Madrid ha firmado el convenio con el Gobierno y las universidades, un «chantaje» que costará cerca de 2.000 millones de euros a los madrileños durante los próximos 30 años para percibir una cantidad de 169 millones de euros, que se hubiera perdido en caso de no cerrar el acuerdo.
El consejero de educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha puesto los puntos sobre las íes a la hora de explicar el convenio. En un atril, con el logotipo del Gobierno de España, y con las banderas oficiales detrás, Viciana no se ha mordido la lengua a la hora de denunciar el atropello cometido por el Ejecutivo, que ha obligado a realizar el acto de la firma de forma presencial y no telemática, como había pedido la Comunidad de Madrid.
Al acto han acudido tanto Morant como los rectores de las universidades públicas de Madrid, pero las palabras de Viciana han desencajado literalmente el semblante triunfador de la ministra de Universidades. Viciana ha dejado claro que era necesaria dicha rúbrica para evitar perder 169 millones de euros, pero al mismo tiempo ha tildado de «chantaje» esta exigencia.
EL CHANTAJE DE MORANT A MADRID A COSTA DE LAS UNIVERSIDADES
Morant, visiblemente molesta por estas declaraciones de Viciana, se negó a la firma telemática, mientras que Viciana ha aprovechado la oportunidad para dejar claro la postura de Madrid. La cara de la ministra era un poema, según apuntan las fuentes consultadas y presentes en el acto.
La «cacicada», como ha definido Viciana el convenio, no solo ensucia el nombre de María Goyri, la genial profesora, sino que hipotecará los ingresos de la Comunidad de Madrid para hacer frente al gasto ya que se exige abonar los salarios de los profesores. Es decir, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vende las bondades de un convenio, mientras obliga a las Comunidades a pagarlo. Es como el que invita a la fiesta e insta a los invitados a abonar el ágape.
El Ministerio de Universidades miente cuando dice que la Comunidad de Madrid se comprometió en la reunión del 19 de junio a firmar este convenio
Todo ello, bajo el pretexto de contratar docentes en las seis universidades públicas de la Región. El acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades va a permitir contratar y estabilizar 1.091 plazas de profesor ayudante doctor para ampliar con el fin de mantener las plantillas de la Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica y Rey Juan Carlos. De esta forma, el Ejecutivo prescinde la figura del profesor asociado, un docente proveniente de la empresa privada.
EL CONVENIO DEJARÁ UNA HIPOTECA DR 2.000 M€
El plan prevé que el Ministerio paga el 60% de los sueldos durante seis años, con 665 plazas con una inversión de 169 millones, mientras que la Comunidad abonará el 40% restantes, equivalentes a 435 ayudantes y 112,3 millones. No obstante, el convenio va más allá de los seis años, obligando a la Comunidad a abonar el resto de las plazas durante ese tiempo y consolidando dichas plazas.
De esta forma, el Ministerio de Morant abonará 71 plazas en Alcalá, otras 81 en Carlos III, 56 en la Autónoma, mientras que la Rey Juan Carlos tendrá 165, con otras 231 para la Complutense. En la Politécnica serán únicamente 82. De esta forma, la vinculación entre la empresa privada y la universidad pública se quedará sin el puente del profesor asociado.
«El Ministerio de Universidades miente cuando dice que la Comunidad de Madrid se comprometió en la reunión del 19 de junio a firmar este convenio», ha afirmado Viciana, que recordó que la firma estaría avalada con condiciones para evitar una vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las comunidades del PP trataron de convencer a Morant para financiar el 100% del programa, pero Morant se negó a ello.
