El magnate Juan Miguel Villar Mir ha dado un paso para no mancharse con la contaminación de Huelva. El empresario ha vendido Fertiberia, un grupo condenado por haber vertido durante décadas residuos tóxicos en las marismas de la ciudad andaluza, al fondo internacional Triton. Sobre el precio, aún no se ha aclarado nada, pero fuentes del mercado aseguran que la transacción ha ascendido a los 200 millones de euros. A pesar de la venta, la empresa de fertilizantes aún debe hacer frente a la titánica tarea de recuperar las marismas onubenses. Y costearla.
Según fuentes cercanas a la empresa, Villar Mir ha decidido vender el grupo Fertiberia para afrontar una deuda de 365 millones de euros que había contraído con el fondo Tyrus Capital. Pero esta operación también ha tenido lugar a pocos meses de que el Ministerio de Medio Ambiente dé una respuesta al plan presentado por Fertiberia para recuperar las marismas de Huelva. Este proyecto, criticado por numerosas asociaciones, pretende cubrir con 30 centímetros de tierra una ingente cantidad de residuos tóxicos y, en muchos casos, radiactivos.
La transacción aún no se ha hecho efectiva al cien por cien. Pero está a punto de ejecutarse. El grupo Fertiberia está condenado por haber contaminado las marismas de Huelva. La empresa incumplió reiteradas veces la concesión que le había hecho el Gobierno, razón por la que el Tribunal Supremo ha sentenciado al grupo a restablecer por completo las marismas onubenses. Las últimas mediciones realizadas en la zona han sido alarmantes. En algunos puntos de las balsas de fosfoyesos, la radiación superaba hasta seis veces los niveles recomendados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Tras la sentencia, la acusación ha solicitado que Fertiberia entregue una fianza de 65,5 millones de euros mientras se aclara cómo la compañía abordará su labor. El Ministerio de Medio Ambiente ya recibió la propuesta de la empresa de fertilizantes consistente en echar tierra por encima. Y se comprometió con el grupo ciudadano Mesa de la Ría a dar una respuesta en marzo de 2019. Sin embargo, las elecciones y la inestabilidad política han atrasado la decisión.
Expertos ecologistas coinciden en que la solución presentada por Fertiberia es la más barata e ineficaz posible. Aseguran que lo más probable es que el Ministerio de Medio Ambiente la rechace. Además, si establecemos una comparativa con un caso similar, ocurrido en Flix (Tarragona) se aprecia el elevado coste de descontaminar un paraje natural.
En este municipio tarraconense había una acumulación de 700.000 toneladas de residuos que Erkimia, del grupo Ercros (perteneciente a AIQBE, mismo lobby en el que está Fertiberia), había vertido. Recuperar la zona le costó a la empresa 200 millones de euros. En las balsas de fosfoyesos hay 120 millones de toneladas. Por lo que la regla de tres lleva a un coste de 35.000 millones de euros.
La venta de Fertiberia se produce en un momento delicado para la empresa. El grupo afronta un gasto extraordinario tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo que, por mucho que se alargue, es inevitable. Villar Mir anunció su intención de desprenderse de la compañía en febrero de este año, pero el proceso se ha alargado hasta agosto, cuando Triton se interesó por hacerse con la empresa de fertilizantes más importante de España.
Villar Mir lleva tiempo con un proceso de desinversión. El pasado mes de abril, el magnate vendió una participación del 49% de la empresa norteafricana Fertial (controlada desde 2005 por Fertiberia) a un potente grupo de Argelia llamado Sonatrach. Y ahora se ha lanzado con la venta de todo Fertiberia a un fondo norteamericano que tendrá que afrontar en parte las consecuencias de que la empresa haya contaminado las marismas de Huelva durante décadas.
Grupos ecologistas y Mesa de la Ría, la asociación que ha seguido más de cerca la problemática de los fosfoyesos en Huelva, acusan a Villar Mir de huir de las consecuencias de la Justicia.
«Mesa de la Ría advierte que detrás de esta operación se vislumbra una estrategia de Villar Mir para evitar los gastos de restauración de las balsas de fosfoyesos», ha destacado la asociación en una nota de prensa.
Para Mesa de la Ría, «el hecho de que el actual propietario (el fondo Triton) sea una empresa afincada en un paraíso fiscal, pone en riesgo la obligación de la sociedad de cumplir íntegramente con la sentencia judicial que la condenó a restaurar la marisma donde se vertieron 120 millones de toneladas de fosfoyesos».
