La libertad provisional para tres de los CDR acusados de terrorismo decretada por la Audiencia Nacional puso este viernes, junto con el levantamiento del veto al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al exconseller Toni Comín en el Parlamento Europeo, el broche de oro a una semana dorada para el independentismo catalán.
“Ganamos”, así de claro se mostró Gonzalo Boye, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont al poco de que los dos políticos fugados de la Justicia española recogieran sus acreditaciones provisionales como eurodiputados con la que inician los trámites para su admisión definitiva como parte del hemiciclo europeo.
Un acontecimiento que ocurría este viernes de forma paralela a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara que Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón y Xabier Buigas, tres de los miembros de los ERT (Equipo de Respuesta Táctica) de los Comités de Defensa de la República (CDR), podían gozar de libertad provisional, previo pago de una fianza de 5.000 euros.
Los magistrados consideraron que, a pesar de que existe un “elevadísimo índice de verosimilitud acerca de la intervención de los encausados en el hecho delictivo” y de la “relevante probabilidad de culpabilidad que concurre en el presente hecho”, ello no puede justificar de por sí la medida cautelar de prisión.
Una decisión que, según fuentes de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVOT) que ejerce la acusación popular en el caso, no sorprende después de que conocieran que el magistrado José Ricardo de Prada iba a formar parte del tribunal que tomara la decisión. Según señalaron dichas fuentes a MONCLOA.COM, de Prada “parece estar en nómina de los CDR y de todo lo peor de este país”.
SENTENCIA DEL TJUE
Dos buenas noticias para el soberanismo catalán que se unían al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que este jueves reconocía que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, debió gozar de inmunidad desde que fue elegido eurodiputado.
Una resolución que, aunque aún está por ver el alcance real que tiene sobre la situación de Junqueras, que se encuentra inhabilitado y cumpliendo una pena de prisión de 13 años por sedición y malversación, ya ha tenido consecuencias sobre los prófugos Puigdemont y el exconsejero Toni Comín.
Ambos fueron también elegidos eurodiputados en los comicios del pasado mes de mayo pero, ante el riesgo de ser detenidos, no recogieron el acta en España ni asistieron a la sesión constitutiva. El Parlamento Europeo (PE) les prohibió la entrada en sus instalaciones el pasado mes de octubre a raíz de la reactivación de la euroorden que pesa sobre ellos. Una decisión que el PE levantó este jueves tras la sentencia del TJUE sobre Junqueras.
Además, el tribunal de Luxemburgo anuló ayer la decisión de no conceder medidas cautelares como eurodiputados al expresidente Puigdemont y a Comín y pidió al Tribunal General de la UE (TGUE) que reexamine su decisión.
Pero las buenas noticias para el independentismo catalán comenzaron incluso antes de la emisión del fallo sobre Junqueras. Este mismo lunes la Justicia belga decidía aplazar hasta el tres de febrero la vista para la extradición de Puigdemont, Comín y Lluis Puig a la espera de conocer la sentencia del TJUE sobre el líder de ERC, que, finalmente, ha resultado favorable.
SENTENCIA CONTRA TORRA
Lo único que ha empañado esta semana gloriosa para el independentismo catalán ha sido la sentencia de inhabilitación que recayó este jueves contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ha condenado a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia después de que se negara a cumplir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de que retirara pancartas a favor de los políticos presos del balcón del Palacio de la Generalitat. Un fallo que el president ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo al tiempo que ha expresado que no confía en la justicia española.
LA HIPOCRESÍA DE PUIGDEMONT
Son muchos los que este viernes han dado cuenta en las redes sociales de la hipocresía de Puigdemont a su entrada en el Parlamento Europeo. Rodeado por una nube de periodistas, el expresidente catalán opinaba que en España se están “violando derechos fundamentales” y sentenciaba que “hay que cumplir las leyes”.
Una afirmación que no deja de resultar irónica teniendo en cuenta el nulo respeto que mostró el político cuando organizó un referéndum ilegal de independencia en Cataluña, contraviniendo todas las leyes nacionales, y con la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Unos hechos por los que decidió huir de España, conocedor de las consecuencias penales que, en aplicación de las leyes que ahora dice hay que respetar, podían recaer sobre él. De la misma forma que recayeron sobre otros líderes independentistas que no se marcharon del territorio y que ahora cumplen condena después de que les juzgara el Tribunal Supremo.
El mismo tribunal tiene pendiente, una vez concluya el plazo de cinco días que proporcionó a las partes para alegaciones, pronunciarse sobre el fallo del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y las consecuencias que tiene a su situación.
