La Mesa del Congreso ha rechazado este martes la pretensión de la CUP de llamar a comparecer al Rey Felipe VI y a su padre, Juan Carlos I por supuestas donaciones de Bahrein atribuidas al anterior jefe del Estado, una solicitud que ha sido rechazada por el PSOE, el PP y Vox por no tener encaje constitucional y que en cambio ha sido respaldada por Unidas Podemos.
Ante esas informaciones sobre supuestas donaciones a cambio de contratos en un viaje de Juan Carlos I a Bahrein en 2014, la CUP pretendía que tanto el rey emérito como el actual jefe de Estado fueran citados a comparecer en la Comisión ‘anticorrupción’ del Congreso para aclarar «presuntas actividades irregulares».
Siguiendo el criterio de los letrados, la Mesa del Congreso ha inadmitido esa petición por exceder de la función de control parlamentario que tiene el Congreso dada la inviolabilidad que la Constitución establece para el Rey en su artículo 56.3: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
Eso sí, la decisión no ha sido unánime ya que la inadmisión ha sido aprobada con los votos del PP, PSOE y de Vox, mientras que Unidas Podemos, el cuarto grupo que forma parte de la Mesa del Congreso, ha optado por apoyar la petición de la CUP, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
ARGUMENTOS INSOSTENIBLES, DICE EN COMÚ
«Hoy hemos vuelto a votar en la Mesa del Congreso a favor de que Juan Carlos I sea investigado y comparezca en sede parlamentaria. Cada vez son más los grupos parlamentarios que lo solicitan y cada vez son más insostenibles los argumentos esgrimidos para impedirlo», ha señalado en Twitter el diputado de En Comú Gerardo Pisarello, secretario primero de la Cámara.
Además de la presencia de los Reyes, la CUP pretendía llamar también al Congreso a los tres ministros del PP que en 2014 acompañaron a Juan Carlos I en ese viaje a Bahrein, Pedro Morenés (Defensa), Ana Pastor (Fomento) y José Manuel Soria (Industria), de los que sólo la expresidenta del Congreso sigue en primera línea política. La Mesa del Congreso también lo ha rechazado ya que se trata de personas particulares que ya no forman parte del Gobierno y que, por tanto, no están sometidas a control parlamentario.
Esquerra Republicana también se había interesado por el caso de Barhein, pero en su caso optó por registrar una serie de preguntas de Gabriel Rufián animando al Gobierno a investigar ese caso supuestas comisiones o, al menos, dar órdenes a la Fiscalía para que abra diligencia.
Todas las preguntas han salvado el filtro de la Mesa salvo una que pretendía conocer los efectos de «la presunta actitud de la Casa Real» en la imagen del Estado, ya que los servicios jurídicos también la consideraban ajena al control parlamentario del Gobierno.
