La Junta de Andalucía, desde su sede de Sevilla, inspeccionará 26.656 viviendas protegidas para detectar fraude, impagos y alquileres turísticos irregulares.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno ha aprobado un plan de inspección para el periodo 2026-2028 sobre todo el parque protegido andaluz y AVRA revisará 26.656 pisos en 2027.
- ¿Dónde y quién? La actuación abarca las ocho provincias andaluzas y la ejecuta la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ente dependiente de la Consejería de Vivienda.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Quien ocupe una vivienda protegida sin cumplir los requisitos, la subarriende o cobre por encima del precio máximo autorizado se expone a la apertura de un expediente.
El parque público de vivienda andaluz está formado por 216.482 inmuebles, y de ellos la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ente dependiente de la Consejería de Vivienda, gestiona alrededor de 75.000. Es ahí donde se concentra el esfuerzo: la agencia ha diseñado un plan de actuación para 2027 que alcanzará a 26.656 pisos. Un volumen casi idéntico al desplegado a lo largo de este 2026.
La decisión no se queda en la agencia. El Consejo de Gobierno —el órgano ejecutivo autonómico que se reúne cada semana en Sevilla— ha aprobado un plan de inspección para el periodo 2026-2028 que se extiende a la totalidad de las viviendas protegidas de la comunidad, no solo a las de titularidad pública. El acuerdo persigue tres objetivos: evitar que haya pisos protegidos desocupados, garantizar que accedan a ellos quienes cumplen los requisitos legales y detectar incumplimientos en su utilización.
Un plan trienal sobre 216.482 viviendas protegidas
El texto aprobado pone el foco en dos supuestos que llevaban tiempo en el punto de mira de los servicios de inspección. El primero, las viviendas protegidas explotadas como alojamientos turísticos. El segundo, las operaciones de compraventa o alquiler en las que se aplican precios superiores a los máximos autorizados. Ambos aparecen de forma expresa en el acuerdo y justifican una revisión pensada para ser sistemática, no solo reactiva.
Todo esto se apoya en la Ley de Vivienda de Andalucía, aprobada en 2025 y en vigor desde este año. El nuevo plan la toma como punto de partida y engancha con las actuaciones de ejercicios anteriores: la fiscalización no arranca de cero, se apoya en el trabajo ya realizado en las promociones más conflictivas.
La cifra que mejor mide el alcance es la de los 26.656 inmuebles que AVRA revisará a lo largo de 2027. En esas promociones se verificará la ocupación real y el uso del inmueble, y se abrirán negociaciones de deuda con quienes arrastran recibos pendientes. La agencia mantiene así la línea de los últimos años, centrada en comprobar quién vive en cada piso y en qué condiciones lo hace.
Andalucía no sostiene un parque público de vivienda para dejar pisos cerrados ni para alimentar alquileres turísticos: cada inspección busca devolver un inmueble protegido a quien lo necesita.
Dos velocidades de inspección: promociones de riesgo y normalizadas
El procedimiento se divide en dos velocidades. En las promociones de especial riesgo o conflictivas se incide en la verificación de la ocupación y del uso, además de la negociación de la deuda acumulada. Es el terreno donde se concentran los impagos prolongados y los indicios de subarriendo.
En las promociones normalizadas se añade un seguimiento de indicadores de correcto uso y mantenimiento de la inversión, junto a la gestión de la morosidad, la venta y el apoyo a la tramitación de expedientes de gestión jurídica. El control deja de ser puntual y pasa a ser continuo: no se trata solo de detectar al infractor, sino de identificar el deterioro antes de que se convierta en un problema mayor.
Para el inquilino que cumple, el mensaje es tranquilizador. La inspección no busca desalojar a nadie que esté en su derecho, sino ordenar un parque que soporta una presión creciente. Eso sí, quien opera al margen de la norma se expone a expediente, a la pérdida de la protección y, en los supuestos más graves, a la vía judicial.
La Lectura Andaluza
Andalucía tiene el parque de vivienda protegida más extenso de España y, al mismo tiempo, una de las demandas sociales más intensas. Ahí está la paradoja que explica este plan. En ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, la presión del alquiler turístico ha tensado el mercado residencial hasta límites que hace una década eran impensables, y cualquier piso con protección pública se convierte en un activo codiciado. Que la Junta cierre el cerco sobre 216.482 inmuebles es la respuesta administrativa a esa tensión.
El valor de proximidad es evidente para miles de familias. Cada vivienda que se libera de un uso irregular vuelve a la lista de quienes esperan. Y cada euro de deuda que se regulariza aligera la cuenta de una agencia que gestiona 75.000 inmuebles con recursos limitados. En provincias donde la lista de espera no baja, recuperar un piso ocupado indebidamente equivale a atender a una familia que llevaba meses aguardando respuesta.
El calendario marca los próximos pasos. El plan trienal se extiende hasta 2028 y AVRA ejecutará en 2027 las 26.656 inspecciones anunciadas. El seguimiento de los resultados corresponderá a la Consejería de Vivienda y al Parlamento de Andalucía, donde la vivienda figura entre los asuntos de mayor carga política de la legislatura. Y conviene no perder de vista un detalle: en una tierra donde el acceso a un techo es la primera preocupación de muchas familias, cada piso recuperado cuenta más de lo que parece.
