Una vez celebradas las elecciones generales, la Fundación Nacional Francisco Franco ha decidido hacer leña del árbol caído y ha lanzado un dardo envenenado a las filas del Partido Popular, a quienes tilda de herederos del franquismo, mientras que muestra su satisfacción por los resultados obtenidos por Vox.
Los responsables de esta entidad dicen no tener ningún temor tras la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales del pasado domingo, pero al día siguiente de los comicios la Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo que no estimara el recurso de la Fundación contra la exhumación, ya que considera que no está legitimada como parte.
El Partido Popular (salvo dos de sus diputados) se abstuvo en la votación en la que se aprobó la exhumación de Franco el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados. La Fundación Francisco Franco señala que estos cambios se realizaron “sin la oposición de quienes han sido los herederos del franquismo”.
Para esta fundación, el resultado electoral “va a permitir, por fin, que muchos españoles tengan su voz en el Congreso”, en lo que parece una clara referencia a Vox, por lo que confía en que “se dé contundente respuesta” a “quienes, hasta ahora sin resistencia, tratan de cambiar la historia de la nación y sus protagonistas”.
Esto se estaría produciendo, en su opinión, “a golpe de una ley ideológica modificada a base de decretazo”, en referencia a las medidas legales que el Gobierno socialista tomó específicamente para llevar adelante la exhumación de los restos depositados en el Valle de los Caídos. Los diputados del Partido Popular, a los que la Fundación Franco llama “los herederos del franquismo” y Ciudadanos, no votaron en contra de la modificación de la Ley de Memoria Histórica para introducir el mandato de la exhumación del dictador. La Fundación Franco confía en que la entrada de Vox en el Parlamento dé una “contundente respuesta” a las decisiones del Gobierno socialista en este asunto.
El próximo diez de junio es el día señalado por el Gobierno para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Son los primeros deberes autoimpuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de afrontar las elecciones, pero previsiblemente lo hará todavía en funciones.
Sólo un día después de las elecciones, la Abogacía del Estado ha expuesto ante el Tribunal Supremo que, a su juicio, la Fundación Franco no está legitimada legalmente para pedir la suspensión del acuerdo que señala la fecha del 10 de junio. La Fundación considera que ejecutar la exhumación antes del pronunciamiento del Tribunal Supremo sería un delito de prevaricación. En cualquier caso, la Abogacía del Estado considera que la última decisión del Gobierno «no tiene siquiera contenido ejecutivo».
EL NUEVO GOBIERNO Y FRANCO
Los cálculos de los socialistas son supeditar los contactos con otras fuerzas políticas para sostener el nuevo Gobierno a que se conozcan los resultados de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo. De esta manera, las negociaciones políticas se desarrollarán bajo la sombra del destino final de los restos del dictador.
La última decisión del Consejo de Ministros, al decidir la fecha final de la exhumación y que los restos fueran trasladados al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, se produjo con la incógnita sobre qué color político tendría el Gobierno que se formara con el resultado de las urnas.
En el caso de que el Gobierno lo integraran los partidos que se han mostrado críticos con la medida, tendrían que haber aprobado un decreto que anulara el anterior, el que ordenaba la exhumación. El panorama que señalaban las encuestas entonces daban como probable un gobierno de derechas, con lo que todos adivinaban que no habría finalmente exhumación, independientemente de lo que decidiera el Tribunal Supremo al respecto.
Ahora que lo más probable es que sean los socialistas los que formen Gobierno de nuevo, la incógnita que queda por despejar es si tendrán el camino expedito. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tiene que resolver los recursos presentados contra la decisión final de exhumar los restos de Franco.
En primer lugar, tendrá que decidir si ordena la paralización cautelar de la exhumación antes de decidir sobre el fondo de la cuestión. Respecto a la posibilidad de que la Justicia ordene esta medida cautelar, el Gobierno considera que, en todo caso, la exhumación podría llevarse adelante sin que ese acto tuviera consecuencias irreparables.
Lo que sí se ha despejado es la incógnita de lo que sucedería en un escenario en el que a pesar de la victoria de la derecha, se llegara al 10 de junio todavía con un Gobierno socialista en funciones. El escenario político no es ahora el más favorable para los intereses de la familia Franco, puesto que este Ejecutivo en funciones no estaría a la espera de ser relevado por otro de diferente color.
El resultado electoral “va a permitir, por fin, que muchos españoles tengan su voz en el Congreso”, dice la Fundación.
Tampoco lo es en el terreno judicial, con la presentación de recursos ante las sucesivas decisiones del Gobierno. De hecho, esta entidad ha señalado tras las elecciones que su resultado “nada va a afectar” a la decisión del Tribunal Supremo sobre la exhumación.
De hecho, esta fundación sostiene que “nada teme del Gobierno mientras el asunto está sub judice”. La entidad recuerda que el propio Tribunal Supremo ya se ha pronunciado (en un recurso contra otro acuerdo anterior del Consejo de Ministros) en el sentido de que no se lleve a cabo la exhumación hasta que no se resuelvan los recursos en contra de la decisión del Gobierno.
La Fundación defiende que se ha pronunciado sobre el resultado electoral en lo que se refiere a las pretensiones del Gobierno de exhumar los restos de Franco y su entierro definitivo en un lugar no elegido por la familia, lo que considera relacionado con los fines de esta entidad.
