EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Unión Europea retira de su lista de sanciones a los multimillonarios Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman, ambos vinculados a Rusia, a instancias de Francia y Luxemburgo.
- ¿Quién está detrás? París empujó la salida de Usmanov y Luxemburgo la de Fridman. Letonia se opone frontalmente y ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Ministros.
- ¿Qué impacto tiene? Las sanciones sobre 3.000 personas y entidades expiran a medianoche de este martes si los Veintisiete no cierran un acuerdo unánime para prorrogarlas 36 meses.
La Unión Europea ha retirado de su lista de sanciones a los multimillonarios Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman, una decisión impulsada por Francia y Luxemburgo que ha abierto una brecha entre los Veintisiete a pocas horas de que expiren las medidas contra Rusia.
Las sanciones —congelación de activos y prohibición de viaje— alcanzan a unas 3.000 personas y entidades vinculadas al Kremlin y decaen a medianoche de este martes si los Estados miembros no acuerdan una prórroga unánime. La propuesta que había sobre la mesa era clara: extenderlas durante 36 meses más, tres años adicionales de castigo económico a la maquinaria rusa. El precio, sin embargo, ha resultado ser otro.
Francia y Luxemburgo fuerzan la salida y Letonia se planta
El primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, ha rechazado frontalmente el intercambio. ‘Prorrogar las sanciones durante 36 meses sería la medida adecuada. Sin embargo, el precio a pagar por ello no debe consistir simplemente en eliminar a estas dos personas de la lista. Letonia no puede aceptar tal oferta’, escribió en la red social X a última hora del lunes.
Kulbergs ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Ministros para este martes y ha asegurado que Riga colaborará con Bruselas y con París para encontrar una salida que encaje con sus intereses. La respuesta letona no es un órdago aislado: los países bálticos llevan cuatro años defendiendo que la unidad sancionadora es su principal escudo frente a Moscú.
La maniobra francesa ha sorprendido a los socios comunitarios. París se sumó este mes a Eslovaquia para presionar por el levantamiento de las sanciones a Usmanov, el empresario de origen ruso-uzbeko al que la UE había señalado por su cercanía al Kremlin. Luxemburgo exigió entonces el mismo trato para Fridman, de nacionalidad rusa, en una negociación que fuentes diplomáticas describen como un intercambio de favores entre capitales.
Bruselas no ha cedido por convicción: ha cedido porque París y Luxemburgo han convertido la prórroga de las sanciones en moneda de cambio.
Detrás de la postura francesa late un episodio que tres diplomáticos europeos trasladaron a agencias internacionales la semana pasada: Azerbaiyán habría presionado a París después de detener al menos a dos ciudadanos franceses, y el país galo habría respondido flexibilizando su posición sobre Usmanov. Un alto diplomático azerbaiyano rechazó esas afirmaciones el viernes. El Gobierno francés no ha confirmado ni desmentido el relato.
El frente jurídico de los oligarcas y la factura de Luxemburgo
Los dos oligarcas han impugnado las sanciones y han emprendido acciones legales para intentar levantarlas. Fridman reclama 16.000 millones de dólares a Luxemburgo en un litigio que ya ha llegado a arbitraje, y diplomáticos de la UE señalan que el Gran Ducado argumentó que su defensa podría debilitarse si se mantuvieran las sanciones contra Usmanov mientras caían las suyas. Es, en esencia, una jugada defensiva disfrazada de gesto político.
La paradoja es evidente. Luxemburgo, uno de los Estados más pequeños del bloque, ha puesto contra las cuerdas un consenso que se construyó en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Aquel primer paquete de sanciones se aprobó en tiempo récord y con una unidad que hoy se resquebraja. Los Veintisiete pueden consultar el marco vigente en la página oficial de medidas restrictivas del Consejo de la UE.
El Eje del Poder Europeo
La votación de este martes mide algo más que dos nombres. Mide la capacidad del eje francoalemán para arrastrar al resto cuando uno de sus miembros se descuelga, y mide también el precio que los frugales del norte y los bálticos están dispuestos a pagar por mantener el régimen de sanciones intacto. Letonia, Estonia y Lituania, repiten desde 2022 que la unidad es su principal escudo frente a Moscú; París, en cambio, ha jugado la carta de los intereses propios.
Para España la decisión no es neutra. Las empresas españolas que operan en Rusia o con socios rusos llevan cuatro años reordenando cadenas de suministro, y cada fractura de los Veintisiete alarga la incertidumbre jurídica sobre qué activos y qué contrapartes siguen bajo la lupa europea. Moncloa, que hasta ahora ha respaldado las renovaciones sin fisuras, se enfrenta a un dilema: apoyar la prórroga con los ojos cerrados o respaldar a Letonia y tensionar la relación con París.
El precedente pesa. En las negociaciones de los sucesivos paquetes, Hungría ya utilizó su capacidad de bloqueo para arrancar exenciones en sectores sensibles. Lo que hace ahora la maniobra de Francia y Luxemburgo es abrir una segunda vía: la de los países que no bloquean, pero negocian indultos individuales a cambio de su firma. Ese modelo, si cuaja, debilita el principio de que la lista de sanciones no se trocea.
La lectura a medio plazo es incómoda para Bruselas. Si la UE cede por dos oligarcas, cada Estado con un interés particular en proteger a un sancionado tendrá argumento para exigir lo mismo en la próxima renovación. La unanimidad, que fue la garantía del régimen sancionador, se convierte en su punto débil. Bruselas lo sabe y por eso busca una fórmula que salve la prórroga sin dejar documentada la concesión.
A medianoche se sabrá si los Veintisiete han salvado la prórroga o si el régimen de sanciones se desmorona por primera vez desde 2022. La próxima cita es la reunión de emergencia del Consejo convocada para este mismo martes; de su resultado depende también la credibilidad de la UE ante Kiev.
