El Gobierno ha respondido a los grupos parlamentarios que preguntaron por las investigaciones judiciales relacionadas con el Rey Juan Carlos que, «como no puede ser de otra manera, se continuará colaborando con las autoridades judiciales cuando estas lo requieran en las investigaciones ya iniciadas, tanto por ellas como por la Fiscalía».
En una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Ejecutivo justifica esta actitud en que es «consciente de la importancia de la transparencia y de la necesidad de seguir confiando en las instituciones del Estado».
El Gobierno ha remitido respuestas idénticas a los parlamentarios de ERC y de Junts que preguntaron por la investigación iniciada por la Fiscalía de Suiza entorno a las fundaciones Lucum y Zagatka en relación con el supuesto cobro de comisiones ilegales –de en torno a 100 millones de dólares–, vinculadas a las obras del AVE Medina-La Meca.
Las preguntas se registraron unos días antes de que se publicase que el Rey Felipe VI figuraba como beneficiario de esas fundaciones. Esa información se conoció el 15 de marzo y ese mismo día la Casa del Rey comunicó que Felipe VI había renunciado a la herencia personal de su padre y a cualquier estructura financiera que no cumpliese criterios de «rectitud e integridad».
En su respuesta, el Gobierno sí valora esta decisión del actual jefe de Estado como «respetable y contundente, que supone una declaración de confianza en las instituciones.
SI HAY DUDAS SOBRE LA INMUNIDAD, DECIDEN LOS JUECES
Por otro lado, en cuanto a la inmunidad del Rey emérito, señala que las inmunidades están definidas en la Constitución y que «en caso de duda, corresponde a los jueces y tribunales definir su alcance.
Además, añade que «cabe señalar que el Gobierno no emite opiniones relativas a decisiones de los Tribunales ni de la Fiscalía» porque lo impide «el más escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, así como a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, principio esencial en todo Estado democrático de Derecho.
Así, el Ejecutivo no responde a la petición de los diputados de que valore la investigación de la Fiscalía suiza ni a si piensa instar a la Fiscalía General del Estado española a investigar al Rey Emérito –la Fiscalía Anticorrupción ha pedido información a Suiza–, ni a si piensa investigarlo el propio Gobierno.
Tampoco responde a si el Gobierno español ha recibido alguna petición de colaboración del suizo ni a si algún miembro de la Casa del Rey ha contactado con el Gobierno español por este asunto.
