La Abogacía del Estado recurre el aval del Supremo a los datos de Vox sobre la ley de nietos. El escrito, presentado este martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pide revertir la cautelar que limita el derecho al voto de los descendientes de españoles y sostiene que el riesgo de alterar el proceso electoral es ‘ínfimo’.
El recurso llega dos semanas después del auto que dio por buenas las cifras de los denunciantes. Aquel pronunciamiento asumió como cierta la magnitud que Vox e Iustitia Europa pusieron sobre la mesa: un incremento global de 408.262 electores en el censo exterior desde las elecciones generales de 2023.
Qué sostiene Vox y con qué base lo asumió el Supremo
La tesis de los denunciantes es que un salto de esa magnitud en el censo altera las condiciones de igualdad del proceso. El partido de Santiago Abascal, tercera fuerza del Congreso de los Diputados con 33 diputados, fundó su impugnación en ese incremento global, y el Supremo lo asumió como base de la medida cautelar.
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fechado el 8 de septiembre, razona que ese crecimiento genera un ‘peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral’. Los magistrados apreciaron además un riesgo de ‘daño irreversible’. Las resoluciones del Alto Tribunal se publican en la web del Poder Judicial.
La conocida como ley de nietos es el régimen de acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles que introdujo la Ley de Memoria Democrática de 2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado. No se limita a los nietos de quienes salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
De ahí derivan otras tres vías: los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, los hijos mayores de edad de quienes ya la obtuvieron por la ley de 2007 o la de 2022, y la consolidación de la nacionalidad de origen sobrevenida. Ese es el perímetro que desglosa ahora la Abogacía del Estado.
El Supremo dio por buenas las cifras de Vox: 408.262 electores más en el censo exterior desde 2023, un crecimiento que los magistrados consideraron ‘excepcional’.
El contraataque de la Abogacía del Estado: 168.896 electores frente a 408.262
Dos certificaciones de la Dirección General de Españoles en el Exterior sitúan en 168.896 los electores inscritos bajo la ‘presunción general de exilio’. El dato, referido a 31 de agosto de 2026, es menos de la mitad de la cifra que tomaron como referencia los magistrados.
El desajuste responde a una diferencia de perímetro. Los denunciantes midieron el incremento global del censo exterior, donde figuran todos los españoles con residencia permanente en el extranjero, mientras que la instrucción cuestionada afecta a un subconjunto. La Abogacía del Estado cifra en 369.017 los nacionalizados al amparo de la ley a través de cuatro supuestos legales distintos.
Sobre esa base, el recurso califica de ‘erróneo’ y ‘ficticio’ el supuesto peligro electoral. Aplica la participación histórica del voto exterior, en torno al 8 %, y estima en 14.120 los votantes potenciales. Es el 0,06 % de los votos emitidos, una influencia ‘ínfima’ que no permite apreciar riesgo de alteración del proceso.
El escrito añade un argumento de fondo: ‘No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (…). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática’.
En paralelo, el Gobierno ha cargado contra los ‘excesos’ del Supremo al aplicar la ley de nietos. El recurso se inscribe en ese marco: la Abogacía discute que una medida cautelar de ese calado se apoye en un censo que, según su lectura, no se corresponde con el universo afectado por la instrucción.
La lectura estratégica: el censo exterior como frente abierto
El pulso tiene una lectura estratégica que va más allá del expediente. Vox logró que el Supremo asumiera su marco de análisis, un respaldo judicial relevante para una denuncia de parte, y el Gobierno responde ahora por la vía del recurso. La cuestión de fondo —cuántos electores hay detrás del censo exterior y con qué controles se inscriben— ha dejado de ser un asunto técnico.
Como precedente inmediato figura la supresión del voto rogado en 2022, cuando la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General eliminó la obligación de los residentes en el exterior de solicitar expresamente su voto. Desde entonces, el censo de residentes ausentes se ha convertido en un asunto de fricción política y de disputa estadística.
Para Vox, el asunto alimenta además su presión por la derecha sobre el PP. Le obliga a definir posición en un terreno, el del censo exterior, donde el partido de Abascal lleva la iniciativa. Que el Gobierno haya decidido recurrir da la medida de la incomodidad que genera la cautelar.
Queda por ver cómo resuelve la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La Abogacía del Estado pide revertir una medida ya adoptada y debe explicar ante los mismos magistrados por qué el cálculo de 14.120 votantes potenciales desactiva el riesgo que apreciaron hace dos semanas.
El desenlace llegará antes del ciclo electoral de 2027, con el censo exterior convertido en asunto de campaña. Vox ya ha ocupado el terreno.
