La polémica concesión a Iberpistas (ahora Abertis) de la AP-6 llega a su fin, aunque con calma. El Gobierno tiene intención de llevar en las próximas semanas al Consejo de Ministros la fecha que ha esbozado en la que el tramo de peaje de la A-6 dejará de costar dinero a todos los españoles: el 18 de noviembre de 2029, tal y como aseguran fuentes interesadas a las que ha tenido acceso MONCLOA.COM. Es decir, 11 años más tarde de lo que debería haber sido, ya que el Ejecutivo de José María Aznar llevó a cabo una prórroga basada en una adjudicación ilegal (tal y como asegura una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo) de la concesión que ningún Gobierno posterior se ha atrevido a zanjar. Solo la perseverancia de Comisiones Obreras de Ávila y de la Asociación Ecologista Centaurea ha conseguido recortar los años de concesión. Y hoy, esta victoria agridulce se debe a ellos.
Iberpistas ha ganado mucho dinero con la concesión de la AP-6. Una media elevada, ya que los ingresos de 2016 superaron los 65 millones de euros. Es por eso que 50 años supieron a poco e Iberpistas y el Gobierno de Aznar llegaron a un acuerdo de prórroga de dicha concesión; concretamente entre 32 y 37 años más, algo que el Tribunal de Justicia Europea acabó por considerar ilegal por varias razones, como que las obras accesorias eran de un importe más elevado que la principal o que no fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero volvamos un poco más atrás.
«Serán 35 años de ignominia, desde que se adjudicó en 1999 esa concesión ilegal, que retratan a sucesivos y alternantes gobiernos de PP y PSOE avocados al servicio del lucro especulativo de las concesionarias de autopistas; retratan también a un Tribunal Supremo con la venda de la justicia ceñida en los ojos para ignorar el estado de Derecho, como se encargó de acreditar de form rotunda la justicia europea sobre cuestiones de fondo y de bulto gracias a la queja emitida a la Comisión Europea por la Asociación Centaurea y Comisiones Obreras de Ávila», ha asegurado el entonces presidente de Centaurea, Carlos Bravo.
El Gobierno quiso llevar a cabo en los años 90 nuevas obras en la AP-6. Ampliaciones de carriles, un túnel más (dentro del que atraviesa la Sierra de Guadarrama) y conectar vía autopista a Segovia y a Ávila con la nacional 6. Y fue entonces cuando Comisiones Obreras de Ávila, bajo la dirección de Santiago Jiménez Gómez y siendo Secretario de Medio Ambiente Carlos Tomás Rodríguez, y la asociación Centaurea, cuyo presidente era Carlos Bravo, comenzaron un titánico combate que les enfrentó a Iberpistas, al Gobierno y al propio Tribunal Supremo. Todo, por regular, primero, que las conexiones no se hicieran a través de parajes naturales y, segundo, para que se construyeran autovías gratuitas desde Ávila y Segovia, no autopistas de pago.
Enmarcado en todo esto, había un segundo hecho. Dentro de la nueva concesión que el Gobierno había lanzado casi a medida de Iberpistas se escondía un premio oculto que era mejor que el de construir las modificaciones: una prórroga de la concesión por más de treinta años que estaba «aparejada» al proyecto, según palabras de alguien cercano de Abertis. Algo que tanto Carlos Tomás como Bravo se dieron cuenta de la mano de su cabeza legal, Francisco Cenalmor.
Iberpistas consiguió la concesión de la AP-6 en 1968, lo que significaba que en 2018 el tramo de peaje de la nacional debía haber pasado a control del Estado. Pero en 1999, Aznar le dio una prórroga a esa concesión, lo que llevó a Comisiones Obreras de Ávila y a la asociación ecologista a plantar cara en los tribunales. El Supremo dio la razón al Gobierno, y lejos de amilanarse, Bravo y Carlos Tomás acudieron a Europa. Y esta vez, el TSJE dio la razón a CCOO y a Centaurea. La prórroga era ilegal y debía acabar en 2018.
Con la sentencia en la mano, los gobiernos sucesivos no hicieron nada. Bueno, sí, recortaron cinco años de la prórroga que había sido considerada ilegal por el Supremo. Esto es, de los entre 32 o 37 años, se restaban cinco. Y finalmente el Gobierno ha decidido que la concesión prorrogada de forma irregular a Iberpistas se acabe en noviembre de 2029. Todo un «éxito» agridulce que se le debe a Centaurea y a CC OO de Ávila ya que si no la compañía podría haber mantenido el peaje hasta nueva orden.
Pero para evitar que Iberpistas pierda dinero por estos errores cometidos por el Gobierno la administración pública indemnizará a la empresa por esos cinco año que le han recortado. Vamos, que los españoles abonarán esa diferencia por haber concedido esa prórroga que ha sido ilegal. Lo que a Bravo le resulta difícil de explicar es por qué si el TSJE ha considerado ilegal ese movimiento, no se le ha arrebatado el control de la AP-6 a Iberpistas cuando se debía, es decir, en enero de 2018. Algo a lo que aparentemente no hay respuesta. Al menos, ya se ha establecido un horizonte.
«Ahora que por la desdichada crisis sanitaria que estamos sufriendo renace el valor de lo colectivo, es el mejor momento de repasar los errores y obtener lecciones ineludibles de un pasado nada aleccionador, en el que los poderes públicos esquinaron sus finalidades para complacerse en la única finalidad de satisfacer el interés particular de un empresa privada», comenta Bravo.
