Sánchez regresa este viernes a Valencia para hacer de la DANA su arma electoral contra el PP, con el caso Ábalos abierto.
El acto llega con un giro de guion que nadie esperaba en Ferraz. El líder del PSOE vuelve a los mítines de precampaña ante unos 2.500 militantes, rodeado de la cúpula valenciana al completo: la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant; la secretaria de Organización federal, Rebeca Torró; y la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé. La operación judicial que apunta a Ábalos se ha cruzado en el camino.
Un mitin con la DANA y Ábalos en la misma sala
La UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el cuerpo que investiga la corrupción económica) ha irrumpido en la precampaña con registros en Adif, una entrada en el domicilio valenciano de José Luis Ábalos, y la detención de su pareja. También ha caído Cristian Corvillo, el ex chófer de Sánchez en la gira de primarias de 2017. Para el PSOE es la vuelta de un fantasma; para el PP, la prueba de que el discurso de la ejemplaridad caduca.
Fue en la Comunidad Valenciana donde se estrenó el gobierno conjunto de PP y Vox, en mayo de 2023, cuando Mazón pactó con Vox para presidir la Generalitat. De allí salieron dos presupuestos sostenidos con concesiones, incluso después de que Vox dejara el Consell en 2024. «Fue aquí donde comenzaron los pactos de la ignominia entre PP y Vox», proclamaba el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell.
El PP no piensa regalar el marco. La portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz, lo resumía ante los militantes de Alicante: «Sánchez viene a utilizar el dolor de la dana». Y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, añadía la réplica que interesa en Génova: «Pedro Sánchez estará en Valencia y tendrá que dar explicaciones sobre Ábalos, por qué lo cesó y lo dejó en listas, y su relación con Cristian Corvillo».
La DANA dejó de ser solo una tragedia el día en que ambos partidos entendieron que también era un argumento electoral.
La DANA como arma electoral y el lastre del expresident Mazón
La denuncia de la gestión de la DANA del Consell de Mazón es lo que ha aupado a Pilar Bernabé a encabezar la candidatura al Congreso. Fue la cara del Gobierno central antes, durante y después del 29 de octubre de 2024, y desde ese atril construyó el relato que el PSOE repite ahora: la «indignidad» del entonces president, que tardó un año en dimitir.
Ese contraste es la pieza central del mensaje socialista. El martes, con la dimisión de Óscar Puente sobre la mesa, el PSOE reforzó la idea de que «no todos los políticos son iguales». Del otro lado, Mazón se fue de la Generalitat un año después de la tragedia, con las familias de las 234 víctimas mortales reclamando su salida en cada puerta.
Hoy conserva el escaño 98 en las Corts Valencianes y cobra 634 euros como portavoz del grupo popular en la comisión de Reglamento, que no se ha reunido en toda la legislatura. El PSOE denunció además que ha percibido 1.900 euros en kilometraje pese a tener coche oficial como expresident. Su condición de diputado le mantiene aforado, lejos del juzgado de Catarroja, hasta que la cámara se disuelva, como tarde a finales de marzo.
La instructora, Nuria Ruiz Tobarra, elevó un escrito razonado al TSJ para imputarle y no lo consiguió; tampoco ha logrado que declare de forma voluntaria. En septiembre acordó la cuarta prórroga de la instrucción, que terminará el 30 de abril y aún podría ampliarse. La jueza nunca ha atribuido responsabilidad al expresident, aunque la Generalitat señaló en su día a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Las familias de las víctimas han apelado directamente a Feijóo para que lo expulse del partido y le reclame el acta. Les indigna, además, que Susana Camarero —vicepresidenta del Consell y responsable de las residencias donde murieron once personas— encabece la lista al Senado.
El Escenario Valenciano
En la Generalitat, el pacto de PP y Vox sigue en pie con Juanfran Pérez Llorca al frente desde diciembre de 2025 y dos presupuestos aprobados en el haber de la coalición. Compromís y el PSPV denuncian una doble vara de medir: la cámara que mantiene a Mazón aforado es la misma que sostiene a un Consell que rechaza cualquier responsabilidad propia en la catástrofe. El PP ha convertido al expresident en un asunto de gestión interna: no le retira el acta, pero tampoco lo exhibe.
La dimensión nacional es difícil de exagerar. El Congreso lleva meses discutiendo la reconstrucción y la respuesta del sistema de protección civil, con el Gobierno de Sánchez reclamando a la Generalitat que ejecute los fondos transferidos y el Consell respondiendo que llegan tarde y condicionados. La comparación con otros desastres —la riada de Biescas de 1996, las inundaciones de Murcia de 2012— deja siempre la misma pregunta: quién manda cuando el agua sube.
Quedan dos calendarios. El judicial expira el 30 de abril, cuando la instrucción de Catarroja pierda la prórroga o la renueve por quinta vez. El político depende de la disolución de las Corts, como tarde a finales de marzo: decidirá si Mazón vuelve a una lista o si el PP lo recoloca en la Diputación Permanente, un movimiento que el partido ve arriesgado. En medio, las ayudas pendientes y las familias que esperan.
Ficha del Caso
- El caso: Sánchez convierte la DANA en eje de su mitin de precampaña en Valencia mientras la UCO reactiva el caso Ábalos con registros en Adif y detenciones.
- Datos importantes: 2.500 militantes; escaño 98 de Mazón y 634 euros por una comisión sin reunir; instrucción prorrogada hasta el 30 de abril; 234 víctimas mortales.
- Resumen: la reconstrucción pasa de emergencia a arma electoral, con el expresident aforado hasta la disolución de las Corts.
