El TSJ de Cataluña condena a empresa por doble sanción laboral: despido y salarios impagados

Carlos V Vega
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El TSJ de Cataluña condena a empresa por doble sanción laboral: despido y salarios impagados

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia (STSJ CAT 3671/2025, de 13 de julio de 2026) por la que estima parcialmente el recurso de suplicación de un trabajador y condena a la empresa al pago de 6.979 euros más intereses moratorios, al considerar que la retención de salarios constituyó una doble sanción prohibida por el principio de non bis in idem.

El caso pivota sobre la inasistencia al trabajo de un empleado tras recibir el alta médica. La empresa, Ambulancias Domingo S.A.U., no solo le despidió disciplinariamente por faltas muy graves, sino que además dejó de abonarle los salarios correspondientes al período anterior al despido. El TSJ de Cataluña confirma la procedencia del despido, pero rechaza de plano la segunda sanción económica.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, en sentencia STSJ CAT 3671/2025, estima parcialmente el recurso: confirma el despido disciplinario pero condena a la empresa a abonar los salarios impagados.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El principio de non bis in idem (artículo 25.1 de la Constitución) impide que los mismos hechos reciban dos sanciones distintas, como el despido y la pérdida del salario.
  • ¿Qué impacto tiene? Fija doctrina para los juzgados de lo social sobre la improcedencia de acumular sanciones laborales por una única conducta, reconociendo al trabajador 6.979 euros.

Antecedentes del proceso: inasistencia y despido disciplinario

El trabajador, Carlos Antonio, prestaba servicios para Ambulancias Domingo S.A.U. desde mayo de 2025, con contrato indefinido a tiempo completo y un salario de 2.070 euros mensuales. Tras una incapacidad temporal de 545 días, el Instituto Nacional de la Seguridad Social emitió resolución el 8 de marzo de 2023 acordando la extinción de la IT por recuperación total. La empresa, al conocer que el empleado presentaba una discapacidad del 34%, adaptó su puesto de trabajo derivándolo al servicio de limpieza de ambulancias.

Pese a los sucesivos avisos mediante burofax, el trabajador no se reincorporó a su jornada laboral. Transcurridos más de 20 días sin noticias, la compañía inició un expediente sancionador el 9 de mayo de 2023 y, el 29 de mayo, le notificó el despido disciplinario por faltas muy graves de no asistencia al trabajo y desobediencia.

El empleado impugnó el despido ante el Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona, que en sentencia de 18 de junio de 2025 desestimó íntegramente sus pretensiones. El juzgado consideró indiscutidas las omisiones de asistencia y calificó el incumplimiento como revestido de suficiente antijuridicidad para habilitar el despido disciplinario.

El fallo: procedencia del despido, pero condena a abonar salarios

El trabajador recurrió en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, integrada por los magistrados Luis Revilla Pérez (ponente), Emilio García Olles y María Macarena Martínez Miranda. En su recurso, reclamaba el abono de 3.243 euros en concepto de salarios impagados y la parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, por un total de 4.288 euros. La empresa, por su parte, defendía que el trabajador no tenía derecho a percibir retribución alguna al no haberse reincorporado tras el alta médica.

La Sala confirma la procedencia del despido disciplinario al no existir «cualquier justificación» para la inasistencia. Sin embargo, rechaza el argumento de la empresa sobre los salarios. A juicio del tribunal, dejar de abonar el salario correspondiente al período anterior al despido «supondría una doble imputación sancionadora por unos mismos hechos», lo que vulnera el principio de non bis in idem.

En consecuencia, el fallo estima parcialmente el recurso: mantiene la extinción contractual pero reconoce el derecho del trabajador a percibir la liquidación pendiente y los salarios impagados, por un importe total de 6.979 euros, cantidad a la que deberán añadirse los intereses moratorios del 10%.

TSJ Cataluña

La Sala de lo Social del TSJ de Cataluña prohíbe expresamente que una empresa pueda despedir a un trabajador y, además, dejar de abonarle el salario del periodo anterior al despido, al constituir una doble sanción por los mismos hechos.

La doctrina del Tribunal

La sentencia refuerza la aplicación del principio de non bis in idem en el ámbito laboral, prohibiendo que una misma conducta (la inasistencia al trabajo) dé lugar a dos consecuencias punitivas: el despido y la pérdida del salario ya devengado. Aunque el artículo 25.1 de la Constitución Española se refiere expresamente a sanciones penales y administrativas, la jurisprudencia constitucional ha extendido su núcleo esencial a las sanciones disciplinarias laborales cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento (por todas, STC 2/2003).

En el presente caso, la empresa sancionó la inasistencia con el despido disciplinario, pero además decidió no abonar el salario de los días en que el trabajador, pese a estar de alta médica, no se reincorporó. Para la Sala, la retención salarial carecía de cobertura legal y suponía una segunda reacción punitiva contra los mismos hechos, lo que resulta incompatible con el ordenamiento jurídico. La doctrina que se asienta es clara: el despido disciplinario ya agota la capacidad sancionadora de la empresa, y cualquier medida adicional de contenido económico sobre el mismo incumplimiento constituye una doble sanción prohibida.

Este criterio tiene un impacto inmediato en los litigios laborales, pues recuerda a los juzgados de lo social la necesidad de examinar si la empresa ha reaccionado con una única medida sancionadora o ha acumulado varias sobre la misma conducta. La proyección de la doctrina se extiende a todos aquellos supuestos en los que, tras un despido, la empresa pretenda retener salarios, vacaciones o cualquier otra retribución vinculada al mismo período y hecho causante.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Despido disciplinario por inasistencia al trabajo y posterior reclamación de salarios impagados por el mismo período, resuelto por la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña mediante recurso de suplicación.
  • Datos importantes: Sentencia STSJ CAT 3671/2025 (fecha real 2026); artículos aplicados: 25.1 CE (non bis in idem), arts. 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores (despido disciplinario); cuantía reconocida: 6.979 euros más intereses del 10%.
  • Fecha de los juicios: Vista oral ante el Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona (sentencia de 18 de junio de 2025); fallo del TSJ de Cataluña dictado el 13 de julio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: Demandante: Carlos Antonio (trabajador) por despido y salarios; demandada: Ambulancias Domingo S.A.U. por doble sanción laboral.

Los programas MOVES impulsan 204.915 vehículos eléctricos y 160.095 puntos de recarga en España

Elena Ríos
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Los programas MOVES impulsan 204.915 vehículos eléctricos y 160.095 puntos de recarga en España

Los programas MOVES han canalizado ya 3.035 millones de euros en ayudas a la movilidad eléctrica en España, un volumen de inversión que ha permitido subvencionar 204.915 vehículos eléctricos y 160.095 puntos de recarga en todo el territorio. El balance, coordinado por el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica, confirma que estas convocatorias se han convertido en la principal palanca pública para acelerar la descarbonización del transporte, con un ecosistema que combina ayudas al particular, despliegue de infraestructura y proyectos de innovación tecnológica.

Más de 200.000 vehículos eléctricos y 3.035 millones movilizados: el balance de MOVES

Las cifras actualizadas que maneja el IDAE reflejan el alcance real del programa. Hasta la fecha, los fondos NextGenerationEU integrados en el Plan de Recuperación han impulsado 204.915 vehículos electrificados, de los cuales el 88,4% son turismos. El resto se reparte entre furgonetas, motocicletas, cuadriciclos y bicicletas eléctricas, ampliando el espectro de la movilidad cero emisiones más allá del automóvil particular.

A esto se suman 160.095 puntos de recarga, una cifra que incluye tanto estaciones públicas como puntos vinculados a plazas de estacionamiento privadas. La capilaridad de esta red es uno de los factores que más preocupa a los potenciales compradores: sin una infraestructura de recarga visible y fiable, la decisión de dar el salto al coche eléctrico se atasca. Las ayudas MOVES han atacado ese cuello de botella con una inversión que, en el caso de MOVES III, supera los 990 millones de euros solo en ayudas a la compra y puntos de recarga asociados.

La electrificación del parque móvil español no depende solo del precio del coche: sin puntos de recarga, la transición se detiene.

Cómo se reparten las ayudas: del turismo particular al camión de reparto

El programa ha diversificado sus líneas para llegar a varios segmentos del mercado. El grueso del presupuesto lo concentran MOVES II y MOVES III. La primera convocatoria, con cerca de 40 millones de euros, financió 9.074 vehículos y 6.436 puntos de recarga. La segunda, la más cuantiosa, ha facilitado ya 158.018 vehículos y 120.409 puntos. La mayor parte del dinero ha ido a parar a turismos particulares, pero no todo.

Las convocatorias específicas para empresas amplían el alcance:

  • MOVES Flotas ha destinado 23,85 millones a 44 proyectos de electrificación de flotas corporativas ligeras.
  • MOVES Flotas Plus suma otros 7,8 millones para 20 iniciativas que incluyen, por primera vez, ayudas para bicicletas eléctricas, motocicletas y cuadriciclos eléctricos.
  • MOVES Singulares ha inyectado 162,41 millones en 161 proyectos de innovación tecnológica, con foco en recarga inteligente y soluciones Vehicle to Grid (V2X), la tecnología que permite devolver energía desde el vehículo a la red eléctrica.

Este último apartado merece atención. Los proyectos V2X no son solo un ejercicio de ingeniería: permitirán que una flota de vehículos funcione como una batería distribuida, estabilizando la red en momentos de alta demanda y abaratando la factura eléctrica del propietario. Es la clase de innovación que convierte un coche en algo más que un medio de transporte.

El despliegue de la recarga rápida en los grandes corredores

Otro de los ejes estratégicos que revela el balance es la apuesta por la recarga de alta potencia en las principales autovías. La primera convocatoria de MOVES Corredores de Recarga ha concedido 97 millones de euros para 341 proyectos ubicados en la red transeuropea de transporte. Esas actuaciones instalarán 2.674 nuevos puntos de recarga, muchos de ellos con potencias de entre 300 y 400 kW, lo que permite recuperar la autonomía en pocos minutos. Cada estación incorpora al menos un cargador de 150 kW, cumpliendo así con el reglamento europeo AFIR, que fija estándares mínimos para garantizar la interoperabilidad y la fiabilidad de la red.

El cumplimiento del AFIR es relevante por lo que implica para la movilidad de larga distancia. Quien viaja por carretera necesita la certeza de que, en cualquier corredor principal, va a encontrar un punto de recarga rápido y operativo. Sin esa capa de infraestructura, el coche eléctrico queda confinado al uso urbano o suburbano. Las ayudas europeas están acelerando ese despliegue, pero el ritmo de instalación sigue siendo uno de los indicadores que marcarán la diferencia entre un plan bienintencionado y una red que realmente funcione.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • CO2 evitado: No detallado en el balance oficial, aunque la sustitución de más de 200.000 vehículos de combustión por eléctricos supone una reducción relevante en el sector difuso del transporte.
  • Capacidad / magnitud: 204.915 vehículos eléctricos financiados y 160.095 puntos de recarga instalados con ayudas públicas.
  • Inversión: 3.035 millones de euros movilizados entre fondos NextGenerationEU y presupuesto nacional.
  • Equivalencia tangible: Los puntos de recarga de alta potencia en corredores equivalen a cubrir las principales autovías con estaciones capaces de cargar un turismo eléctrico al 80% en menos de 20 minutos.

Lo que esta política empuja en la cadena de suministro

El efecto MOVES no se agota en el punto de venta del concesionario. La financiación de 204.915 vehículos ha generado un volumen de demanda que obliga a los fabricantes a acelerar sus planes de electrificación y a los instaladores eléctricos a multiplicar su presencia en el mercado. La instalación de 160.095 puntos de recarga, muchos de ellos vinculados a plazas de aparcamiento, ha movilizado a empresas de ingeniería, instaladores eléctricos y gestores de carga, creando un ecosistema económico que va más allá de la venta del coche.

Además, los 161 proyectos de recarga inteligente y V2X están sentando las bases para un modelo energético en el que el vehículo no solo consume electricidad, sino que la almacena y la devuelve. Esto interesa directamente a las distribuidoras eléctricas, que ven en las baterías rodantes un recurso para gestionar los picos de demanda sin necesidad de nuevas centrales de respaldo. Es un camino que apenas empieza a recorrerse, pero que apunta a una integración mucho más profunda entre movilidad y sistema eléctrico.

La red de recarga rápida en los grandes corredores es la condición necesaria para que el coche eléctrico salga de la ciudad.

Dónde pone el foco el reto pendiente

Los programas MOVES han demostrado una capacidad de tracción que pocos instrumentos de política industrial han logrado en España. Pero los datos también señalan dos tareas pendientes. La primera es la continuidad del ritmo inversor. El próximo ciclo de financiación europea definirá si la inercia se mantiene o si el mercado se enfría justo cuando más necesita consolidarse. La segunda es la capilaridad de la recarga fuera de los grandes corredores: las áreas rurales y las ciudades medias, que también necesitan puntos de recarga accesibles para que la movilidad eléctrica no sea un privilegio exclusivo de las grandes áreas metropolitanas.

El balance, en conjunto, es un ejemplo de lo que ocurre cuando la inversión pública se alinea con los objetivos de descarbonización del PNIEC y el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Ahora bien, conviene recordar que las ayudas a la compra son un acelerador, no un sustituto de la competitividad del mercado. La verdadera prueba de fuego será si, cuando los incentivos se reduzcan, la demanda se sostiene por sí misma.

Análisis: qué significa este balance para la transición del transporte

El balance de MOVES es, ante todo, la confirmación de que la descarbonización del transporte por carretera ha entrado en una fase de despliegue masivo, pero todavía con un fuerte componente de ayudas públicas. Sin los fondos Next Generation, difícilmente se habrían alcanzado estas cifras en tan poco tiempo. Esto no invalida la política —al revés, demuestra que los incentivos funcionan—, pero sí obliga a seguir de cerca la evolución del mercado cuando el apoyo se modere.

Comparado con otros países europeos, España ha logrado un crecimiento notable en la instalación de puntos de recarga, aunque sigue por detrás de Francia o Alemania en términos absolutos. La diferencia está en la densidad: mientras que en Centroeuropa la red de recarga ya es razonablemente tupida en buena parte del territorio, aquí el despliegue se concentra en los grandes ejes y en las áreas urbanas de mayor renta. La oportunidad de la próxima fase de ayudas será precisamente cubrir ese hueco y asegurar que la movilidad eléctrica no se convierta en un factor de desigualdad territorial.

El dato más alentador, sin embargo, está en los 161 proyectos singulares. Las tecnologías V2X y la recarga bidireccional pueden cambiar la relación entre el coche y la red eléctrica, transformando cada batería en un activo para el sistema. Es pronto para evaluar su impacto real, pero el hecho de que se estén financiando ya con fondos públicos indica que la regulación y la industria se preparan para un modelo energético más distribuido.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Más de 200.000 vehículos de combustión sustituidos por eléctricos y una red de recarga que se aproxima a los 200.000 puntos operativos entre los financiados y los ya existentes.
  • Modelo que cambia: El vehículo eléctrico deja de ser una opción minoritaria y empieza a contar con la infraestructura necesaria para competir en igualdad con el motor de combustión en el uso diario.
  • Para las próximas generaciones: La capilaridad de la red de recarga y la integración con el sistema eléctrico reducirán la dependencia de los combustibles fósiles en el transporte, responsable de una cuarta parte de las emisiones nacionales.

Nestlé invierte 12 millones en agricultura regenerativa y reduce 43.600 t de CO2e en España

Elena Ríos
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Nestlé invierte 12 millones en agricultura regenerativa y reduce 43.600 t de CO2e en España

Nestlé ha invertido 12 millones de euros desde 2021 junto a 500 agricultores y ganaderos españoles para implantar prácticas de agricultura regenerativa. Los resultados ya son medibles: 43.600 toneladas de CO2e menos en las granjas lecheras de la cornisa cantábrica y una rebaja del 40% en las emisiones de los cultivos de cereal que utiliza la compañía, según los datos de la propia multinacional.

12 millones de euros para restaurar el suelo y el ecosistema

La inversión se reparte en tres grandes bloques. Cerca de 6 millones han ido a las 110 explotaciones de leche de Galicia, Asturias y Cantabria que abastecen a las fábricas de La Lechera y de nutrición infantil. Otros 1,5 millones han financiado a los 26 agricultores —23 en Castilla y León y 3 en Navarra— que cultivan los cereales para las papillas de la planta cántabra de La Penilla de Cayón. El resto se ha destinado a los productores de tomate de Extremadura que nutren la fábrica de Solís en Miajadas, donde todas las salsas ya proceden de cultivos con certificación de Producción Integrada.

En total, la cifra se enmarca dentro de los más de 112 millones de euros que la compañía ha dedicado a sostenibilidad en toda su cadena de valor en España en los últimos cinco años. “La agricultura regenerativa es un pilar fundamental para alcanzar las cero emisiones netas en 2050”, explicó Jordi Llach, Director General de Nestlé España, durante la presentación.

La inversión no es puntual: hay un modelo de acompañamiento técnico que guía al productor en cada paso hacia el laboreo reducido y la rotación de cultivos.

El impacto medible: 43.600 toneladas de CO2e y un 40% menos en cereales

El proyecto más avanzado se localiza en las granjas lecheras. Con el apoyo de Fundación Global Nature, desde 2021 se han ejecutado planes de fertilización a medida, siembra directa, rotación de cultivos y potenciación de leguminosas. A esto se suma la instalación de placas solares y el recubrimiento de las balsas de purines, medidas que han permitido dejar de emitir 43.600 toneladas de CO2e hasta finales de 2024.

En la cadena del cereal, los 26 agricultores que trabajan ya con técnicas regenerativas han logrado un 40% de reducción media de CO2e por tonelada producida. La receta incluye mínimo laboreo, siembra directa y cubiertas vegetales en invierno, evitando el arado profundo y manteniendo la estructura del suelo. Las 20.000 toneladas anuales de trigo, avena y cebada que se emplean en las papillas infantiles provienen íntegramente de estos campos.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • CO2e evitado: 43.600 toneladas en granjas lecheras más un 40% de ahorro por tonelada en cereales.
  • Superficie y productores: 500 agricultores y ganaderos; 5.000 hectáreas de cereal regenerativo.
  • Inversión: 12 millones de euros desde 2021; 1,5 millones exclusivos en el programa cerealista.
  • Equivalencia tangible: Las 20.000 toneladas de grano cubren íntegramente la demanda de papillas infantiles de Nestlé en España.
inversión sostenible

Detrás de las cifras hay un esfuerzo de formación. Nestlé ha impulsado un programa de agroemprendimiento en Cantabria con la consultora Veterinarios Asociados: diez meses de teoría y práctica en las granjas para jóvenes ganaderos. Desde 2021, más de 40 alumnos han participado, una palanca que ataca directamente el relevo generacional, uno de los cuellos de botella del sector.

Más allá de la inversión: el reto de la agricultura regenerativa en Europa

Aunque los datos de Nestlé son sólidos, su escala plantea una pregunta: ¿hasta qué punto puede replicarse este modelo fuera de una cadena de suministro cerrada? La compañía controla la relación directa con sus proveedores, lo que le permite financiar la transición sin depender de las subvenciones públicas. Sin embargo, la agricultura regenerativa aún carece de un estándar regulatorio único en la UE. La Estrategia de la Granja a la Mesa (Farm to Fork) y la Taxonomía Verde europea abren la puerta, pero los criterios técnicos que definan qué es “regenerativo” siguen en debate.

En este contexto, el programa de Nestlé funciona como un banco de pruebas. Los resultados en Cantabria —43.600 toneladas evitadas— son comparables a los de otras grandes compañías europeas que han empezado a trasladar el coste de la descarbonización al eslabón primario. La diferencia es que aquí la mayoría de los agricultores aplica técnicas sin haber recibido compensaciones extra fuera del contrato con la empresa, lo que demuestra que la rentabilidad agronómica puede existir incluso en la fase de arranque.

El dato que lo cambia todo: las 20 000 toneladas de cereal regenerativo ya cubren el 100% de las papillas infantiles en España.

La letra pequeña importa. Los 12 millones de euros invertidos hasta ahora representan menos del 1% de la facturación de la filial española de Nestlé, pero su impacto se amplifica porque la reducción de emisiones se produce en el Scope 3, el más difícil de gestionar para cualquier gran consumo. Si el programa se extiende a otras geografías —y el objetivo corporativo es que el 20% de las materias primas clave provengan de fuentes regenerativas en 2025— el volumen de CO2e evitado podría multiplicarse.

No obstante, la promesa de emisiones netas cero para 2050 necesita hitos intermedios verificables. Nestlé ha fijado 2025 como primera foto del avance, pero por ahora solo ha comunicado los datos de la leche y el cereal en España. La transparencia sobre el resto de las materias primas será el verdadero test de si estamos ante un plan de descarbonización o ante un escaparate de buenas prácticas.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 43.600 toneladas de CO2e evitadas en ganadería y un 40% de ahorro por tonelada en cereal certifican que la agricultura regenerativa descarboniza donde el impacto es mayor.
  • Modelo que cambia: La integración vertical del programa demuestra que una gran empresa puede financiar la transición del sector primario sin depender de subsidios, con resultados inmediatos en el Scope 3.
  • Para las próximas generaciones: El fomento del relevo generacional en las granjas y la conservación del suelo aseguran que la producción de alimentos no agote el recurso más escaso, mientras se forma a quienes lo trabajarán.

Juanma Moreno blinda las áreas estratégicas de la Junta de Andalucía frente a Vox en su nuevo gobierno

Jaume Mónica
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Juanma Moreno blinda las áreas estratégicas de la Junta de Andalucía frente a Vox en su nuevo gobierno

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reordenado su gabinete para proteger áreas estratégicas como Sanidad, Educación y Agricultura de la influencia de Vox, tras el pacto de investidura firmado el 2 de julio.
  • ¿Quién está detrás? Juanma Moreno, con el respaldo de la cúpula del PP andaluz, ha situado a Antonio Sanz y Carolina España como vicepresidentes que flanquean al único consejero de Vox, Manuel Gavira.
  • ¿Qué impacto tiene? La decisión asegura que las carteras más sensibles permanezcan en manos del PP, limitando el alcance real de Vox en el Ejecutivo autonómico y refrendando la «vía andaluza» de moderación frente a las presiones del Gobierno central.

Juanma Moreno ha reordenado su gobierno con una jugada de precisión quirúrgica: blindar las áreas estratégicas de la Junta de Andalucía frente a Vox sin romper el pacto de investidura que le garantiza la estabilidad parlamentaria. El anuncio, que se produce apenas diez días después de la firma del acuerdo, refuerza la idea de que los populares mantienen el control absoluto sobre las políticas clave.

La ‘operación sándwich’: Sanz y España flanquean a Gavira

El presidente andaluz ha situado al único consejero de Vox, Manuel Gavira —vicepresidente y responsable de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local—, entre dos figuras de de su máxima confianza. Por un lado, Antonio Sanz asume la vicepresidencia primera y mantiene la cartera de Presidencia, Sanidad y Emergencias; por otro, Carolina España ocupa la vicepresidencia tercera y continúa al frente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de la portavocía del Gobierno. La disposición, que fuentes de San Telmo describen como un «cordón sanitario» político, limitan de facto el margen de maniobra de Gavira y le priva de interlocución directa con los centros de poder del Ejecutivo andaluz.

Sanz, que ya asumió Sanidad tras el fallo del programa de cribado de cáncer de mama, se consolida como el número dos del Gobierno y sustituto de Moreno en caso de ausencia. Carolina España, por su parte, es la encargada de defender la acción del Ejecutivo y elaborar los presupuestos autonómicos, una tarea que inquietaba al presidente ante el retraso en la firma del pacto. Ambos, junto a la estructura del PP, forman una pinza que garantiza que la «vía andaluza» —la marca de moderación y gestión que Moreno defiende— no se desvirtúe por las exigencias de su socio.

La elección no es casual. Ambos vicepresidentes cuentan con una trayectoria intachable dentro del partido: Sanz fue delegado del Gobierno en Andalucía y hombre clave en la transición desde el PSOE al PP en la comunidad; España, economista de formación, ha pilotado las cuentas públicas en los años más complicados de la crisis sanitaria y energética. Su peso político eclipsa al del consejero de Vox, cuyo departamento, pese al rimbombante nombre —Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local—, tiene competencias limitadas.

Áreas blindadas: Sanidad, Educación y Agricultura fuera del alcance de Vox

Más allá del flanqueo personal, Moreno ha asegurado que las carteras de mayor calado social queden en manos de consejeros del PP, alejándolas de cualquier tentación de injerencia por parte de la formación de Santiago Abascal. Sanidad, la principal preocupación de los andaluces, sigue bajo la responsabilidad de Antonio Sanz. Educación, que recupera su denominación tradicional —en lugar del anterior ‘Desarrollo Educativo y Formación Profesional’—, la dirige Carmen Castillo, dando continuidad a políticas como la gratuidad de la educación infantil, ya implantada en el curso pasado.

Agricultura, una de las consejerías más codiciadas por Vox en otras comunidades autónomas, permanece bajo el control de Ramón Fernández Pacheco. Las organizaciones agrarias habían reclamado estabilidad y la continuidad de las líneas de trabajo abiertas durante la anterior legislatura. Del mismo modo, Cultura queda fuera del ámbito de gestión de Vox y la seguirá dirigiendo Patricia del Pozo, otro peso pesado del PP andaluz.

Blindar las áreas sensibles no es solo una cuestión de poder: es la garantía de que la ‘vía andaluza’ no se desdibuje por las exigencias de un socio que nunca ha ocultado su deseo de marcar territorio.

La decisión de Moreno envía un mensaje nítido: el acuerdo con Vox es un mal necesario para garantizar la gobernabilidad, pero no condiciona la hoja de ruta del Ejecutivo. Como ha repetido el propio presidente en varias ocasiones, «el PP y Vox son partidos diferentes».

El Eje del Poder Popular

La operación de blindaje diseñada por Moreno no es un simple ajuste técnico. Es una declaración de fuerza hacia dentro y hacia fuera del partido. Hacia dentro, porque refuerza su liderazgo frente a cualquier tentación de Génova de tutelar las decisiones autonómicas desde Madrid. Hacia fuera, porque marca distancias con un socio de investidura que, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, apenas ha logrado arañar poder real en el Ejecutivo andaluz.

En Valencia, Vox se hizo con la vicepresidencia primera y consejerías de peso como Cultura y Justicia; en Extremadura, el partido de Abascal condicionó la investidura con exigencias programáticas que llevaron al límite a la dirección nacional del PP. En Andalucía, en cambio, el desembarco de Vox ha sido mucho más modesto. Manuel Gavira maneja áreas de gestión limitada —Turismo, cierto— pero Justicia, por ejemplo, se reduce a la administración de medios personales y materiales, sin capacidad para nombrar jueces o fiscales, competencia exclusiva del Estado. La desregulación y la administración local son también materias con escaso margen para políticas rupturistas.

La lectura estratégica es clara: Moreno ha logrado lo que ningún otro barón territorial del PP en comunidades con presencia de Vox: mantener el control absoluto sobre las políticas que realmente importan al ciudadano. Sanidad, Educación, Agricultura, Economía y Hacienda seguirán gestionándose según los criterios del PP y de la «vía andaluza», una suerte de centrismo moderado que ha conseguido una mayoría amplia en las urnas y que el propio Feijóo ha convertido en espejo para el partido a nivel nacional.

Eso sí, el blindaje no exime de riesgos. La convivencia con Vox será tensa; Gavira intentará visibilizarse, y el Gobierno de Sánchez no dudará en explotar cualquier grieta. Pero por ahora, Moreno ha tejido una red de confianza tan densa que las fugas parecen improbables. El próximo hito será la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2027, donde Carolina España deberá cuadrar las demandas de Vox sin desvirtuar la hoja de ruta del PP. Un examen de fuego para la ya asentada «vía andaluza».

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP mantiene el control de las áreas estratégicas en Andalucía pese al pacto con Vox, demostrando que la «vía andaluza» es compatible con acuerdos puntuales sin ceder en lo esencial.
  • Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Elaboración y presentación de los presupuestos autonómicos para 2027, donde se pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para integrar las demandas de Vox sin renunciar a su hoja de ruta.

Decathlon: Ahorra 10 euros en tu próxima compra de ropa y material deportivo

Ana Carina Rodríguez
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Decathlon: Ahorra 10 euros en tu próxima compra de ropa y material deportivo

Decathlon tiene un secreto que muchos clientes ignoran: cada euro que gastas en la tienda se transforma automáticamente en puntos. No hace falta buscar cupones por internet ni esperar a un Black Friday. Basta con estar registrado como socio para que el descuento llegue solo, compra tras compra.

El programa se llama Decathlon Member y funciona de forma silenciosa en segundo plano. Por cada euro gastado, tanto en tienda física como en la web, se suman 10 puntos a tu cuenta, y esos puntos se convierten después en cheques descuento reales que se restan directamente del importe a pagar.

Cómo funciona el sistema de puntos de Decathlon

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El mecanismo es más sencillo de lo que parece. Al registrarte en el programa recibes 100 puntos de bienvenida sin necesidad de comprar nada, un empujón inicial que ya te acerca al primer cheque disponible. A partir de ahí, cada compra suma puntos de forma automática si has iniciado sesión en tu cuenta.

También existen vías alternativas para acelerar el proceso. Escribir una reseña de un producto aporta 10 puntos adicionales, con un límite de 20 reseñas al año, y quienes registran su actividad deportiva en aplicaciones compatibles pueden sumar hasta 500 puntos semanales por practicar deporte con regularidad. Es, en cierto modo, una forma de que Decathlon premie tanto la fidelidad de compra como el estilo de vida activo de sus clientes.

El cheque de 10 euros y otras recompensas disponibles

Según recoge un reciente análisis publicado en Decathlon, la cadena francesa combina sus rebajas de temporada con el programa de fidelidad para maximizar el ahorro de quienes compran material deportivo con regularidad. La empresa, filial del Decathlon Member, factura más de 15.000 millones de euros al año y mantiene presencia en más de 70 países, lo que le permite sostener este tipo de programas de fidelización a gran escala.

Los tramos de canje están claramente definidos: con 1.800 puntos se desbloquea un cheque de 3 euros para compras desde 35 euros; con 3.000 puntos, uno de 5 euros para compras desde 60 euros; y con 6.000 puntos, el codiciado cheque de 10 euros, aplicable a partir de 120 euros de compra. Cada cheque generado tiene una validez de un mes desde que se desbloquea, así que conviene planificar la compra antes de que caduque.

Dónde consultar tus puntos y cómo canjearlos

Consultar el saldo es tan sencillo como entrar en el perfil de socio, ya sea desde la web de Decathlon o desde la aplicación móvil. Ahí aparece el número exacto de puntos acumulados y las ventajas que ya están disponibles para desbloquear, incluidos cheques descuento, sorteos y promociones con marcas colaboradoras.

El canje se hace en segundos: se selecciona la ventaja deseada, se revisan las condiciones asociadas y se pulsa el botón para activarla. El cheque queda entonces disponible en formato de código de barras, listo para escanearse en caja o introducirse en el proceso de pago online. Decathlon Member convierte así un gesto tan simple como identificarse al pagar en una fuente constante de pequeños ahorros.

Errores comunes que retrasan tu primer cheque

Muchos clientes acumulan puntos sin darse cuenta de que no los están aprovechando, y casi siempre el motivo es el mismo: olvidan iniciar sesión antes de pagar. En tienda física, esto significa escanear la cuenta en caja; en la web, simplemente estar identificado antes de completar el pedido.

Otro fallo habitual es dejar caducar los cheques ya generados, que solo tienen un mes de validez desde su desbloqueo. También conviene recordar que los puntos ganados por compras expiran a los 12 meses, mientras que los obtenidos por actividad deportiva caducan en solo tres meses si no se canjean a tiempo.

  • Verificar que la cuenta esté vinculada antes de cada compra, tanto online como en tienda
  • Revisar el saldo de puntos periódicamente desde la app para no perder oportunidades de canje
  • Canjear el cheque generado dentro del primer mes, antes de que pierda validez
  • Sincronizar apps deportivas compatibles (Strava, Garmin, Kiprun) para sumar puntos extra cada semana

Por qué este tipo de programas van a más

La tendencia en el retail deportivo apunta claramente hacia estos sistemas de fidelización basados en puntos, y Decathlon lleva ya varios años perfeccionando el suyo con actualizaciones periódicas en el catálogo de ventajas. La fórmula funciona porque no exige esfuerzo extra al cliente: el ahorro llega solo, sin necesidad de cazar cupones ni estar pendiente de fechas concretas.

Lo más razonable es esperar que estos programas sigan ampliando sus vías de acumulación, especialmente las ligadas a la práctica deportiva, un terreno donde Decathlon ya se diferencia de otras cadenas de retail. Para quien compra material deportivo con cierta frecuencia, activar la cuenta de socio y mantenerla identificada en cada compra es, sencillamente, dinero que de otra forma quedaría sobre la mesa.

Restricción de redes sociales a menores de 13 años: la propuesta de expertos que la UE ya evalúa

Alberto Ochoa
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Restricción de redes sociales a menores de 13 años: la propuesta de expertos que la UE ya evalúa

La UE evalúa prohibir las redes sociales a menores de 13 años y exigir a las plataformas que prueben su seguridad, según una propuesta presentada hoy. Hoy te cuento los detalles del informe que un grupo de expertos creado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha entregado este lunes en Bruselas. La conclusión principal: la Unión debería armonizar sus normas para restringir el acceso de los niños a las redes, con un enfoque gradual que va desde el veto total a las pantallas hasta los 3 años, pasando por una navegación supervisada hasta los 13. A partir de esa edad, las plataformas tendrían que demostrar que son espacios seguros para los adolescentes.

El enfoque gradual que los expertos defienden

El grupo asesor, liderado por los profesores Jorg Fegert y Mari Melcior, propone una hoja de ruta escalonada. Tal y como recoge el informe, no se trata de una prohibición absoluta para todos los menores. La primera fase excluye por completo las pantallas hasta los 3 años. Después, entre los 3 y los 13 años, se permitiría un uso limitado y siempre bajo la supervisión de padres, tutores o profesores. A partir de los 13, se abriría la puerta a la navegación sin supervisión, pero solo si la plataforma demuestra que su entorno es seguro y adecuado para la edad del usuario.

La ciencia detrás de la propuesta y la postura de Von der Leyen

Según el documento, no hay evidencia científica de que las redes sociales aporten beneficios a los menores de 13 años, mientras que sí aumentan los riesgos de daños psicológicos, adicción y exposición a contenidos inapropiados. Los investigadores identifican la franja de los 10 a los 13 años como la «más vulnerable». Von der Leyen, en la presentación del informe, ha comparado la navegación en redes sin control con entregar las llaves del coche a un menor sin carné. «Corresponde a las plataformas demostrar que son seguras; solo entonces se abre esa puerta a partir de los 13», ha declarado. La presidenta ha evitado confirmar si propondrá una edad mínima europea vinculante, aunque ha adelantado que su Colegio de Comisarios estudiará el documento y preparará una propuesta legislativa para después del verano.

La propuesta no parte de cero. Ya el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fija en 16 años la edad para que un menor pueda consentir el tratamiento de sus datos, aunque permite a los Estados miembros rebajarla hasta los 13. España, por ejemplo, la mantiene en 14 años. Esta nueva iniciativa buscaría unificar criterios y reforzar la protección, especialmente frente a los algoritmos y los riesgos de adicción. Puedes consultar los detalles del marco actual en la entrada de Wikipedia sobre el RGPD.

Fuentes comunitarias insisten en que el grupo no defiende una «prohibición global», sino ayudar a que el menor disponga de herramientas para un Internet adaptado a cada fase. «Se trata de que los niños tengan una experiencia digital adecuada a su edad», explican.

El consenso entre los expertos es claro: la responsabilidad de demostrar la seguridad recae en las plataformas, no en los padres. Von der Leyen considera que el statu quo actual es insostenible.

El impacto para España y el tablero europeo

Para España, la armonización europea supondría un cambio significativo, ya que actualmente la edad de consentimiento digital está en 14 años y no existe una prohibición legal de acceso a redes sociales por debajo de esa edad. Una norma comunitaria unificaría el criterio en los 13 años, obligando a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad mucho más robustos. A nivel europeo, la propuesta podría integrarse en la revisión de la Ley de Servicios Digitales, que ya exige a las grandes tecnológicas evaluar riesgos para los menores. Países como Francia y Países Bajos ya han avanzado legislación similar, por lo que el movimiento de Von der Leyen busca capitalizar ese impulso y evitar una fragmentación del mercado único digital.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Un grupo de expertos creado por Ursula von der Leyen propone prohibir las redes sociales a menores de 13 años y exigir a las plataformas que demuestren su seguridad.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La presidenta de la Comisión Europea, los profesores Jorg Fegert y Mari Melcior, y los Estados miembros que deberán armonizar sus normas.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Colegio de Comisarios estudiará el informe durante el verano y Von der Leyen preparará una iniciativa legislativa en otoño.

Francisco de la Torre anuncia su séptima candidatura a la alcaldía de Málaga en 2027

Enrique Ramos
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Francisco de la Torre anuncia su séptima candidatura a la alcaldía de Málaga en 2027

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confirmado este lunes que se presentará a la reelección en las municipales de 2027, buscando su séptimo mandato a los 84 años. El regidor popular, el más longevo de las grandes ciudades españolas, accede así a la petición de su partido para continuar al frente de la capital de la Costa del Sol.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Francisco de la Torre ha anunciado que volverá a presentarse como candidato a la alcaldía de Málaga en las elecciones de 2027.
  • ¿Dónde y quién? En Málaga, el actual alcalde y presidente del PP municipal, que gobierna desde el año 2000.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? La continuidad de un liderazgo que ha impulsado la transformación tecnológica y cultural de la ciudad, con nuevos proyectos de vivienda, cultura e infraestructuras en el horizonte.

El anuncio y los proyectos de su séptimo mandato

En declaraciones a los medios, De la Torre ha asegurado que se siente «útil» y que su compromiso es «para los cuatro años» de legislatura, siempre que la salud lo permita. El edil ha recordado que su decisión la ha madurado en los últimos días, tras incrementar la práctica de deporte, y que ha percibido el cariño de los malagueños.

El programa con el que concurrirá a las urnas situará la vivienda como eje prioritario, acompañado de grandes proyectos culturales y de infraestructura. Destacan el nuevo auditorio, la recuperación del convento de la Trinidad, la intervención en el Guadalmedina para unir sus dos márgenes y la construcción de un estadio de fútbol financiado con capital privado. No obstante, el regidor ha admitido que quedan dezafíos como la movilidad sostenible, una tarea que considera abordable si logra una mayoría suficiente.

En el plano personal, De la Torre ha confesado que ha logrado cambiar su rutina para hacer más deporte, una condición que él mismo había comentado días atrás como necesaria para seguir. «He notado el afecto, reconocimiento y agradecimiento de los malagueños», ha declarado, reconociendo también que en su familia le piden que piense más en sí mismo y no tanto en el servicio a los demás.

Pero el alcalde insiste en que posee una «vocación de servicio fuerte» y agradece la comprensión de sus allegados ante una entrega «de muchas horas y casi sin vacaciones». Con esa determinación, ha afirmado que, probablemente, la cita electoral de 2027 será la última en la que concurra como candidato.

Málaga ha pasado en veintisiete años de ser una ciudad en declive a convertirse en un polo tecnológico y cultural de referencia europea bajo el liderazgo indiscutible de Francisco de la Torre.

Una trayectoria histórica y los apoyos recibidos

De la Torre (Málaga, 1942) gobierna la ciudad desde el año 2000, cuando relevó a Celia Villalobos. Desde entonces ha ganado seis elecciones municipales, cuatro de ellas con mayoría absoluta (2003, 2007, 2011 y 2023) y dos con mayoría simple (2015 y 2019), en las que pactó con Ciudadanos para gobernar. Su permanencia al frente del Ayuntamiento le convierte en el alcalde más veterano de las capitales españolas.

El PP nacional y el presidente provincial del partido han respaldado la decisión, según ha explicado el propio edil, quien negó haber sentido presión para anunciarlo antes del acto del partido en Galicia este fin de semana. «Otras veces he dado a conocer mi respuesta más adelante en el tiempo», ha aclarado, subrayando que la elección responde exclusivamente a su voluntad y a la petición popular.

La lectura andaluza

La continuidad de Francisco de la Torre al frente de Málaga se produce en un momento en que la capital de la Costa del Sol se ha consolidado como uno de los motores económicos de Andalucía. La ciudad concentra el 15% del PIB regional y encabeza la creación de empleo en sectores tecnológicos, con el Málaga TechPark como principal exponente. Su estabilidad institucional es un factor determinante para la llegada de inversiones y la captación de talento.

El valor de proximidad para los malagueños es claro: los grandes proyectos anunciados por el alcalde —vivienda, cultura, movilidad y deporte— marcarán la agenda de los próximos años y afectarán directamente a la calidad de vida de los barrios. La intervención en el Guadalmedina, por ejemplo, busca coser urbanísticamente dos mitades de la ciudad que llevan décadas separadas, mientras que el acceso a una vivienda asequible es una de las principales demandas ciudadanas en una urbe donde los precios se han disparado un 18% en el último año.

Grandes incendios forestales en España 2026: más de 50.000 hectáreas quemadas, el doble que el año pasado

Alberto Ochoa
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Grandes incendios forestales en España 2026: más de 50.000 hectáreas quemadas, el doble que el año pasado

Te acerco los últimos datos que ha difundido el Ministerio para la Transición Ecológica sobre la virulenta temporada de incendios que está viviendo España en este 2026. Las cifras oficiales, que abarcan del 1 de enero al 5 de julio de 2026, muestran que los grandes incendios forestales han arrasado ya 50.750,95 hectáreas, más del doble que las 20.466,25 hectáreas calcinadas en el mismo período de 2025.

En esos primeros seis meses, se han registrado 15 grandes incendios —aquellos que superan las 500 hectáreas—, frente a los seis contabilizados el año pasado por las mismas fechas. Te lo detallo con los datos del balance que acaba de publicar el MITECO.

Más del doble de hectáreas quemadas y 15 grandes incendios en solo seis meses

El balance provisional del Ministerio apunta a un empeoramiento notable de la campaña forestal. Hasta el 5 de julio de 2026, los 4.984 siniestros totales —de los que 3.258 fueron conatos de menos de una hectárea— habían consumido 50.750,95 hectáreas, según el comunicado oficial consultado por Europa Press. Esa superficie duplica de largo los 20.466,25 hectáreas quemadas en el mismo periodo de 2025.

Del total de siniestros, el 41,19% se concentró en el noroeste peninsular, el 20,22% en la cuenca mediterránea, el 38,18% en las comunidades interiores y solo el 0,40% en Canarias. Por tipo de vegetación, el monte bajo y el matorral fueron los más afectados, con 28.824,58 hectáreas arrasadas, seguidos de los pastos y dehesas (11.281,11 ha) y la superficie arbolada (10.645,25 ha).

Dentro de la masa forestal de arbolado, el fuego castigó sobre todo al área mediterránea, que concentró el 41,32% de la superficie arbolada perdida, mientras que el noroeste agrupó el 32,64% y el interior el 26,04%.

Los Gallardos, el fuego más letal con 13 fallecidos, aún no incluido en el cómputo

Pero la cifra de hectáreas será mayor en cuanto se incorpore el incendio de Los Gallardos, declarado en Almería el pasado jueves 9 de julio y que, a día de hoy, sigue sin estar contabilizado en el balance del MITECO. Este siniestro, el más grave del año, ha dejado ya 13 víctimas mortales y diez desaparecidos, según los datos que barajan los servicios de emergencia.

El fuego de Los Gallardos elevará inevitablemente la superficie total calcinada y, muy probablemente, el número de grandes incendios, ya que la magnitud del desastre apunta a que superó con creces el umbral de las 500 hectáreas.

Los 50.750 hectáreas registradas hasta ahora duplican las de 2025, y el peor incendio del año aún no ha sido contabilizado.

España concentra el 35% de las hectáreas quemadas en la UE, según Copernicus

Más allá de los datos nacionales, el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus eleva la cifra de hectáreas quemadas en España a 57.333 hasta el 8 de julio, lo que representa el 35,2% de toda la superficie forestal arrasada en la Unión Europea en el mismo período (162.444 hectáreas).

Además, España encabeza con 321 el ranking de países de la UE con mayor número de fuegos registrados, muy por delante de Francia (287). Te recuerdo que en el conjunto de 2025 el fuego calcinó en nuestro país 393.079 hectáreas, el 38% del total comunitario. No es un dato menor: en agosto de 2025, más de 150.000 hectáreas ardieron en cuestión de semanas, muestra de cómo el riesgo se dispara en la segunda mitad del verano.

Y con las sucesivas olas de calor que se prevén para julio y agosto, el peor escenario podría estar aún por llegar.

🚨 Datos de la emergencia

  • Tipo de suceso: Grandes incendios forestales simultáneos en varias comunidades, con un balance de 15 grandes fuegos de más de 500 hectáreas hasta el 5 de julio de 2026.
  • Fuente oficial: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y programa Copernicus (EFFIS).
  • Víctimas confirmadas: 13 fallecidos por el incendio de Los Gallardos (balance aún provisional), diez desaparecidos.
  • Estado de la emergencia: El incendio de Los Gallardos continúa activo y las labores de extinción y búsqueda se mantienen a pleno rendimiento. El resto de grandes incendios ha sido controlado.
  • Próximos pasos: El MITECO actualizará el balance una vez se incorpore la superficie afectada por Los Gallardos; mientras, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en localizar a los desaparecidos.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Los incendios forestales han calcinado 50.750,95 hectáreas en España hasta el 5 de julio de 2026, más del doble que en el mismo periodo de 2025, según el MITECO.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio para la Transición Ecológica, los servicios de extinción autonómicos y el programa europeo Copernicus. El incendio de Los Gallardos suma 13 muertos y diez desaparecidos.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Se espera una revisión al alza de las cifras cuando se contabilice el fuego de Los Gallardos; las labores de extinción y búsqueda continúan activas.

Ángel Víctor Torres avisa de que habrá 500.000 nuevos nacionalizados por la ley de nietos en 2027

Juan Vicente
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Ángel Víctor Torres avisa de que habrá 500.000 nuevos nacionalizados por la ley de nietos en 2027

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El ministro Ángel Víctor Torres ha desmentido las acusaciones de ‘pucherazo’ lanzadas por el PP y ha estimado que medio millón de descendientes de exiliados obtendrán la nacionalidad antes de las elecciones generales de 2027.
  • ¿Quién está detrás? Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ex presidente de Canarias y hombre de confianza de Sánchez para esta legislatura clave.
  • ¿Qué impacto tiene? La cifra equivale al 1,4% del censo electoral actual y desactiva el discurso del miedo del PP sobre una supuesta manipulación, al tratarse de un derecho reconocido por la Ley de Memoria Democrática.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha salido este lunes al paso de la ofensiva del PP contra la conocida como ley de nietos y ha cifrado en medio millón los nuevos nacionalizados que podrían estar en condiciones de votar en las próximas elecciones generales, previstas para 2027. Lo ha hecho en una entrevista en la que ha calificado de «absoluta falsedad» la tesis de un pucherazo electoral, defendiendo que cada expediente se tramita con «todas las garantías» y que los nuevos ciudadanos no son «votos cautivos de nadie».

El cruce de declaraciones se produce en un momento de alta tensión parlamentaria, con el PSOE necesitado de cada voto para sacar adelante las reformas sociales en un Congreso fragmentado. Sin embargo, el ministro ha subrayado que la nacionalidad por origen no es un regalo administrativo, sino el reconocimiento de un derecho histórico que ahora, con la Ley de Memoria Democrática, se extiende a nietos y bisnietos de quienes tuvieron que salir de España por razones políticas o económicas durante la dictadura y el primer tramo de la Transición.

La réplica del ministro a la ofensiva del PP

«No hay pucherazo. Hay memoria, hay justicia y hay una ley aprobada por una mayoría amplia del Congreso», ha zanjado Torres ante las acusaciones de Génova, que en los últimos días ha llegado a pedir una comisión de investigación sobre la supuesta inflación artificial del censo. El ministro ha recordado que la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, recogida en en el BOE, establece los supuestos de acceso a la nacionalidad y que la instrucción de los expedientes corresponde a los registros civiles y consulados, con los mismos filtros que cualquier otro trámite de nacionalidad.

Torres ha detallado que el ritmo de expedientes crece de forma notable desde que se aprobó la ley en 2023, pero que la previsión de alcanzar el medio millón de nuevos ciudadanos en 2027 es realista y está respaldada por datos consulares. «El PP intenta sembrar dudas sobre los mismos consulados que llevan décadas gestionando la nacionalidad de otros orígenes sin que nadie haya cuestionado su profesionalidad», ha añadido.

El choque tiene también un trasfondo electoral: el PP teme que los nuevos votantes, mayoritariamente vinculados a países como Argentina, Cuba, Venezuela o México, puedan inclinarse hacia opciones progresistas, un patrón que ya se observó en las elecciones gallegas y municipales donde la participación de la diáspora fue significativa.

De la ley de Memoria Democrática al censo electoral: la cifra de 500.000

La Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno de coalición y aprobada en octubre de 2022, amplió los supuestos de la denominada ‘ley de nietos’ originaria de 2007. Ahora pueden solicitar la nacionalidad los nietos de españoles de origen que perdieron la nacionalidad por matrimonio con extranjero, los hijos mayores de edad de españoles a quienes se les reconoció la nacionalidad por la ley de memoria histórica, y los bisnietos con determinados vínculos.

500.000 personas es la cifra que baraja Moncloa como horizonte para el cierre del primer gran bloque de expedientes antes de las próximas generales. Equivaldría a un 1,4% del censo electoral actual, un porcentaje nada desdeñable pero que Torres contextualiza: «Son ciudadanos libres, con derecho a voto como cualquier otro español, y su procedencia no garantiza ningún comportamiento electoral. La democracia no se hace con miedos, se hace con urnas».

El proceso, sin embargo, no es automático: requiere acreditar la documentación original, pasar por la cita consular y superar los filtros de los registros civiles. El propio ministerio ha reforzado las plantillas de los consulados más saturados, sobre todo en América Latina, para evitar cuellos de botella y garantizar que ningún expediente quede bloqueado antes de los plazos previstos por la ley.

El PP ha intentado convertir el derecho a la nacionalidad en un arma de confrontación, pero los datos de consulados y registros civiles desmontan su relato cada semana.

El Eje del Poder Socialista

Más allá del rifirrafe parlamentario, el choque encierra una lectura de fondo sobre cómo gestiona el PSOE la herencia de la memoria democrática y su impacto en el escenario electoral. En Ferraz se asume que la ley es una de las señas de identidad del Gobierno de coalición y que no dará ni un paso atrás ante las críticas del PP, al que acusan de instrumentalizar la historia para ocultar su malestar con una ampliación del censo que, si se confirma, beneficiaría a la izquierda.

La posición de los barones territoriales es dispar pero contenida. Emiliano García-Page, siempre crítico con las políticas que puedan tensar la gobernabilidad, ha optado por el silencio en esta ocasión. En cambio, Salvador Illa, desde la Generalitat, ha aprovechado para vincular la medida con la construcción de una Cataluña más inclusiva y con la necesidad de tejer puentes con la España migrante. Por su parte, Adrián Barbón, en Asturias, y María Chivite, en Navarra, han recordado que en sus comunidades hay miles de familias que llevan años esperando la regularización de sus nietos.

En el terreno de los socios parlamentarios, ERC y EH Bildu han celebrado el horizonte de medio millón de nuevos ciudadanos como una «reparación justa», mientras que Junts ha mantenido un perfil bajo, concentrado en su propia agenda territorial. La oposición del PP, sin embargo, no es meramente simbólica: está dispuesta a llevar a los tribunales cada caso de supuesta irregularidad, lo que añade un componente de incertidumbre jurídica que el Gobierno intenta neutralizar con un refuerzo de la seguridad jurídica en la instrucción.

En el eje social, la medida aterriza sobre todo en América Latina, pero también en colectivos de origen español en Europa y Estados Unidos. La Unión de Ciudadanos de la República Argentina, por ejemplo, ha calculado que solo en el país austral hay ya 150.000 expedientes en distintas fases de tramitación. La clave para Moncloa es que la entrega masiva de pasaportes no coincida con un vacío de información que el PP pueda explotar. Por eso, el ministerio prepara una campaña informativa en los consulados para explicar que la obtención de la nacionalidad es un acto voluntario, que no conlleva obligaciones fiscales inmediatas y que el ejercicio del voto depende exclusivamente del alta en el censo de residentes en el extranjero (CERA).

El riesgo a corto plazo es doble: por un lado, que algún error puntual en la tramitación sirva al PP para judicializar el proceso y crear un clima de sospecha que desgaste la imagen del Gobierno; por otro, que la tramitación se ralentice y la promesa de medio millón de nuevos ciudadanos quede en agua de borrajas, con el consiguiente desgaste entre las asociaciones de la diáspora. Nada indica, sin embargo, que eso vaya a ocurrir. Los técnicos consultados admiten que la maquinaria funciona y que la cifra del ministro se sostiene con datos de evolución de expedientes.

De hecho, la comparativa con otros procesos de nacionalización masiva en Europa —como el de Italia con los descendientes de italianos en América, o el de Portugal con los sefardíes— muestra que España está siendo en realidad más cautelosa que sus vecinos, al limitar los supuestos de acceso y exigir una conexión demostrable con el país. La lectura estratégica que hace Ferraz es que esta ley no es una anomalía, sino una normalidad democrática que, además, refuerza la España global y diversa que el PSOE quiere proyectar de cara a los próximos años.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La Ley de Memoria Democrática es un instrumento de justicia histórica y de normalidad democrática que convierte a medio millón de ciudadanos en españoles de pleno derecho, sin pucherazo ni atajos.
  • Protagonista: Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y Memoria Democrática).
  • Próximo hito: El Gobierno prevé cerrar el primer bloque de nuevas nacionalidades antes de fin de año, y los primeros pasaportes se entregarán en los consulados a lo largo de 2027.

Sánchez urge un pacto de Estado contra el cambio climático tras el incendio mortal de Los Gallardos

Juan Vicente
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Sánchez urge un pacto de Estado contra el cambio climático tras el incendio mortal de Los Gallardos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El incendio de Los Gallardos (Almería) ha dejado 13 fallecidos. Pedro Sánchez ha visitado la zona y ha urgido un pacto de Estado contra el cambio climático.
  • ¿Quién está detrás? El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, que ha recordado que un tercio de la superficie quemada en Europa en 2025 fue en España.
  • ¿Qué impacto tiene? Sánchez advierte de un verano «muy complicado» y pide a todas las administraciones y a la oposición pasar de la reacción a la prevención.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes un pacto de Estado frente a la emergencia climática tras la visita al puesto de mando avanzado de Turre, en Almería, donde se ha reunido con los responsables del dispositivo que combatió el incendio forestal de Los Gallardos. Las llamas han segado la vida de trece personas —varios de ellos ciudadanos británicos y belgas— y han dejado varios heridos con quemaduras graves. «Es la cara más dramática de los incendios», ha dicho el presidente.

Sánchez ha aprovechado la comparecencia para subrayar un dato que clarifica la vulnerabilidad de la península ibérica: el año pasado, un tercio de toda la superficie calcinada en Europa ocurrió en España. Un porcentaje que, subrayó, no es fruto del azar sino del agravamiento del calentamiento global. Trece vidas. Ese es el precio.

La tragedia de Los Gallardos y la alerta de un verano difícil

El presidente ha advertido de que tendremos por delante un «verano complejo, complicado». Las altas temperaturas y la sequía acumulada convierten los montes españoles en polvorines. Sánchez ha elogiado la cooperación entre administraciones durante la extinción en Almería, pero ha insistido en que no basta con reaccionar. Hay que anticiparse. Y ahí entra la propuesta que Ferraz y Moncloa llevan semanas madurando: perimetrar zonas residenciales en entornos forestales, reforzar la formación de los jóvenes en protección civil y, sobre todo, tejer un gran acuerdo político que blinda los fondos y las medidas más allá de los ciclos electorales.

Fuentes del Gobierno consultadas por Moncloa.com señalan que el texto que se pondrá sobre la mesa incluye un componente crucial de pedagogía ciudadana. La desinformación, ha recordado Sánchez, también es un riesgo en las emergencias. En un contexto donde los bulos pueden costar minutos vitales, el Ejecutivo quiere que el pacto incluya protocolos de comunicación de crisis coordinados con las comunidades autónomas.

Del plan de mayo a la demanda de un gran acuerdo

Este gesto no es improvisado. En mayo, Moncloa presentó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz el plan de lucha contra incendios para este verano, con un incremento de medios aéreos y terrestres. El presidente recordó que su Gobierno ha ido ampliando las capacidades año tras año para «garantizar una respuesta pronta y eficaz». Ahora, tras la tragedia, eleva la petición de colaboración a un pacto de Estado que, en su opinión, debe implicar a todas las fuerzas políticas.

«La emergencia climática mata», ha repetido Sánchez. Y los datos le dan la razón: un tercio de la superficie calcinada en Europa el año pasado fue en España.

«La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa», ha recalcado. El mensaje cala en un PSOE que hizo de la transición ecológica una de sus banderas en las últimas generales. Pero el presidente sabe que necesita gestos de Estado. Y el verano apenas acaba de empezar.

El Eje del Poder Socialista

La llamada de Sánchez desde Turre es un movimiento táctico con capas. Ante la opinión pública, el presidente se sitúa como líder que actúa en la emergencia y que ofrece un acuerdo a la oposición. Hacia dentro del partido, refuerza la idea de que el PSOE no solo gestiona incendios, sino que impulsa un modelo preventivo frente a un problema estructural. La secretaria general del PSOE de Andalucía y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), tendrán ahora que responder si se suman a ese pacto en un territorio que arde cada verano.

El órdago es nítido. Si el PP rechaza o dilata el acuerdo, Ferraz tendrá argumentos para marcar perfil en la lucha climática de cara al ciclo electoral. Si acepta, Sánchez habrá logrado un consenso transversal que lleva meses buscando. En el GPS del Congreso confían en que la presión de los alcaldes de las zonas rurales, muchos de ellos socialistas o de otras formaciones, incline la balanza.

El precedente más cercano es la mesa de negociación sobre la financiación autonómica, donde el PSOE puso sobre la mesa una propuesta y esperó la réplica de la oposición. Ahora, la crisis climática puede convertirse en un eje de cohesión o de fractura. El tiempo dirá.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: «El Gobierno impulsa un gran acuerdo climático porque la emergencia mata y hay que pasar de la reacción a la prevención».
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: Presentación formal del pacto de Estado ante el Congreso y las comunidades, previsiblemente antes de que acabe el mes de julio.

Mossos investigan si el incendio de Aiguamúrcia fue intencionado: 400 evacuados

Bea Tejero
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Mossos investigan si el incendio de Aiguamúrcia fue intencionado: 400 evacuados

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los vecinos de los cuatro núcleos de Aiguamúrcia (Camp d’en Tallat, Santes Creus, El Pla de Manlleu y Les Pobles) y sus mascotas.
  • ¿Cuándo ocurre? El incendio se reactivó el domingo 12 de julio y sigue activo. Los Bombers confían en estabilizarlo a última hora de este lunes 13 de julio.
  • ¿Qué cambia hoy? Si se consolida la estabilización del fuego, los evacuados podrían regresar a sus casas esta misma noche. Mientras, se refuerza la vigilancia en las viviendas vacías para evitar robos.

Los Mossos d’Esquadra investigan indicios de intencionalidad en el incendio que ha obligado a desalojar a entre 300 y 400 personas en Aiguamúrcia. La consellera de Interior, Núria Parlon, confirmó esta mañana que los «primeros indicios» que manejan los agentes rurales y los Mossos apuntan a que el fuego fue provocado.

El dispositivo de emergencia cuenta con 270 bomberos y 66 vehículos operativos que trabajan para perimetrar un área de unas 170 hectáreas. «El 90 % de los vecinos evacuados ya ha abandonado sus domicilios», añadió Parlon, quien destacó la colaboración ciudadana y la ausencia de heridos.

El fuego se reavivó con fuerza en menos de 24 horas

El incendio, que parecía controlado el sábado, se reactivó el domingo y avanzó con mucha intensidad. Según el jefe de la región de emergencias de Bombers en Terres de l’Ebre, Ricard Expósito, esta mañana estaba estabilizado el 95 % del perímetro. «Ha habido un par de reproducciones, pero todas dentro del perímetro principal, por lo que la superficie no ha aumentado de forma significativa», explicó.

Los equipos de los Bombers realizan maniobras de fuego técnico para crear zonas negras y evitar que las llamas vuelvan a expandirse. La prioridad es blindar el perímetro antes de que repunten las temperaturas del mediodía.

Intencionalidad: la hipótesis que toman fuerza los Mossos

Parlon no descartó que los dos focos previos, estabilizados entre el viernes y el sábado, también fueran provocados. De confirmarse, sería el segundo incendio intencionado en Cataluña en el último mes. El pasado 26 de junio, un hombre fue detenido por originar cinco focos en una zona protegida de Tiana, y acabó ingresando en un centro psiquiátrico.

En el caso de Aiguamúrcia, los investigadores analizan los puntos de inicio y la cercanía de los dos primeros focos al actual. «Todo apunta a que no fue un accidente», señalaron fuentes de la investigación a Moncloa.com.

Cuatro núcleos desalojados y refuerzo contra los robos

Los vecinos de Camp d’en Tallat, Santes Creus, El Pla de Manlleu y Les Pobles tuvieron que abandonar sus viviendas. La mayoría se alojaron en casa de familiares o conocidos, mientras que una cincuentena de personas fueron acogidas en el casal de Vila-rodona. Junto a ellos, 30 perros y gatos también fueron evacuados.

Aunque la noche se espera tranquila, la consellera anunció que se realizará una vigilancia específica en las viviendas desalojadas para prevenir robos. La Guardia Civil y los Mossos patrullan la zona de forma coordinada.

Todo apunta a que no fue un accidente: los dos focos previos y la rápida reactivación refuerzan la hipótesis de un pirómano en Aiguamúrcia.

A primera hora de la tarde, los Bombers mantenían el mensaje de «positividad» sobre la estabilización definitiva. Si se cumple el pronóstico, los vecinos podrán retornar en la misma noche del lunes. De lo contrario, los ayuntamientos tienen preparados albergues alternativos.

Un verano marcado por los incendios provocados

Este nuevo caso se suma a un verano especialmente seco y con tres grandes incendios originados por la acción humana en menos de un mes. En el de Les Gavarres, el más extenso, el fuego partió de una imprudencia con una sierra eléctrica en una zona con prohibición absoluta por alto riesgo. El trabajador responsable fue detenido y después puesto en libertad.

Desde los Mossos d’Esquadra se recuerda que en lo que va de año se han incrementado las vigilancias preventivas y que cualquier conducta temeraria puede acarrear penas de prisión. Aiguamúrcia se ha convertido en el último ejemplo de la vulnerabilidad del territorio catalán ante los incendios forestales.

Illa reclama en los Desayunos de RTVE aplicar la amnistía sin dilación si el TJUE la avala y aborda financiación autonómica

Juan Vicente
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Illa reclama en los Desayunos de RTVE aplicar la amnistía sin dilación si el TJUE la avala y aborda financiación autonómica

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Salvador Illa ha reclamado en los Desayunos de RTVE y EFE que la amnistía se aplique ‘sin dilación’ si este jueves el TJUE la avala, y ha defendido la propuesta catalana de financiación autonómica a una semana de la cumbre del 29 de julio.
  • ¿Quién está detrás? El president de la Generalitat y líder del PSC ha intervenido ante el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los secretarios generales de UGT y CCOO.
  • ¿Qué impacto tiene? Las declaraciones tensan el debate territorial en vísperas de la cita de todas las CCAA y refuerzan la posición del Ejecutivo socialista en un momento en el que necesita cerrar los Presupuestos de 2027.

Salvador Illa ha lanzado este lunes un mensaje directo desde el Instituto Cervantes: si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea convalida la ley de amnistía el próximo jueves, la Generalitat exige que se aplique de inmediato. El president ha fijado posición en la quinta edición de los Desayunos de RTVE, un foro que ha servido para desplegar la agenda catalana ante el Gobierno y los agentes sociales.

Junto a él, en primera fila, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. La fotografía buscaba proyectar sintonía institucional mientras el independentismo aguarda la decisión de Luxemburgo.

La amnistía, un fallo europeo que marcará la legislatura

Illa no ha ocultado su expectativa ante la sentencia del TJUE. «Espero que sea clara y que se aplique con diligencia», ha afirmado. El president ha recordado que el Tribunal Constitucional ya avaló el texto y ha subrayado que la norma «no ha servido para que cobre impulso el independentismo». La resolución, prevista para el jueves 16 de julio, determinará también el regreso a España del expresidente Carles Puigdemont. Ferraz sigue de cerca el desenlace, consciente de que puede alterar los equilibrios parlamentarios con Junts.

En el turno de preguntas, el jefe del Ejecutivo catalán ha evitado especular sobre un escenario adverso. Ha preferido centrar el foco en la necesidad de que, una vez el TJUE falle, todas las instituciones actúen con celeridad. «La ley está hecha, el Constitucional la ha bendecido. Ahora toca esperar a Europa y, si el dictamen es favorable, aplicarla sin dilación», ha resumido.

Financiación: «todas las comunidades ganan y ninguna pierde»

El otro gran bloque de su intervención ha sido la financiación autonómica. Illa ha defendido la propuesta catalana como la única novedosa sobre la mesa desde 2014, año en que caducó el modelo vigente. «Cataluña ejerce un liderazgo responsable», ha remarcado, antes de lanzar un mensaje a las autonomías gobernadas por el PP e incluso a las del PSOE que han mostrado recelos: «Basta de criticar las medidas por su origen. Quienes lo critican, esos son malos españoles».

Las palabras han caído como un jarro de agua fría en algunos despachos socialistas. Barones como Emiliano García-Page ya habían advertido que no aceptarían un trato singular. Sin embargo, Illa ha insistido en que el modelo beneficia a todos: «Todas las comunidades ganan y ninguna pierde recursos». Ha retado además a los críticos a presentar una alternativa: «¿Me puede enseñar usted qué modelo propone? Esto no es serio».

El Eje del Poder Socialista

La intervención de Illa no es un hecho aislado. Se produce a apenas setenta y dos horas de que el TJUE dicte sentencia sobre la amnistía y a solo dieciséis días de la cumbre de financiación autonómica convocada para el 29 de julio. El president ha medido cada palabra para reforzar su posición en el tablero interno del PSOE y, a la vez, para tender puentes con los socios de investidura.

Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com reconocen que la sincronización con Illa es total. El Gobierno necesita que la carpeta catalana avance sin sobresaltos para poder negociar los Presupuestos de 2027. «Si la amnistía se despeja, Junts tendrá menos excusas para bloquear las cuentas», admiten en Ferraz. Los Presupuestos del año próximo son, para Sánchez, la plataforma de reelección, y el propio Illa ha verbalizado esa confianza: «Sánchez se va a presentar y va a ganar. ¿Qué alternativa tenemos enfrente? La nada».

Sobre la corrupción que salpica al partido, el president ha marcado la línea oficial: «Los parámetros del PSOE son siempre los mismos: máxima contundencia». Ha citado el caso de José Luis Ábalos como ejemplo de actuación rápida y ha añadido, con un punto de escepticismo: «Ingenuo no soy y creo poco en casualidades y coincidencias». Un guiño a quienes, dentro del partido, perciben un uso electoral de las causas judiciales.

La amnistía deja de ser un debate jurídico y se convierte en un acelerador político que puede redefinir el mapa de la legislatura.

El aterrizaje territorial del discurso de Illa es también una señal para las federaciones. Al sentar en un mismo acto al ministro Torres y a los líderes sindicales, la Generalitat subraya que su apuesta por la financiación singular no rompe la caja común, sino que busca un reparto más equitativo. La reunión del 29 de julio será la prueba.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La amnistía y la financiación singular son dos pilares de la legislatura que requieren celeridad y unidad para asegurar la gobernabilidad.
  • Protagonista: Salvador Illa (president de la Generalitat y primer secretario del PSC).
  • Próximo hito: Sentencia del TJUE sobre la amnistía este jueves 16 de julio y cumbre de financiación autonómica el 29 de julio.
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