El Defensor del Pueblo ha asegurado en su Informe Anual 2019 que «la moratoria que impuso la corporación municipal en la zona de Madrid Central, posteriormente levantada a raíz de varios pronunciamientos judiciales, provocó confusión en la ciudadanía».
Los juzgados madrileños llegaron a suspender hasta en tres ocasiones esta moratoria aprobada en julio a través de las medidas cautelarísimas solicitadas por el PSOE, Ecologistas en Acción y Greenpeace. El equipo de Gobierno municipal la acató a la vez que insistía en crear un «modelo alternativo más eficaz». Tiempo después presentó la estrategia de sostenibilidad ambiental ‘Madrid 360.
En este Informe Anual de 2019, el Defensor del Pueblo hace mención a la «diversa problemática» que ha suscitado la implantación de Madrid Central, algo que «poco a poco se va resolviendo», pues «se trata de un proyecto que implica mucho esfuerzo, no solo del Ayuntamiento de Madrid, sino de toda la ciudadanía, especialmente de los que residen y/o trabajan en ese perímetro».
Se habla también de las quejas de los residentes por la «falta de información sobre las medidas implementadas con Madrid Central», si bien, el Defensor del Pueblo puntualiza que «toda la información se ha publicado oficialmente» tanto en la página web del Consistorio como a través de diversas campañas de información «con carácter previo y durante su puesta en funcionamiento».
MULTADOS «REITERADAS VECES»
El «conflicto», continúa el informe, llega cuando «transcurridos unos meses, al ciudadano le empiezan a llegar multitud de notificaciones de denuncias por acceso a la zona sin autorización» , pues residentes o trabajadores se han llegado a encontrar con más de 45 expedientes sancionadores como consecuencia del acceso diario al perímetro.
Recuerda que «el plazo de prescripción de las infracciones leves es de tres meses», por lo que «cuando toman conciencia de que están infringiendo la normativa, ya han sido denunciados en reiteradas ocasiones».
«Todos los afectados coinciden en señalar que si el Ayuntamiento les hubiera advertido de la infracción, no hubiesen reincidido en dicha conducta», se indica, para asegurar a continuación que «a día de hoy hay conductores con deudas de más de 6.000 euros en sanciones de tráfico por el motivo expuesto, aunque la casuística es muy diversa».
Por todo ello, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Consistorio matritense para que «se adopte una solución razonable sin que prime el afán recaudador».
