EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Policía Canaria ha incorporado al caso Quórum Social 77 el volcado del móvil de la directora del centro Fortaleza I, en Bandama (Gran Canaria), con listas de menores y de técnicos denunciantes enviadas a un contacto al que describe como «santero».
- ¿Quién está detrás? La investigada es Aroa del Pino Quintana, directora del centro; la causa la instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria y la asociación Quórum Social 77 gestiona el recurso.
- ¿Qué impacto tiene? El informe apunta a un delito de odio y a encargos esotéricos contra menores tutelados, funcionarios y técnicos que alertaron al juzgado, en un centro financiado con fondos públicos.
El móvil de la directora de Fortaleza I guarda listas de menores y de técnicos denunciantes enviadas a un «santero».
Las listas salieron del teléfono de Aroa del Pino Quintana, responsable del centro de menores migrantes que la asociación Quórum Social 77 gestiona en Bandama, en Gran Canaria. Lo recoge el informe que la Policía Canaria (el cuerpo de seguridad dependiente del Gobierno de Canarias) elaboró sobre su terminal e incorporó a la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos malos tratos a chicos tutelados. Los agentes leen esos mensajes como encargos.
Qué dice el informe: nombres, insultos y encargos
El 13 de septiembre de 2024, la policía autonómica tomó declaración a un menor del centro a petición del jefe de servicio de la Dirección General de Protección a la Infancia. Esa misma noche, entre las 20.24 y las 20.26, la directora escribió a un contacto guardado como ‘Padrino’ el nombre de ese jefe, el del menor, el de una funcionaria del Ejecutivo canario —«esta es la zorra que nos odia»— y el de otro chico que había denunciado una semana antes. Los investigadores describen a ‘Padrino’ como el santero con el que mantiene una estrecha amistad y concluyen que, «mediante su creencia en prácticas de santería», hacía encargos para maldecir a quienes la delataban.
La lista se repitió el 17 de octubre de 2024, tres semanas después de que la Fundación Canaria de Juventud IDEO —la entidad que supervisaba las medidas judiciales de libertad vigilada (el régimen por el que un menor cumple fuera del centro con seguimiento de un técnico)— denunciara los hechos ante el juzgado de guardia. A las 8.14, la directora envió a ‘Padrino’ los nombres de dos de esos chicos, que figuran después como víctimas en la causa, y los de las dos técnicas de la fundación que seguían sus medidas en el Centro de Medio Abierto de Gran Canaria. De una escribió que era «la hija de puta mayor». Los encargos también señalaban a los funcionarios que auditaban su trabajo.
En mayo de 2025, la segunda de esas técnicas comunicó por correo a la policía que un joven al que seguía en el centro no le había contado los golpes porque la directora le había ordenado callar. El hilo venía de lejos. El 13 de marzo de 2024, poco antes de la medianoche, la responsable de Fortaleza I avisó a ‘Padrino’ de que otro menor la había denunciado y añadió: «estos se callen la boca».
El 21 de marzo, el contacto respondió con un audio en el que, según la transcripción policial, hablaba de provocar a los chicos para que reaccionaran y así poder «hacer todo el daño» sin quedar expuestos ante el juzgado. Ella contestó: «sí así es cómo vamos» y «ganar». Semanas después, el 11 de junio, escribió que iría «a comprar los animales»; el 16 de julio, que «los corazones de paloma hacen efecto». El informe enlaza esas prácticas con las peticiones contra trabajadores y menores.
No son rituales abstractos: son nombres de niños concretos, de funcionarios concretos y de técnicos concretos.
Dentro de ese mismo teléfono aparecen, según los agentes, «numerosos» mensajes en los que la directora se refiere a los chicos como «ratas» o «mierdosos», con expresiones racistas que la policía incorpora a los indicios de un delito de odio, uno de los que investiga el juez. El 9 de noviembre de 2024 escribió a un educador, Abderrahim El Meziani, también investigado: «Tener a las 10 mañana fuera las ratas». Los agentes sostienen que, cuando había una inspección de la Fiscalía, la dirección sacaba del centro a primera hora a los menores, técnicos, y funcionarios que podían quejarse.
La autoría no ofrece dudas para los investigadores, porque los textos salen del terminal intervenido en su detención, el 19 de mayo de 2025. Aroa del Pino Quintana está investigada desde entonces, no declaró ante la policía y no ha dado su versión ante el juez. Su defensa recurrió el volcado del móvil y el juez desestimó el recurso. ‘Padrino’ no está identificado ni investigado.
De la denuncia de IDEO a una instrucción que sigue abierta
La causa arranca de las denuncias cruzadas de la fundación que seguía las medidas judiciales y de los propios chicos, y desembocó en la detención de la directora y de la presidenta de la asociación, Delia García García. El sumario sigue abierto, sin fecha de cierre conocida, y el juez aún debe decidir si practica nuevas diligencias antes de concluir la instrucción, paso previo a un posible juicio oral ante la Audiencia Provincial. En paralelo, el departamento autonómico que supervisa los centros de protección aparece dentro de los propios mensajes: sus funcionarios son parte de la lista.
Ese es el punto incómodo. Fortaleza I es un recurso concertado, es decir, financiado con fondos públicos y gestionado por una entidad privada bajo la tutela de la comunidad autónoma. La supervisión pública dependía, sobre el papel, de las mismas personas a las que la directora señalaba. El relato se sostiene solo.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna desde 2023 en coalición: Coalición Canaria y PP sostienen al Ejecutivo de Fernando Clavijo, con el PSOE en la oposición. La versión de la Consejería responsable de infancia no consta en la información publicada hasta ahora sobre el informe. El recorrido parlamentario del asunto es previsible: la oposición puede reclamar comparecencias en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias (la Cámara autonómica, con 70 escaños), y el calendario juega en contra del Ejecutivo, porque la legislatura termina en mayo de 2027, cuando están convocadas las próximas elecciones autonómicas.
No es un caso aislado en el mapa de la tutela de menores migrantes. Canarias comparte con Ceuta y Melilla, las otras dos regiones cubiertas que asumen competencias de protección sobre menores llegados solos, un esquema de gestión concertada en el que la supervisión pública se delega en entidades privadas. La misma lógica, escalas distintas. En las tres, el control administrativo depende de inspecciones con recursos limitados y de las denuncias de terceros: aquí fueron una fundación de medidas judiciales y una técnico con nombre y apellidos.
Lo que viene después se decide en dos frentes. En el judicial, la instrucción continúa y el juez deberá resolver si imputa a más responsables de la asociación o del departamento autonómico. En el administrativo, la Dirección General tiene en su mano revisar el concierto y los protocolos de inspección del centro. La incertidumbre principal sigue siendo la misma: ‘Padrino’ no está identificado, de modo que la parte más opaca del relato —a quién se encargaba qué— queda sin cerrar.
Ficha Autonómica
- El caso: El informe policial sobre el móvil de la directora de Fortaleza I, en Bandama (Gran Canaria), recoge listas de menores, técnicos y funcionarios enviadas a un «santero» junto a insultos y referencias a prácticas esotéricas.
- Datos importantes: Causa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria; detención el 19 de mayo de 2025; mensajes entre marzo de 2024 y mayo de 2025; indicios de delito de odio; centro gestionado por Quórum Social 77 con fondos públicos.
- Resumen: La directora no ha declarado ni ante la policía ni ante el juez, su defensa perdió el recurso contra el volcado del teléfono y la instrucción sigue abierta sin fecha de cierre.
