MoncloaPolítica Española

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos de emergencia sobre vivienda y Moncloa confirma que seguirá legislando hasta la cita del 29N, con la mirada puesta en la Diputación Permanente.
• ¿Quién está detrás? Pedro Sánchez, María Jesús Montero y los ministerios sociales, con Yolanda Díaz ultimando la subida del SMI para 2027.
• ¿Qué impacto tiene? El Ejecutivo conserva la iniciativa normativa en plena precampaña y su aritmética parlamentaria deja de depender de Junts: con el PNV y los socios de izquierdas basta.

Pedro Sánchez mantiene activo el Consejo de Ministros hasta el 29N y convalidará sus decretos sociales en la Diputación Permanente.

El propio presidente lo dejó claro el pasado martes, al término de un Consejo de Ministros que aprobó dos reales decretos de emergencia en materia de vivienda: ‘El Gobierno va a continuar gobernando. No es una frase de circunstancia. El Gabinete de Sánchez no está en funciones y conserva plenitud de facultades para aprobar normas, convocar ayudas y mover partidas.

A eso se suma una ventaja que en Ferraz y en La Moncloa consideran decisiva: el control de el Boletín Oficial del Estado. Cada norma que salga del Consejo de Ministros de los martes entra en vigor de inmediato y solo necesita después la convalidación parlamentaria. Traducido: el Ejecutivo puede marcar la agenda social hasta el último día de la legislatura.

Los ministerios y el complejo de la Moncloa trabajan ya en distintas iniciativas que irán desplegándose semana a semana, según fuentes del Ejecutivo. Entre ellas figura la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 que prepara el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, una medida con lectura de campaña evidente: toca el bolsillo de millones de asalariados.

Qué permite la Diputación Permanente y por qué Moncloa la considera su mejor baza

La pieza que hace posible ese calendario es la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume las funciones de la Cámara entre periodos de sesiones y una vez disueltas las Cortes. Sus competencias son tasadas, pero incluyen la convalidación de reales decretos-ley: los 350 diputados se reducen a una representación proporcional fijada al final del mandato.

En ese formato la aritmética cambia. Al Ejecutivo le basta con mayoría simple, y para lograrla dispone de los votos de ERC, EH Bildu y Podemos junto al PNV. Junts no es imprescindible. La formación de Carles Puigdemont pierde la llave que sí manejó durante buena parte de la legislatura.

El Ejecutivo cambia de socio decisivo sin cambiar de rumbo: la llave de la legislatura pasa de Junts al PNV.

La aritmética del final de legislatura: del veto de Junts al eje PNV-socios de izquierdas

El desplazamiento tiene lecturas cruzadas. Durante tres años, cada votación decisiva obligó al Gobierno a negociar con los posconvergentes, con un coste político y mediático elevado. Ahora el socio de referencia será un PNV que se mueve en clave institucional, prioriza el autogobierno y ha convertido los traspasos pendientes en su principal moneda de cambio.

Los nacionalistas vascos ganan peso en la recta final: su voto será decisivo en cada convalidación y eso les permite colocar en la agenda el despliegue del concierto económico o la gestión de la dependencia. En el Gobierno asumen que la relación se encarecerá conforme se acerque el 29N.

El PP y Vox ya han activado el discurso del ‘decretazo’ y del uso partidista del Boletín Oficial del Estado. La respuesta del Ejecutivo es de manual constitucional: un Gobierno no está en funciones hasta que pierde una investidura, y su capacidad reglamentaria es plena hasta la constitución de de las nuevas Cortes.

La comparación con 2019 resulta inevitable. Entonces, tras la repetición electoral de noviembre, el Ejecutivo de Sánchez se movió con criterios de contención y evitó decisiones de calado. Siete años después la lectura es la contraria: gobernar hasta el final y dejar hechos consumados en materia social.

Queda por ver si la aritmética resiste el desgaste. ERC y EH Bildu no siempre comparten los tiempos del PNV y Podemos ha convertido cada convalidación en una subasta de exigencias. Eso sí, el margen es amplio mientras el grupo vasco no mueva ficha.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la consigna es sencilla: cada decreto aprobado hasta el 29N es un titular de campaña y una prueba de gestión. La dirección federal evita el ruido interno y los barones, García-Page incluido, observan un calendario que refuerza a Moncloa y relega el debate territorial a la próxima legislatura.

El aterrizaje social es concreto. Los dos decretos de emergencia sobre vivienda despliegan medidas de alivio para inquilinos y jóvenes, un terreno donde el PSOE quiere pelear voto a voto frente al PP. La subida del SMI para 2027 toca a los asalariados con salarios más bajos: en comunidades gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra el impacto electoral del gesto es directo.

El riesgo también está identificado. Convalidar decreto tras decreto convierte la Diputación Permanente en un pleno de baja visibilidad pública, y ahí la oposición puede instalar la idea de un Gobierno desligado del control parlamentario. Cada norma aprobada en solitario es, además, una hipoteca para la próxima legislatura.

El próximo hito ya tiene fecha: el Consejo de Ministros de la semana que viene y la primera convalidación en la Diputación Permanente. El calendario manda.

🌹 El Apunte de Ferraz

• Mensaje fuerza: ‘El Gobierno gobierna’: blindaje de las políticas sociales frente al relato del bloqueo y la parálisis.
• Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
• Próximo hito: Convalidación de los reales decretos ya aprobados en la Diputación Permanente del Congreso.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? Los presidentes autonómicos del PSOE han lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, desahuciada de la casa madrileña en la que vivió setenta años, y han reclamado continuar la lucha por el acceso a la vivienda.
• ¿Quién está detrás? Salvador Illa (Cataluña), María Chivite (Navarra), Adrián Barbón (Asturias) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) han sido los barones que han reaccionado a la noticia.
• ¿Qué impacto tiene? La vivienda se consolida como eje de la agenda autonómica socialista y vuelve al centro del debate público sobre el alquiler y el parque público.

Los barones del PSOE han hecho de la vivienda su bandera este jueves, tras la muerte de Maricarmen Abascal, desahuciada en Madrid. Los presidentes autonómicos socialistas han lamentado el fallecimiento y han reclamado continuar la lucha para evitar que una situación así vuelva a repetirse.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde el pasado 23 de septiembre. Había salido de su vivienda en camilla, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, el día en que se ejecutó la orden de lanzamiento. Setenta años en la misma casa.

Del golpe de Illa a la exigencia de Barbón

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, ha asegurado que la muerte de Maricarmen ‘golpea’ y ha defendido que ‘nadie puede quedar indiferente’. ‘La política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que vuelva a repetirse. Descanse en paz’, ha señalado en un mensaje publicado en la red social X.

María Chivite, presidenta de Navarra, ha pedido que Maricarmen ‘no quede en un símbolo’ y ha recordado que, como ella, ‘muchas personas y familias sufren por la vivienda’. ‘Nuestra responsabilidad es transformar las cosas para que la ciudadanía tenga una casa en la que vivir y en la que también pueda terminar sus días en paz’, ha añadido en la misma red.

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, ha sido el más contundente: ‘Si algunas personas tienen conciencia, hoy deberían de estar muy arrepentidas de lo que han dicho y hecho’. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha trasladado su pésame y su apoyo a los familiares y allegados de Maricarmen y ha afirmado que son muchos los españoles que sienten este desenlace.

La vivienda deja de ser un expediente administrativo cuando un desahucio se lleva por delante setenta años de vida.

Cuatro barones, cuatro tonos y un mismo diagnóstico. Las reacciones llegaron de Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha, cuatro territorios con gobiernos socialistas, pero el mensaje se dirigía al conjunto del país. No era una condolencia al uso. Era un posicionamiento político.

Por qué la vivienda vuelve al centro del debate socialista

La vivienda lleva tres años instalada en el corazón del debate público español, y el PSOE ha hecho de ella una de sus señas de identidad. La Ley por el derecho a la vivienda fijó el marco estatal para limitar los precios en las zonas tensionadas y reforzar el parque público, y desde entonces cada comunidad autónoma ha desarrollado su propio modelo, con ritmos y acentos distintos.

El aterrizaje es desigual según el territorio. Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha han desplegado herramientas propias de intervención en el mercado del alquiler y de ampliación de la vivienda protegida, mientras otras comunidades gobernadas por el PP, según sostiene el argumentario socialista, han optado por no activar los instrumentos, que ya permite la norma estatal. Esa brecha territorial explica por qué los barones socialistas hablan de lucha y no de gestión.

Hay un precedente cercano. Las moratorias de desahucios activadas durante la pandemia demostraron que las administraciones pueden intervenir cuando la urgencia lo exige, y la ley estatal convirtió después esa excepcionalidad en un marco permanente. Lo que cambia ahora es el tono. Ya no se trata de gestionar un problema. Se trata de responder a una muerte.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la lectura es otra. La vivienda ocupa un lugar central en el discurso del partido desde el arranque de la legislatura, y la coincidencia de los cuatro barones encaja con una estrategia reconocible: llevar la iniciativa al terreno autonómico, donde se ejecuta la política, mientras el Congreso sigue tramitando las piezas pendientes. El Grupo Parlamentario Socialista mantiene abierta la vía de negociación con los socios, y el PP sostiene desde hace tiempo el argumento contrario, el del exceso regulatorio que tensiona el mercado. La respuesta socialista es siempre la misma: sin intervención pública no hay alquiler asequible.

El aterrizaje social tiene nombre y apellidos. Illa gobierna en Cataluña, donde la presión del alquiler lleva años en el centro de la agenda pública. Chivite lo hace en Navarra. Barbón, en el Principado de Asturias. Y García-Page administra una Castilla-La Mancha donde la despoblación añade una capa propia al problema. Cuatro modelos territoriales, un punto de partida común: la casa como derecho, no como mercancía.

Queda por ver si la reacción coral de este jueves se traduce en medidas concretas o se queda en la declaración. La próxima ventana es parlamentaria: las iniciativas de vivienda que siguen en tramitación necesitan mayoría y el Senado se ha convertido en el filtro habitual de la oposición. El PSOE sabe que la credibilidad de su discurso se juega ahí. Ninguna política social se sostiene solo con palabras.

🌹 El Apunte de Ferraz

• Mensaje fuerza: La vivienda como derecho y no como mercancía, con los territorios socialistas como punta de lanza de la agenda social.
• Protagonista: Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Catalunya), junto a Chivite, Barbón y García-Page.
• Próximo hito: Seguimiento de las iniciativas de vivienda en tramitación en el Congreso y en el Senado.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? Félix Bolaños ha acusado al PP y a Vox de ‘recortar el derecho’ al voto por correo por sembrar dudas sobre el proceso y ha reclamado al Tribunal Supremo que resuelva el fondo del censo antes de las elecciones del 29N.
• ¿Quién está detrás? El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en entrevista en Las Mañanas de La 1 de TVE. La Abogacía del Estado recurrió la cautelar; la Sala Tercera todavía delibera.
• ¿Qué impacto tiene? El voto postal lo usan trabajadores, estudiantes y personas con movilidad reducida. La suspensión del CERA afecta a los españoles en el exterior que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática.

Félix Bolaños ha acusado este jueves al PP y a Vox de recortar el derecho al voto por correo. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha llevado la denuncia a la entrevista matinal de TVE y ha reclamado al Tribunal Supremo que despeje el censo antes de las elecciones del 29N.

El ministro sostiene que la ofensiva contra el voto postal no responde a un debate técnico, sino a una estrategia de exclusión. Aquí estamos hablando de recortar otro derecho: el derecho al voto por correo’, ha asegurado en Las Mañanas de La 1, en una entrevista recogida por Europa Press e infoLibre.

Qué hay detrás de la ofensiva contra el voto por correo

Bolaños ha puesto nombre y apellidos sociales al perfil de quien vota por correo: trabajadores que cubren la jornada electoral, estudiantes que están fuera de casa, y personas con problemas de movilidad que prefieren acercarse a una oficina de Correos acompañadas. La derecha está hablando de recortar el voto a esta gente‘, ha apostillado.

El ministro recuerda que el voto postal existe en España desde hace décadas y que ‘no ha habido nunca ningún problema’ con él. Y pone el foco en la contradicción que, a su juicio, desmonta el relato: el PP gobierna once comunidades autónomas cuyos comicios se celebraron también con voto por correo. ‘Es muy delirante’, ha resumido.

El censo del 29N, el CERA y la cautelar que espera sentencia

El fondo del asunto es judicial. La Abogacía del Estado presentó en nombre del Gobierno un recurso contra la medida cautelar del Tribunal Supremo que suspendió el voto de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

Bolaños pide que la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre en ‘el fondo de la cuestión’ y no se quede en la cautelar. ‘No se puede ir a unas elecciones con un censo claramente alterado’, ha advertido, antes de subrayar que un pronunciamiento de este calado exige sentencia firme. Su petición es explícita: que el asunto ‘se solucione y se resuelva lo antes posible’.

La sospecha sobre el voto por correo no necesita pruebas para funcionar: le basta con instalarse a tiempo de que ningún recuento posterior la desmienta del todo.

El diagnóstico del ministro apunta a una estrategia importada. Los populares, a su juicio, están ‘comprando el discurso de la ultraderecha mundial’ y compiten con Vox por ver ‘quién la dice más gorda’. Bolaños enmarca el episodio en la ofensiva que la ultraderecha despliega ‘en todo el mundo’ contra la limpieza de los sistemas electorales.

La vía que defiende el Ejecutivo es la judicial. Bolaños sostiene que el censo no se toca con cautelares ni al margen de los tribunales, y que solo una sentencia firme permite corregir un registro que el Gobierno considera alterado. El calendario, en cambio, no espera: la cita del 29N está a menos de dos meses y la Sala Tercera no ha anunciado fecha de deliberación.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la denuncia se lee como un movimiento defensivo y ofensivo a la vez. Defensivo, porque blinda el relato de un Ejecutivo que se presenta como garante de los derechos electorales. Ofensivo, porque traslada al PP el coste de deslegitimar el voto postal en plena precampaña. Lo que observamos es un cambio de terreno: el Grupo Parlamentario Socialista deja de responder a las dudas ajenas y pasa a exigir explicaciones por sembrarlas.

El aterrizaje territorial es doble. Los once ejecutivos autonómicos del PP organizaron sus comicios con voto por correo, un argumento que el ministro utiliza como espejo. En el otro lado, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra o Cataluña sostienen sistemas equivalentes sin cuestionarlos. Y el CERA añade una capa más: para los españoles en el exterior, la vía postal no es una comodidad, sino la única forma razonable de ejercer el derecho.

No es la primera vez que el voto postal se convierte en arma arrojadiza. El 23 de julio de 2023, en las últimas generales, el voto por correo registró un volumen sin precedentes y el escrutinio quedó marcado por los reproches cruzados entre el Gobierno y el PP. Ahora el desenlace depende de un factor ajeno al debate político: el tiempo que tarde la Sala Tercera. Si no hay sentencia antes del cierre del censo, la cita del 29N arrastrará una sombra que ninguna mesa podrá despejar.

🌹 El Apunte de Ferraz

• Mensaje fuerza: El derecho al voto no se recorta con discursos: quien siembra dudas sobre el sistema señala a quienes votan por correo.
• Protagonista: Félix Bolaños (ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).
• Próximo hito: Pronunciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el fondo del censo CERA, antes del 29N.