Isabel Díaz Ayuso apunta a su propia Consejería de Economía como origen del ‘topo’ del ático en Madrid. Lo que nació como una operación patrimonial ejecutada bajo estricto sigilo se ha convertido en un laberinto institucional de salida incierta para el Gobierno regional.
Del sigilo al señalamiento: el círculo que se rompió
La compra de una residencia de lujo por 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí se articuló al margen del control ordinario de la Asamblea de Madrid y del Consejo de Gobierno. Apenas un puñado de personas conocía los detalles: la propia presidenta; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y la titular de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert López-Ibor.
Aquel círculo se rompió a finales de julio, cuando la filtración quedó publicada antes de que el equipo pudiera articular un relato público coherente. Desde entonces, la hipótesis del fuego amigo se ha consolidado en la Real Casa de Correos y las miradas apuntan al departamento económico, según las informaciones del periodista David Fernández recogidas por El Plural.
Detrás de esa sospecha late un malestar real en sectores del PP de Madrid ante las consecuencias legales y electorales del expediente. Existe la convicción interna de que una derivación judicial podría tensionar la mayoría absoluta que Ayuso sostiene en la Asamblea. Nadie firma la filtración.
En paralelo, cobra fuerza la tesis de que el flujo informativo pudo alcanzar la sede nacional de la calle Génova, donde la custodia de los datos se califica, en el mejor de los casos, de negligente. Las explicaciones de Alberto Núñez Feijóo sobre un ‘local provisional’ para despachos contrastan con la realidad documentada del inmueble: siete baños y una memoria que lo destinaba al ‘alojamiento ocasional de autoridades’.
Para materializar la transacción sin fiscalización previa, el Ejecutivo autonómico utilizó como vehículo a Planifica Madrid, una sociedad mercantil de entidad pública. El atajo societario permitió soslayar el trámite ordinario y evitar el examen directo de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, órgano que previsiblemente habría puesto reparos normativos y presupuestarios a una compra de esas características con fondos públicos.
La pelota ya no está en el tejado judicial, sino en el despacho del filtrador: el PP de Madrid busca un culpable antes de que lo encuentre un juez.
Un expediente opaco y una subasta sin compradores
El expediente de 224 páginas entregado por la Consejería de Presidencia en un PDF consolidado, sin división de metadatos, tampoco ha disipado las dudas. Impide auditar la cronología real de los folios y certificar si la memoria justificativa se redactó a posteriori para dar cobertura a la compra.
A eso se suma el esquema por el que la Comunidad arrendó el inmueble a la propia sociedad concediendo una carencia de pago de quince meses. La arquitectura financiera aplazó el reflejo del gasto en la contabilidad general hasta finales de año, cuando la normativa autonómica exige aprobación del Consejo de Gobierno para cualquier compromiso que rebase los 500.000 euros.
Frente a la crisis, el Gabinete apostó por desprenderse del activo mediante una subasta urgente. Cumplidos cincuenta días desde la apertura del procedimiento, la licitación ha quedado desierta. Ni los fondos internacionales ni las patrimoniales privadas han acudido al reclamo.
El sigilo mal entendido pasa factura.
La comparecencia pública de la presidenta a la salida de un acto institucional evidenció el desgaste. Distante de la contundencia retórica que acostumbra, ofreció explicaciones que generaron inquietud en las filas populares, donde un grupo de cargos intermedios y parlamentarios reconoce abiertamente la pérdida de iniciativa.
El esquema de comunicación de trazo duro, sin rectificación posterior, empieza a mostrar signos de fatiga ante la acumulación de evidencias documentales. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
El Eje del Poder Popular
La lectura que se hace en Génova es de prudencia. La dirección nacional no quiere que el ruido de Madrid contamine el discurso económico que sostiene el partido en toda España y, por eso, ha optado por una distancia calculada: respaldo institucional a la presidenta y silencio sobre el origen del expediente. El foco ya no está fuera.
El pulso, sin embargo, es interno. La federación madrileña arrastra una historia de guerras intestinas —del enfrentamiento entre la dirección nacional y la propia Ayuso al pulso por el control del partido en la región— y el caso del ático ha reabierto esa herida. La dirección nacional reordena su estrategia de comunicación en Madrid y reclama control sobre la cadena documental antes de que el asunto salte a los tribunales.
Nadie en Génova quiere repetir el precedente de Cristina Cifuentes. Su salida en 2018 comenzó con una filtración sobre el máster y terminó en dimisión cuando el socio de Gobierno retiró su apoyo. Aquel episodio dejó dos lecciones: la primera filtración rara vez es la última, y las mayorías absolutas no protegen de un goteo documental sostenido.
En los territorios, el coste es medible. Madrid funciona como escaparate de la gestión popular: bajadas de impuestos, libertad fiscal y una administración que presume de rigor contable. Un inmueble de lujo adquirido con fondos públicos, con el expediente opaco y una subasta desierta, erosiona ese relato justo donde el PP lo considera más valioso, frente a Vox en la Asamblea de Madrid y frente a Moncloa en el debate nacional.
A medio plazo, el asunto del ático se dirimirá en dos tableros que no controla Génova: el judicial y el electoral. Ninguno de los dos admite atajos. La dirección regional afronta el reto de recuperar la iniciativa política, cerrar la brecha interna y devolver el foco a la gestión, que es donde el partido se siente cómodo. La próxima sesión de control en la Asamblea y el siguiente Comité de Dirección del PP de Madrid marcarán si el caso queda como un accidente puntual o se convierte en un lastre de legislatura.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Orden interno y rigor contable: Génova quiere cerrar la grieta de Madrid antes de que contamine el discurso de gestión económica del partido.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
- Próximo hito: Comité de Dirección del PP de Madrid y siguiente sesión de control en la Asamblea, pendiente de confirmación oficial.
