Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fuera de servicio desarticulan una banda de ladrones en Alcorcón

Roberto Fuentes
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Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fuera de servicio desarticulan una banda de ladrones en Alcorcón

Cinco agentes fuera de servicio han frustrado en Alcorcón (Madrid) a una banda que asaltaba viviendas haciéndose pasar por repartidores. Tres de ellos son agentes de la Policía Nacional y dos son agentes civiles de la Guardia Civil.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? Tres agentes de la Policía Nacional y dos guardias civiles fuera de servicio han identificado el vehículo de un grupo que asaltaba viviendas y coches.
  • ¿Dónde y cuándo? A la salida de un restaurante del polígono Urtinsa, en Alcorcón, poco después de las 16:30 horas.
  • ¿Qué resultado? La actuación permitió identificar el vehículo y neutralizar al grupo investigado, en el marco de unas diligencias que siguen abiertas.

Un coche reconocido al cruzar la puerta del restaurante

Los cinco agentes compartían mesa en un restaurante del polígono Urtinsa, en la periferia del municipio madrileño. Habían quedado para comer y la conversación se prolongó hasta poco después de las 16:30 horas, cuando abonaron la cuenta y se dispusieron a abandonar el local. Ninguno de ellos estaba de servicio.

Al cruzar la puerta, los agentes detectaron un coche y una matrícula que les resultaban familiares. Los ocupantes de ese vehículo estarían presuntamente detrás de varios robos en casas y en coches registrados en los días anteriores, según los datos que manejaban los servicios policiales de la zona.

La coincidencia no era casual. La actividad presuntamente delictiva de ese grupo había motivado la difusión de algunos de sus rasgos y características a través de los radiopatrullas (los vehículos policiales de patrulla preventiva que reciben en tiempo real los avisos operativos), de modo que los indicios seguían frescos en la memoria de cualquier agente atento. Lo que tenían delante encajaba con lo difundido.

El método del falso repartidor y la reacción inmediata

La actuación de los cinco profesionales, puesta de inmediato en conocimiento de los servicios policiales que estaban de servicio, permitió identificar el vehículo y cerrar el cerco sobre el grupo. La banda, investigada por robos con fuerza en viviendas y en vehículos, quedó neutralizada sin que ninguno de los agentes tuviera que intervenir por su cuenta ni asumir riesgos añadidos.

El grupo empleaba un método repetido en los últimos años: presentarse en la puerta de las viviendas como repartidor de paquetería para que el residente abriera y actuar en ese instante. A esa modalidad sumaba los robos en vehículos estacionados en la vía pública.

Cinco agentes fuera de servicio bastaron para identificar el vehículo y cerrar el cerco sobre una banda que operaba en el sur de la Comunidad de Madrid.

La cooperación entre los dos cuerpos es habitual en la investigación de delitos contra el patrimonio, y el intercambio de datos operativos entre unidades sostiene buena parte de esa coordinación. La información que circulaba por los canales policiales fue decisiva para que una comida entre amigos acabara en una identificación.

El Contexto Operativo

El asalto a viviendas mediante la suplantación de la identidad de un repartidor es una de las modalidades que más ha crecido en las áreas metropolitanas españolas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han advertido en repetidas ocasiones de este patrón, que se apoya en la confianza del residente y en la rapidez con la que el autor abandona la vivienda una vez consumado el robo.

Los robos con fuerza en domicilios y vehículos figuran entre las tipologías con mayor volumen de denuncias en España, según los balances de criminalidad que publica periódicamente el Ministerio del Interior, con decenas de miles de hechos registrados cada año. La reacción inmediata de los agentes, el intercambio de información entre unidades y la colaboración ciudadana son los factores que más peso tienen en el esclarecimiento de estos delitos.

Las unidades especializadas en delitos contra el patrimonio cuentan con dispositivos específicos para la persecución de estas bandas, y la celeridad en la identificación de vehículos y matrículas resulta clave para cortar su actividad. La investigación sobre el grupo permanece abierta, no se descartan nuevas identificaciones en las próximas semanas y la información disponible no precisa el número de integrantes de la estructura.

La intervención de cinco profesionales que no estaban de servicio confirma que el conocimiento operativo y la disposición a actuar no se desactivan al fichar la salida: la primera línea de respuesta policial.

Amazon cambiará el pago del IAE de sus centros de datos a los ayuntamientos de Aragón

Marta Iglesias
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Amazon cambiará el pago del IAE de sus centros de datos a los ayuntamientos de Aragón

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Amazon Web Services abonará el IAE (el Impuesto sobre Actividades Económicas, el tributo municipal que grava el ejercicio de una actividad empresarial) de sus centros de datos directamente a los ayuntamientos aragoneses, y no a nivel nacional como venía haciendo.
  • ¿Quién está detrás? La multinacional estadounidense, el Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón y los consistorios de Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca.
  • ¿Qué impacto tiene? Los tres municipios ingresarán el impuesto con efectos retroactivos de los últimos cuatro años. La compañía no ha concretado importes ni calendario de pagos.

Amazon Web Services abonará el IAE de sus centros de datos directamente a los ayuntamientos aragoneses y con cuatro años de retroactividad.

El anuncio lo comunicó la compañía el jueves 8 de octubre, después de semanas en las que el Ejecutivo autonómico y las organizaciones empresariales aragonesas reclamaban que la multinacional tributara allí donde opera. Hasta ahora, AWS liquidaba el tributo mediante una cuota nacional, la modalidad que permite pagar por determinadas actividades en todo el territorio español.

El giro de AWS: de la cuota nacional al pago municipio a municipio

El cambio no es del todo voluntario. Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, emitida en febrero de 2026, aclaró que la actividad de los centros de datos debe tributar mediante cuota municipal, tal y como recoge el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicho de otro modo: el impuesto corresponde a la localidad donde se levantan las instalaciones y no a una sede fiscal lejana. Con ese criterio en la mano, la compañía ha decidido adelantarse.

Los beneficiados son tres municipios. Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, los dos en el entorno de Zaragoza y por debajo de los 10.000 habitantes, y Huesca, la capital altoaragonesa. Todos albergan centros de datos operativos desde 2022 y todos cobrarán también por los cuatro ejercicios anteriores. Eso sí, no hay cifras: ni importes por localidad ni fechas de los abonos.

La reclamación venía de lejos. El consejero de Fomento, Octavio López, reiteró ese mismo jueves que el Gobierno de Aragón exigirá estas obligaciones fiscales no solo a AWS, sino también a otras compañías con proyectos de centros de datos en la comunidad.

Hay más nombres sobre la mesa: Microsoft, Blackstone y otras tecnológicas que han puesto sus ojos en el suelo aragonés. La presión no se queda en el IAE. Alcanza también al IBI, que grava la titularidad de los inmuebles, y al ICIO, que grava la construcción y las obras.

Durante años, el impuesto de unos centros de datos que consumen suelo, agua y electricidad aragoneses se ingresaba en Madrid.

Qué cambia para Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca

Ninguno de los tres ayuntamientos sabe todavía cuánto va a ingresar. Sí conoce el marco: un tributo que hasta ahora se perdía por el camino y que engordará unas arcas municipales modestas. En paralelo, los municipios que acojan las futuras instalaciones —La Cartuja Baja, San Mateo de Gállego, La Puebla de Híjar, Azaila, y el entorno del parque tecnológico Walqa— podrán reclamar el mismo trato.

La escala del asunto es difícil de digerir. Los proyectos de inversión y ampliación de Amazon en Aragón superan los 33.000 millones de euros, una cifra que rebasa con holgura el presupuesto anual de la comunidad y que convierte a la multinacional en el mayor inversor privado del territorio. Al mismo tiempo, el PSOE aragonés ha reclamado saber qué impuestos pagan y qué beneficios fiscales reciben los centros de datos. Nadie ha respondido del todo.

centros de datos Aragón

El Pulso Territorial

Aragón vive un ciclo político marcado por el Gobierno del PP en coalición con Vox desde 2023, con Jorge Azcón al frente y las Cortes de Aragón —el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños— como escenario de cada pulseada. El anuncio de AWS concede al Ejecutivo autonómico un rédito difícil de discutir, aunque llega por una vía incómoda: no es una victoria de la negociación política, sino el resultado de una consulta tributaria estatal.

La comparación con otras comunidades del interior ayuda a medir lo que está en juego. Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha pugnan por atraer inversiones tecnológicas similares y vigilan los mismos tributos con parecida ansiedad recaudatoria. Aquí no llega el AVE, pero llega el IAE. Y la incertidumbre es doble: se desconoce si los pagos retroactivos compensarán cuatro años de cero ingresos y si otras compañías seguirán el mismo camino.

La próxima cita es el calendario electoral de 2027. Antes, el Ejecutivo aragonés tiene pendiente el decreto sobre centros de datos, una norma que, según ha advertido el propio Gobierno de la comunidad, podría condicionar la que considera la mayor inversión de su historia.

Ficha Autonómica

  • El caso: AWS deja de liquidar el IAE de sus centros de datos mediante cuota nacional y lo abona a los municipios donde están instalados, con cuatro años de retroactividad.
  • Datos importantes: Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca cobran; los centros operan desde 2022; la inversión anunciada en Aragón supera los 33.000 millones; se desconoce el importe por municipio y las fechas de pago.
  • Resumen: El cambio deriva de una consulta vinculante de Tributos de febrero de 2026. El Gobierno aragonés extiende la exigencia a Microsoft y Blackstone y mantiene pendiente el decreto sobre centros de datos.

El PSPV entrega a Pérez Llorca un dosier con supuestas irregularidades de Finestrat en plena sesión de control

Amparo Soler
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El PSPV entrega a Pérez Llorca un dosier con supuestas irregularidades de Finestrat en plena sesión de control

El PSPV ha entregado en mano a Pérez Llorca un dosier con supuestas irregularidades de su etapa al frente de Finestrat. El president lo ha desmentido en el hemiciclo y ha retado a la oposición a llevar el asunto a los tribunales.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El síndic del PSPV, José Muñoz, ha entregado al president un dosier sobre su gestión en Finestrat durante la sesión de control de este jueves en las Corts Valencianes.
  • ¿Quién está detrás? La interpelación la abrió Compromís; el PP habla de maniobra de distracción y el president niega el contenido del documento.
  • ¿Qué impacto tiene? La oposición busca forzar explicaciones públicas y el debate ya ha saltado al terreno estatal con el nombre de Feijóo sobre la mesa.

Un dosier que cruza el hemiciclo en plena sesión de control

La escena ocurrió este jueves en la sesión de control de las Corts Valencianes, el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana, con 99 escaños. El PP califica el episodio de maniobra de distracción sin recorrido judicial. La oposición responde con una idea simple: si no hay nada, que se publique el documento.

El detonante fue la intervención del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que preguntó al jefe del Consell por el informe que, según lo publicado, se elaboró dentro de la propia formación popular. «¿Cómo valora que exista un dosier con presuntas irregularidades y corruptelas del president de la Generalitat? ¿Hará público el dosier? ¿Los valencianos podremos conocerlo? Le pregunto a usted o directamente a Feijóo», planteó.

La respuesta de Pérez Llorca fue una mezcla de desdén y desafío. Restó credibilidad al texto y acusó a Compromís de actuar a remolque del PSPV, y después se dirigió al síndic socialista aunque el turno era del portavoz de Compromís: «Mire señor Muñoz, se lo pongo fácil: no lleven un dosier, lleven veintiuno; no encontrarán nada. Denunciaron lo de mi mujer y se ha archivado, me denunciaron por el Mundial y se ha archivado».

El president defendió además que su partido no recurre a «las cloacas, los dosieres, los informes» y añadió una comparación que elevó el tono: «Ya solo les falta pedir a un sicario que vaya también a buscarme, como han hecho con la jueza de Extremadura», en alusión a la instructora del caso del hermano del presidente del Gobierno. Ante esas palabras, José Muñoz pidió la palabra por alusiones al considerar que atentaban contra el honor del PSOE.

La presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox), se la denegó. Entonces el síndic socialista se levantó de su escaño, cruzó el hemiciclo y entregó el dosier en mano al president, en la propia bancada del Consell. El gesto buscaba forzar una explicación pública desde el escaño. El documento, según lo divulgado, recoge sospechas de espionaje en el núcleo duro del partido y presuntas anomalías administrativas, extremos sin verificación judicial.

Un dosier no es una sentencia, pero obliga al president a explicar en público qué hizo cuando era alcalde.

Lo que el PP llama distracción y la oposición llama transparencia

PSPV Corts

El PP sostiene que el documento carece de fundamento jurídico y forma parte de una campaña de desgaste contra el jefe del Consell. La existencia del informe apunta, sin embargo, hacia dentro: según las informaciones publicadas, se trataba de un texto interno elaborado en el seno del partido que cuestionaba la candidatura de Pérez Llorca. Ese detalle convierte un asunto municipal en un problema de higiene interna.

Para el PSPV y Compromís, la negativa a publicarlo es la noticia. Los socialistas sostienen que un president que presume de gestión no tiene motivos para esconder un informe sobre su etapa como alcalde de Finestrat, un municipio de la Marina Baixa alicantina.

El Escenario Valenciano

La sesión deja tres lecturas. La primera es la foto del pacto PP-Vox: la presidenta de las Corts, de Vox, denegó la palabra al síndic socialista y el president popular se quedó con la última palabra en el hemiciclo. La segunda es la coordinación de la oposición: Compromís puso la pregunta y el PSPV puso el papel. La tercera es la dimensión estatal. Baldoví mencionó a Feijóo y Pérez Llorca respondió con el caso del hermano de Pedro Sánchez, de modo que el intercambio dejó de ser estrictamente valenciano en el primer minuto.

El precedente que planea sobre este tipo de episodios es el de la operación Kitchen, el seguimiento al extesorero del PP Luis Bárcenas que acabó con cargos del anterior Gobierno sentados en el banquillo. Aquí no hay imputaciones ni diligencias: hay un papel, una negación, y una pregunta sin responder. El curso parlamentario sigue y la oposición ya ha advertido de que volverá a preguntar.

Ficha del Caso

  • El caso: El PSPV entrega al president un dosier con supuestas irregularidades de su etapa al frente del Ayuntamiento de Finestrat durante una sesión de control muy tensa en las Corts.
  • Datos importantes: La sesión se celebró este jueves; el documento alude a espionaje en el núcleo duro del PP y a presuntas anomalías administrativas, sin verificación judicial; el PP lo califica de distracción.
  • Resumen: El choque deja a la vista el peso de Vox en la Mesa de las Corts y traslada al terreno estatal un asunto que el president da por cerrado.

Asturias lidera la subida de pernoctaciones en pisos turísticos: un 215% más desde 2018

Marta Iglesias
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Asturias lidera la subida de pernoctaciones en pisos turísticos: un 215% más desde 2018

Asturias lidera el crecimiento nacional de pernoctaciones en pisos turísticos: un 215% más entre 2018 y 2025. La comunidad alcanzó los 3,2 millones de estancias anuales en plataformas digitales, el mayor aumento porcentual de todo el país.

Los números que explican la magnitud del fenómeno

El Principado supera con holgura la media nacional. Según datos de Eurostat y del INE, las pernoctaciones en viviendas de uso turístico crecieron un 215% entre 2018 y 2025, hasta los 3,2 millones de estancias al año. Asturias encabeza el ranking porcentual del país, por delante de zonas de fuerte tirón turístico como Málaga (+157%) o Alicante (+115%). En la cornisa cantábrica, desborda también a Cantabria, que anotó un 167%. Al cierre de 2025, la comunidad contabilizaba 6.914 viviendas legales, y eso contando solo las inscritas en el registro oficial.

Dos polos dibujan el mapa asturiano de los pisos turísticos. El primero es el oriente y su franja costera, donde estos inmuebles alcanzan porcentajes altísimos sobre el total de viviendas: Cangas de Onís encabeza la proporción con un 7%, seguido por Llanes (6,2%), Ribadedeva (6%), Caravia (6%) y Colunga (5%). El segundo es el ámbito urbano: el barrio gijonés de Cimadevilla registra la tasa más alta de la comunidad, un 8,2% de sus inmuebles, y en Oviedo el casco histórico roza el 5%. En el extremo opuesto, 22 concejos no cuentan con ningún piso turístico inscrito, lastrados por una oferta inmobiliaria escasa y un parque envejecido.

La respuesta normativa y el pulso por la vivienda

Ante la presión sobre el parque residencial, el Gobierno del Principado aprobó un decreto regulador. La norma prohíbe los cajetines de llaves en la vía pública, obliga a disponer de recepción, fija un máximo de ocho plazas por inmueble, exige un baño por cada cuatro ocupantes e impone sonómetros y control del ruido. A eso se suma el Registro Único de Alquiler, que ha derivado en la denegación o revocación del 20% de las solicitudes tramitadas. La patronal del sector, CASOCIA, ha recurrido la norma y sostiene que dejaría fuera de la legalidad al 67% de la oferta.

Todo esto ocurre sobre un mercado inmobiliario en tensión. En el segundo trimestre de 2026, el Índice de Precios de Vivienda en Asturias registró una subida interanual del 15%, impulsada por la segunda mano (+15,7%). La paradoja asturiana es que ese encarecimiento no lo provocan los grandes fondos: el Catastro indica que las empresas privadas poseen solo el 2,2% del parque, la penúltima cifra más baja de España, y la propiedad pública aporta otro 1,72% a través de la sociedad autonómica Vipasa.

Asturias lidera el turismo que crece y la vivienda que se encarece: un 215% más de pernoctaciones y un 15% más de precio. Dos caras del mismo fenómeno.

Para aliviar el acceso a la vivienda, el Ejecutivo autonómico ha anunciado un paquete que combina oferta protegida y alivio fiscal. Contempla licitar 800 viviendas públicas como primer paso hacia las 15.000 protegidas en una década, y eleva a 30 millones las ayudas al alquiler. En materia fiscal, introduce una deducción de hasta 5.000 euros en el IRPF y tipo cero en Transmisiones Patrimoniales para los primeros 150.000 euros de la primera vivienda, mientras grava las segundas residencias al 10% y las terceras al 12%. El Principado ensaya un doble freno: más vivienda pública y más impuestos.

El Pulso Territorial

El Principado afronta este debate con un Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón, que ha hecho de la vivienda uno de sus ejes de legislatura y que mira ya a las elecciones autonómicas de 2027. La tensión es doble: la del decreto con la patronal turística, que ya lo ha llevado a los tribunales, y la que late en el propio mercado residencial. La sombra del 67% de oferta presuntamente irregular es un aviso: la norma puede ordenar el sector o quedar en papel mojado.

La dimensión regional es reveladora. Asturias no es un caso aislado: Cantabria creció un 167% en el mismo periodo, y toda la cornisa cantábrica vive un auge que hasta hace poco parecía patrimonio del Mediterráneo. Pero el Principado es donde la brecha entre crecimiento turístico y tensión residencial resulta más abrupta. Lo que viene se decide en dos frentes: la resolución judicial del recurso contra el decreto, que marcará cuánta oferta sobrevive, y la ejecución del plan de vivienda pública. Entre medias, la campaña hacia 2027 ya ha encontrado su terreno.

Ficha Autonómica

  • El caso: Asturias lidera el crecimiento nacional de pernoctaciones en pisos turísticos, un 215% más desde 2018, mientras la vivienda se encarece un 15% interanual.
  • Datos importantes: 3,2 millones de estancias al año; 6.914 viviendas de uso turístico registradas al cierre de 2025; un 20% de solicitudes denegadas o revocadas; subida del 15% del Índice de Precios de Vivienda en el segundo trimestre de 2026.
  • Resumen: El Principado ha endurecido la normativa con un decreto recurrido por la patronal CASOCIA. En paralelo, prevé licitar 800 viviendas públicas y elevar a 30 millones las ayudas al alquiler. El desenlace depende del recurso judicial y del calendario electoral de 2027.

La Fiscalía pide al TSJ archivar la querella contra Pérez Llorca por las entradas del Mundial

Amparo Soler
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La Fiscalía pide al TSJ archivar la querella contra Pérez Llorca por las entradas del Mundial

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha pedido al TSJ la inadmisión y el archivo de la querella contra el president Juanfran Pérez Llorca y su jefa de comunicación por las entradas de la final del Mundial 2026.
  • ¿Quién está detrás? El ministerio fiscal, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte como querellante, el TSJ de la Comunitat Valenciana y la Generalitat.
  • ¿Qué impacto tiene? El archivo, si el TSJ lo acepta, despejaría el frente judicial del president y dejaría el pulso político en manos de PSPV y Compromís, que mantienen la presión parlamentaria en las Corts.

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana pide al TSJ archivar la querella contra Pérez Llorca por las entradas del Mundial. El ministerio fiscal no ve indicios de delito en el viaje del president a la final.

El informe se presentó este miércoles en la Causa 23/26, abierta tras la querella de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte. La Fiscalía solicita la inadmisión y el archivo porque los hechos relatados, a su juicio, carecen de «indicios racionales suficientes de la comisión de infracción penal».

La querella sostenía que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) facilitó gratuitamente una entrada para la final del Mundial FIFA 2026, disputada en Nueva York. Y señalaba una pieza clave: la doble condición de la jefa de comunicación de Pérez Llorca, que desempeñaba a la vez funciones en la Presidencia de la RFEF y como asesora de comunicación del president autonómico.

La asociación imputaba al president y a su asesora delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo, entre otros. El eje de la acusación era esa doble condición, que a su juicio pudo haber facilitado la asignación de la entrada o la gestión de la invitación. La querella pedía a la instrucción determinar si la ventaja pudo ser ofrecida y admitida en consideración al cargo o función del receptor.

Lo que la Fiscalía descarta y lo que sostenía la querella

La respuesta del ministerio fiscal es tajante. Apunta a la falta de conexión causal entre la entrega de la entrada y el cargo del querellado. Califica de «puramente especulativa» la relación entre la invitación y determinadas subvenciones o ayudas de la Generalitat a la RFEF. Y tilda de «meramente conjetural» la imputación basada solo en la doble condición de la querellada.

La Fiscalía no ha encontrado un solo hilo que una la entrada del Mundial con el despacho del president. Sin ese hilo, no hay causa.

La Generalitat niega que el president recibiera invitación por escrito de la Federación para acudir a la final. Esa ausencia de rastro documental fue, precisamente, uno de los argumentos que la asociación esgrimió al presentar su querella.

La acusación partía de varios requerimientos de documentación a la Generalitat y a la RFEF sobre los protocolos de invitación. De ahí nació la causa que ahora la Fiscalía quiere cerrar antes de que llegue a la fase de instrucción.

El valor de una entrada y el frente que se abre ahora

Fiscalía archivo querella

Los números ayudan a medir la controversia. Según la querella, el precio de las entradas en la web de la Federación para la final oscilaba entre 4.185 y 8.680 dólares, con un sistema de «precio dinámico«. En portales de reventa, las entradas de última hora alcanzaron varias decenas de miles de euros.

La asociación consideraba que había indicios de una «ventaja patrimonial». Entre ellos enumeraba el carácter privado del viaje, la ausencia de un criterio general de invitación, el valor de la localidad muy superior a los usos de cortesía, el cauce singular de obtención, y la falta de declaración del obsequio.

La Fiscalía ha respondido punto por punto a esa construcción. Su conclusión es que ninguno de esos elementos sostiene por sí solo una imputación penal. Falta el enlace entre la entrada y el ejercicio del cargo.

El Escenario Valenciano

En clave autonómica, el archivo solicitado por la Fiscalía alivia el frente judicial del president Pérez Llorca justo cuando el Consell que comparte con Vox afronta su primer tramo largo de gestión. La oposición de PSPV y Compromís mantiene la presión parlamentaria sobre la transparencia del ejecutivo, pero pierde el argumento judicial que llevaba meses agitando en las Corts.

La lectura nacional también cuenta. El caso de las entradas toca la relación entre cargos públicos y federaciones deportivas, un asunto recurrente en España cada vez que una gran cita reparte invitaciones institucionales sin protocolo claro. Las invitaciones a finales de Mundiales o de la Champions han sido objeto de escrutinio por parte de organismos de transparencia, y el asunto alimenta el debate sobre la declaración de obsequios por parte de altos cargos.

Para el PP, el desenlace importa. Un archivo despeja a uno de sus barones autonómicos; una imputación abriría un flanco incómodo en plena pugna con el Gobierno de Pedro Sánchez por el relato de la transparencia institucional. En el Congreso, la oposición ha utilizado casos similares para reclamar protocolos más estrictos sobre regalos a cargos públicos, aunque sin una ofensiva parlamentaria específica sobre esta causa.

Queda por ver qué hace el TSJ con el informe. Si acepta la petición de la Fiscalía, la causa se cerrará antes de la fase de instrucción. Si la rechaza, el president afrontará una investigación por cohecho pasivo impropio con el calendario autonómico avanzando hacia la próxima cita electoral. De momento, el pacto con Vox aguanta. Y la pelota está en el tejado judicial.

Ficha del Caso

  • El caso: La Fiscalía de la Comunitat Valenciana pide al TSJ archivar la querella contra el president Pérez Llorca y su jefa de comunicación por una entrada gratuita para la final del Mundial 2026.
  • Datos importantes: Causa 23/26. El precio de las entradas de la final oscilaba entre 4.185 y 8.680 dólares. La Fiscalía alega falta de conexión causal y el carácter especulativo y conjetural de la imputación.
  • Resumen: El archivo, si el TSJ lo acepta, cierra el frente judicial del president y traslada el pulso al terreno político, con PSPV y Compromís manteniendo la presión en las Corts.

El Algarrobico: Junta y Gobierno agilizan la recuperación del paraje en Carboneras

Enrique Ramos
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El Algarrobico: Junta y Gobierno agilizan la recuperación del paraje en Carboneras

El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado este jueves agilizar la recuperación del paraje del hotel de El Algarrobico, en Carboneras.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La comisión mixta de seguimiento ha acordado unificar esfuerzos para agilizar la tramitación abierta tras la anulación de la licencia de obras.
  • ¿Dónde y quién? En Carboneras, en la provincia de Almería, con dos consejerías de la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Acerca la demolición del inmueble y la recuperación del espacio natural previstas en el protocolo firmado en 2011.

Las dos administraciones ponen en común los avances tras la nulidad de la licencia

La reunión, celebrada por videoconferencia este jueves 8 de octubre, contó con representantes de las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, junto a los del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ambas administraciones han puesto en común los avances registrados desde la nulidad de la licencia y coinciden en unificar sus esfuerzos para dar agilidad al procedimiento.

El origen inmediato de este impulso está en el acuerdo plenario que el Ayuntamiento de Carboneras adoptó el pasado 7 de julio, cuando declaró la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol S.L. para levantar el hotel. Esa decisión municipal abrió la puerta a que las dos administraciones ordenen ahora los trámites necesarios para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural por parte del promotor, con arreglo a las garantías previstas en la normativa.

El marco de colaboración no es nuevo. Se recoge en el protocolo firmado en noviembre de 2011 para la recuperación de la playa, un documento que estableció el compromiso del ministerio de abordar la demolición de la edificación y el de la Junta de Andalucía de asumir el desescombro y la correcta gestión de los residuos que genere el derribo. Ese texto sigue siendo la hoja de ruta vigente para el derribo y la restauración del entorno.

Para supervisar su desarrollo, el protocolo creó una comisión mixta de seguimiento, constituida oficialmente en Sevilla el 7 de marzo de 2016. Su presidencia corresponde en estos momentos a la Junta de Andalucía, en el periodo comprendido entre el 7 de marzo de 2026 y el 6 de marzo de 2027. La reunión anterior de este órgano se celebró el pasado 23 de junio.

Las dos partes han reiterado que comparten un mismo objetivo: el restablecimiento de la legalidad territorial en el paraje. Fuentes del Gobierno central han precisado que la coordinación busca «dar agilidad a este procedimiento y avanzar en las actuaciones necesarias para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural por parte del promotor».

El hotel de El Algarrobico sigue en pie en una playa protegida y su demolición continúa sin fecha quince años después del protocolo de 2011.

Qué dice el protocolo de 2011: quién demuele y quién retira los escombros

Junta de Andalucía

El reparto de tareas que fijó aquel acuerdo sigue vigente. Al ministerio le corresponde abordar la demolición de la edificación y a la Junta de Andalucía, el desescombro y la gestión de los residuos que genere el derribo. El fin último es hacer posible la demolición y la recuperación del espacio natural por parte de la mercantil Azata del Sol S.L., siempre con arreglo a los trámites y las garantías que marca la normativa.

El inmueble se levanta en la playa de El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, protegido desde 1987 y declarado Reserva de la Biosfera. Es uno de los paisajes más reconocibles del litoral almeriense y sostiene buena parte de la actividad turística del levante de la provincia.

La comisión mixta es el órgano previsto para coordinar estas actuaciones y supervisar su desarrollo, tal y como recoge el marco de colaboración que ambas partes han vuelto a ratificar. La próxima cita de seguimiento marcará el ritmo real del expediente, pendiente todavía de los trámites que deben concretar plazos y responsables de cada fase.

La Lectura Andaluza

Hay una razón de calendario que explica por qué esta reunión importa ahora. La Junta de Andalucía preside la comisión mixta desde el pasado 7 de marzo y mantendrá esa responsabilidad hasta el 6 de marzo de 2027, lo que sitúa al gobierno autonómico en el papel de coordinador de las próximas convocatorias del órgano. El detalle no es menor: marca quién fija el orden del día y quién impulsa el ritmo del expediente durante los próximos meses.

Para quien vive en Carboneras y en el resto del levante de Almería, el asunto tiene una traducción muy concreta. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el principal activo turístico de la comarca, y su litoral sostiene empleo en hoteles, restaurantes y empresas de actividades durante buena parte del año. Recuperar el arenal y devolverlo al uso público equivale a sumar un tramo de costa a la oferta de un territorio que vive del visitante.

El protocolo de 2011 y la constitución de la comisión mixta en Sevilla en 2016 son el precedente que ordena todo lo que viene. A partir de ahí, el calendario útil pasa por concretar los trámites que permitan la demolición y por ejecutar después el desescombro, una fase técnica que corresponde a la Junta y que exige gestionar los residuos con todas las garantías. Nadie ha puesto fecha todavía al derribo. Cuando el edificio desaparezca, Cabo de Gata no habrá recuperado solo una playa: habrá cerrado el capítulo más largo de su historia reciente.

Los sindicatos dan un ultimátum a la patronal del manipulado hortofrutícola de Almería y Granada: huelga a la vista

Enrique Ramos
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Los sindicatos dan un ultimátum a la patronal del manipulado hortofrutícola de Almería y Granada: huelga a la vista

CCOO y UGT dan un ultimátum a la patronal del manipulado hortofrutícola de Almería y Granada ante la huelga de diciembre.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Las federaciones de Industria de CCOO y UGT han dado un ultimatum a la patronal tras dar por bloqueada la negociación de los convenios del manipulado y envasado hortofrutícola de Almería y Granada.
  • ¿Dónde y quién? El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, organismo de mediación de la Junta de Andalucía, se reunirá con las partes el 15 de octubre en Almería; un día después, Granada acogerá la asamblea de delegados.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Si no hay avance, el sector podría ir a la huelga general sectorial en diciembre, en plena campaña de recolección y envasado de las dos provincias.

Dos citas para desbloquear el convenio

Las direcciones de CCOO Industria de Andalucía y de FICA UGT Andalucía se han reunido esta semana para analizar lo que ambas organizaciones describen como un bloqueo «insostenible» de la negociación colectiva, ante lo que consideran falta de avances de las organizaciones empresariales. Los secretarios generales, José Hurtado por CCOO y José Manuel Rodríguez por UGT, encabezan la respuesta sindical.

En el encuentro han participado también los secretarios generales de los sindicatos provinciales de Almería y Granada, que serán los encargados de pilotar las asambleas del sector en las próximas semanas y de trasladar a las plantillas el estado real de la mesa.

El calendario tiene dos fechas subrayadas. La primera llega el 15 de octubre en Almería, con la reunión entre las partes y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, el órgano de mediación y arbitraje de la Junta de Andalucía. La segunda, el 16 de octubre en Granada, con la asamblea de delegadas y delegados del manipulado.

A partir de esas dos citas, los sindicatos advierten de que no descartan «poner en marcha un calendario de movilizaciones que pueda desembocar en una huelga general sectorial del manipulado en las provincias de Almería y Granada durante el mes de diciembre si la patronal mantiene su actual posición». La convocatoria, si finalmente se produce, coincidiría con el arranque de la campaña fuerte en los invernaderos.

El sector del manipulado hortofrutícola de Almería y Granada exporta en máximos históricos mientras negocia un convenio con buena parte de sus categorías ancladas al SMI.

Récord de exportaciones con salarios anclados al SMI

Almería

Los sindicatos sitúan el origen del choque en la paradoja que atraviesa el sector: ventas y exportaciones en récord, mientras las plantillas «continúan soportando jornadas extensas» y unos salarios que, en buena parte de las categorías, siguen vinculados al Salario Mínimo Interprofesional. Los datos que pusieron sobre la mesa en la asamblea de Almería del pasado 2 de octubre hablan de una jornada máxima anual de 1.826 horas y de una inflación que, según su lectura, se coloca en el 4,9%, el indicador con el que el INE mide la evolución de los precios.

En la otra parte de la mesa, la nota sindical atribuye a la patronal la pretensión de obtener mayor flexibilidad en la organización del trabajo sin contrapartidas suficientes para las plantillas. El comunicado no recoge la versión de las organizaciones empresariales, que no aparecen citadas en el texto difundido por CCOO y UGT.

«No podemos firmar un convenio que empeore el Estatuto de los Trabajadores. Estamos ante uno de los peores convenios del sector en Andalucía y no vamos a aceptar que las personas trabajadoras tengan que asumir nuevas cargas mientras el sector sigue batiendo récords», ha señalado Hurtado, que ha insistido en que la reivindicación sindical no pretende poner en riesgo la actividad de las empresas. Rodríguez, por su parte, ha reclamado a la patronal que aproveche las próximas semanas: «Todavía está a tiempo de evitar el conflicto, pero tiene que entender que no puede pedir más flexibilidad y disponibilidad sin poner encima de la mesa mejoras reales».

La Lectura Andaluza

El manipulado hortofrutícola es la última fase de una cadena que sostiene buena parte del empleo de Almería y de la costa de Granada: la que convierte el tomate, el pepino o el calabacín en cajas listas para el lineal del supermercado. Cuando esa negociación se atasca no se queda atascado solo un convenio; se queda atascado el mecanismo que fija el salario de miles de familias que trabajan a turnos, muchas veces con contratos que se renuevan campaña a campaña. La Junta de Andalucía mantiene su papel de mediación a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, un instrumento que en los últimos años ha permitido cerrar acuerdos en otros sectores sin llegar al paro.

El valor de proximidad es directo. Lo que se negocia en Almería y en Granada acaba en el precio de la verdura que se vende en cualquier mercado andaluz y en la nómina de un sector que concentra miles de empleos en el Poniente Almeriense y en el litoral granadino. Y el momento elegido por los sindicatos no es casual: diciembre es plena campaña de recolección y envasado, cuando más horas se trabajan y más factura el sector. Un parón general en esas fechas se notaría en los almacenes, en el transporte y en las cadenas de distribución.

La pelota está ahora en el tejado de la patronal y del calendario. Las reuniones del 15 de octubre en Almería y del 16 en Granada marcarán si el sector encara el otoño con un convenio cerrado o con un calendario de movilizaciones encima de la mesa. Andalucía es una de las grandes despensas hortofrutícolas de Europa, y cómo se reparta ese esfuerzo entre quienes cultivan, manipulan y venden la verdura es la pregunta que ambas provincias tienen pendiente.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una pareja hallada en Valverde del Júcar (Cuenca)

Pablo Navarro
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La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una pareja hallada en Valverde del Júcar (Cuenca)

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una pareja hallada este jueves en una vivienda de Valverde del Júcar, según el 112 de Castilla-La Mancha. Los dos cuerpos, con signos de violencia, fueron localizados sobre las 19:43 horas en el interior de una casa de la calle Mayorazgo, en este municipio de la provincia de Cuenca.

Cómo se produjo el hallazgo, según el 112

El servicio de emergencias de Castilla-La Mancha recibió el aviso de una persona que no podía entrar en el inmueble y que sabía que en su interior había dos personas. Hasta la vivienda se desplazaron agentes de la Guardia Civil y efectivos de los bomberos del parque de Motilla del Palancar, que accedieron al interior de la casa, de acuerdo con el relato del 112 de Castilla-La Mancha.

Un médico acudió también al lugar y certificó el fallecimiento de los dos ocupantes, según la misma fuente. El servicio de emergencias activó además al equipo psicosocial de Cruz Roja, que atiende a familiares y allegados en sucesos con víctimas mortales. Los datos confirmados por la fuente oficial hasta el momento son estos:

  • El aviso lo dio una persona que no podía entrar en la casa.
  • La entrada se produjo a las 19:43 horas del jueves 8 de octubre.
  • Los dos cuerpos presentaban signos de violencia.
  • Un médico certificó el fallecimiento en el propio domicilio.

Una pareja en trámites de separación y sin denuncias previas

El alcalde de la localidad, Eduardo Mena, ha explicado que las dos personas fallecidas formaban una pareja que se encontraba en trámites de separación. La mujer tenía 37 años; del hombre no han trascendido más datos. La pareja tenía dos hijas menores de edad, cuya identidad no se difunde. El regidor ha señalado que no tiene constancia de que existieran denuncias previas entre ellos.

La mujer no constaba en el sistema VioGén (el registro policial que hace seguimiento de los casos de violencia de género), según las fuentes de la investigación. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha referido al caso como un posible asesinato por ‘presunta violencia de género’, una calificación que la investigación todavía no ha confirmado.

Los dos cuerpos presentaban signos de violencia y la Guardia Civil investiga las circunstancias de ambas muertes sin ninguna detención confirmada.

Luto oficial mientras sigue abierta la investigación

Mena ha asegurado que el municipio ‘se encuentra consternado, triste y enfadado’. El Ayuntamiento declarará días de luto oficial, pondrá, las banderas a media asta, suspenderá las actividades previstas para el fin de semana y convocará una concentración vecinal.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que se investigan las circunstancias en las que se han producido las dos muertes. El instituto armado no ha facilitado por el momento una hipótesis oficial sobre lo sucedido ni ha concretado el estado de las diligencias, que continúan abiertas.

No se ha confirmado ninguna detención ni la autoridad ha señalado a persona alguna como responsable de lo ocurrido. El municipio ha suspendido su actividad pública mientras se mantiene el luto oficial. Las fechas del luto y de la concentración no se han detallado todavía y cualquier dato nuevo deberá ser confirmado por la fuente oficial.

Qué son los espacios educativos flexibles y cómo favorecen el aprendizaje colaborativo

Javier Morales
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Qué son los espacios educativos flexibles y cómo favorecen el aprendizaje colaborativo

Los espacios educativos flexibles son entornos que admiten distintas configuraciones y evitan los elementos fijos que condicionan la forma de enseñar. Frente al aula tradicional, con pupitres orientados a la pizarra, este modelo apuesta por el mobiliario móvil y por un diseño que se adapta a cada actividad.

Qué son los espacios educativos flexibles

El punto de partida no es el mobiliario, sino la metodología. Según el reportaje publicado por EDUCACIÓN 3.0 a partir de los proyectos de EmotionLAB, transformar un aula para el aprendizaje colaborativo exige una estrategia integral: mesas móviles o agrupables, elementos individuales que pueden combinarse, bancos, gradas, asientos blandos, muebles con ruedas, superficies de escritura y sistemas de almacenamiento que cambian la distribución en función de la actividad.

A eso se suma el acondicionamiento del espacio. La acústica permite que varios grupos trabajen de forma simultánea sin solaparse; la iluminación debe garantizar condiciones adecuadas con independencia de la distribución; y la climatización, la ventilación y las instalaciones tienen que responder a usos distintos a lo largo de la jornada. La tecnología y la conectividad deben repartirse por el aula mediante enchufes, puntos de red, pantallas y recursos audiovisuales que no impongan una única configuración.

Cómo influye el diseño del aula en el aprendizaje colaborativo

El diseño físico condiciona la metodología. Un aula con filas fijas orientadas a la pizarra favorece la exposición del docente y limita el trabajo entre iguales; un espacio que puede reorganizarse en pocos minutos admite agrupamientos variables, trabajo por proyectos y tareas que requieren movimiento. El objetivo no es incorporar muebles nuevos, sino contar con un espacio capaz de admitir configuraciones distintas según lo que pida cada actividad.

Los proyectos citados en ese reportaje muestran cómo se aplica. El aula de Infantil del Colegio Madrigal, en Fuenlabrada, funciona como un espacio amplio y transformable en el que la compartimentación y el mobiliario generan situaciones de aprendizaje distintas y fomentan la autonomía y la interacción. En la biblioteca del Colegio Alemán de Sevilla se crearon subzonas en una planta abierta para que varios grupos pequeños trabajaran a la vez y para que el espacio acogiera aprendizaje por proyectos.

El tercer caso citado es el Aula del Futuro del Colegio Caude, en Majadahonda, un entorno polivalente que acoge tecnología, robótica, expresión y trabajo cooperativo. El concepto no es aislado: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte impulsa, a través del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado), el proyecto Aula del Futuro, con espacios de este tipo en centros de distintas comunidades autónomas.

El diseño del aula no determina la metodología, pero sí delimita cuáles son posibles: sin mobiliario móvil ni control acústico, el trabajo simultáneo por grupos pierde viabilidad.

El Marco Educativo

La referencia normativa es la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la norma educativa vigente desde 2020), aprobada como Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado. La norma incorpora los principios del diseño universal para el aprendizaje (DUA), el marco que pide eliminar las barreras del entorno para que todo el alumnado pueda participar.

Esa idea alcanza a la organización física del aula, aunque ninguna norma estatal fija un modelo de mobiliario. El reparto competencial lo explica: el Estado determina el currículo básico y los principios del sistema, mientras que las comunidades autónomas gestionan la construcción, el equipamiento y el mantenimiento de los centros, y cada centro decide después cómo organiza sus espacios. La transformación avanza al ritmo presupuestario de cada administración.

El curso 2026-2027 no trae un calendario estatal único para estas reformas. El proyecto Aula del Futuro sigue funcionando como referencia para los centros que quieren transformar sus espacios, mientras las consejerías autonómicas incorporan sus propios programas de renovación. Cualquier cambio de fondo exige obra, equipamiento y formación del profesorado: tres partidas que dependen de los presupuestos de cada comunidad autónoma.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: Un espacio educativo flexible combina mobiliario móvil, acústica, iluminación, instalaciones y tecnología para que la misma aula admita varias configuraciones.
  • Por qué importa: La LOMLOE incorpora el diseño universal para el aprendizaje, un enfoque que obliga a eliminar barreras del entorno, y el diseño del aula determina qué metodologías puede aplicar el docente.
  • A quién le importa: A equipos directivos y docentes que planifican la transformación de sus centros, a las consejerías que financian las obras y a las familias que quieren entender cómo se organiza el aula de sus hijos.

Los Mossos detienen al presunto autor de cuatro robos con fuerza en Santa Coloma de Gramenet

Pablo Navarro
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Los Mossos detienen al presunto autor de cuatro robos con fuerza en Santa Coloma de Gramenet

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes 6 de octubre a un hombre como presunto autor de cuatro robos con fuerza en Santa Coloma de Gramenet. La detención se produjo de madrugada, cuando los agentes le sorprendieron in fraganti (en el momento de cometer el delito) saliendo de un bar, según han informado fuentes policiales.

Cómo se produjo la detención, según los Mossos

La comisaría de Santa Coloma de Gramenet, en el Barcelonès Nord, encontró al hombre cuando salía del establecimiento. Había forzado la persiana y, en el interior, la caja registradora estaba revuelta. Los Mossos le consideran el presunto autor (la persona a la que se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena) de los cuatro robos, todos ellos con fuerza, es decir, con forzamiento del acceso al local.

El hombre intentó huir corriendo cuando se vio sorprendido. No lo consiguió. Los agentes le dieron alcance y le detuvieron en el mismo lugar.

En el registro posterior, los agentes le intervinieron 89 euros en efectivo, según las mismas fuentes policiales.

  • El robo del bar en el que fue sorprendido, con la persiana forzada y la caja registradora revuelta.
  • El asalto a un negocio al que se forzó el acceso la noche anterior, del que procedía el teléfono móvil que llevaba encima.
  • Otros dos robos con fuerza cometidos en establecimientos de la ciudad.

El móvil sustraído y los otros tres robos que se le atribuyen

Entre los objetos que el detenido llevaba encima había un teléfono móvil que constaba como sustraído en una denuncia presentada esa misma mañana. El aparato pertenecía a un negocio de Santa Coloma de Gramenet al que alguien había forzado el acceso la noche anterior.

Los agentes relacionan al detenido con otros tres robos con fuerza en establecimientos de la ciudad, además del que motivó su arresto.

Los cuatro hechos que se le atribuyen comparten el mismo patrón: el forzamiento del acceso a establecimientos cerrados al público y la sustracción de dinero en efectivo y de objetos, como el teléfono móvil intervenido. Los robos se cometieron en distintos puntos de Santa Coloma de Gramenet.

Las labores de investigación han permitido vincular al hombre con el resto de los robos. La comisaría de Santa Coloma de Gramenet ha concentrado las diligencias. Los Mossos le sitúan como responsable del repunte de robos con fuerza detectado en establecimientos comerciales de la localidad en las semanas previas a la detención.

El detenido, a disposición del juzgado de Santa Coloma

El hombre pasó a disposición de los juzgados de Santa Coloma de Gramenet el jueves 8 de octubre, dos días después de su arresto. La puesta a disposición judicial (el traslado del detenido ante el juez competente, que decide sobre su situación procesal) es el paso previo a cualquier medida que adopte el juzgado.

El juzgado debe resolver ahora si le deja en libertad, le impone medidas cautelares o acuerda prisión provisional (la medida de ingreso en prisión durante la investigación, sin condena previa). Por el momento no ha trascendido su decisión.

La investigación sigue abierta y los Mossos mantienen las diligencias a la espera de la resolución judicial. Ninguna resolución firme atribuye los hechos al detenido, que conserva la presunción de inocencia.

Día Mundial de la Naturaleza: 10 actividades para el aula de Primaria y Secundaria

Javier Morales
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Día Mundial de la Naturaleza: 10 actividades para el aula de Primaria y Secundaria

El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, que se celebra cada 18 de octubre, convierte el aula de Primaria y Secundaria en un laboratorio de educación ambiental.

Más allá de explicar por qué es importante proteger los ecosistemas, la jornada invita a observar qué ocurre en el entorno más cercano y a plantear pequeñas acciones para mejorarlo. De ahí surgen propuestas que conectan las Ciencias de la Naturaleza con casos reales.

El recopilatorio de EDUCACIÓN 3.0 reúne una decena de actividades que combinan observación, investigación y acción. La mayoría no exige materiales costosos: basta el entorno del propio centro y algo de planificación docente.

Qué es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza

La jornada se celebra cada 18 de octubre para concienciar sobre la necesidad de cuidar el planeta y conservar la biodiversidad. No se limita a una fecha simbólica: se plantea como el punto de partida de un trabajo que puede mantenerse durante todo el curso.

En el aula, el enfoque más eficaz es el que parte del propio centro. Observar qué especies viven en el patio, cómo se usa el agua o qué aves se acercan permite transformar conceptos abstractos en datos concretos que los estudiantes pueden registrar y comparar.

Las propuestas para el 18 de octubre comparten un mismo método: observar el entorno del centro, registrar datos y actuar para mejorarlo.

Diez actividades para el aula de Primaria y Secundaria

actividades aula naturaleza

La primera propuesta es el censo de biodiversidad del centro. El alumnado se divide en grupos y recorre el patio, el jardín o los alrederores para localizar plantas, insectos, aves y otros animales. Cada grupo registra sus datos e imágenes en una tabla y después los pone en común.

De ahí surge la segunda actividad: elaborar un mapa de la biodiversidad del centro. El mapa permite ver qué zonas concentran más especies y cuáles están más empobrecidas. Un ejemplo es el proyecto ‘Biodiversidad Urbana en los Centros Educativos’, que comparte los censos escolares con investigadores.

El huerto escolar es otra de las propuestas más asentadas. Acerca al alumnado al origen de los alimentos y trabaja la alimentación saludable, la motricidad, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Ponerlo en marcha exige decidir su estructura y ubicación y elegir los cultivos según la época del año.

De ese proceso se desprende una tarea añadida: el reparto de las tareas de siembra y cuidado. Organizar los turnos y las responsabilidades refuerza el trabajo en equipo, uno de los aspectos que el huerto permite trabajar.

Diseñar un refugio para insectos es otra de las actividades. Abejas, mariquitas y otros pequeños animales cumplen funciones distintas en los ecosistemas y sirven para abordar el concepto de biodiversidad. Los estudiantes observan primero qué insectos aparecen en el centro y después construyen un refugio con materiales naturales y reutilizados: cartón de rollos de papel, ramas, piñas o troncos.

El siguiente paso es investigar qué especies pueden habitarlo y realizar observaciones periódicas para comprobar si aparecen nuevos habitantes. Se trata de un ejercicio de seguimiento científico que se prolonga a lo largo del curso.

El uso responsable del agua es otro de los bloques. El alumnado investiga cómo utiliza el agua en el centro y en casa, detecta hábitos que favorecen su ahorro y calcula cuánto se consume en situaciones cotidianas como el uso de los grifos, la cisterna o el riego.

A partir de ese diagnóstico, los estudiantes elaboran una lista de trucos para evitar el desperdicio —como cerrar bien los grifos o no utilizar el inodoro como papelera— y analizan formas de reutilizar el agua para darle una segunda vida.

El programa ‘Dame alas’, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), propone observar, identificar y registrar las aves del entorno del centro. El material incluye actividades de ciencia ciudadana y aborda la alimentación, la nidificación o el papel de las aves en los ecosistemas.

Su propuesta transversal plantea, además, renaturalizar el patio o el entorno del instituto mediante acciones como construir un nido artificial o un comedero para aves. Es la parte más visible del proyecto: el alumnado no solo estudia el entorno, sino que lo modifica para favorecer la biodiversidad.

El Marco Educativo

El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza no tiene una regulación propia en el calendario escolar, pero su tratamiento encaja en el marco de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la norma educativa vigente en España desde 2020).

Tal y como recoge la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, la educación para el desarrollo sostenible figura entre los principios que orientan el sistema. Los currículos de Ciencias de la Naturaleza de Primaria y Secundaria incluyen contenidos sobre biodiversidad, ecosistemas y uso responsable de los recursos.

En España, las competencias están repartidas: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte fija el currículo básico y las comunidades autónomas lo desarrollan en sus propios decretos. El encaje de estas actividades en el horario depende, por tanto, de cada administración. A eso se suma que materiales como ‘Dame alas’ proceden del MITECO, un departamento distinto del educativo.

Las partes implicadas son varias: los equipos docentes, que adaptan las propuestas; las familias, que pueden prolongarlas en casa; y las administraciones educativas y ambientales. La próxima edición, el 18 de octubre de 2026, servirá de arranque para un trabajo que puede mantenerse todo el curso.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza (18 de octubre) es la excusa para llevar la educación ambiental al aula con actividades que combinan observación, investigación y acción.
  • Por qué importa: La LOMLOE incluye la educación para el desarrollo sostenible entre los principios del sistema, y los currículos de Ciencias de la Naturaleza permiten trabajar biodiversidad y uso de recursos con el entorno del propio centro.
  • A quién le importa: A docentes y alumnado de Primaria y Secundaria, y a las familias que pueden prolongar en casa las acciones de ahorro de agua o cuidado de la biodiversidad.

Piden al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales del 29N

Luis Miguel Montero
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Piden al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales del 29N

El partido Iustitia Europa, que se presenta a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la convocatoria electoral. Iustitia ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un escrito solicitando la suspensión cautelar de la votación correspondiente a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, durante el tiempo estrictamente indispensable para garantizar la ejecución efectiva del Auto dictado por el propio Tribunal Supremo el pasado 10 de septiembre.

La petición se formula dentro del procedimiento 1013/2026 y además porque Iustitia Europa concurre a las elecciones generales del 29N partiendo del hecho que la formación considera indispensable de comprender y es que la propia Abogacía del Estado ha reconocido ante el Tribunal Supremo la imposibilidad material de ejecutar en tiempo electoral las medidas cautelares vigentes. Una batalla por la transparencia electoral que Iustitia Europa abrió el 28 de junio con su denuncia ante la Junta Electoral Central, anticipándose a un problema cuya trascendencia hoy resulta evidente. A partir de aquella iniciativa se fueron sumando organizaciones de la sociedad civil y otras formaciones políticas que, hasta entonces, no habían promovido actuaciones sobre esta cuestión. Iustitia Europa fue quien dio el primer paso y llevó el problema a las instituciones cuando todavía nadie más lo había hecho.

Ahora, en un nuevo escrito presentado el 8 de octubre ante la misma Sección Cuarta del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado afirma expresamente que «concurre un supuesto de imposibilidad material de ejecución de las medidas cautelares adoptadas en el Auto de 10 de septiembre de 2026» dentro de los plazos electorales. La propia Abogacía cifra además en 163.020 electores los comprendidos en el censo cerrado a 1 de agosto dentro del universo que analiza y vincula directamente la dificultad de ejecución a los plazos establecidos por la legislación electoral.

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Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa. Agencias.

Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, explica así la petición: «Tenemos una resolución cautelar vigente del Tribunal Supremo que afecta directamente a los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA. Y tenemos a la propia Abogacía del Estado diciendo al mismo Tribunal que existe una imposibilidad material de ejecutarla dentro del calendario electoral. Ante esa situación hemos pedido la suspensión de la votación del 29N durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento efectivo del Auto».

Iustitia Europa sostiene además que la convocatoria electoral del 29N constituye una circunstancia sobrevenida que modifica sustancialmente el escenario en el que el Supremo dictó sus cautelares. El escrito invoca el artículo 129.1 LJCA, que permite solicitar durante el procedimiento las medidas necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia, y el artículo 132.1 LJCA, relativo a la adaptación de las medidas cautelares cuando cambian las circunstancias. También recuerda que el propio Auto del 10 de septiembre asumió la doctrina del Tribunal Supremo que permite extender una medida cautelar a actuaciones conectadas directamente con el objeto del procedimiento cuando resulte necesario para preservar la efectividad del fallo.

Pardo: «lo advertimos el 28 de junio y hoy está ocurriendo»

«Hoy ese riesgo ya está encima de la mesa. La legitimidad democrática de nuestras instituciones nace de la voluntad popular, y esa voluntad exige un censo sometido a la ley y a las resoluciones judiciales. El presidente del Gobierno ha llevado esa garantía a una situación límite. Aquí está en juego la legitimidad del resultado electoral y de las instituciones que nazcan de él».

Iustitia Europa advierte además de un riesgo jurídico en ambas direcciones. Si votan electores cuyos efectos electorales se encuentran comprendidos en la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo, podrían abrirse vías de impugnación frente al escrutinio y a la proclamación de electos por haberse computado sufragios afectados por una resolución judicial vigente. Y si, ante la imposibilidad de identificarlos individualmente, se impide votar a personas sin determinar previamente si están efectivamente comprendidas en la medida, podrían producirse igualmente reclamaciones e impugnaciones por afectación del derecho de sufragio. El problema, por tanto, alcanza a la propia seguridad jurídica del proceso electoral: tanto el cómputo indebido como la exclusión indebida pueden proyectarse posteriormente sobre la validez del resultado.

Pardo subraya que «el problema ya no es teórico. Las elecciones están convocadas y el calendario electoral está corriendo. Una resolución judicial que afecta a los efectos electorales tiene que poder cumplirse antes de que esos efectos se consumen. Después del escrutinio, el daño institucional y jurídico puede ser irreversible».

La formación argumenta que la celebración de la votación con una resolución cautelar materialmente inejecutada afectaría a la eficacia de la tutela judicial, a la objetividad del censo, al derecho de participación política y a la legitimidad institucional del resultado electoral. El escrito recuerda además que la medida solicitada tiene carácter temporal e instrumental y se plantea dentro del marco constitucional establecido para la celebración de elecciones generales.

Marcar y trazar los 163.020 registros

Iustitia Europa incorpora asimismo una petición subsidiaria para el supuesto de que el Tribunal Supremo considere desproporcionada la suspensión de la votación. En ese caso solicita que la Sala adapte las cautelares conforme al artículo 132.1 LJCA y ordene a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral el marcado informático inmediato y diferenciado de los 163.020 electores del CERA comprendidos en el universo identificado por la Administración, garantizando la trazabilidad de sus votos para el escrutinio general y para una eventual fiscalización posterior.

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