Carles Hernández compareció este martes en el Parlament y desmontó la versión oficial de Interior sobre la asamblea docente del 6 de mayo. El jefe de la comisaría general de información de los Mossos d’Esquadra avaló la presencia de dos agentes en aquel encuentro: fue, subrayó, una labor ‘exclusivamente preventiva’.
La comparecencia se produjo ante la comisión del Parlament que investiga la infiltración de agentes en movimientos sociales y el supuesto espionaje político. Y dejó una escena incómoda: el mando policial defendiendo lo mismo que su consellera, Núria Parlon, había calificado días antes de ‘error operativo grave’ y por lo que pidió disculpas públicas al colectivo docente.
Hernández sostuvo que la presencia de las dos mossas ‘no estaba relacionada con funciones de policía judicial’ y que, por tanto, ‘en ningún caso se trató de una acción encubierta o de una infiltración’. El objetivo era recabar información para diseñar el dispositivo policial más adecuado: conocer riesgos, evaluar posibles amenazas y anticipar alteraciones del orden público durante la huelga educativa.
Qué defendió Hernández y qué dejó sin responder
‘La información es una herramienta de protección de los derechos’, argumentó ante los diputados. Las dos agentes, añadió, se limitaron a ‘entrar sin mentir’ y a escuchar sin interferir en el desarrollo de la asamblea. Una labor que, según su versión, se rige por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Sí reconoció que fue ‘una acción policial mal planificada y ejecutada’. La frase admite dos lecturas. La primera: el error estuvo en la forma, nunca en el fondo. La segunda: si la propia cúpula admite una planificación defectuosa, alguien debería asumir consecuencias. Hernández no entró en la segunda.
Ni la consellera supo del operativo ni el operativo necesitaba su permiso: así se sostiene una cadena de mando que solo se mira cuando algo se rompe.
También negó que ni Parlon ni el anterior director de la Policía, Josep Lluís Trapero, conocieran la actuación, y descartó cualquier consigna política. El detalle no es menor. Si la consellera no sabía nada, su disculpa pública se apoyó en un relato que su jefe de información no comparte.
ERC, Comuns y la CUP hablan de desautorización
Las palabras del comisario cayeron mal en la bancada. ERC, Comuns y la CUP coincidieron en que su testimonio desautoriza a la consellera y en que faltó autocrítica. La mayoría de los grupos considera que Interior no puede pedir perdón a los docentes por la mañana y avalar el operativo por la tarde. Hernández replicó que en ningún caso había pretendido contradecir a Parlon.
En paralelo, Interior ha archivado la investigación interna abierta por este caso, al concluir que no hubo vulneración del orden jurídico vigente. No es el final de la historia. Un juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona mantiene abiertas tres denuncias presentadas por sindicatos por supuesta vulneración de derechos fundamentales.
La cadena de mando que el Govern prefiere no mirar
El episodio tiene una lectura política que va más allá del 6 de mayo. Parlon es una consellera de perfil político; Hernández, un mando de carrera. Cuando el segundo corrige en sede parlamentaria a la primera, lo que se rompe no es una relación personal: es la ficción de que la dirección política del cuerpo controla lo que hacen sus unidades. Cabe recordar que Trapero, hoy señalado como ajeno al operativo, construyó buena parte de su biografía pública en ese mismo terreno, el de la distancia entre la cúpula de los Mossos y quien gobernaba en el Palau de la Generalitat.
La consellera anunció más ‘filtros’ y un mayor control sobre este tipo de actuaciones. El anuncio suena razonable y, al mismo tiempo, revela el problema: si hace falta crear filtros internos es porque hoy no existen o porque no funcionan. En una conselleria que gestiona la seguridad pública de ocho millones de personas, esa es la parte incómoda del expediente.
Hernández insistió en que ‘no se obtiene información para limitar derechos, todo lo contrario’. La frase, leída en frío, describe a una policía que vigila para proteger. Leída con el expediente delante, describe a una policía que decidió por su cuenta entrar en una asamblea sindical sin que lo supiera su responsable política. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Ninguna de las dos tranquiliza.
Las comisiones parlamentarias de investigación rara vez cierran con responsabilidades nítidas: su mandato es político, no judicial, y sus conclusiones no vinculan a nadie. Los procedimientos judiciales, en cambio, avanzan con o sin acuerdo de los grupos.
El coste se mide también en la agenda. Si el grupo de ERC reclama otra comparecencia, el Govern llega a esa cita sin margen para una segunda versión interna sobre el mismo operativo. En materia de seguridad, la coalición no puede permitirse dos relatos simultáneos.
El dossier sigue vivo por dos vías que no se coordinan entre sí. El Parlament cerrará sus conclusiones cuando la comisión agote las comparecencias; el juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona seguirá a su ritmo, sin calendario político que lo apure. El próximo hito relevante no está en el Palau, sino en los juzgados.
