EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno ha arrancado los trabajos técnicos para acortar los plazos de expulsión de los migrantes que no cumplan los requisitos de asilo, hoy fijados en un máximo de doce semanas.
- ¿Quién está detrás? El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que llevará la propuesta a la Unión Europea el 1 de octubre, y el ministro Ángel Víctor Torres, que negocia nuevos emplazamientos con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
- ¿Qué impacto tiene? La reforma busca agilizar los retornos y, en paralelo, habilitar plazas para las 3.500 personas que aún duermen en la calle en la ciudad autónoma.
El Gobierno prepara una reforma para acortar los plazos de expulsión de migrantes y busca plazas en Ceuta para 3.500 personas. Los trabajos técnicos ya han arrancado y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladará la propuesta a sus socios europeos la próxima semana.
La reforma persigue un objetivo preciso: reducir de forma sustancial los plazos administrativos y judiciales que hoy fijan en doce semanas la resolución de los expedientes de protección internacional. El Ejecutivo ha pedido ya a la Abogacía del Estado y a los técnicos de los departamentos implicados una primera propuesta legal.
Sobre la mesa está el Pacto Europeo de Asilo y Migración. El ministro Ángel Víctor Torres lo resumió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes: ‘El plazo máximo son unas 12 semanas para tener el expediente concluido, pero desde el Gobierno de España vamos a intentar acortar al máximo ese plazo, incluso con las modificaciones legislativas que sean necesarias’.
El criterio de fondo no es nuevo. Marruecos figura como país seguro en la normativa estatal y comunitaria, lo que permite denegar de forma prioritaria las solicitudes de quienes proceden de allí. ‘La mayoría responde que sí, que solicita asilo. Pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a él porque son marroquíes y no cumplen los requisitos’, subrayó el ministro.
Qué cambia en el procedimiento y por qué el Gobierno quiere acortarlo
El itinerario vigente es garantista y largo. Arranca con el triaje en el Centro de Atención Temporal (CATE) de las naves del Tarajal, con toma de huella dactilar y entrevista personal. Después llega el expediente de la Policía Nacional y la Oficina de Atención al Refugiado, un trámite que se prolonga de media entre dos y tres semanas.
La normativa estatal de asilo, recogida en el Boletín Oficial del Estado, exige después el pronunciamiento de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. A partir de ahí se abre la vía judicial: diez días hábiles para recurrir y otras dos o tres semanas de trámite. En total, casi tres meses.
Acortar plazos no es acortar derechos: es evitar que un procedimiento desbordado convierta la excepción en rutina.
Lo que sostiene el Ejecutivo es que la práctica totalidad de quienes cruzaron la frontera del Tarajal lo hicieron por motivos económicos y serán devueltas a Marruecos. El retorno, eso sí, no será inmediato: mientras el expediente siga vivo, el Estado está obligado a dar acogida.
Ceuta, las 3.500 personas sin techo y el pulso con Vivas
En paralelo, el Gobierno busca emplazamientos para las 3.500 personas que siguen durmiendo a la intemperie en Ceuta desde finales de julio. La cifra desborda las previsiones oficiales: hace apenas tres semanas, el propio presidente del Gobierno daba por suficientes las 6.000 plazas ya habilitadas para dar cabida a todo el mundo.
No ocurrió así. Las carpas del Puerto, que el pasado viernes acogieron a 1.700 personas, apenas han aliviado zonas críticas como las playas del Trampolín o de Benítez. La respuesta de las administraciones, admiten los departamentos implicados, se ha vuelto a quedar corta.
Con ese horizonte, el Ejecutivo negocia con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ampliar los emplazamientos previstos en el decreto de actuaciones, aunque la tensión política creciente con el PP, y el desacuerdo de la ciudad autónoma con el recinto del Puerto complican el pacto. El compromiso es habilitar nuevos espacios la próxima semana, sin descartar ampliar la capacidad de los ya existentes.
El Eje del Poder Socialista
La lectura estratégica que se desprende de Ferraz es inequívoca: España no puede ser el único país que absorba la presión migratoria sin una respuesta europea a la altura. Ese es el mensaje que Marlaska llevará a Luxemburgo el próximo 1 de octubre, en el Consejo de Justicia y Asuntos Internos, con una petición que ya trasladó la semana pasada al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner: cambios legislativos que permitan agilizar los procedimientos en crisis migratorias.
El argumentario que maneja el partido insiste en una idea. La reforma no toca el derecho de asilo: acorta la burocracia de un sistema que se colapsa precisamente cuando más rápido debería responder. La oposición, en cambio, ha convertido Ceuta en un campo de batalla política antes que institucional.
El aterrizaje territorial es el punto más delicado. La ciudad autónoma soporta en solitario un operativo que desborda sus servicios públicos, con un clima social que los departamentos implicados describen como irrespirable. Ferraz reclama solidaridad interterritorial y europea, y sostiene que el reparto de responsabilidades no puede recaer siempre sobre los mismos territorios.
Un precedente pesa sobre este debate. La crisis de la frontera del Tarajal de mayo de 2021 ya demostró que los plazos administrativos se convierten en un problema de Estado cuando la llegada es masiva, y que la respuesta exclusivamente policial no resuelve nada. Lo que observamos ahora es un intento de atacar el cuello de botella por la vía normativa, con un riesgo evidente: cualquier modificación legislativa exige mayoría parlamentaria.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Gestión migratoria ordenada y garantista, con dimensión europea: España no puede cargar sola con lo que corresponde a toda la UE.
- Protagonista: Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) y Ángel Víctor Torres (ministro y negociador con Ceuta).
- Próximo hito: Consejo de Justicia y Asuntos Internos del 1 de octubre en Luxemburgo.
