Ciudadanos quiere obligar por ley al Gobierno a habilitar antes de final de año la posibilidad de contar con dos potencias eléctricas diferentes a lo largo de 12 meses para aquellas actividades agrícolas y ganaderas estacionales.
Para ello, la formación naranjas han introducido una modificación de una disposición final de la Ley del Sector Eléctrico para introducir un plazo concreto para esta medida dentro de sus enmiendas al proyecto de ley con medidas urgentes para el campo, derivado del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero.
En esta enmienda, recogida por Europa Press, Cs fecha el desarrollo reglamentario de este tipo de contrato para antes del 31 de diciembre de 2020, sin que los precios del término de potencia provoquen aumento de las tarifas «siempre que la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema».
Pese a que la ley aprobada en 2018 para paliar las consecuencias de la sequía contemplaba la posibilidad de disponer de dos potencias, esta formación justifica este plazo ante la ausencia de avances al respecto, pese a haber transcurrido dos años desde su entrada en vigor.
PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES
Por otro lado, Cs también quiere modificar el apartado del proyecto de ley reservado a la publicidad de las sanciones, con el fin de seguir un criterio similar al que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), y apostando por publicar .
Así, apuestan por publicar «la realización de inspecciones, la incoación de expedientes sancionadores, las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares, las resoluciones que pongan fin a los procedimientos y, en su caso, las sentencias judiciales recaídas sobre ellas».
El texto original del decreto ley, que ya está en vigor, recoge la publicidad periódica de «las resoluciones sancionadoras impuestas por infracciones graves y muy graves en materia de contratación alimentaria que hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial».
Defendiendo la «imprescindible publicidad periódica de las normas y sanciones que tengan lugar», Ciudadanos apuesta por «no causar daños innecesarios a la reputación de los operadores interesados», y aclarar que «los acuerdos y actos administrativos publicados no son definitivos y tienen por objeto la vigilancia del mercado y la investigación de los hechos, sin que presupongan una condena o sanción para las partes interesadas».
