Pedro Sánchez no ha conseguido ser reelegido presidente del Gobierno tras la sesión de investidura. Los resultados del 28 de abril parecían asegurar un Ejecutivo de izquierdas, pero las diferencias durante la negociación con Unidas Podemos han complicado esta posibilidad. Todavía no está todo decidido, aunque el tiempo de descuento ya ha comenzado. De su talante negociador dependerá que se forme Gobierno o se convoquen nuevos comicios.
El 23 de julio, día en el que se realizó la primera votación fallida, se puso en marcha el reloj. Las formaciones tienen que ponerse las pilas antes del 23 de septiembre si quieren eludir la repetición electoral. Según el artículo 99 de la Constitución, tras no sacar adelante la investidura, se activan dos meses en los que será necesario seguir negociando.
Si después de ese periodo sigue sin haber un acuerdo, el 24 de septiembre, el Rey acompañado de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, disolverán las Cortes y convocarán nuevas elecciones en los próximos 47 días. Es decir, el próximo 10 de noviembre. Esta sería la tercera jornada electoral después del 28-A y 26-M en lo que va de año.
El plazo para repetir los comicios no es de 54 días, como sucede en unas elecciones ordinarias, sino de 47 debido a una modificación de la ley. En el año 2016, ante el peligro de que tocara votar en Navidad, se añadió una disposición adicional a la Ley Electoral que establecía que en los casos en los que la repetición fuera motivada por una investidura fallida, se convocarían siete días antes de lo preestablecido.
UNA NUEVA INVESTIDURA: LA RONDA DE CONTACTOS CON EL REY
Felipe VI ha decidido dar tiempo a los partidos políticos antes de convocar una nueva ronda de contactos. Así lo ha comunicado después de reunirse con Batet, quien le ha trasladado el resultado de la sesión de investidura. El monarca ha adoptado esta decisión ante la complicada situación que atraviesan actualmente las fuerzas parlamentarias.
El objetivo de retrasar la ronda, prevista previsiblemente para la primera o segunda semana de septiembre, es dejar margen a las formaciones para que continúen con su diálogo. Una vez pasado este periodo, Felipe VI se reunirá con los líderes y se establecerán varias posibilidades.
La primera es que puede proponer un candidato, que puede ser el mismo o uno nuevo. Aunque es improbable que esto suceda porque el PSOE con 123 escaños casi duplica al segundo partido más votado, el PP con 66. La otra opción, en caso de que no haya consenso, sería la de convocatoria directa de elecciones. El Rey ha indicado que durante este tiempo mantendrá “un contacto regular y permanente” con la presidenta de la Cámara baja.
Ese margen de maniobra que el Rey ha propuesto vendrá bien para calmar las aguas tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. De momento la guerra entre ambas formaciones continúa más activa que nunca. La última novedad ha sido el anuncio del Ejecutivo de cerrar la posibilidad de un gobierno de coalición con el partido de Pablo Iglesias.
Así lo ha afirmado la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien ha trasladado ahora la responsabilidad de no convocar nuevas elecciones a PP y Ciudadanos. Desde Podemos han pedido al PSOE negociar “en serio” durante el mes de agosto y han insistido en que para ellos la repetición electoral “no es una opción”.
LOS PROBLEMAS DE TENER PARALIZADO EL GOBIERNO
Mientras tanto, el Gobierno sigue paralizado. Los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde el año 2017 y también hay varias leyes, impuestos e instituciones que necesitan de un Ejecutivo estable para poder continuar con su actividad habitual. Una de las normas que no puede sacarse adelante es la del cambio climático.
El fracaso de la investidura ha vuelto a retrasar los trámites para aprobar la futura Ley del Cambio Climático. Su tramitación quedó interrumpida a principios de año cuando se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones. Y actualmente la norma se está viendo afectada por el bloqueo institucional. El tiempo corre en contra de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, y dificulta la premisa que se propuso el PSOE de liderar la lucha europea contra este problema.
El parón también afecta a la aplicación de impuestos, como el del diésel o la tasa google. Según el anteproyecto de Ley de los PGE 2019, se preveía añadir un tributo al diésel, pero de momento nadie ha confirmado si finalmente se aplicará o no. Esta incertidumbre afecta directamente a las empresas automovilísticas que están viendo cómo decrecen sus ventas ante el miedo de los clientes a tener que pagar más si eligen un coche diésel.
Algo parecido sucede con la tasa google. Nadia Calviño, ministra de Economía, ha asegurado que el Gobierno se plantea retomar esta medida, aunque para salir adelante necesita nuevamente la formación de un Ejecutivo. En cuanto a las instituciones que más necesitan la estabilidad gubernamental encabeza la lista el CNI. Por el momento Paz Esteban asume la dirección del centro en funciones, pero hasta que no haya Gobierno no se podrá asignar la persona que ocupará definitivamente el cargo.
