El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha registrado ante el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco una solicitud para que se revise de forma inmediata la utilización de efectivos de la Ertzaintza durante los descansos de determinados partidos en San Mamés, para acompañar a vigilantes de seguridad privada en la localización de espectadores fumadores en el estadio, algo prohibido por la Ley Antitabaco y que contempla multas entre 30 y 600 euros.
Según la información trasladada al sindicato por agentes de la Ertzaintza que han participado en estos dispositivos, se estaría ordenando a los ertzainas abandonar temporalmente sus cometidos para desplazarse al interior del estadio de San Mamés junto a vigilantes privados. No se trataría de intervenciones ante alteraciones del orden, agresiones o incidentes que requieran presencia policial, sino de un acompañamiento preventivo y aparentemente reiterado, no una circunstancia temporal.
Ertzainas para buscar fumadores
Si.P.E. deja claro que no cuestiona el cumplimiento de la normativa antitabaco. Lo que cuestiona es que recursos policiales públicos se destinen de manera preventiva a acompañar a la seguridad privada en una actuación que, inicialmente, puede desarrollarse dentro de sus propias funciones.
La propia solicitud presentada por el sindicato recuerda que la legislación de seguridad privada atribuye a los vigilantes funciones de vigilancia y protección de establecimientos, lugares y eventos, así como la realización de comprobaciones y prevenciones para evitar infracciones relacionadas con el objeto de su protección.
Además, estas actuaciones se producirían durante el descanso de los partidos, precisamente uno de los momentos de mayor concentración y movimiento de espectadores en los anillos interiores del estadio. «La Ertzaintza está en San Mamés para garantizar la seguridad de miles de personas, no para convertirse en acompañante ordinario de la seguridad privada del estadio».
Para Si.P.E., esta práctica puede exponer innecesariamente a los agentes a insultos, provocaciones o situaciones de confrontación, al mismo tiempo que esos efectivos dejan de estar disponibles para otros cometidos del dispositivo.
El sindicato exige al Departamento de Seguridad que aclare quién solicitó esta actuación, quién la autorizó, quién decidió incorporarla al dispositivo y qué criterio operativo y de seguridad pública la justifica. Asimismo, Si.P.E. reclama conocer si la medida responde a una petición del Athletic Club, de la empresa responsable de la seguridad privada del estadio o de cualquier otra entidad. «La seguridad pública no puede ponerse al servicio rutinario de necesidades ordinarias de una entidad privada sin una justificación operativa clara», añaden desde el sindicato.
Si.P.E. pide transparencia
El sindicato ha solicitado formalmente acceso a la información pública al amparo de la Ley 3/2026, de Transparencia de Euskadi, reclamando, entre otras cuestiones, conocer desde cuándo se realiza esta práctica, en cuántos encuentros se ha llevado a cabo, cuántos ertzainas se destinan específicamente a esta función, cuántas personas han sido identificadas y cuántas denuncias se han formulado. También reclama copia de las órdenes, instrucciones, protocolos o planificaciones que sustenten esta actuación y, si se trata de una instrucción verbal, que se identifique quién la estableció y bajo qué criterio operativo.
Desde Si.P.E. consideran especialmente necesario «revisar esta práctica en un contexto en el que la Ertzaintza necesita disponer de todos sus efectivos para atender las necesidades reales de seguridad pública. Los recursos de la Ertzaintza son recursos públicos y deben estar destinados prioritariamente a las necesidades policiales».
Por tanto, Si.P.E. exige al Departamento de Seguridad que revise inmediatamente esta actuación, determine su necesidad y proporcionalidad y delimite claramente las funciones de la seguridad privada y de la Ertzaintza. «La Ertzaintza debe intervenir cuando exista una necesidad policial. La Ertzaintza no debe convertirse en la seguridad privada de la seguridad privada», explican.
