El partido político Iustitia Europa, que presenta candidaturas al Congreso y el Senado por la circunscripción de Madrid para las elecciones del 29N, ha interpuesto dos nuevos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra sendos acuerdos de la Junta Electoral Central de 5 de noviembre de 2026, solicitando en ambos procedimientos la adopción urgente de medidas cautelarísimas, inaudita parte, ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. IE presenta recursos con el Censo de Residentes en el Extranjero y contra el uso del DNI digital aprobado por la Junta Electoral el pasado 4 de noviembre.
Ley de nietos
Iustitia Europa denunció en junio ante la Junta Electoral Central (JEC), el 28 de junio, las consecuencias electorales de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y de la Instrucción de 25 de octubre de 2022. Tras recurrir el acuerdo de la JEC, el Tribunal Supremo adoptó el 10 de septiembre medidas cautelares en el procedimiento 1013/2026, posteriormente confirmadas mediante Auto de 12 de octubre frente a los recursos de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La formación advirtió entonces de que las situaciones censales de quienes habían pasado del CERA al censo de residentes en España (CER), así como determinadas inscripciones de descendientes comprendidos en el Anexo III, podían comprometer la eficacia de las medidas judiciales. El Tribunal Supremo consideró que estas cuestiones excedían del objeto del recurso inicial.
Iustitia Europa trasladó entonces su petición a la Junta Electoral Central, que, mediante acuerdo de 5 de noviembre, remitió la controversia a los procedimientos judiciales pendientes sin resolver materialmente las comprobaciones solicitadas. Esta situación ha obligado a Iustitia a interponer un nuevo recurso, solicitando la suspensión cautelar de los efectos electorales de las inscripciones afectadas mientras se comprueba individualmente su regularidad.
Luis María Pardo, presidente de la formación explica que «conseguimos que el Tribunal Supremo adoptara medidas cautelares para proteger el censo. Ahora exigimos que esas medidas sean efectivas. Si determinados electores del CERA tienen suspendidos cautelarmente sus efectos electorales, debemos impedir que esa protección quede vacía mediante su incorporación al CER o a través de inscripciones derivadas pendientes de comprobación».
«El Supremo nos indicó que estas nuevas situaciones quedaban fuera del recurso inicial. Acudimos a la Junta Electoral Central y tampoco resolvió el problema. Hemos tenido que presentar otro recurso. No vamos a permitir que la falta de actuación administrativa deje sin eficacia una resolución judicial», añade Pardo.
La formación insiste en que sus actuaciones se circunscriben a los efectos electorales de las inscripciones censales, con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos afectados.
Recurso contra el DNI digital
En el segundo recurso, Iustitia Europa impugna el acuerdo de la Junta Electoral Central que levanta la suspensión de MiDNI como medio de identificación electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, manteniendo suspendida la aplicación MiDGT. La formación lleva desde agosto promoviendo actuaciones ante la JEC para esclarecer las garantías técnicas de la identificación digital.
La Junta Electoral Central (JEC) acordó el 26 de marzo suspender la utilización de ambas aplicaciones ante las dudas sobre la seguridad de la verificación de identidad. Sin embargo, el 5 de noviembre ha levantado la suspensión de MiDNI tras recibir garantías del Ministerio del Interior sobre la disponibilidad de lectores.
Iustitia considera que la existencia de lectores no acredita por sí sola la seguridad operativa del procedimiento electoral y denuncia que sigue sin disponer de un protocolo completo que determine cómo deberán actuar las mesas ante las posibles incidencias. ¿Qué sucede si falla la conexión, se agota la batería del dispositivo, el lector no funciona o el sistema no permite completar la verificación? ¿Quién decide y conforme a qué instrucciones? ¿Qué garantías existen de que todas las mesas actuarán de manera uniforme?
La formación solicita al Tribunal Supremo la suspensión cautelarísima de la autorización de MiDNI, con carácter inmediato, para preservar la seguridad jurídica y la normalidad del proceso electoral. Luis María Pardo declara que «la Junta Electoral Central levanta la suspensión porque Interior asegura que habrá lectores QR. Pero un lector no es un protocolo electoral. ¿Qué hará el presidente de una mesa cuando falle la verificación? ¿Quién asumirá la responsabilidad? Estamos hablando de unas elecciones generales, no de un experimento tecnológico».
Además, añade Pardo que «la identificación de los electores exige garantías acreditadas, instrucciones claras y procedimientos uniformes. A estas alturas, la improvisación es inaceptable». Iustitia considera que la proximidad de las elecciones exige una respuesta judicial urgente, puesto que la celebración de la votación puede comprometer la eficacia práctica de una eventual sentencia favorable. En ambos procedimientos se han solicitado medidas cautelarísimas para que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse antes del 29 de noviembre.
Luis María Pardo concluye que «Las elecciones se protegen antes de abrir las urnas. Después puede ser demasiado tarde. Llevamos meses advirtiendo de estos problemas, presentando denuncias y consiguiendo resoluciones judiciales. Vamos a llegar hasta el final para defender la transparencia electoral y el derecho de todos los españoles a unas elecciones con garantías».
