El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido este miércoles en el Congreso de los Diputados a los grupos parlamentarios que han anunciado su rechazo al decreto anti-colapso de los juzgados y tribunales tras el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus que no voten en contra de su convalidación «Por llevar la firma de un presidente que no les gusta».
Así lo ha dicho el titular de Justicia durante su intervención en en Pleno de la cámara baja en el que ha defendido el Real decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 28 de abril.
De este modo ha contestado a los partidos que ya han avanzado su ‘no’ a la convalidación de la norma, y que mostraron su oposición la semana pasada durante la Comisión de Justicia, como el PP, Vox, Ciudadanos, o los independentistas de Junts y la CUP. No obstante, el Gobierno se ha asegurado el respaldo de Esquerra Republicana (ERC) y del PNV, además de otras formaciones minoritarias para que el decreto salga adelante, a cambio de que se tramite como proyecto de ley y que pueda ser modificado vía enmienda.
El ministro ha criticado que se «pretenda instrumentalizar este debate para desgastar al Gobierno», haciendo hincapié en que en verdad lo que hace es «erosionar también el trabajo del conjunto de gestores del servicio público de justicia».
Campo ha insistido en que las medidas contempladas en el acuerdo son fruto del consenso con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y colectivos profesionales, además de las comunidades autónomas con competencias transferidas, independientemente del partido que las gobierne.
«RESPETO» Y «LEALTAD» A LAS CCAA
Por ello, ha pedido «respeto» y «lealtad» a los representantes autonómicos, porque de lo contrario, en su opinión, se demostraría que los grupos de la oposición «son incapaces de entender siquiera lo que significa la co-gobernanza o la reconstrucción solidaria y colectiva de nuestro país».
Así, ha llamado a la «responsabilidad» para que debatan el decreto pero que no lo rechacen «porque lleve la firma de un Presidente que no les gusta». «Tengan el coraje político de explicar por qué rechazan las medidas que piden quienes en su partido tienen responsabilidades de gestión», ha dicho el titular de Justicia.
«En este momento no cabe la mirada estrecha de quien mide los resultados de sus acciones en pérdida o ganancia de expectativas electorales», ha continuado diciendo Campo, que ha afirmado que la consecuencia de no dar el visto bueno al real decreto-ley es la «inseguridad jurídica». «Esta votación es tan importante porque afecta, de modo inmediato, a los ciudadanos y a su derecho a que la Justicia les responda», ha indicado.
En este sentido, el ministro ha apuntado que, según las previsiones de su departamento, «más de un millón de nuevos asuntos» ingresarán en la jurisdicción social. El aumento en el ámbito civil oscilará «entre el 30 por ciento en 2020 a un 145 por ciento en 2021»; mientras que en lo contencioso-administrativa se baraja que incremento de nuevos asuntos sea del «35 por ciento para 2020 y el 125 por ciento en 2021», ha indicado.
Además, habrá que tener en cuenta el aumento de las solicitudes de concurso de acreedores que el Ministerio calcula que pueda ser del «246 por ciento para el ejercicio 2020 y del 619 por ciento para en 2021». «Es decir, de los apenas 7.000 concursos presentados en 2019 alcanzaríamos los 50.000 en 2021», ha señalado el ministro.
«ESFUERZO EXCEPCIONAL» EN AGOSTO
Por otro lado, Campo también ha hecho referencia a una de las medidas más polémicas, como es habilitar del 11 al 31 de agosto –mes que en el ámbito de la Justicia suele ser inhábil–. El ministro ha vuelto a defender, como hizo en la Comisión de Justicia, que se trata de una propuesta de varias comunidades autónomas –entre ellas la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP– que apostaron, incluso, por habilitar todo el mes.
Asimismo, ha explicado que el Ministerio y el órgano de gobierno de los jueces están «tomando medidas organizativas para implementar esa habilitación excepcional» para impulsar la actividad «sin perjudicar» a los profesionales del sector. El CGPJ aprobó este lunes una serie de recomendaciones en las que instaba a los jueces y magistrados a limitar los señalamientos de vistas entre el 11 y el 31 de agosto y que se comuniquen a las partes con anterioridad del 15 junio.
Campo ha admitido que «las quejas» sobre esta cuestión, principalmente expresada por los abogados y procuradores, son «entendibles», pero ha defendido que «la Justicia no puede permitirse reducir su actividad un mes entero», después de que su actividad se haya visto ralentizada «durante mucho tiempo» por la crisis sanitaria, por lo que ha vuelto a pedir un «esfuerzo excepcional».
Con todo ello, ha vuelto a dirigirse a los grupos parlamentarios y ha lamentado que «con la que está cayendo» se trate de «instrumentalizar a la abogacía o a la procura para criticar este Real Decreto-Ley». «Es inaceptable», ha dicho.
«Muchos profesionales necesitan trabajar para recuperarse del parón. Otros exponen su legítima pretensión de poder descansar unos días en agosto, que ni desvirtúa ni es incompatible con mantener la actividad en un momento como este», ha apostillado el ministro, recordando que así lo «han reconocido recientemente muchos colegios de abogados, como los de Cataluña o Andalucía».
RECHAZA QUE EL DECRETO SEA INCONSTITUCIONAL
Por último, el titular de Justicia ha rechazado que el decreto sea inconstitucional y afecte a «materias reservadas» en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como establecer turnos de mañana y tarde o la excepción del uso de la toga, tal y como ha asegurado el PP, que se basa en este argumento para no dar su apoyo a la convalidación.
Asimismo, Campo ha recordado que la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil hace referencia al artículo 122 de la Constitución que señala que el «funcionamiento» de los juzgados «no puede entenderse, y nunca se ha entendido, ni por el legislador postconstitucional ni por la jurisprudencia y la doctrina, como referencia a las normas procesales.» «Se aclara de forma meridiana que las cuestiones procesales no son materia propia de ley orgánica», ha concluido.
