EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta al frente de la División de Derechos Civiles, ha dimitido. El fiscal general, Todd Blanche, aceptó la salida en un comunicado difundido en redes sociales.
- ¿Quién está detrás? La noticia la adelantó Bloomberg Law. Dhillon sostiene que decidió marcharse tres semanas antes de las elecciones del 3 de noviembre y que esperó a petición de la jefa de Gabinete, Susie Wiles.
- ¿Qué impacto tiene? Es la primera baja de peso tras la debacle electoral republicana. La doctrina que imprimió a la división fija el listón de cumplimiento para las filiales estadounidenses de empresas españolas.
Harmeet Dhillon dimite como jefa de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y se convierte en la primera baja de peso de la administración Trump tras la debacle electoral republicana.
La salida la adelantó Bloomberg Law y la confirmó el fiscal general, Todd Blanche, en un mensaje en redes sociales. ‘Hoy he aceptado la dimisión de la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, que ha dirigido la División de Derechos Civiles con convicción durante los últimos 18 meses’, escribió. Añadió que ha defendido ‘las libertades civiles de todos los estadounidenses’ y ha aplicado la ley ‘sin miedo ni favoritismo’. El Departamento, dijo, le agradece su servicio público.
Dhillon se apresuró a desmontar la lectura más obvia: que se marcha por el resultado de las urnas. ‘No me han pedido que dimita’, declaró a Fox News Digital. ‘Dimití hace tres semanas y Susie Wiles me pidió que esperara a que pasaran las elecciones de medio mandato’. Wiles es la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, el cargo que ordena la agenda presidencial y controla el acceso al Despacho Oval. Según la carta que el medio obtuvo, la dimisión se formalizó por escrito a finales de octubre.
En año y medio al frente de la división, Dhillon la reorganizó de arriba abajo. Pasó de supervisar derechos electorales y de vivienda a concentrarse en la Segunda Enmienda, la libertad religiosa, las denuncias de discriminación en las admisiones universitarias y la oposición frontal a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, el acrónimo inglés de los programas de diversidad en empresas y universidades). ‘Lo cambiamos, y a eso vinimos. Y ya está hecho’, resumió.
El coste interno de esa reingeniería fue notable. Cientos de funcionarios abandonaron la división durante su mandato. Ella lo describió sin paños calientes: ‘Creo que hubo algo de negación y tuvieron sesiones de llanto juntos. Francamente, fue impactante para ellos’. La división perdió masa crítica de abogados en pleno giro doctrinal.
Queda la pregunta que sobrevuela todas las salidas de esta administración. ¿Pedirá Trump un perdón preventivo si el próximo Congreso abre investigaciones? ‘No tengo ni idea. Nunca lo he hablado con él ni lo he pedido’, respondió. ‘No he hecho nada, en mi opinión, que lo requiera, pero eso depende del presidente’.
La primera dimisión de la era postelectoral no la provoca una derrota: la firma alguien que considera su agenda ya cumplida.
Cientos de bajas y un giro que aterriza en las filiales españolas
La doctrina que Dhillon deja instalada no depende de su firma. La División de Derechos Civiles es la unidad del Departamento de Justicia que interpreta las leyes federales de no discriminación aplicables a los empleadores, incluidos los extranjeros con plantilla en Estados Unidos. Su lectura del ‘colorblindness’ —la tesis de que la ley no puede distinguir por raza ni siquiera para corregir desigualdades— se ha convertido en el estándar con el que los abogados laboralistas revisan los programas de diversidad. Quien la sustituya heredará ese marco y también los expedientes abiertos.
Eso tiene traducción española. Santander, BBVA, Iberdrola —a través de Avangrid—, Inditex, Ferrovial y, Telefónica operan en EE. UU. con plantillas propias y con políticas de diversidad que han pasado a revisarse con lupa. El mercado estadounidense absorbe alrededor de 18.000 millones de euros de exportaciones españolas al año y es una de las plazas exteriores más relevantes para la banca española. Un cambio de criterio en Washington no es un debate abstracto: obliga a reescribir manuales de cumplimiento y a documentar cada criterio de contratación.
En el plano interno, la incógnita es la sucesión. La Casa Blanca necesita un nombre que recoja el testigo doctrinal sin abrir un frente con el ala moderada del Partido Republicano, y el calendario no ayuda: el nuevo Congreso se constituye en enero de 2027 y con él llegan las peticiones de documentación y las comparecencias. La primera dimisión suele marcar el tono de las siguientes.
La Lógica de Washington
Visto desde Washington, la salida de Dhillon no es una fuga: es la conclusión de un encargo. La administración se propuso en 2025 devolver la División de Derechos Civiles a lo que el movimiento jurídico conservador considera su mandato original —igualdad ante la ley, libertad religiosa, Segunda Enmienda— y desmontar lo que describe como ingeniería social.
El precedente no es Trump: es el Departamento de Justicia de Reagan, cuando Edwin Meese empujó la lectura originalista de la Constitución y reorientó la sección de derechos electorales en los años ochenta. Cuatro décadas después, la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 contra las políticas raciales de admisión en Harvard dio a esa doctrina su anclaje judicial.
La coalición que sostiene el giro es identificable: la sociedad Federalist, los despachos de litigio religioso, las asociaciones de padres y los demandantes asiáticoamericanos que impugnaron Harvard. Y su electorado, que ve en la DEI un sistema de reparto racial, responde a esa agenda. Dhillon no ejecutó una ocurrencia: ejecutó un programa con cuarenta años de rodaje.
Para España, la lectura práctica es de cumplimiento. Las filiales estadounidenses de grupos españoles deberán acreditar que sus criterios de selección y promoción son neutros y revisar los objetivos de diversidad heredados de la etapa anterior. El Gobierno español no tiene palanca directa sobre cómo interpreta el DOJ su propia legislación civil; lo que sí está en su mano es anticipar criterio a las compañías con presencia en el mercado americano.
La incógnita del análisis es la durabilidad. Una división que ha perdido a cientos de abogados en 18 meses tarda años en reconstruir memoria institucional, y buena parte de sus tesis depende de tribunales que aún no se han pronunciado. La próxima ventana clave será enero de 2027, con el Congreso ya constituido y el sucesor o sucesora sentado en el despacho. Washington no pide permiso. Tampoco espera.
Ficha del Caso
- El caso: Harmeet Dhillon deja la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia tras reorientarla contra la DEI y hacia la libertad religiosa y la Segunda Enmienda. Es la primera salida de alto perfil después de las elecciones de medio mandato.
- Datos clave: Dimisión aceptada por el fiscal general Todd Blanche; 18 meses al frente de la división; cientos de funcionarios salidos durante su mandato; decisión comunicada tres semanas antes del 3 de noviembre y formalizada por escrito a finales de octubre.
- Para España: el estándar de cumplimiento que fija la división afecta a las filiales estadounidenses de Santander, BBVA, Iberdrola, Inditex, Ferrovial y Telefónica, en un mercado que absorbe alrededor de 18.000 millones de euros de exportaciones españolas al año.
