Unidas Podemos ya prepara su estrategia de marketing para el día después. El vicepresidente del partido morado, Pablo Iglesias, ya urde cómo actuará cuando la crisis sanitaria se disipe y empiece a imponerse la económica. Las voces deseosas de optimismo ya anuncian que la curva de infectados ha empezado a descender. Y Podemos ha comenzado a lanzar mensajes que acusan de manera velada al Ministerio de Sanidad por su mala gestión de la crisis del coronavirus. La primera en dar el golpe ha sido Irene Montero, quien ha reaparecido y ha culpado de la celebración del 8-M directamente a la cartera que gestiona el flamante ministro socialista Salvador Illa.
“Hicimos en todo momento lo que dijeron los expertos y la autoridad sanitaria”, ha declarado Montero tras superar el coronavirus. Un mensaje aderezado con otros similares que advierten de que ese mismo día se celebraron otros cientos de eventos a los que acudieron miles de personas. Pero en cualquier caso, la estrategia de Iglesias pasa por no asumir responsabilidades y derivarlas a Illa, casualmente un ministro socialista de la confianza del presidente, Pedro Sánchez.
Es evidente que lo que busca Podemos es no salir manchado. Iglesias espera que este asunto no le pase demasiada factura política y electoral, y el único modo es diferenciar a su partido del PSOE. Es decir, que culpará de la desastrosa gestión de la crisis del coronavirus de forma indirecta al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta Nadia Calviño y al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El Ministerio de Sanidad está en el centro. Para Podemos, las decisiones de celebrar la manifestación del 8 de marzo o el retraso en la toma de medidas contra el coronavirus es culpa de Illa (además de la compra de miles de tests rápidos defectuosos), y Montero ya lo ha dejado entrever este jueves en una entrevista. Pero las tensiones internas también han nacido por cómo abordar las medidas económicas destinadas a combatir las consecuencias de la crisis que sucederá a la sanitaria.
Calviño llegó a amenazar con dimitir durante uno de los primeros consejos de ministros de marzo. Es evidente que el Gobierno no tiene un criterio único y que Iglesias pide y exige medidas distintas a las que prevé asumir el PSOE. Esto llevará a que el hecho de que los alquileres se tengan que pagar de forma intacta o que los autónomos tengan que pagar su cuota este mes será un arma que en manos de Iglesias tratará de herir al PSOE. Y, sobretodo, salvar el posible impacto electoral que esto tenga en Unidas Podemos.
Sanidad advirtió de que solo habría uno o dos casos aislados de coronavirus en España. Pues bien, se han superado los 50.000 con creces y esto tendrá una repercusión para el Gobierno, ya que España se ha convertido en el epicentro de la pandemia.
Iglesias sabe que esto puede significar su salida de la política, al menos cuando acabe la legislatura. Es una posibilidad. Y no se quiere ir hundiendo a su partido. Ahora, el siguiente reto para el Gobierno pasa por seducir y mantener unidos a los partidos nacionalistas, claves para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, para garantizar la continuidad del Gobierno.
LA GUERRA FRÍA
Es por eso que Iglesias será discreto. Las acusaciones a Illa y a Calviño no serán en terreno abierto. Será una guerra fría que buscará desviar las críticas dirigidas a Podemos hacia los ministros socialistas, pero sin levantar una batalla mediática que evidencie la ruptura entre el partido de Iglesias y el PSOE.
Los más críticos que aún permanecen ligados a Unidas Podemos ya han empezado a cuestionar la gestión de su partido. Sin embargo, Iglesias tiene una actitud suficientemente seductora, por decir algo, como para que esas críticas no salgan del partido de forma abierta. Solo a través de un goteo al que hay que acceder con suma discreción.
Aún así, Iglesias sabe que esto tendrá un desgaste importante para Unidas Podemos, ya tocado en las últimas elecciones y sin buenas previsiones en los sondeos electorales. Ahora Podemos quiere hacer como hizo Sánchez entonces, una campaña prematura desde el Gobierno plagada de medidas sonadas que evidencien que están con los trabajadores.
