La Abogacía del Estado apura los plazos para dar parte al Tribunal Supremo de su posición respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras. Se daba prácticamente por sentado que ese escrito iba a presentarse el pasado lunes 23. Sin embargo, los días han ido pasando y la Abogacía guarda silencio mientras hace encaje de bolillos para contentar a todas las partes con un informe que ha cobrado una inusitada relevancia.
De lo que diga ese documento depende que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente a comienzos ya del próximo año, después de que este jueves quedara descartado por tiempos la celebración de un pleno de investidura antes de 2020. Sánchez necesita la abstención de los trece diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para continuar en el Palacio de la Moncloa y los republicanos han sido claros: exigen un “gesto” de la Abogacía a su líder, condenado y encarcelado por sedición y malversación, para ceder.
Una exigencia a la que está dispuesto a ceder el socialista pero que a la Abogacía le está costando más tiempo del esperado. Con todos los ojos puestos en qué dirá y cómo lo dirá, este órgano estatal dependiente del Ministerio de Justicia tiene que cuidarse de, no solo contentar a Sánchez y ERC, sino no provocar un escándalo con un posicionamiento demasiado evidente con los intereses políticos y que se aleje de forma excesiva de la posición de la Fiscalía.
FISCALÍA: EJECUTORIAMENTE CONDENADO
El Ministerio Público presentó apenas horas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciara que Junqueras gozaba de inmunidad como eurodiputado electo desde que se conocieron los resultados de los comicios europeos, su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo. Una celeridad que muchos atribuyen a que la Fiscalía quería evitar presiones por parte del Gobierno como las que estaría recibiendo ahora la Abogacía del Estado.
Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena defendieron que «la inmunidad de desplazamiento no hubiera impedido, en ningún caso, la continuación del procedimiento hasta el dictado y ejecución de la sentencia. No está actualmente sujeto a medida cautelar alguna sino ejecutoriamente condenado».
De este modo, solicitaron a la Sala II del Tribunal Supremo que comunique “a la mayor brevedad posible” al Parlamento Europeo la situación procesal de Junqueras, condenado en firme, y que el remita la sentencia dictada contra él, a fin de que surta todos los efectos, incluido el de pérdida de su condición de europarlamentario.
DEFENSA: PUESTA EN LIBERTAD
Por su parte, la defensa de Junqueras se esperó a la pasada Nochebuena para pronunciarse sobre la resolución de TJUE. El abogado Andreu Van den Eynde exigió al TS, como cabía esperar, la inmediata puesta en libertad del líder de ERC y la nulidad de la sentencia del ‘procés’ dictada el pasado 14 de octubre.
ACUSACIÓN POPULAR: CUESTIÓN PREJUDICIAL
La acusación popular en el caso del ‘procés’, que ejerce el partido político Vox, también ha presentado su escrito al TS en el que piden que Junqueras continúe en prisión y “se declare su inhabilitación porque no existe ninguna causa que lo impida”.
Los de Santiago Abascal consideran que el fallo del TJUE se “encuadrada dentro del ámbito de las cuestiones prejudiciales, que, como puso de manifiesto también en sus conclusiones el Abogado General, ninguna trascendencia en el procedimiento que nos ocupa puede otorgársela, más allá que el meramente ilustrativo”.
SOLO QUEDA LA ABOGACÍA
Así pues, tanto Fiscalía como defensa y acusación popular han dejado ya clara su postura ante el TS, al que solo le falta escuchar a la Abogacía del Estado. El alto tribunal otorgó a las partes cinco días para pronunciarse sobre la resolución del TJUE. Un plazo que las fiestas navideñas han estirado hasta el próximo 2 de enero.
Con todo, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a MONCLOA.COM, el criterio de la Abogacía del Estado no vincula “en absoluto” al Supremo, que es quien, finalmente, tendrá que decidir lo que corresponda respecto al alcance real que tiene el fallo del tribunal de Luxemburgo en la situación de Junqueras.
EL GOBIERNO SE DESMARCA
La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, insistió esta semana en que la tardanza de la Abogacía del Estado nada tiene que ver con las presiones de ERC.
Robles aseguró en declaraciones en la Cadena Ser el pasado jueves que “los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimiento políticos”, a pesar de que la investidura de Pedro Sánchez se encuentra congelada hasta que se conozca el escrito de la Abogacía.
