuja. La segunda es la demanda: 11.516 expedientes de vivienda protegida esperan turno, y el 60% de protección anunciada no cierra por sí solo esa brecha.

El factor tiempo juega en contra. Un estudio de detalle, una reparcelación y una licencia de obra pueden consumir varios años antes de que la primera llave gire en la cerradura. En la Metalúrgica ese reloj lleva parado desde los años noventa. Eso sí, los convenios con promotores privados también ceden suelo para dotaciones y patrimonio industrial, lo que reduce superficie lucrativa y encarece la operación para quien construye.

El mapa institucional se reparte entre administraciones de distinto signo. La Xunta de Galicia, gobernada por el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, con mayorías absolutas consecutivas desde 2009), promueve Vilar-Ofimático. El Concello, de mayoría socialista desde hace casi dos décadas, impulsa Santa Cristina y las operaciones de Plaza de España. El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) sitúan la vivienda en el centro de su confrontación con el Ejecutivo autonómico en el Parlamento de Galicia. Nadie discute el número. Se discute el calendario.

El Laboratorio Gallego

Galicia gobierna con mayoría absoluta del PPdeG desde 2009, y cada vez que aprueba un instrumento urbanístico lo está ensayando para un debate que después escala. La vivienda es hoy el primer asunto de la agenda nacional, y el caso vigués ofrece una fórmula concreta: ceder suelo a promotores privados a cambio de que seis de cada diez pisos nazcan protegidos, en lugar de intervenir directamente el mercado. Es un patrón que el PP nacional observa con atención y que el Ejecutivo autonómico que preside Alfonso Rueda ha convertido en bandera de gestión, mientras el BNG reclama más parque público y el PSdeG exige acortar los plazos administrativos.

Hay una incógnita que ninguna rueda de prensa resuelve: cuántas de esas 6.120 viviendas protegidas estarán disponibles antes de que se agote la actual lista de 11.516 solicitantes. La respuesta depende de trámites municipales, de financiación autonómica y de un mercado de construcción con costes al alza, según los datos generales de coyuntura que publica el INE. La proyección inmediata es clara: el concurso de ideas de Plaza de España, los estudios de detalle de la Metalúrgica y Samil, y la próxima cita electoral municipal marcarán si el modelo vigués se consolida o se queda en papel.

Lo que se ensaya en Vigo rara vez se queda en Vigo. Quien siga el urbanismo gallego sabe que los planes generales tardan una década en dar fruto y dos en ser juzgados.

Ficha del Caso

  • El caso: El planeamiento urbanístico de Vigo, en vigor desde hace algo más de un año, empuja promociones por más de 10.200 viviendas, con un 60% bajo algún régimen de protección.
  • Datos importantes: 10.200 viviendas en trámite; 6.120 protegidas; 11.516 demandantes inscritos; Vilar-Ofimático (2.000, Xunta), Ramón Nieto (1.400), Samil (hasta 2.000), Santa Cristina (200, municipales) y una torre de 19 plantas en la Metalúrgica.
  • Resumen: Vigo ensaya un crecimiento con mayoría de vivienda protegida mediante convenios con promotores privados, un patrón que se sigue con lupa desde la política nacional de vivienda.

El Campus Auga de Ourense lidera la prevención de incendios con satélites y drones tras los fuegos de 2025

Ourense busca en los satélites y los drones la prevención de incendios que no logró en tierra tras los fuegos de 2025.

En agosto de 2025, la provincia de Ourense sufrió durante tres semanas la peor oleada de incendios registrada en Galicia. Los quince fuegos principales dejaron más de 90.000 hectáreas calcinadas y una pregunta incómoda: por qué el monte gallego vuelve a arder con la misma virulencia cada verano. Catorce meses después, la respuesta se busca en la órbita baja de la Tierra.

Del infierno de agosto a un congreso que quiere predecir el fuego

El VI Congreso Internacional Campus Auga reúne estos días en Ourense a investigadores, empresas y administraciones bajo el lema ‘Sistemas aeroespaciales para respostas multisectoriales ante desafíos ambientales. La organización recae este año sobre la Escola de Enxenería Aeronáutica e do Espazo, que ha colocado la lucha contra el fuego como eje central del encuentro.

En el acto de apertura, Enrique Miguel Mallón Otero, presidente del Consorcio Aeroespacial Galego (CAG), subrayó el peso creciente del sector: ‘Actualmente, el sector cuenta con 1.700 trabajadores de forma directa, y va a seguir creciendo’, afirmó. La cifra no es menor para una comunidad que busca diversificar su economía más allá de la automoción y la pesca.

Por su parte, el presidente del Campus Auga, Alberto Vaquero, situó el congreso en una coordenada de mayor calado: ‘Somos la generación del cambio climático. Debemos ser capaces de dar respuesta a esta encrucijada ambiental’, señaló. Su intervención resume el giro de un encuentro que ya no se limita a la investigación universitaria.

Sobre la mesa, dos tecnologías dominan la conversación: los satélites y los drones. Ambos se perfilan como los grandes aliados del control forestal y de la recolección de datos, en un territorio donde la orografía y el minifundio complican, cualquier vigilancia tradicional.

Los incendios de Galicia no se apagan solo con aviones: se previenen con datos que hoy siguen siendo demasiado pobres.

Ícaro, satélites de órbita baja y el modelo que nació en Laza

El proyecto Ícaro fue uno de los protagonistas. Marcos Quiroga, miembro de la iniciativa, explicó su objetivo con precisión técnica: ‘Actualmente, la resolución con la que se trabaja es muy pobre, de 10 a 30 metros aproximadamente. Queremos usar un satélite con órbitas muy bajas con lo que podemos corregir este problema, ya que hay una relación casi lineal entre la altura y la calidad de las imágenes’, detalló.

Junto a los satélites, los modelos predictivos. Raquel Ortega presentó un sistema que agrupa cúmulos de datos estáticos (vegetación, agua) y dinámicos (temperatura, humedad) para anticipar el riesgo de incendio de una región concreta. El modelo se ha validado con el incendio de Laza del 15 de septiembre de 2024, que arrasó 60 hectáreas. Eso sí, sus responsables admiten que aún está en fase temprana: no se ha automatizado y se apoya en un único incendio.

La ambición es ampliarlo para que no solo prediga la probabilidad de activación, sino también la dirección de propagación. Los datos deciden el verano. El objetivo último es un ciclo virtuoso: mejores datos geográficos gracias a drones y satélites, modelos más afinados y perímetros de control más efectivos cuando el fuego ya está en marcha.

El Laboratorio Gallego

Lo que ocurre en Ourense tiene una lectura que trasciende la innovación tecnológica. Galicia lleva años siendo un territorio de prueba para las políticas de prevención de incendios, y su modelo forestal —marcado por el minifundio y el abandono de tierras— es objeto de un debate que ningún partido ha logrado cerrar.

El PPdeG gobierna la Xunta de Galicia con mayorías absolutas desde 2009 y defiende la limpieza del monte como principal herramienta de gestión.

El BNG, primera fuerza de la oposición, reclama un cambio de modelo productivo. El PSdeG exige más medios públicos de extinción y una coordinación más estrecha con el Gobierno central.

La dimensión nacional es evidente. Los grandes incendios no entienden de fronteras y el Gobierno central comparte competencias en protección civil. Cualquier avance en predicción que salga de Ourense puede escalar a otras comunidades del noroeste, donde el abandono rural dibuja el mismo escenario de riesgo.

Queda la incógnita de siempre. Los modelos predicen mejor, pero no apagan fuegos. Aquí se ensaya lo que luego escala. La pregunta que el Campus Auga deja abierta es si Galicia convertirá estos prototipos en herramientas operativas, y si la clase política asumirá el coste de mantenerlos vivos. La campaña de incendios de 2027 será el primer examen serio.

Ficha del Caso

  • El caso: El VI Congreso Internacional Campus Auga analiza satélites, drones y modelos predictivos para prevenir incendios forestales en Galicia tras la oleada de 2025.
  • Datos importantes: Más de 90.000 hectáreas calcinadas en agosto de 2025; 1.700 empleos directos en el sector aeroespacial gallego; modelo validado con el incendio de Laza (2024, 60 hectáreas).
  • Resumen: Galicia busca en la tecnología aeroespacial una respuesta a su problema estructural de incendios, con la campaña de 2027 como primer examen.

El Poder Judicial descarta sancionar a la jueza de la DANA en València y duda del youtuber Gisbert

El Poder Judicial archiva las quejas contra la jueza de la DANA y cuestiona la grabación «subrepticia» que las sostenía.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La comisión permanente del CGPJ archivó por unanimidad el pasado 22 de septiembre las quejas contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra y su marido, el juez Jorge Martínez Ribera.
  • ¿Quién está detrás? El promotor disciplinario Ricardo Conde Díez, los abogados de las defensas y el youtuber Rubén Gisbert, que aportó los audios.
  • ¿Qué impacto tiene? La instructora queda sin reproche disciplinario y la Audiencia Provincial de Valencia avala prácticamente todos sus autos.

Ni sanción ni un marido dirigiendo la instrucción

El acuerdo definitivo de archivo lo firma Ricardo Conde Díez, promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, y lo ratificó por unanimidad la comisión permanente. No hay reproche para la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ni para su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera. Las diligencias se habían cerrado ya dos veces, el 29 de julio de 2025 y el 22 de febrero de 2026, y solo se reabrieron cuando Okdiario publicó unos audios atribuidos al segundo magistrado.

Las quejas partían de José María Bueno Manzanares, defensa del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, y de Eduardo de Urbano, primer letrado de la exconsellera Salomé Pradas, ambos investigados en la causa de la DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024). El promotor acota sus pesquisas a los audios y excluye las «discrepancias» sobre la actuación jurisdiccional, que deben resolverse por los recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Valencia.

El escrito cuestiona de plano la prueba estrella: una grabación «subrepticia» realizada por clientes del abogado y youtuber Rubén Gisbert, personado como acusación particular. «La captación subrepticia introduce un elemento de irregularidad que proyecta serias dudas» sobre su valor en un hipotético expediente disciplinario, recoge el acuerdo.

Las dudas no son menudas. El promotor detecta «notables discordancias» entre los audios y las actas oficiales de las declaraciones, y el letrado de la Administración de Justicia, el LAJ, los describió como «total o parcialmente distorsionados», imposibles de cotejar y susceptibles de haber sido manipulados. Mientras en las actas los clientes de Gisbert sostenían una cosa, en los audios filtrados parecía escucharse la contraria.

La prueba que debía tumbar a la jueza de la DANA se grabó sin permiso, se publicó un año después y nadie la denunció entonces.

Un año de retraso, cero protestas y una querella enterrada por el Supremo

Las declaraciones de los clientes de Gisbert se produjeron en enero y febrero de 2025; los audios se divulgaron un año después, en febrero de 2026. Ese «relevante lapso temporal» es un factor de incertidumbre sobre la finalidad de la aportación: durante ese periodo nadie promovió incidente alguno en el procedimiento.

El acuerdo subraya otro «indicio significativo»: ni el abogado ni sus clientes protestaron en el momento de la testifical, algo «difícilmente compatible con la entidad de la irregularidad denunciada». Tampoco se explica por qué se grabó un acto de «escasa relevancia dentro del conjunto de la causa».

Rubén Gisbert alegó que no sabía que sus clientes habían grabado la declaración. Situó el aviso sobre la identidad del supuesto tercero en la testifical de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, del 14 de abril de 2025. Si el aviso fue entonces, responde la cronología oficial, no se entiende una difusión casi un año posterior. Nunca contestó al requerimiento para identificar a ese letrado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya archivó una querella de Gisbert contra la instructora por el origen, la calidad deficiente, y el contenido fragmentario de los audios, y el Tribunal Supremo confirmó esa decisión. Gisbert, excolaborador del programa de Iker Jiménez, fue despedido tras ser grabado manchándose de barro a propósito para una conexión en directo tras la catástrofe. La jueza lo llama «difusor de bulos».

proceso judicial DANA

Frente a quienes sostenían que su marido teledirigía la instrucción, la magistrada aduce que la presencia de Jorge Martínez Ribera fue puntual: recoger los DNI de quienes entraban en la sala o acompañar a un perjudicado en silla de ruedas. El juzgado de Catarroja quedó inundado por la DANA y se trasladó en precario a la Ciudad de la Justicia de Valencia. «Nadie mostró su oposición, ni se incomodó a nadie, ni siquiera se les ocultó que era mi marido», defiende. El promotor concluye que esas conductas, ajenas a cualquier acto judicial, «carecen de relevancia disciplinaria».

El Escenario Valenciano

El archivo disciplinario llega en plena digestión política de la catástrofe. El Consell, el gobierno de la Generalitat Valenciana (el equivalente autonómico del Consejo de Ministros) que preside Juanfran Pérez Llorca, mantiene su hoja de ruta de reconstrucción con el respaldo de Vox. La oposición, PSPV y Compromís, exige en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico unicameral, con 99 escaños) más transparencia sobre los fondos y los plazos.

En ese tablero, el expresident Carlos Mazón —dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la emergencia y conserva su acta de diputado— sigue siendo una figura central del relato político de la DANA. Su situación convive con una causa que instruye la propia Ruiz Tobarra y con una oposición que ha hecho de la reconstrucción su principal arma parlamentaria.

La lectura no se agota en Valencia. El CGPJ es un órgano de gobierno estatal, y la comparación con precedentes como la riada de Biescas de 1996 o las inundaciones de Murcia de 2012 deja la misma pregunta de fondo: la respuesta institucional a las catástrofes llega siempre tarde. En paralelo, el Gobierno central mantiene las líneas de ayuda a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de los fondos europeos, cuyo ritmo de ejecución sigue siendo el otro gran frente político.

El horizonte inmediato pasa por los recursos ante la Audiencia Provincial de Valencia y por una instrucción que sigue sumando diligencias. La causa continúa, la reconstrucción avanza a otro ritmo y el calendario marcará cuánto tiempo más convive el PP con esta historia.

Ficha del Caso

  • El caso: El Poder Judicial archiva las quejas contra la jueza que instruye la causa de la DANA y contra su marido, y cuestiona la grabación que las sustentaba.
  • Datos importantes: Archivo por unanimidad el pasado 22 de septiembre; dos cierres previos, el 29 de julio de 2025 y el 22 de febrero de 2026; audios grabados en 2025 y publicados en febrero de 2026; el Supremo confirmó el archivo de la querella de Gisbert.
  • Resumen: La instructora queda sin reproche disciplinario, pero la causa sigue viva y con ella el pulso político entre el Consell y la oposición.

Choque institucional por la acampada de vivienda en Valencia: Delegación del Gobierno rechaza el desalojo

La Delegación del Gobierno rechaza desalojar la acampada por la vivienda que ocupa la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El pulso entre la delegada Pilar Bernabé y la alcaldesa María José Catalá deja los actos del 9 d’Octubre pendientes de un hilo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Delegación del Gobierno rechaza desalojar la acampada por la vivienda que ocupa la plaza del Ayuntamiento de Valencia, epicentro del 9 d’Octubre.
  • ¿Quién está detrás? La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (PSOE), y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), con el sector pirotécnico y Compromís como actores de presión.
  • ¿Qué impacto tiene? Los actos de la fiesta valenciana quedan condicionados y el pulso anticipa el duelo PSOE-PP de las municipales de 2027.

El pulso que deja el 9 d’Octubre en el aire

La ocupación de la plaza del Ayuntamiento por la acampada por la vivienda ha derivado en un conflicto institucional de primer orden. Este viernes, la plaza es a la vez epicentro de la fiesta y escenario de la protesta. Desde el balcón consistorial está prevista la bajada de la Real Senyera, que marca el inicio de la procesión cívica en la que participan las principales autoridades valencianas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dejado claro que no se dan las circunstancias para levantar la acampada. “Levantar a la fuerza una acampada de tantas personas no es asumible desde un punto de vista de la seguridad y de la convivencia social”, ha argumentado, en un mensaje dirigido directamente a la alcaldesa.

La dirigente socialista sitúa el derecho de reunión, que califica de “legítimo y constitucional”, por encima de cualquier evento de carácter festivo. Y añade un matiz incómodo: “La mascletà no es compatible” con las tiendas de campaña, porque el espectáculo pirotécnico se dispara desde el centro de la misma plaza que ocupan los manifestantes.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no comparte esa jerarquía de derechos. “No se puede trasladar” ningún evento del 9 d’Octubre, ha replicado. El Ayuntamiento envió el martes un requerimiento previo a acciones judiciales a la Delegación para que garantice la seguridad y los actos protocolarios del Día de la Comunitat Valenciana.

Su argumento es de competencias: el desalojo no es decisión del consistorio. Las cifras no cierran. Mientras el Ayuntamiento reclama que se actúe, la Delegación responde que no tiene margen. Nadie quiere asumir el coste político de mover a los acampados.

En la plaza del Ayuntamiento caben la Senyera y las tiendas de campaña, pero no caben dos administraciones que se señalan mutuamente.

La pirotecnia, Compromís y los acampados: tres presiones sobre la misma plaza

El sector pirotécnico ha entrado en el conflicto con fuerza. La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y la Asociación Valenciana de la Pirotecnia (PIROVAL), con el respaldo de ACFAE y AGIP, exigen a la Delegación del Gobierno que ponga todos los medios para garantizar la mascletà, el espectáculo pirotécnico que se dispara desde el centro de la plaza.

Su comunicado no admite matices: “Tolerar la ocupación del espacio público impide los disparos y sabotea un BIC blindado por el Estado”. El sector reclama la restitución inmediata del uso público de la plaza y advierte de que los profesionales y las empresas “no pueden ser los rehenes” de una falta de firmeza institucional.

Compromís ha puesto el foco en otro flanco. Reclama que se garantice la seguridad de la procesión cívica, tanto por la “amenaza de los grupos neonazis y de extrema derecha” que cada año se concentran con motivo del acto como por la protección de las personas acampadas, según un comunicado de la formación.

Los acampados, mientras tanto, no se mueven. Valoran mover algunas tiendas para facilitar el desarrollo de la procesión, pero su manifiesto no admite dudas: “Vamos a seguir aquí hasta que se propongan medidas reales para solucionar la crisis de la vivienda”. A estas horas, nadie ha dado un paso hacia el desalojo.

Detrás del pulso institucional late un problema que no es solo valenciano, sino español: el acceso a la vivienda. La protesta se enmarca en un descontento social que recorre el país y que ha convertido el precio del alquiler en uno de los ejes del debate político estatal. La acampada lo traduce en una ocupación física de la plaza más simbólica de la ciudad.

Delegación del Gobierno

El Escenario Valenciano

El choque tiene una lectura que desborda la fiesta. Pilar Bernabé y María José Catalá no se enfrentan solo por una plaza: son los dos nombres que el PSOE y el PP perfilan para las elecciones municipales de 2027 en Valencia. El episodio llega, además, con España metida de lleno en la precampaña, y cada decisión de estas horas alimenta esa cuenta atrás.

La paradoja es que quien tiene la competencia sobre el orden público, la Delegación del Gobierno, es también quien evita el desalojo. Y quien reclama firmeza, el Ayuntamiento, insiste en que no le corresponde. La Generalitat de Juanfran Pérez Llorca se ha limitado a señalar que “nadie tiene derecho a boicotear” el 9 d’Octubre, sin entrar a resolver el pulso entre las otras dos administraciones.

El despliegue de seguridad mide la temperatura del día: alrededor de 500 agentes blindan los actos, una cifra que convierte una fiesta cívica en una operación de orden público. La proyección inmediata es incierta. El Ayuntamiento, mantiene que espera respuesta al requerimiento y no descarta emprender acciones judiciales. La Delegación sostiene que no hay margen legal ni material para actuar. Y el sector pirotécnico seguirá exigiendo una mascletà que, a estas horas, no está garantizada.

Ficha del Caso

  • El caso: Una acampada por la vivienda ocupa la plaza del Ayuntamiento de Valencia, epicentro del 9 d’Octubre, y desata un choque de competencias entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento.
  • Datos importantes: La Delegación rechaza el desalojo; el Ayuntamiento envió un requerimiento previo a acciones judiciales; el sector pirotécnico exige la mascletà y unos 500 agentes blindan los actos.
  • Resumen: El pulso entre Pilar Bernabé y María José Catalá anticipa el duelo PSOE-PP de las municipales de 2027 y deja el desarrollo de la fiesta valenciana pendiente de un acuerdo que no llega.

Pradales reclama a Sánchez la misma «velocidad» en el autogobierno vasco que en los decretos de vivienda

El lehendakari, Imanol Pradales, reprocha al Gobierno central su velocidad para aprobar decretos de vivienda frente al ritmo del autogobierno vasco. Lo ha hecho en la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento Vasco, donde el PNV había registrado una autopregunta para fijar la posición del Ejecutivo autonómico sobre los traspasos comprometidos con el Gobierno de España.

Pradales ha contrapuesto la agenda social del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los compromisos adquiridos con Euskadi. ‘Con el decreto de la Vivienda ha pisado el acelerador. Si quieren, pueden. Pedimos que muestren la misma voluntad con la agenda del autogobierno’, ha señalado durante su turno. En esa misma intervención ha añadido: ‘Me gustaría ver esa misma velocidad y valentía en el cumplimiento íntegro del Estatuto’.

Qué reclama Pradales al Gobierno central

La autopregunta del grupo nacionalista buscaba que el lehendakari pudiera trasladar a La Moncloa que ‘no se ha cumplido todo lo acordado’. Las materias que siguen sin cerrar son, principalmente, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, además de los paradores de turismo y la organización de las elecciones municipales.

Pradales ha reconocido avances en el mismo pleno. La legislatura acumula catorce acuerdos de traspaso, entre ellos la gestión de las Cercanías de Renfe —ahora denominadas Lottu—, la gestión de Costas y Salvamento Marítimo. ‘Hemos avanzado’, ha resumido el lehendakari ante los grupos de la Cámara.

La legislatura suma catorce traspasos cerrados mientras la gestión de las pensiones sigue pendiente y las políticas de empleo transferidas no entrarán en vigor hasta mediados de 2027.

En el caso de la Seguridad Social, la transferencia está técnicamente iniciada con acuerdos parciales sobre prestaciones no contributivas, seguros escolares y políticas de paro. En este último bloque, la entrada en vigor se ha retrasado hasta mediados de 2027.

El calendario electoral y los traspasos que siguen abiertos

El adelanto electoral, con cita con las urnas fijada para el 29 de noviembre, colocó las negociaciones abiertas en una situación de incertidumbre. Voces del entorno del lehendakari interpretaron entonces el movimiento como la constatación de que los expedientes quedarían en papel mojado. La estrategia ha cambiado después: el mensaje ahora es que ‘todavía hay tiempo’.

A finales de julio se canceló una cumbre entre Pradales y Sánchez precisamente por la falta de entendimiento sobre las materias pendientes del Estatuto. Aquel episodio precedió a la convocatoria anticipada de los comicios vascos.

Pradales también ha apelado a EH Bildu. Ha reclamado a la coalición abertzale que ‘muestre determinación’ en las Cortes Generales y acompañe al PNV en la exigencia de los traspasos que restan. Ha sostenido que EH Bildu respalda ‘a ciegas’ y con ‘entusiasmo’ las medidas del PSOE y ha considerado deseable que actúe ‘de la mano’ de los nacionalistas en defensa del autogobierno.

El mensaje llega en la recta final de la legislatura vasca, con el Parlamento Vasco todavía en funcionamiento y la cita electoral fijada para el 29 de noviembre. El PNV ha convertido el desarrollo estatutario en uno de los ejes de su discurso público en esta legislatura, mientras el Ejecutivo central mantiene su calendario de decretos, entre ellos el de vivienda.

El precedente del Estatuto de 1979 y el calendario institucional

Los traspasos pendientes se enmarcan en el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979, que fija el techo competencial de Euskadi y requiere acuerdos entre ambas administraciones para completarse. El PNV respaldó la investidura de Sánchez en 2023 con el compromiso de cerrar las transferencias en 2025. El plazo no se cumplió y, ya en 2026, permanecen materias sin resolver, con la gestión de las pensiones como principal asignatura pendiente.

Al margen del Estatuto, Pradales ha reclamado un acuerdo para incrementar la potencia eléctrica industrial en Euskadi. Con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, el margen para cerrar nuevos traspasos se reduce a las próximas semanas, mientras las mesas técnicas sobre la Seguridad Social continúan abiertas. La próxima cita institucional será la constitución de la nueva Cámara salida de los comicios.

La Diputación de Álava tasa la venta Buesa Arena en 54,8 millones para el Baskonia

La venta del Buesa Arena y sus aparcamientos se tasa en 54,8 millones de euros, según la valoración encargada por la Diputación Foral de Álava a la consultora Tecnitasa.

El informe, de 159 folios, atribuye 40,1 millones de euros al pabellón multiusos Fernando Buesa Arena, con capacidad para 15.290 espectadores. Técnicos de Tasación (Tecnitasa) percibió 15.427,50 euros por este trabajo y documentó el interior del recinto con una amplia colección de fotografías de la cancha, los vestuarios del Baskonia y los aseos.

A esa cantidad se añaden 6,3 millones de euros por la cúpula de la antigua cancha de baloncesto, retirada del recinto en su última reforma y situada ahora en medio del aparcamiento. Esa remodelación costó alrededor de 30 millones. Las restantes parcelas de estacionamiento del entorno completan la cifra hasta los 54,8 millones.

Qué incluye la tasación de 54,8 millones

Tecnitasa describe la edificación principal como un ‘pabellón multiusos’ y una ‘edificación singular de referencia’ para Vitoria-Gasteiz y para Araba/Álava, sede de eventos internacionales como la Euroliga de baloncesto, competiciones locales y conciertos. El diputado general, Ramiro González (PNV), garantizó que no enajenaría patrimonio foral por debajo del precio de la tasación.

El acuerdo para encargar esta valoración lo cerraron el pasado mes de julio González y el grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés, propiedad de Josean Querejeta, con el objetivo de que la empresa se quedara con las instalaciones dentro de su plan de expansión.

La tasación fija en 54,8 millones el valor conjunto del pabellón y los aparcamientos, la referencia mínima para cualquier operación de venta.

El club sostiene que maneja unos 150 millones de euros para un proyecto que incluye la adquisición del recinto y del aparcamiento y la construcción de nuevos edificios en la zona de Zurbano, rebautizada como ‘distrito Ondare’. Se trata de la misma zona en la que el grupo ha desplegado otras iniciativas empresariales y educativas.

El plan del Baskonia y el aval de las Juntas Generales

A ese plan se suman la universidad privada Euneiz, la ciudad deportiva BAHK y una residencia de nueva construcción. En paralelo, se pretende reformar el interior del pabellón sin ampliar su aforo para poder acoger eventos ‘365 días’ al año, más allá de los partidos de baloncesto.

La operación requiere el respaldo de las Juntas Generales de Álava, donde el Gobierno foral del PNV no cuenta con mayoría absoluta. Ramiro González avanzó que recabaría ese aval institucional antes de concretar la enajenación del recinto.

El precedente del Iradier Arena y el marco foral

La tasación llega después de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estimara el pasado mes de julio en unos 50 millones de euros la reforma de la antigua plaza de toros, el Iradier Arena, con unos 9.500 asientos. Ambos recintos comparten ciudad y titularidad pública, aunque dependen de administraciones distintas, y sus cifras de valoración se sitúan en órdenes de magnitud comparables.

El recinto es de titularidad foral y cualquier enajenación exige tasación previa y autorización institucional. El régimen foral atribuye a las diputaciones competencia sobre su propio patrimonio, con la exigencia de una valoración independiente antes de formalizar la venta de bienes públicos. La Diputación sostiene que el precio de referencia no se rebajará, mientras el grupo de Querejeta ha manifestado su disposición a adquirir el pabellón dentro de su plan de expansión, según la información publicada por elDiario.es Euskadi.

El siguiente hito será el pronunciamiento de las Juntas Generales de Álava sobre la operación, paso previo a cualquier formalización de la venta. Hasta entonces, el informe de Tecnitasa queda como documento de referencia sobre el valor del Buesa Arena y como base de la negociación entre la Diputación Foral de Álava y el grupo Saski Baskonia.

Enagás y Petronor aceleran el hidroducto de hidrógeno que cruzará once municipios de Bizkaia

El hidroducto de hidrógeno que Enagás y Petronor impulsan entre Muskiz y Arrigorriaga cruzará once municipios de Bizkaia y acumula más de 5.000 páginas de expediente frente a solo 15 días para alegar.

Un tubo de acero de 38 kilómetros a 94 bares de presión

Detrás del proyecto está Enagás Infraestructuras de Hidrógeno, que da servicio al electrolizador de Petronor. Los números: 38 kilómetros de tubería de acero de 30 pulgadas, 94 bares de presión máxima y once municipios atravesados, de Muskiz a Arrigorriaga.

El presupuesto asciende a 67.995.147 euros. Enagás solicita la autorización del proyecto y su declaración de utilidad pública —que permitiría expropiar terrenos e imponer servidumbres a los propietarios—, además del visto bueno de su estudio de impacto ambiental. La decisión final corresponde al MITECO.

La Subdelegación del Gobierno en Bizkaia publicó el anuncio en el BOE el 29 de septiembre. La tramitación se acordó por la vía de urgencia, ‘a instancia de parte’, invocando el artículo 33 de la Ley 39/2015, que reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario. Los 30 días hábiles que fija la Ley 21/2013 de evaluación ambiental quedan en 15 días.

El MITECO aclaró en una nota del 30 de septiembre que la vía rápida atiende a empresas de hidrógeno que quieren adelantar sus inversiones. Aquí señala a Petronor y a su electrolizador de 100 megavatios, con 160 millones del Plan de Recuperación. La memoria que firma la ingeniería IDOM admite que el tramo se acelera por el ‘Proyecto Petronor, actualmente pendiente de la obtención de financiación pública’.

Petronor pidió acelerar la tubería antes de tener cerrada la financiación pública de la planta que esa misma tubería debe alimentar.

La Plataforma Stop Variante Las Karreras, que agrupa a vecinos de Abanto-Zierbena, duda de de que ese recorte sea legal y denuncia que una obra de este tamaño se tramite con unos plazos que impiden estudiarla. El plazo empezó a contar el 30 de septiembre y vence el 21 de octubre.

Quince días hábiles para 5.000 páginas no son participación pública: son una firma en el aire.

La letra pequeña: planos que no aparecen y una ingeniería sancionada

Llegar a los documentos tampoco es sencillo. El BOE indica que los planos de las fincas afectadas se consultan en cada ayuntamiento. Trapagaran respondió a la plataforma que no los tiene; Abanto-Zierbena no supo confirmarlo y pidió una instancia por escrito. En la web de la Delegación del Gobierno en el País Vasco los archivos pesan tanto que fallan al descargarse, según el colectivo.

El proyecto y su estudio llevan la firma de la ingeniería vizcaína IDOM, con fecha de 30 de junio. La CNMC la multó en 2021 con 640.000 euros por el cártel de consultoras que amañó licitaciones públicas, una sanción que recurrió ante la Audiencia Nacional.

hidrógeno verde

En total, el estudio calcula 83,17 hectáreas de ocupación temporal, el equivalente a 116 campos de fútbol, y 66,97 hectáreas de vegetación afectada. Las obras durarán ocho meses y cruzarán nueve cauces. Quedará una servidumbre permanente: ni árboles altos en una franja de cuatro metros ni edificación a menos de diez metros de la tubería.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Trazado: 38 kilómetros de tubería de acero de 30 pulgadas, con 94 bares de presión máxima, enterrada entre Muskiz y Arrigorriaga.
  • Ocupación temporal: 83,17 hectáreas durante ocho meses de obra, con 66,97 hectáreas de vegetación afectada y nueve cauces cruzados.
  • Inversión: 67.995.147 euros de presupuesto, de los que 2,09 millones se destinan a derechos de paso y compra de terrenos.
  • Equivalencia tangible: 649 fincas afectadas, 245 en Zierbena y 134 en Muskiz, y 116 campos de fútbol de superficie ocupada.

El Barbadún, el Serantes y las casas de al lado

El punto más protegido del recorrido es la ría y las marismas del Barbadún, una Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 con hábitats de estuario protegidos. Enagás prevé cruzarla con una perforación dirigida, bajo el terreno y sin abrir zanja en la marisma. La plataforma exige que se demuestre que ni el método ni los fluidos que emplea dañarán la zona.

Más adelante, la tubería atraviesa el Serantes, la zona minera, La Arboleda, Mendibil y el entorno del Pagasarri. El estudio registra en La Arboleda y Mendibil mucha actividad de aves y la presencia de milano real, alimoche y cigüeña negra.

El hidroducto evita los cascos urbanos, aunque pasa cerca de viviendas. En Ugaldebieta discurre a muy poca distancia de una gasolinera, junto a gasoductos, el ramal de Petronor, la autopista A-8 y las casas del barrio de La Magdalena. Las alegaciones piden medir la distancia real y estudiar si un accidente podría encadenarse entre instalaciones.

No es un temor abstracto. El hidrógeno se inflama en una gama de concentraciones mucho más amplia que el gas natural, prende con muy poca energía y su molécula, diminuta, se escapa con facilidad por cualquier junta. En Meatzaldea hay precedente: en febrero, las emisiones de benceno obligaron a confinar Muskiz y más de 3.000 personas se manifestaron después.

Por qué este expediente condiciona toda la red troncal de hidrógeno

Hay más piezas en juego. En la misma zona se suman el electrolizador de 100 megavatios, nuevas líneas eléctricas y el ramal al Puerto de Bilbao. La memoria de IDOM reconoce que Enagás troceó tramos cuya tramitación ambiental ya había empezado, para reducir el ‘riesgo de desalineamiento entre autorizaciones y calendario de inversión’. Si el propio expediente admite que la prisa responde al proyecto de Petronor, lo coherente es evaluarlo junto a él.

El precedente tampoco ayuda. El Gobierno Vasco autorizó el electrolizador en agosto de 2025 como ‘modificación no sustancial’ del permiso ambiental de la refinería, sin evaluación de impacto ordinaria. La línea de 400 kilovoltios que lo alimenta se autorizó ese abril a nombre de Bay of Biscay Hydrogen, la sociedad de Repsol y Petronor, mientras la planta salía a nombre de Petronor.

Los abogados de la plataforma, de Magerit Abogados, lo calificaron de fraccionamiento artificial del proyecto. La planta cuesta 292 millones, elevará un 173% el consumo eléctrico de la refinería y almacenará 8.000 kilos de hidrógeno a 200 metros del barrio de Las Karreras.

La cuestión de fondo no es si el hidrógeno tiene hueco en la descarbonización industrial: lo tiene, y la refinería de Muskiz es un caso claro. La cuestión es a qué precio se compra ese avance cuando la participación pública se comprime a dos semanas y las piezas de un mismo proyecto se evalúan por separado.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 38 kilómetros de tubería que llevarían hidrógeno a la red troncal y recortarían el consumo de gas fósil de la refinería de Muskiz.
  • Modelo que cambia: El corredor vasco del hidrógeno se suma a los hidroductos que ya unen Petronor con Abanto y Arrigorriaga, sustituyendo parte del gas natural industrial.
  • Para las próximas generaciones: Una infraestructura así solo es heredable si su evaluación ambiental es completa y no deja daños irreversibles en el Barbadún ni en los montes mineros.

Greenpeace acusa a NVIDIA de greenwashing en la inteligencia artificial por el consumo de los centros de datos

NVIDIA es hoy el caso más visible de greenwashing en la inteligencia artificial: los centros de datos que consumen sus chips disparan una demanda eléctrica que la compañía no incluye en su plan de descarbonización.

Las emisiones de Alcance 3 crecen un 725% desde 2020

La acusación no salió de un tuit. Salió de un panel de la Semana del Clima de Nueva York titulado ‘Confronting the data center energy crisis’. Josh Parker, responsable de sostenibilidad de NVIDIA, defendía el compromiso climático de la compañía cuando una activista de Greenpeace desplegó una pancarta con dos palabras: ‘STOP GREENWASHING’. En los 35 minutos que duró el debate hubo tres interrupciones más.

El episodio destapa una tensión que ningún informe de sostenibilidad maquilla. NVIDIA diseña las GPU que alimentan casi todo el desarrollo de la IA, pero no fabrica: es una empresa fabless. Taiwán concentra más del 90% de los chips avanzados y Corea del Sur produce más del 60% de las memorias, según los datos recogidos por Greenpeace International.

El resultado está en su propia contabilidad. Las emisiones de Alcance 3 declaradas, las de su cadena de suministro, han subido un 725% desde 2020. El dato procede del informe coordinado por el analista Ketan Joshi con Greenpeace International y un consorcio de organizaciones civiles, entre ellas Stand.Earth, Friends of the Earth y Climate Action Against Disinformation. No es una estimación de ONG: es el propio reporte de la compañía, leído completo.

Ahí está la asimetría que sostiene la denuncia. El objetivo de 100% energía renovable de NVIDIA se limita a sus oficinas e instalaciones propias y cubre menos del 1% de sus emisiones totales. Mientras, las emisiones de la fase de uso de los chips vendidos, que la empresa no declara, podrían ser casi el doble de las ya estimadas en su cadena de suministro. El consejo recomendó a los accionistas rechazar una propuesta para ampliar esa divulgación.

Un objetivo de renovables que cubre menos del 1% de la huella no es un plan climático: es una vitrina bien iluminada.

La letra pequeña: tres relatos verdes bajo la lupa

El análisis identifica tres narrativas con las que la compañía presenta la IA como solución climática mientras acelera la infraestructura que más energía consume. La primera es la más ambiciosa: ‘la IA resolverá el cambio climático’. Sus beneficios son hipotéticos, están poco respaldados y, en buena parte, se refieren a aplicaciones concretas de la IA tradicional, no a la IA generativa que dispara el consumo.

Presentar la IA como solución climática mientras se multiplica la demanda eléctrica de la red no es liderazgo: es el argumento de venta de siempre.

La segunda es la del centro de datos flexible. NVIDIA sostiene, junto a socios como Emerald AI y Google, que estas instalaciones funcionan como amortiguadores de la red porque reducen o desplazan consumo en horas punta. El problema es la escala: la respuesta de la demanda puede cubrir menos del 1% de las horas del año en escenarios de crecimiento alto y, en ciertos mercados, incluso eleva las emisiones si el consumo se mueve a horas con generación fósil más barata.

La tercera es la eficiencia. La empresa presume de rendimiento por vatio y de arquitecturas como Blackwell, pero eficiencia por cálculo no equivale a menos energía total. Es la paradoja de Jevons: cuando la IA se abarata, se despliega más y se usa de forma más intensiva. La capacidad total de los chips vendidos sigue creciendo, y con ella el consumo absoluto.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Emisiones declaradas: el Alcance 3 de NVIDIA sube un 725% desde 2020, según su propio reporte y el análisis de Greenpeace.
  • Fase de uso: las emisiones del uso de los chips vendidos podrían ser casi el doble de las estimadas en la cadena de suministro.
  • Objetivo renovable: cubre menos del 1% de las emisiones totales y se limita a instalaciones propias.
  • Exigencia de Greenpeace: extender ese objetivo a toda la cadena de fabricación en 2030, Taiwán incluida.
centros de datos energía

Del chip al informe anual: el efecto dominó que ya llega a Europa

Lo que piden las organizaciones ecologistas no es un gesto simbólico. Son tres cosas concretas: inversión sustancial en energía renovable nueva y adicional, extender el objetivo de 100% renovable a toda la cadena de fabricación en 2030 y, publicar un Alcance 3 completo que recoja el uso de los chips vendidos. Ninguna de las tres exige una tecnología que no exista.

El efecto dominó ya está en marcha. La directiva europea CSRD obliga a las grandes empresas a reportar sus emisiones de Alcance 3, y eso arrastra a sus proveedores tecnológicos: un fabricante que no declara la fase de uso de sus productos deja a toda su cadena de valor a ciegas. Los fondos de inversión responsable lo tienen claro. La etiqueta se cae cuando el dato no la sostiene.

Hay precedentes que marcan el listón. Iberdrola, Ørsted o Acciona llevan años demostrando con contratos de compra de energía y potencia conectada que su objetivo renovable toca su consumo real, no solo sus oficinas. La diferencia con NVIDIA es de perímetro: la eléctrica asume su huella completa y el fabricante sin fábrica la externaliza para llamarla ajena.

Externalizar la producción no externaliza la responsabilidad.

La presión social tampoco es teórica: hay comunidades que se oponen a la expansión de centros de datos en Estados Unidos y en otros países, y en Asia Oriental la fabricación de chips se asocia ya a contaminación atmosférica y estrés hídrico. En la conferencia GTC, Greenpeace USA llevó un camión de vallas con un mensaje directo a Jensen Huang sobre unos procesadores que se calientan tanto como el planeta. La factura climática de la IA no se paga en la nube.

Queda la pregunta incómoda. Si el mercado fuera a resolver esto solo, como sostiene Huang, no haría falta ni pancarta ni informe. El crecimiento de la capacidad de chips vendidos lo desmiente cada trimestre. La transición no avanza por optimismo de consejo de administración: avanza cuando alguien publica una cifra y la cumple.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: declarar el uso real de los chips pondría cifra a una huella que ya suma un 725% más de Alcance 3 en seis años.
  • Modelo que cambia: desaparece el fabricante sin fábrica que traslada su impacto al proveedor y solo mide lo que ocurre dentro de sus oficinas.
  • Para las próximas generaciones: con la cadena de suministro en renovables en 2030, los centros de datos crecerían sin añadir presión sobre la red ni sobre las cuencas que los refrigeran.