António Costa quiere nuevos recursos propios de la UE para financiar el próximo presupuesto comunitario sin cargar más a las capitales. El presidente del Consejo Europeo ha convertido la ampliación de la cesta de ingresos propios en el eje real de su ronda de contactos con los Veintisiete.
La gira de las 25 capitales y un calendario que no admite retrasos
Durante cuatro semanas, Costa ha pasado por 25 de las 27 capitales europeas. Solo ha faltado a dos citas: Estocolmo, por la neutralidad sueca ante su proceso electoral, y La Haya, por problemas de agenda de Rob Jetten. Oficialmente, la ruta servía para pulsar prioridades en seguridad, competitividad y ampliación. En la práctica, el asunto que ha centrado las conversaciones ha sido otro: el Marco Financiero Plurianual, la norma que fija cuánto gasta la UE y en qué durante siete años.
El portugués ha expuesto su propuesta sin rodeos en una entrevista con Politico. Pasa por crear impuestos europeos en sectores donde hoy no recauda nadie: las emisiones contaminantes, las empresas digitales, las criptomonedas y los cigarrillos electrónicos. ‘Necesitamos una cesta, un equilibrio suficiente entre todos los Estados miembros’, ha argumentado. La lógica es fácil de explicar y muy difícil de ejecutar: si la UE ingresa por sí misma, las transferencias nacionales bajan y ningún ministro de Finanzas tiene que justificar el aumento en su Parlamento.
Conviene recordar de qué hablamos. Los recursos propios son los ingresos que la UE recauda directamente: aranceles, un porcentaje del IVA y una contribución calculada sobre la renta nacional bruta de cada país. Todo lo demás lo ponen las capitales. Ampliar esa cesta exige unanimidad en el Consejo y, después, ratificación en los 27 parlamentos nacionales. Un solo ‘no’ tumba el paquete entero. El texto consolidado de la decisión vigente puede consultarse en EUR-Lex.
Austeridad del norte contra las cuentas ambiciosas de Madrid y París
El ministro español Carlos Cuerpo firmó hace unos días una pieza de opinión en la que defendía unas cuentas ambiciosas y proponía liberar fondos retrasando el pago de la deuda pos-COVID, con la fecha límite intacta en 2058. Ese mismo día, los primeros ministros de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos publicaron otro artículo con el signo contrario: menos cohesión, menos PAC y más contención. ‘Nuestras prioridades comunes han cambiado, nuestro presupuesto común también debe hacerlo’, escribieron.
La batalla del presupuesto europeo no se libra sobre cifras, sino sobre quién paga la próxima década de ambición comunitaria.
Madrid y París comparten trinchera en este pulso. Los dos quieren un presupuesto grande y financiado con ingresos ajenos a las arcas nacionales. Berlín encabeza el bloque contrario, el de los contribuyentes netos que llevan desde 2020 advirtiendo de que la solidaridad tiene fecha de caducidad. A ese grupo se suma ahora una paradoja incómoda para España: en el ciclo 2028-2034, nuestro país pasará a ser contribuyente neto. Pondrá más de lo que recibe.
El dato cambia el cálculo político de Moncloa. España ha sido durante cuatro décadas beneficiaria neta de la cohesión y de la agricultura, y buena parte de su influencia en Bruselas se ha construido sobre esa condición. A partir de 2028, la defensa del presupuesto ambicioso tendrá que hacerse desde el otro lado de la mesa.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de esta negociación es la más difícil desde 2020. De un lado, el eje Madrid-París, con Roma mirando de reojo: los tres quieren mantener cohesión y agricultura, y los tres saben que sin ingresos nuevos el resto del presupuesto se comprime. Del otro, el bloque frugal que hoy lidera Berlín y en el que se alinean La Haya, Viena, Copenhague y Helsinki. La vieja doctrina del ‘no’ neerlandés sigue viva en cada Consejo, aunque el Gobierno que hoy preside Rob Jetten no la pronuncie en voz alta.
Hay un tercer actor que no firma comunicados y que condiciona todo: el este. Recortar la política de cohesión toca directamente a Polonia, Hungría, Chequia y los bálticos, receptores netos que además tienen voz en cualquier decisión por unanimidad. La PAC moviliza al campo francés, español, italiano, y polaco. A eso se suma el Parlamento Europeo, que debe dar su consentimiento al reglamento del marco y que difícilmente aceptará un texto por debajo de la propuesta de la Comisión.
Lo que observamos es que Costa está aplicando el método que ya funcionó en 2020: recorrer capitales, escuchar, no comprometerse y llegar a la cumbre con un texto que nadie pueda vetar en solitario. Entonces hizo falta un Consejo Europeo de cuatro días en julio para cerrar el fondo de recuperación. Ahora el reto es mayor, porque no se reparte deuda nueva, sino que se decide cómo se financian los próximos siete años de políticas comunes.
El precedente de Next Generation sirve de advertencia. La emisión conjunta de deuda se vendió como un momento fundacional y lo fue solo a medias: el mecanismo es temporal, expira y no ha venido acompañado de una capacidad fiscal permanente. Si la cesta de recursos propios vuelve a atascarse, el presupuesto 2028-2034 se financiará con aportaciones nacionales y la lógica del ‘justo retorno’ recuperará el mando. Cada capital mirará su saldo neto antes de aprobar cualquier partida.
Para España, el calendario es doblemente exigente. Debe cerrar la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con los últimos desembolsos ligados al cumplimiento de hitos, mientras negocia un marco en el que ya no será receptora neta. Y debe hacerlo con un Gobierno que defiende en Bruselas un discurso expansivo y que en casa tiene que cuadrar su regla fiscal.
Costa necesita un acuerdo político antes de que acabe el año, lo que sitúa la cumbre de diciembre como la cita decisiva. Si el consenso no llega, 2028 arrancará con prórroga de los límites del marco vigente, un escenario que Bruselas evita nombrar en público y que congelaría durante meses los programas de cohesión y de agricultura. Después quedará el trílogo, la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que cierra la versión final de cada norma europea.
Lo que viene ahora son semanas de negociación a puerta cerrada entre gabinetes y representaciones permanentes, sin votaciones públicas de por medio. Si Costa cierra la cesta fiscal antes de que termine el año, habrá dado el paso más federal de la última década sin tocar los Tratados. Si no lo consigue, el presupuesto 2028-2034 nacerá cojo y financiado por las capitales. Esa es la disyuntiva real, y España está sentada en las dos partes del tablero.
